El proyecto se llevará a cabo pese a quejas, afirma el subsecretario Juan Marcos GutiérrezLos inconformes pueden recurrir a tribunales; se aplicará la ley a quien cometa delitos, advierte
Anuncia obras e indemnización
Activistas deploran actitud “amenazante”; acudirán a la CIDH
Guadalajara, Jal. En una mesa sin diálogo que supuestamente sería “resolutiva”, el subsecretario de la Secretaría de Gobernación (SG), Juan Marcos Gutiérrez González, advirtió a pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo que seguirá la construcción de la presa El Zapotillo y sus pueblos serán inundados. También instó a los opositores al proyecto a dirimir sus quejas por la vía legal, so pena de ser considerados delincuentes.
“Este gobierno jamás recurre ni recurrirá a medios de retención, pero que nadie se fíe: si alguien comete un delito, que espere la aplicación de la ley”, dijo Gutiérrez, quien junto con el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, participó en la reunión final con miembros del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo para refrendarles que la presa va.
La mesa se realizó en Tepatitlán, en los Altos de Jalisco, lejos de los municipios que afectaría la presa (Cañadas de Obregón y Mexticacán) y más cerca de Guanajuato, de donde llegaron funcionarios estatales y medios de comunicación. Se prevé que El Zapotillo abastezca a la ciudad de León.
“La obra no está determinada por los pantalones de nadie; está determinada por el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional Hídrico; no es una ocurrencia”, espetó el funcionario de la SG, quien afirmó que El Zapotillo beneficiará a 2.5 millones de habitantes de Guadalajara, León y varios municipios alteños de Jalisco.
Agregó que “la vía de los hechos” no resolverá las diferencias y dijo que después de días de diálogo quedó claro que los pobladores pueden acudir a instancias juridicas. Sin embargo, no mencionó que los amparos interpuestos para detener la obra, han sido ignorados, pues los trabajos prosiguen con la protección de policías federales.
Luege Tamargo, más conciliador, dijo que la reubicación irá acompañada de un plan social y de reactivación económica y buscará mantener el diálogo con habitantes de las comunidades.
En la ciudad de México, la SG emitió un comunicado en el cual da por concluido el diálogo e invitó a los inconformes a sumarse al proyecto, que han aceptado “más del 50 por ciento” de los miembros de la comunidad.
“Si bien habrá afectaciones a algunos asentamientos humanos, como es el caso del pueblo de Temacapulín, éstos serán compensados mediante indemnizaciones y apoyos muy relevantes, que incluyen viviendas nuevas de 170 metros cuadrados en terrenos de mil metros cuadrados, en un pueblo en el que se reconstruirán pieza por pieza los elementos históricos y comunitarios esenciales; tal es el caso de la iglesia, el zocalito y el panteón”, apuntó la SG en su comunicado.
Los integrantes del comité que acudieron a la mesa “resolutiva” consideraron lamentable la postura del gobierno federal y anunciaron que recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Estamos tristes, decepcionados e indignados. La actitud del subsecretario fue amenazante”, señaló el sacerdote Gabriel Espinoza Iñiguez, vocero del colectivo.
La diputada local perredista Olga Flores Gómez, quien logró que el Congreso de Jalisco emitiera un exhorto para detener la obra –el cual tampoco fue atendido–, consideró “absurdo” pretender que los habitantes acepten abandonar sin más sus tierras “sólo por un decreto oficial que no los tomó en cuenta”.
Fuente: La Jornada
