Noticias Guerrer@s SME: LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS, 15 JULIO 2020

miércoles, 15 de julio de 2020

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS, 15 JULIO 2020

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Dona el papa Francisco tres respiradores a México

El papa Francisco donó a México tres respiradores pulmonares, tres bombas de infusión volumétrica y un oxímetro, a fin de paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó que dicho material fue entregado a la Nunciatura Apostólica en el país el pasado 7 de julio y puesto a disposición del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que en su calidad de jefe de Estado estableciera el destino de la donación.

Detalló que el pasado 13 de julio, el gobierno federal, a través del director general del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer, destinó dicho material al estado de Querétaro, y al día siguiente el gobernador de la entidad, Francisco Domínguez Servién, recibió en la sede de la Nunciatura Apostólica los tres ventiladores mecánicos para atender a enfermos por Covid-19. “Estos dispositivos se sumarán a la infraestructura de salud de la entidad y serán utilizados en el Hospital General de San Juan del Rio”, agregó.

En un comunicado, la CEM señaló que ante la grave y muy extendida crisis sanitaria que vive el mundo y, en modo particular América Latina a causa del Covid-19, el papa Francisco ha querido expresar también con actos concretos su cercanía con la población más afectada por esta pandemia.

A través de la Limosnería Apostólica de la Santa Sede, el máximo jerarca católico decidió donar algunos equipos médicos a distintos países de los cuales México fue uno de los beneficiados. Al respecto, los obispos mexicanos agradecieron la generosidad del papa Francisco y reconocieron “el gesto de cercanía y amor que tiene con el pueblo que peregrina en nuestro país”.

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El rescate en Pasta de Conchos tardará entre 4 y 8 años: STPS

El rescate de los cuerpos de 63 mineros en Pasta de Conchos, que recién anunció la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), tardará entre cuatro y ocho años, y costará 75 millones de dólares, hecho que provocó el descontento y la indignación de un grupo de viudas, quienes denunciaron que la dependencia se ha tardado más de un año en poner en marcha la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador y ha optado por el plan más caro y más largo, en lugar de escuchar a expertos y rescatistas nacionales.

Al ser entrevistadas después de que se reunieron con el dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, pidieron que López Obrador las escuche, porque llevan ya 14 años en lucha para lograr que saquen de la mina los restos de sus esposos y no es humano que les pidan esperar otros ocho años.

Muchas a lo mejor ya no estaremos vivas, comentó Elizabeth Castillo, quien junto con Claudia Escobar asistió el pasado día 7 a una reunión con la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, en la que les dio a conocer ese plan de rescate, muy parecido a los que Grupo México planteó al inicio del siniestro, en 2006, que consiste en abrir una nueva rampa, en lugar de entrar por el mismo túnel donde se dio la explosión hace 14 años.

Gómez Urrutia consideró que la STPS debe precisar muy bien los términos en que planea el rescate de los cuerpos, tener una visión humana y transparente, reducir costos y recortar tiempos, además de apoyarse mucho en los técnicos y expertos mexicanos, que son los que conocen la mina, y en los extranjeros que participan en el proyecto.

Agregó que entiende la decisión del Presidente de dejar el rescate en manos de la autoridad laboral, sin la participación de la empresa y del sindicato, para no politizar el tema, pero es necesario no crear mayor desesperación en los deudos de una de las tragedias más dolorosas en la minería, en una región como la carbonífera de Coahuila, donde el desempleo y la pobreza crecen.

El ingeniero Fernando Acosta, quien fue jefe de las cuadrillas de rescate por parte del sindicato, resaltó que es posible entrar por el túnel ya abierto, como lo hicieron en febrero de 2006 después de la explosión. Añadió que habrían rescatado los cuerpos si el gobierno de Vicente Fox, junto con el empresario Germán Larrea, no hubieran decidido cinco días después suspender la búsqueda y cerrar el yacimiento.

Explicó que en otras ocasiones, junto con las viudas, bajaron de nuevo e intentaron años después un rescate independiente, ya en el sexenio de Felipe Calderón, y bajaron hasta 250 metros, pero fueron desalojados por el Ejército. Sin embargo, tomaron más de 196 fotografías del interior del túnel, que compartieron con los técnicos chinos, estadunidenses, alemanes y australianos que mandó el año pasado la STPS.

A su juicio, quien debe tomar la decisión de cómo debe darse el rescate son estos técnicos extranjeros, con los documentos y evidencias que les entregaron, y no el Servicio Geológico Nacional, conformado por especialistas que trabajan para las empresas, entre ellas Grupo México. Recordó que a este mismo organismo se le encargó en 2006 un estudio sobre la factibilidad del rescate y nunca entregó los resultados.

Desde entonces, Larrea insistía en que el rescate costaría más de 50 millones de dólares y que había que hacer una rampa fuera de la mina, muy similar a la propuesta de la STPS. Es una rampa, dijo, que entra y baja entre los mantos del carbón, y luego se hacen túneles que dan vuelta hasta encontrar los socavones viejos, para intentar llegar por ahí a los 63 cuerpos.

Elizabeth Castillo y Claudia Escobar resaltaron que en el encuentro con la titular de la STPS les molestó también que estuviera presente la abogada Cristina Auerbach, una defensora de derechos humanos ligada a Grupo México, que llegó a Pasta de Conchos luego de la tragedia y se dedicó a dividir a las viudas y familiares.

Lamentaron que la autoridad laboral no haya dejado participar al ingeniero Acosta ni tampoco al sindicato, pero sí a Auerbach, fundadora del grupo Familia Pasta de Conchos.

Tomasita Martínez y Griselda Farías Gonzalez, otras de las viudas entrevistadas, relataron que la abogada las demandó por exhibir un cheque con una fuerte suma que le extendió la empresa de Larrea. Dijo que nos iba a meter a la cárcel, fue un juicio de varios meses, pero salimos absueltas”, recalcó Claudia Escobar.

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