martes, 7 de julio de 2020

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS, 7 JULIO 2020

AMLO revela acuerdo con PJF y FGR para aclarar caso Ayotzinapa
El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que junto con el Poder Judicial de la Federación (PJF) y la Fiscalía General de la República (FGR) hay un acuerdo en el caso Ayotzinapa porque hay una necesidad de aclarar lo sucedido y “se tiene que saber la verdad” respecto a la desaparición de los 43 normalistas.

“Estamos actuando de manera coordinada con el Poder Judicial y también con la Fiscalía en asuntos que consideramos fundamental. En el caso por ejemplo de Ayotzinapa, ahí hicimos un acuerdo con la Fiscalía y con el Poder Judicial porque hay una necesidad de aclarar lo sucedido y se tiene que saber la verdad, entonces ahí hay un trabajo coordinado”, indicó AMLO.

Previamente, López Obrador aseguró que ya se tienen indicios sobre lo que ocurrió con los 43 normalistas, según informes de la FGR. AMLO dijo que el caso de la captura y liberación, por medio de sobornos, de José Ángel Casarrubias Salgado, conocido como el Mochomo, “fue un desafío, una afrenta al Estado mexicano”. Agregó que había pruebas para su posterior reaprehensión.

“Si permeó, la corrupción se da de arriba para abajo… durante 36 años de periodo neoliberal, la corrupción no solo se quedó arriba… ya se estaba convirtiendo en una forma de vida, se veía normal… pero todavía está en el Poder Ejecutivo, todavía está en el Poder legislativo, en el Poder Judicial… Informa el fiscal que ya se tienen detenidos, acusados de ser responsables de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, esto si no mal recuerdo el martes por la mañana, y en la noche uno de los acusados obtiene su libertad, el principal responsable obtiene su libertad… en menos de 24 horas una juez en este caso, un juzgado, le da su libertad, fue algo muy grave, un desafío, una afrenta al Estado mexicano… Se investiga y se descubre que habían entregado sobornos a ese juzgado, de millones, por esa investigación y con las pruebas suficientes se volvió a detener… Va a ser muy interesante descubrir la verdad sobre este caso”.
Dice AMLO que carece de información sobre sanciones a León Bartlett
Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no tiene información sobre la sanción que la Secretaría de la Función Pública impuso a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett -hijo del director de Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz- por la venta de ventiladores a sobre precio.

“No sé. Lo único que sé es que quien hizo la denuncia es Mexicanos a favor de la corrupción. Eso no me da mucha confianza porque es Claudio X. González que tiene muchos intereses creados”, dijo en respuesta a una pregunta sobre la decisión de la dependencia.

Acusó que fue ese personaje el que también apoyó medidas contra los maestros.

“Siempre a favor del régimen, muy complaciente con Carlos Salinas de Gortari y con los negocios, con los billullos. Acaba de vender una planta a Hiberdrola de España. ¿Cómo consiguieron los permisos?”, preguntó.

Nuevamente dijo que el padre del empresario, Claudio X. González Laporte, “fue asesor económico de Salinas. Le recomendó al presidente Peña Nieto que aumentar el precio de la gasolina al doble, porque así el gobierno tuviera más dinero. Y le hizo caso. Y ahora se convirtieron en los paladinas de la honestidad. Pues que se lo crean otros. No faltan aplaudidores, apoyadores de este grupo”.

Al insistirle sobre la penalización de 2 millones de pesos y la inhabilitación a la empresa de Bartlett, respondió que es una atribución de la Función Pública. “Nomás que quería dar el contexto”, dijo.
Inhabilitan empresa de León Bartlett por la venta de ventiladores
El contrato para la adquisición de 20 ventiladores para terapia intensiva efectuado entre la delegación en Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Bartlett Álvarez (hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz), se sustentó en falsedades y en un sobreprecio por parte de la empresa.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó lo anterior, por lo que inhabilitó a esa empresa con dos años y tres meses, así como dos multas que suman más de 2 millones de pesos.

Tras investigar la venta de los 20 respiradores con costo de 31 millones de pesos, es decir, un millón 550 mil por cada equipo, la dependencia encontró irregularidades como el precio fuera del rango de mercado, además de que 11 aparatos estaban rotos y totalmente inservibles.

Por estos hechos también fueron suspendidos cuatro servidores públicos del IMSS Hidalgo ante su posible complicidad en estas acciones irregulares y aún se les investiga.

Al respecto, el IMSS informó que colabora con la SFP para evitar que empresas y prestadores de servicios lucren en compras y contrataciones que se realizan durante la emergencia sanitaria por Covid-19. Agregó que en todos los procesos se cumple con la normatividad y se asegura de que los insumos médicos adquiridos se ajusten a los precios reales del mercado y cuenten con los estándares de calidad en beneficio de los pacientes.

Sin embargo, el instituto no hizo referencia al contrato entre su delegación en Hidalgo, con la empresa de Bartlett Álvarez ni a los funcionarios presuntamente involucrados y que son investigados por la SFP.

Ayer, en el Diario Oficial de la Federación, se dieron a conocer los acuerdos sobre las dos sanciones a la compañía de Bartlett Álvarez que se traducen en 24 y 27 meses de inhabilitación –que correrán en paralelo– para establecer contratos con el gobierno, así como las multas que suman más de 2 millones de pesos.

El pasado 17 de abril se adjudicó de forma directa un contrato a la empresa, la cual no produce insumos médicos, con la justificación de que había una necesidad urgente de atender a enfermos de Covid-19 en Hidalgo.

Las oportunas acciones de la SFP evitaron cualquier daño patrimonial al Estado y revelaron que la contratación se sustentó en falsedades, indicó en un comunicado.

De entrada, en la investigación se identificó que el precio estuvo fuera del rango en el mercado. Así quedó demostrado por la compra, en el mismo momento, de equipos similares de otra compañía por un precio mucho menor y por el costo de los adquiridos recientemente por la cancillería y otras entidades del gobierno federal.
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