-Primera represión de Graco Ramírez: ataque a campesinas de Huexca
HUEXCA, Mor.- A tres semanas de haber tomado posesión, el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu decidió reprimir a campesinos de la comunidad de Huexca, municipio de Yecapixtla, que ni siquiera su antecesor, el panista Marco Adame, se atrevió a tocar.
Cientos de policías estatales arremetieron contra un grupo de campesinas de esta comunidad, cuyos accesos se mantuvieron bloqueados por cerca de tres horas, con el propósito de que maquinaria y trabajadores de contratistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ingresaran al predio donde pretende edificar dos termoeléctricas.
El despliegue policiaco inició poco antes de las 10:00 horas, cuando un grupo de agentes vestidos de civil se internó en los sembradíos de sorgo que circundan la comunidad. Minutos después, unas 35 patrullas cargadas de policías antimotines, se formaron en el camino de acceso donde los pobladores de Huexca mantienen un plantón cuyo objetivo es repudiar la construcción de una termoeléctrica.
Sólo en la carretera Cuautla-Izucar de Matamoros, con la que entronca el camino de Huexca, unas 10 patrullas y un centenar de policías montaron guardia, mientras que ya en el camino, se abalanzaron en formación contra las campesinas.
Con los escudos por delante y golpeando en formación amenazante, avanzaron hasta chocar contra el grupo de mujeres que intentaban mantenerse unidas entrelazadas en sus brazos. Replegadas a empellones con los escudos, no resistieron y unos metros atrás rompieron su formación, resultando lesionadas dos de las manifestantes.
Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en Morelos, Olga Anzures y Susana Catalán, mostraron los golpes que con “kendo” y escudo les propinó el contingente enviado por el gobernador Graco Ramírez, según confirmaron sus propios funcionarios en diferentes entrevistas.
Las campanas de la iglesia comenzaron el repique y a través de altavoces, la comunidad fue alertada y salió al camino en apoyo de sus compañeros.
“Golpearon a 30 y salió todo el pueblo”, explicó uno de los campesinos que se mantiene en el plantón.
Hasta las 13:00 horas los tres accesos a Huexca fueron tomados por los policías que impedían que nadie entrara o saliera de la comunidad de unos 900 habitantes. Finalmente, ante la presencia de reporteros locales que se daban cita en la carretera a Cuautla, los policías rompieron el cerco y se apostaron en las aceras del camino a dicha localidad.
La mayoría de los habitantes de la comunidad se opone a la construcción del Proyecto Integral Morelos (PIM), una obra que de realizarse estaría compuesta de un gasoducto y dos termoeléctricas, estas últimas instaladas en las inmediaciones de Huexca.
El gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu aseguró a través de su cuenta de Twitter que la mayoría de los habitantes piden el gasoducto y la termoeléctrica, en tanto, su secretario de Gobierno, Jorge Messeguer, aseguró inclusive, que sólo fueron 20 policías los que participaron en la represión.
En un recorrido por la zona, Apro pudo constatar que aún a las 19:00 horas, se mantenían en la comunidad al menos 60 policías, pues un numeroso contingente regresó a Cuernavaca alrededor de las 15:00 horas.
Los campesinos retomaron el control del acceso a la población mientras los policías permanecían a la expectativa. A lo largo de la tarde, permitieron pasar a todos los vehículos que no tenían relación con el PIM ni la CFE, pero se apostaron en el camino cuando cuadrillas de trabajadores intentaban ingresar a la comunidad.
En la edición 1870 de la revista Proceso, se informó que en esa comunidad no se realizó consulta pública y ante las dudas sobre la sustentabilidad y seguridad del PIM, basadas en el propio Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), elaborado por la CFE, los campesinos decidieron tomar el acceso para impedir el paso de maquinaria y trabajadores.
El PIM es un proyecto concesionado por el gobierno de Felipe Calderón a las empresas españolas OHL, Abengoa, Enargas y Elecnor, que en la actual administración han sido ampliamente favorecidas con contratos de obra, en especial de agua y energía.
Luego de diversas peticiones de diálogo, el gobierno de Graco Ramírez respondió con aproximaciones que no resolvieron las dudas de la comunidad, del mismo modo que lo había hecho su antecesor, Marco Adame.
Esta tarde, al sitio arribó un funcionario municipal que dijo llamarse Ricardo Robledo, para solicitar diálogo.
–Pero si lo que hemos pedido todos estos meses es diálogo y en lugar de escucharnos nos mandan a los granaderos –dijo Mayra, una joven lugareña.
–Eso sería en la administración pasada, si yo hubiera sabido que estaban dispuestas a hablar –repuso el funcionario, quien presumió haber conseguido el retiro de la policía como signo de buena voluntad.
El contrasentido era evidente: Él mismo estaba custodiado por los policías, que sumaban más de 50.
Tanto Graco Ramírez como sus funcionarios aseguraron a lo largo del día que cuentan con 500 firmas de apoyo al PIM, lo cual fue rechazado por los vecinos del lugar que participaban en la protesta.
Denunciaron que la mayoría de esas firmas corresponden a personas que no viven en el lugar y que fueron obligadas a firmar, al mismo tiempo que firmaban la recepción de despensas y otros beneficios de programas sociales.
Inclusive, exhibieron las actas de sus últimas asambleas en las que más de 250 rechazan el PIM.
“Hablar de 500 firmas es superar la totalidad de los adultos del pueblo, donde viven 900 personas, con todo y niños y menores de edad, mientras que muchos de los hombres han migrado al extranjero en busca de trabajo”, explicó una de las manifestantes.
Al lugar arribaron representantes de organizaciones de Puebla y Tlaxcala, así como del movimiento #YoSoy132, en apoyo a los campesinos.
El Centro de Estudios Sociales y Culturales “Antonio de Montesinos” (CAM), emitió varios comunicados a manera de acción urgente, a fin de evitar que las acciones policiacas pongan en riesgo la integridad de los habitantes del lugar.
-Senado avala rendición de cuentas, transparencia y democracia sindical; la minuta vuelve a San Lázaro
Con 66 votos en favor y 62 en contra, el Senado modificó el Artículo 373 de la reforma laboral que obliga a los sindicatos a rendir cada seis meses información completa de la administración del patrimonio sindical, que incluya los ingresos por las cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino. Los cambios también plantean que el trabajador tendrá derecho a pedir información a su dirigencia sindical sobre la administración del patrimonio gremial, y si no la reciben o presumen que hay irregularidades en la gestión de los fondos sindicales podrán acudir a lo previsto en sus estatutos. Esta petición no implicará la expulsión o separación del sindicato del trabajador inconforme, ni la pérdida de sus derechos sindicales, según la propuesta presentada por las senadoras Laura Angélica Rojas, del PAN, y Alejandra Barrales, del PRD. Los cambios a este precepto de la Ley Federal del Trabajo fueron avalados por las bancadas del PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, mientras que los senadores del PRI y el PVEM votaron en contra.
-Piden a Cué frenar obra hidráulica de la minera Cuzcatlán
OAXACA, Oax.- El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios pidió al gobernador Gabino Cué detenga los trabajos de introducción de manguera para conducción de agua a la minera Cuzcatlán, obra que se realiza en territorio de Magdalena Ocotlán y San José del Progreso y acción que estuvo a punto de generar un enfrentamiento.
También exigió la “salida inmediata de la fuerza pública de Magdalena Ocotlán para evitar actos de confrontación y represión a la ciudadanía de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán”.
Asimismo, se cancelen permisos y autorizaciones emitidas por el gobierno estatal y federal para la introducción de las mangueras en territorios de Magdalena Ocotlán y San José del Progreso, toda vez que no hubo un procedimiento de consulta para obtener el consentimiento de ambas poblaciones.
El Colectivo solicitó además garantizar la seguridad e integridad física de la ciudadanía y se garantice el derecho de los habitantes a la libre manifestación de sus inconformidades legítimas.
Además, exigieron a la Procuraduría estatal la debida administración de justicia en contra de los responsables del homicidio de Bernardo Méndez Vásquez y lesiones de muerte de Abigail Vásquez Sánchez, ocurridos el 18 de enero pasado, así como el asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez y lesiones de muerte de Andrés Vásquez Sánchez y Rosalinda Dionisio Sánchez, sucedidos el 15 de marzo anterior.
Los activistas también exigieron el castigo de Efraín Dionisio Cruz y su hijo Carlos Efraín Dionisio Pérez, detenidos el lunes 22, por portación de armas de fuego y amenazas de muerte.
Finalmente, responsabilizaron a la empresa minera Cuzcatlán SA de CV, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines; al edil de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez, y al propio mandatario Cué Monteagudo de cualquier agresión.
También responsabilizaron a los secretarios de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, Nezahualcóyotl Salvatierra, y de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, por cualquier acto de represión y violencia que pueda suscitarse en los municipios de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán.
El lunes pasado, cerca de las 7:00, maquinaria y trabajadores de la minera Cuzcatlán iniciaron trabajos para introducir una manguera de 50 centímetros de diámetro para conducir agua tratada desde el municipio de Ocotlán de Morelos hasta las instalaciones de la empresa, en San José del Progreso.
Los trabajos se realizan con el resguardo de una centena de policías estatales y de la Policía Auxiliar Bancaria Industrial y Comercial (PABIC), bajo las órdenes de Juan Martínez Cruz Rocha.
Sin embargo, unos 140 habitantes de los municipios de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán se concentraron en el lugar para exigir la exhibición de permisos otorgados para la realización de los trabajos.
Ante la falta de información por parte de las autoridades estatales y federales, los inconformes exigieron la suspensión de los trabajos y la salida inmediata de la policía estatal hasta tener la certeza de las autorizaciones otorgadas.
La tensión estalló cuando los policías detuvieron a los trabajadores de la empresa minera ligados al alcalde de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez, y a su hijo Carlos Efraín Dionisio Pérez, quienes traían un arma de fuego y un cuchillo, con los cuales amenazaron de muerte a Ángel Vásquez y Leovigildo Vásquez Sánchez, integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO).
En la trifulca, Ignacio Jesús Pérez fue lesionado en el tabique nasal y en el ojo izquierdo por parte de Juan Martínez Cruz Rocha, quien se identificó como inspector de la Dirección de Seguridad Regional de la Policía Estatal.
La realidad, sostuvieron los inconformes, es que “en ningún momento se consultó a la población de Magdalena Ocotlán y San José del Progreso sobre la autorización de los trabajos”.
-Gobernador de Puebla presenta dos de 19 demandas contra periodistas
El gobierno de Puebla que encabeza el panista Rafael Moreno Valle presentó hoy las primeras demandas por daño moral contra dos periodistas de una lista de, por lo menos 19, debido a que han incurrido en “exceso de libertad de expresión”.
La “primera tanda” de demandas contra periodistas incluyó a Fabián Gómez, del portal Contraparte Informativa, y Adrián Ruiz, del diario El Heraldo de Puebla; se turnaron a los juzgados Primero y Cuarto de lo Civil, encabezados por los jueces María de los Ángeles Camacho Machorro y Armando Pérez Acevedo.
En las siguientes horas se presentarán más denuncias por daño moral contra periodistas, cuyo número definitivo no se ha definido, confirmó a la agencia Apro el vocero del gobierno de Puebla, Sergio Ramírez Robles, quien no quiso identificar a quienes enfrentarán la acción legal.
“Se están analizando todos los abusos de la libertad de expresión en perjuicio del honor y la reputación del gobierno de Puebla mediante la ofensa, la denostación (sic) y la humillación de funcionarios”, subrayó el director general de Comunicación Social del gobierno estatal, en conversación con el reportero.
“Pero seguiremos haciendo esto contra quienes llamen a los funcionarios ‘rata’, ‘perro’, ‘cerdo’, ‘homosexual’, ‘chacha’, ‘mascota’, etcétera”, puntualizó el funcionario.
Las denuncias fueron presentadas apenas un par de días después de que los reporteros Gerardo Rojas, de e-consulta.com, y Jesse Brena, de Milenio Diario, fueron levantados, golpeados y asaltados por policías estatales, lo que provocó que el gremio periodístico exigiera al gobierno de Moreno Valle aclarar la agresión.
Las demandas del gobierno de Puebla contra periodistas se producen también el día en que el Congreso votó la lista de los nueve consejeros del Instituto Electoral del Estado, cinco de los cuales están identificados con el gobernador Moreno Valle, dos con el PAN y otros dos con el PRI; y está en curso la opaca integración de la Comisión para el Acceso a la Información Pública.
El director del diario Cambio, de Puebla, Arturo Rueda, dio a conocer hoy en su columna “Tiempos de Nigromante” la lista de 19 periodistas que, según él, serán demandados por el gobierno de Moreno Valle.
1. Adrián Ruiz (El Heraldo de Puebla)
2. Selene Ríos Andraca (Central)
3. Salvador Ríos (El Sol de Puebla)
4. Fabián Gómez (Contraparte Informativa)
5. Enrique Núñez Quiroz (Intolerancia Diario)
6. Alvaro Delgado (Proceso)
7. Iván Tirzo (El Sol de Puebla)
8. Alejandro Mondragón Quintero (Status)
9. Valentín Varillas (Status)
10. Rodolfo Ruiz Rodríguez (e-consulta)
11. Fernando Pérez Corona (e-consulta)
12. Ricardo Morales (Intolerancia Diario)
13. Jorge Castillo (Intolerancia Diario)
14. Cirilo Calderón (El Sol de Puebla)
15. Carlos Macías Palma (El Popular)
16. Eduardo Rivera Santamarina (UnoMásUno)
17. Fermín Alejandro García (La Jornada de Oriente)
18. Fernando Maldonado (Periódico Digital)
19. Arturo Rueda (Cambio)
Rueda escribió: “Hasta donde conozco antecedentes, se trata de un hecho inédito de la relación entre prensa y poder: la presentación de demandas de daño moral en contra de periodistas y reporteros masivamente. Sergio Ramírez Robles recibió las facultades legales en una reforma al decreto de creación de la Dirección de Comunicación Social para presentar las demandas en nombre del Ejecutivo estatal o cualquier funcionario de la administración pública.”
Añadió: “En una entrevista para Cambio realizada el 5 de agosto de 2011, el vocero anunció que demandaría la difamación sistemática en contra de personajes del gobierno. La amenaza se volverá realidad en la Oficialía de Partes de Ciudad Judicial.”
La acción jurídica del gobierno estatal se fundamenta en el Código Civil que, en la fracción XIV del artículo 2, faculta al director general de Comunicación Social a ejercer las acciones del gobierno, sus dependencias o entidades, el gobernador, secretarios y demás funcionarios en relación con su actuación pública, así como las acciones legales necesarias para hacerlos efectivos; sin que ello excluya las acciones que pudiera ejercer directamente al afectado”.
En la fracción X del artículo 6, se faculta a ese funcionario a “realizar las aclaraciones y ejercer las acciones que considere pertinentes respecto de las afectaciones al honor o reputación, los señalamientos, declaraciones o publicaciones que se refieran al gobierno, sus dependencias o entidades, al gobernador, secretarios y demás funcionarios en relación con su actuación pública”.
Según el vocero, el gobierno del estado no pretende una indemnización, sino que la sentencia por daño moral, en caso de ser condenatoria, sea publicada.
Ramírez Robles aclaró que el reportero de Proceso no será demandado.
-Funcionarios de Nuevo León recibían ‘sueldo’ de jefe del cártel del Golfo
MONTERREY, N.L.- La Policía Federal (PF) capturó a Juan Carlos Ovalle Landeros, Charly, presunto jefe de plaza del cártel del Golfo (CDG) en esta ciudad, quien se encargaba de pagar la nómina de esta organización criminal y a funcionarios de los municipios de San Nicolás, Escobedo, Apodaca, San Pedro y Guadalupe.
Junto con Charly cayeron seis personas entre las que había dos mujeres sicarios y un menor de edad.
A Ovalle Landeros la PF lo acusa de haber ejecutado, en marzo del 2011, al comediante José Luis Cerda Meléndez, La Gata, junto con Juan Roberto Gómez y Luis Manuel Ruiz, que casualmente lo acompañaban.
También se le responsabiliza del ataque contra varios centros nocturnos de Monterrey, entre ellos “El Matehuala”, el 8 de agosto, donde perecieron nueve personas.
Mediante un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal informó que Charly, de 32 años, fue detenido el pasado 22 de octubre en la colonia Villa de Casa Banca, Primer Sector, en San Nicolás, junto con otras seis personas, en un operativo en el que fueron liberadas dos personas.
El presunto capo efectuaba plagios y homicidios contra integrantes de grupos antagónicos y se encargaba de distribuir la droga en Monterrey.
La SSP señaló que también fueron detenidos César Ovalle Landeros, de 33 años, encargado para el mismo grupo de la plaza de San Nicolás, quien planeaba los plagios y negociaba las liberaciones. También conseguía casas de seguridad, armas y vehículos. Además, secuestraba y asesinaba a delincuentes rivales y pagaba la nómina de autoridades locales que le daban protección y apoyo jurídico.
Fueron detenidos por la PF en la misma acción Felix Antonio Garcés Palma, El Coco, de 26 años, encargado de un grupo de homicidas y de distribuir drogas en esta capital; Edgar Gustavo Rodríguez Salas, El Tavo, distribuidor de droga en la ciudad y encargado de reportar movimientos de autoridades de los tres niveles de gobierno.
Cayeron también Adriana Ramírez Alvarado, de 29 años, homicida y secuestradora que hacía labores de halconeo; y Samanta Rocío Mora Briones, de 21 años, también homicida, y encargada de custodiar y alimentar víctimas. El adolescente Alejandro, de 17 años, responsable de custodiar las casas de seguridad y las drogas, así como de espiar autoridades.
Según la SSP, los Ovalle Landeros colaboraron en homicidios y atentados con David Rosales Guzmán, Comandante Diablo, detenido por la PF el 1 de septiembre.
Además, se le responsabiliza de homicidios en los bares Makiavelo, Azul Tequila, Jarros 2 y La Eternidad, así como de, por lo menos, 12 operativos criminales contra particulares, y el penal del Topo Chico.
A los detenidos se les aseguraron seis autos, un rifle, 18 equipos de telefonía y 56 bolsas con mariguana.
Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.
-Mazahua preso injustamente por 5 años, exige castigo para quienes lo encarcelaron
El indígena mazahua Hugo Sánchez Ramírez pidió que sean sancionados los policías municipales y ministeriales, así como agentes del Ministerio Público y jueces del fuero común y fuero federal, por haberlo torturado, procesado y encarcelado por delitos que no cometió, y por la retención ilegal de más de 150 horas que sufrió luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su liberación.
“Me robaron cinco años y dos meses, estuve en la cárcel por un delito que no cometí y ahora lo único que quiero es justicia”, dijo Hugo Sánchez Ramírez, liberado apenas la noche del lunes, a pesar de que la SCJN dio la orden el miércoles pasado.
En su primera conferencia de prensa, luego de dejar el penal de Santiaguito, en el Estado de México, donde fue retenido ilegalmente durante más de 150 horas, Sánchez Ramírez aseguró que durante su estancia en la cárcel se percató de que hay varios internos que, como él, están “injustamente pagando delitos que no han cometido”.
En las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), acompañado de sus padres, Antonio Sánchez Domínguez y Rosalba Ramírez Estrada, Hugo se presentó ataviado con un saco de lana cruda, con la imagen de San Judas Tadeo grabada en la espalda.
El evento se realizó después de que el director del Centro Prodh, José Rosario Marroquín, informara sobre el expediente de Israel Arzate Meléndez, joven de Ciudad Juárez que fue torturado por miembros del Ejército acusado de participar en la masacre de Villas de Salvárcar, cuyo documento que fue presentado al Comité contra la Tortura, dependiente de la ONU, organismo ante el que México será examinado los días 31 de octubre y 1 de noviembre en Ginebra, Suiza.
Una prenda igual a la de Hugo portaba su padre, mientras que doña Rosalba vestía orgullosa un traje mazahua amarillo atravesado por un reboso verde, los colores de la túnica y la estola del santo al que se encomendaron en los últimos cinco años y dos meses.
“Volví a nacer”, expresó Sánchez Ramírez al referirse a sus primeras sensaciones de libertad, y pidió a los abogados del Centro Prodh que extiendan su apoyo a los presos que, como él, purgan condenas por delitos que no cometieron.
“De ese 100% de internos, 70 a 80% somos inocentes, porque somos de recursos económicos (bajos)”, sostuvo Hugo.
“Los jueces trabajan con dinero (…) si les das dinero te dejan ir, si no les das dinero te echan tantos años, te echan años como confeti, hay mucha gente inocente en la cárcel”, reiteró.
Hugo Sánchez fue doblemente acusado tras ser detenido ilegalmente en 2007 por policías municipales de Villa Victoria, Estado de México. Fue procesado y sentenciado a cinco años, por portación de armas de uso exclusivo del Ejército, y a 37 años por secuestro. Por el último delito es que los ministros de la Primera Sala de la SCJN fallaron a favor de Hugo, en tanto que está pendiente la resolución por el primer delito.
El abogado Simón Hernández explicó que después de la resolución de la SCJN, Hugo fue de nueva cuenta victimizado, pues se le mantuvo retenido ilegalmente en el penal de Santiaguito durante más de 150 horas.
“Se pretendía chantajear a Hugo: para liberarlo le pedían que firmara un desistimiento del amparo que está en proceso en la SCJN”, dijo el abogado del Centro Prodh.
Hernández acusó al director del penal de Santiaguito, Héctor Guadarrama Silva, de retener al indígena argumentando que mientras no se resolviera el amparo que está por atenderse en la Corte, el joven no sería liberado, a menos de que se desistiera de él.
“Argumentamos que independientemente del amparo, Hugo ya había cumplido la sentencia que le impusieron por portación de arma, el 28 de agosto de 2012, por lo que la resolución del recurso en la SCJN lo podía esperar en libertad; lo que quedó claro para nosotros es que lo que pretendían las autoridades del Estado de México era justificar la estancia de Hugo en estos últimos cinco años, que él se desistiera del amparo y asumiera su responsabilidad en un delito que no cometió a cambio de su libertad”, dijo el abogado.
-Gobernadores del PRD se reunirán con Peña Nieto
El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, anunció que los gobernadores de esa fuerza política se reunirán en breve con el presidente electo, Enrique Peña Nieto.
Sin precisar el lugar y fecha del encuentro, dijo que se trata de una reunión relevante, pues “somos la segunda fuerza electoral del país” y por ello es preciso dialogar, porque ninguna fuerza por sí sola podrá generar los cambios que requiere México.
En entrevista, Zambrano mencionó que la petición al gobernador electo de Tabasco, Arturo Núñez y Graco Ramírez, así como al próximo jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y a los mandatarios de Oaxaca y Morelos, Gabino Cué y Graco Ramírez, respectivamente, consistió en que tuvieran libre la agenda para finales del mes de octubre de este año.
No obstante, integrantes del equipo de transición y encargados de agenda de gobernadores perredistas confirmaron al periódico El Universal que la reunión se daría el próximo miércoles 24 al poniente de la ciudad de México.
Según Zambrano, el encuentro será institucional entre los mandatarios y versará sobre las propuestas que tiene la izquierda para beneficiar a los mexicanos.
-#ReformaLaboral: Llaman a tirar páginas de Coparmex, STPS y SHCP
El colectivo de ciberactivistas Anonymous convocó a protestar en contra de la Reforma Laboral con un ataque múltiple a las páginas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La convocatoria fue dada a conocer a través de la red de textos en línea Pastebin (http://pastebin.com/riNYXEE8), un sitio ligado a la difusión de acciones de la red de ciberactivistas Anonymous.
El 2 de octubre los cibernautas atacaron los sitios por alrededor de 12 horas. A través de la etiqueta #OpTrabajoDigno2, Anonymous pretende repetir la hazaña el 24 de octubre.
El día de hoy la Reforma Laboral fue aprobada en lo general por el Senado.
-Ahora sí: tras asesinato de líder, gobierno de Chihuahua ofrece protección a ocho barzonistas
CIUDAD JUÁREZ, Chih.- Tras un enfrentamiento entre barzonistas y policías municipales y estatales en el Palacio de Gobierno de Chihuahua, el gobernador César Duarte ofreció a ocho activistas de esa organización la protección que negó a Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Martha Solís Contreras, lideres del movimiento asesinados el pasado lunes 22.
Asimismo, se comprometió a esclarecer el asesinato de la pareja, así como a suspender temporalmente las actividades en la mina El Cascabel –localizada en el en el municipio de Buenaventura– y clausurar pozos sobreexplotados en la región noroeste.
En tanto, el presidente electo Enrique Peña Nieto canceló una visita a esta ciudad, programada para el próximo jueves 25, debido al ambiente de tensión que se vive por el doble asesinato.
Luego de que ayer permanecieron toda la noche afuera de Palacio de Gobierno, los integrantes de El Barzón y otras organizaciones trasladaron este martes los cuerpos de Solorio y su esposa al patio del edificio gubernamental, para hacerles un homenaje. Horas después los cadáveres fueron llevados al ejido Benito Juárez para velarlos y sepultarlos mañana.
Previo a los acuerdos, la noche del lunes, alrededor de 150 personas, la mayoría de El Barzón, se enfrentaron con policías municipales y estatales en el Palacio de Gobierno.
Elementos policiacos estatales y municipales cerraron por la fuerza la puerta de Palacio de Gobierno, empujaron y golpearon a los manifestantes, la mayoría de ellos mujeres, aunque también había niños, además de los tres hijos del matrimonio asesinado.
Los manifestantes, que reclaman al gobernador César Duarte Jáquez haber sido indiferente ante las denuncias de amenaza de muerte contra Solorio Urrutia y su esposa, que se concretaron el lunes pasado, fueron sitiados en Palacio de Gobierno por policías de diferentes corporaciones.
Esto, luego de que los activistas anunciaron que permanecerían toda la noche en el recinto de gobierno a donde llevarían los cuerpos de Solorio Urrutia y Solís Contreras.
Sin embargo los cadáveres de las víctimas, encontrados el lunes pasado en el kilómetro 26, a la altura del campo menonita ocho y medio, fueron retenidos en el Servicio Médico Forense, denunciaron los manifestantes, quienes montaron un altar en el patio central de Palacio de Gobierno.
Afirmaron que se trata de un crimen de Estado, porque las autoridades no escucharon las advertencias que las organizaciones sociales hicieron sobre las amenazas y agresiones contra El Barzón.
De acuerdo con los manifestantes, durante la protesta en el Palacio de Gobierno, a uno de los agredidos le removieron piezas dentales por los golpes, y la Policía Municipal cerró todas las vías que llevan al edificio de gobierno para evitar que llegaran refuerzos.
Durante la noche llegaron habitantes del ejido Benito Juárez para integrarse a la manifestación, así como integrantes de diferentes asociaciones civiles.
Este martes, a través de un comunicado, el gobierno de Chihuahua se deslindó del asesinato de los líderes barzonistas y ofreció todo su apoyo para el esclarecimiento del caso.
“La Secretaría de Gobierno rechaza cualquier implicación que categorice los homicidios en cuestión como crimen de Estado como lo han señalado algunos integrantes de la organización de El Barzón”, señaló la administración de Duarte.
Señaló que más allá de las investigaciones que realiza la Fiscalía, el gobierno estableció contacto con los barzonistas para escuchar sus demandas.
“De igual manera, se conformó una mesa de diálogo cuya sede es la sala de juntas de la propia Secretaría, permitiendo siempre el libre acceso a los medios de comunicación, testigos fieles del desarrollo de esta cooperación”, destacó el gobierno de Chihuahua.
Informó que tras el diálogo con los barzonistas, durante la madrugada de este martes, se establecieron acuerdos en los que el estado se compromete a suspender temporalmente la exploración minera en la zona del noroeste de la entidad.
“Compromiso del Estado de atender conforme a derecho el problema del agua superficial y de pozos irregulares en la cuenca del Conchos, a agotar todas las líneas de investigación por parte de la Fiscalía hasta el esclarecimiento del crimen”, detalló el comunicado.
Además, ofreció “protección a una lista de ocho personas que los barzonistas proporcionaron y que –señalan– están amenazados”.
Por otra parte, los hijos, padres y hermanos de la pareja asesinada el pasado lunes 22 clamaron justicia y exigieron que se investigue a El Heraldo de Chihuahua, debido a que ese medio emprendió una campaña mediática de desprestigio contra El Barzón, lo que supuestamente generó el ambiente para que fueran agredidos.
La víspera, Víctor Quintana Sillveyra, integrante de El Barzón, afirmó que desde la semana pasada “pedimos una entrevista con el secretario de Gobierno por la campaña de linchamiento moral contra Luz Estela Castro y contra El Barzón en general, y precisamente en esos días agredieron a Ismael, a su hijo y a Ernesto”.
Destacó que esas campañas de linchamiento abonaron el camino para la agresión, lo mismo que –dijo– pasó con Marisela Escobedo Ortiz, ya que advirtieron a las autoridades estatales que la campaña de desprestigio contra la activista terminaría mal, y así fue.
“El gobierno es el responsable de dar certidumbre y seguridad, no es posible sacrificar gente y que estemos viviendo oleadas de ataques”, puntualizó Quintana.
-Denunciarán tortura y abuso contra estudiantes de Michoacán
La Asociación Nacional de Abogados Democráticos presentará con base en una treintena de testimonios de normalistas de Michoacán una denuncia internacional ante organismos como el Comité contra la Tortura y hoy mismo acudirá ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para presentar una queja por los delitos de tortura lesiones y abusos en contra de los estudiantes.
En conferencia de prensa en la que estuvieron presentes varios jóvenes de las normales de aquella entidad, denunciaron que dentro de las instalaciones de la procuraduría de justicia estatal y enfrente del médico legista y de personal de la Comisión de Derechos Humanos local se llevaron a cabo estos actos.
De hecho fueron los propios integrantes del organismo defensor de derechos humanos quienes ejercieron las agresiones contra los jóvenes y quienes pedían que se les lavara la cara para quitarles la sangre “y luego se los madrearan más”.
-Coahuila busca nueva deuda, ahora por 950 millones de pesos
Saltillo, Coah. El gobierno de Coahuila tiene interés de refinanciar su deuda de 35 mil 700 millones de pesos con 11 instituciones bancarias, pero pretende hacerlo con otro crédito, ahora por 950 millones a través de un fondo para seguridad del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
La solicitud de autorización para acceder al crédito está en el Congreso Estatal y es posible que los diputados la resuelvan antes de que el gobernador Rubén Moreira Valdez regrese de la gira de promoción industrial de dos semanas por España, Alemania e Italia que inició el pasado viernes.
“Este instrumento bancario tiene la bondad de que el capital no se estaría pagando, va a un fondo perdido y solamente se estarían cubriendo los intereses a 20 años en donde tiene una tasa de interés competitiva que puede ser muy atractiva para poder mejorar las condiciones de los créditos existentes”, aseguró el diputado local priísta José Luis Moreno Aguirre, coordinador de la comisión de finanzas en la legislatura estatal.
Sin embargo, ni el legislador ni la Secretaría de Finanzas explicaron la cantidad de dinero por intereses que significaría el crédito con Banobras, con quien el gobierno estatal ya tiene una deuda por 642.8 millones.
En un comunicado, el gobierno del estado dio a conocer que de los 950 millones, 608 serían para abonar a su deuda bancaria y 342 se invertirían en infraestructura de seguridad.
-Sin acuerdos, reunión entre normalistas, autoridades de Michoacán y SEP
Morelia, Mich. Tras dos horas de diálogo, estudiantes normalistas y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no lograron acuerdo alguno con autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del gobierno del estado.
El secretario de Gobierno en Michoacán, Jesús Reyna, dio a conocer que estudiantes y profesores no expusieron las propuestas de fondo para dar solución al conflicto, bajo el argumento de que esperarán la resolución del juez respecto a la situación legal de los estudiantes consignados, cuyo plazo vence poco después de la medianoche.
Esta tarde, se instaló una mesa de diálogo entre autoridades y manifestantes, en donde se pondría sobre la mesa la propuesta para aplazar la reforma curricular en la entidad.
Otros puntos que esperaban tratar era la validación del semestre y la entrega de plazas automáticas para egresados normalistas.
Sin embargo, maestros y estudiantes prefirieron aplazar las negociaciones hasta saber la situación jurídica de los consignados y en especial de los ocho que permanecen presos.
De esta forma se declaró un receso y las pláticas se reanudarán después de las 0:40 horas de este miércoles.
En tanto, más de dos mil normalistas aguardan afuera del Centro de Readaptación Social “Francisco J. Múgica” la resolución del juez, quien durante las próximas horas dictará el auto de formal prisión o la libertad para los inculpados por la quema de autobuses durante el operativo del pasado 15 de octubre.
Los normalistas marcharon este mediodía del obelisco a Lázaro Cárdenas al penal, en lo que fue el séptimo día de manifestaciones continuas.
-Estará lista en 3 semanas huella genética de 'el Lazca', estima PGR
Los análisis de las muestras genéticas tomadas al cadáver del familiar de Heriberto Lazcano, el Lazca, líder y fundador de la organización delictiva Los Zetas, podrán estar listos en un plazo de dos a tres semanas.
Funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) señalaron que luego de tomar muestras de uno de los progenitores de el Lazca el pasado lunes, los servicios periciales ya estudian el material y sus resultados estarán listos en dos o tres semanas.
Asimismo, recordaron que la toma de muestras de tejido de un familiar directo, necesaria para realizar los estudios de laboratorio para establecer la huella genética, se efectúa mediante los más modernos y avanzados protocolos para la identificación de personas.
La PGR reiteró que la identidad de el Lazca como la persona que fue abatida en el municipio de Progreso, Coahuila, el 7 de octubre pasado, está totalmente confirmada, pero se busca cumplir al ciento por ciento con los requerimientos legales en este caso.
Entre las pruebas con las que se ratificó la identidad del líder de Los Zetas están la confirmación de las huellas dactilares de los dedos pulgar, índice y medio, así como el análisis de las imágenes fotográficas de la persona abatida.
En este caso, el personal del Ministerio Público de la Federación (MPF) es la instancia encargada de resguardar las muestras genéticas tomadas ayer del cuerpo del ascendiente directo de Heriberto Lazacano Lazcano, pero los estudios serán realizados por los servicios periciales de la PGR.
-Exigen en mitin ante SG liberación de estudiantes michoacanos
Integrantes de organizaciones sociales y estudiantiles realizan un mitin en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (SG) para exigir la liberación de los normalistas detenidos en Michoacán, en los hechos del pasado 15 de octubre.
Los manifestantes partieron esta tarde del Ángel de la Independencia rumbo a Gobernación, dependencia que desde esta mañana se encuentra bloqueada al tránsito y el paso peatonal libre, no sólo del perímetro inmediato, sino a varias cuadras a la redonda, lo que mantiene afectada la circulación en las colonias Juárez y Centro, así como el Paseo de la Reforma a la altura de al glorieta de Colón.
Hasta el momento han tomado la palabra varios representantes de organizaciones como la Federación de Estudiantes Campesinos Normalistas de México, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y profesores de Michoacán.
No han solicitado traspasar la valla y tampoco han integrado alguna comisión para hablar con los funcionarios federales.
La policía capitalina calcula que el contingente está integrado por unas tres mil personas que permanecen sobre la avenida Bucareli, a unos metros del Reloj Chino, área custodiada por más de 250 elementos de la Policía Federal.
-Los 10 Políticos más corruptos de México actualmente
