-Esparza da buenas noticia a ex trabajadores de LyFC
El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, sostuvo que los más de 16 mil integrantes de esa organización que no se liquidaron con el proceso de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), hace tres años, podrán tener buenas noticias sobre su reinserción laboral, gracias a una resolución de el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo.
Con esto, dijo, se reconoce que los ex empleados de la paraestatal tienen derecho a un patrón sustituto que sería la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al pago de salarios caídos.
En una asamblea realizada en la explanada del Monumento a la Revolución, en el marco de las actividades de los tres años del cierre de LyFC, Esparza pidió a los miembros del SME mayor esfuerzo, estar atentos y fortalecer la unidad para concretar la reinserción laboral.
Durante el acto, en donde el abogado laborista Carlos de Buen les explicó los términos de la resolución judicial, Esparza insistió en que las autoridades deben cumplir la sentencia del tribunal colegiado.
"Vamos por la reinstalación de los 16 mil 599 compañeros, para quede garantizada la antigüedad para los que ya se van a jubilar y vamos a trabajar con el despacho de abogados de Carlos De Buen y del SME para ir cuantificando los salarios caídos de todos los trabajadores que no aceptamos la liquidación".
"Ese dinero es de nuestros hijos y familias y ese dinero nos corresponde, así lo dice la ley. A ver que cara va a poner el próximo gobierno cuando tendrán que etiquetar más de 14 mil millones de pesos de los salarios caídos de todos los trabajadores", resaltó.
El dirigente del SME, quien les aseguró a los ahí presentes que volverán a trabajar en el sector eléctrico en la zona donde operaba hasta hace tres años LyFC, expuso:
"Sólo falta que estos (las autoridades federales) no le hagan caso al Poder Judicial, cuando han utilizado las leyes para imponer la privatización y política de estos rapaces empresarios que de manera miserable tratan a los trabajadores de este país".
Dijo que las autoridades tienen unas horas para cumplir y la CFE deberá reinstalar a los más de 16 mil ex trabajadores de LyFC con el contrato colectivo del SME en la zona de atención que tenían antes de la extinción de esa paraestatal.
El líder sindical Martín Esparza, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), se negó a saludar este jueves al senador Javier Lozano, que era secretario del Trabajo cuando el gobierno federal desapareció la compañía pública Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
Ambos participan en una reunión de la Comisión de Trabajo del Senado con sindicalistas, para discutir la propuesta de reforma laboral.
Lozano, del Partido Acción Nacional (PAN), entró al salón del encuentro cuando Esparza ya estaba en el lugar. El legislador se acercó a saludar de mano a otros asistentes y, cuando llegó a Esparza, los dos intercambiaron miradas, el dirigente sindical permaneció sentado y Lozano únicamente le dio una palmada en la espalda.
La tensión entre el gobierno federal y el SME empezó hace exactamente tres años, el 11 de octubre de 2009, luego de que el presidente Felipe Calderón decretó la desaparición de LyFC.
En su cargo de entonces, Lozano defendió la decisión argumentando que la compañía era ineficiente. Esparza ha criticado continuamente la medida y exigido que los electricistas recuperen sus puestos de trabajo.
-Reciben senadores a dirigentes de la UNT, SME y mineros por Reforma Laboral.
Dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y de los sindicatos Mexicano de Electricistas y de Mineros externaron a senadores de la Comisión de Trabajo y Previsión Social sus puntos de vista en torno a la minuta que reforma la Ley Federal del Trabajo, remitida por la Cámara de Diputados para su revisión.
Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la UNT, expresó que las organizaciones “de ninguna manera nos oponemos” a una reforma virtuosa y equilibrada, que represente un avance en los derechos de los empleados, constituya un estímulo para el desarrollo y democratice y modernice el ámbito laboral.
Sin embargo, el dictamen de la colegisladora “daría lugar a una mayor simulación”, porque “abriría de par en par las puertas al sindicalismo de protección patronal y dejaría a los trabajadores más vulnerables mexicanos que nunca, sujetos a las leyes de la oferta y la demanda”, precisó el también dirigente del Sindicato de Telefonistas.
En su turno, Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, calificó a la minuta de “regresiva, ya que recupera los conceptos de contratos a prueba --o de aprendizaje-- y capacitación inicial, los cuales fueron retirados por lesivos en las reformas aprobadas desde 1970 por generar una sobreexplotación de la fuerza de trabajo”.
Se pronunció en contra del outsourcing, del pago por horas, la contratación a prueba, la limitación en el pago de salarios caídos, la pérdida de prestaciones de ley y el detrimento de la seguridad social, que en su opinión provocaría la aprobación del dictamen de la Cámara de Diputados.
Por su parte, Carlos Manuel Díaz Chávez, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, insistió en incorporar al proyecto de decreto los conceptos de democracia, transparencia y rendición de cuentas sindical, para evitar que “se siga promoviendo la corrupción y la antidemocracia en todas sus expresiones”.
Solicitó que se restituya la obligación del voto libre, directo y secreto para elegir a las directivas de las asociaciones gremiales y que sea un requisito para aceptar un contrato colectivo de trabajo, pues fueron eliminadas de la iniciativa.
En opinión de Martín Esparza Flores, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, el dictamen de la colegisladora “es anticonstitucional”, porque “violenta” el artículo 123 de la Carta Magna y los convenios internacionales que México ha suscrito en materia de trabajo.
Dijo que la propuesta únicamente genera “un gran descontento social”, ya que “niega” un futuro de estabilidad en el empleo y salario remunerador, sobre todo para los jóvenes.
En su oportunidad, Genaro Arteaga Trejo, del Sindicato de Mineros, reconoció que la propuesta incluye un capítulo nuevo para los mineros y prohíbe el trabajo de menores de 18 años en las minas, pero “no hay nada nuevo” sobre medidas de prevención, seguridad e higiene.
Dijo que cuando se trata de obligar a los patrones a que cumplan esas normas de seguridad la reforma “opera con suavidad”.
Al hacer uso de la palabra, el senador priista Armando Neyra Chávez manifestó que es necesario hablar con el titular del Ejecutivo entrante y al saliente “porque este es un asunto muy delicado y van a dejarle una bomba de tiempo al presidente que tiene una responsabilidad con más de veinte millones que votamos por él”.
Consideró que se debe dar el tiempo correspondiente para analizar la minuta “como si fuera un emplazamiento a huelga” y analizar por qué no procede la reforma.
Eso --subrayó-- nos va dar la posibilidad de hacer un dictamen adecuado, ya que “esto no va a salir como quisieran porque los verdaderos trabajadores de este país, que son más de 47 millones, no están a favor de la reforma”.
Para del senador panista Javier Lozano Alarcón “es bien difícil que en un tema tan complejo como éste se vaya a lograr un consenso, una visión única de lo que debe ser la eficiencia del mercado laboral o la equidad y la justicia social en el mercado laboral”.
Me temo --dijo-- que lo que vamos a ver a la hora de dictaminar y de votar este proyecto es que uno de los grupos parlamentarios está a favor de la reforma laboral pero en contra de la transparencia sindical.
“Otro grupo --agregó-- está en contra de la reforma laboral pero a favor de la transparencia sindical y nosotros en el PAN estamos a favor de la reforma laboral y la transparencia sindical, por lo que vamos a tener que encontrar puntos de entendimiento y lograr mayorías con las que se pueda ir avanzado”.
Por el PRD, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno anunció que su fracción parlamentaria votará en contra de la reforma en lo general, pues la ecuación que plantea es equivocada porque apuesta por hacer competitivas a las empresas a partir de abaratar la mano de obra y de la facilidad de despedir a los trabajadores.
Por otro lado, dijo que la enmienda es una apuesta equivocada porque si no hay poder adquisitivo en los trabajadores no habrá quien pueda comprarle a los empresarios.
Sin embargo, aclaró que no se “resignarán” y buscarán coincidencias y alianzas con Acción Nacional para modificar la minuta, si ellos se sostienen en la votación en el pleno, en temas como democracia y trasparencia sindical.
En tanto, la senadora Layda Sansores San Román, de Movimiento Ciudadano, indicó que la izquierda irá junto con el PAN para que se incluya en la reforma la cláusula de transparencia sindical, “pero que también se establezca la transparencia en las juntas de Conciliación y Arbitraje porque ellos tienen los documentos de los contratos colectivos de trabajo y los guardan en secreto”.
Dijo que existe la oportunidad de revisar otros puntos agresivos que van contra la lucha de reivindicaciones de la clase obrera, ya que “no se pueden borrar de un plumazo por quedar bien con el gran capital”.
A su vez, el senador petista Manuel Bartlett Díaz dijo que dos partidos políticos ya han formado una “mayoría hechiza”, que es la que aprobará la reforma laboral, pues la minuta no “ésta en el aire” y es la “estructura del poder” la que se impondrá.
En este sentido, señaló que la iniciativa preferente del Ejecutivo federal “es una gran trampa” para que la reforma laboral “salga lo más rápido posible”, pues existe un acuerdo “entre un presidente que sale y uno que entra” para ello.
-Sindicatos de izquierda acusan una reforma "negativa" para trabajadores
En un encuentro marcado por reclamos al gobierno federal y a la Cámara de Diputados, dirigentes de sindicatos de izquierda rechazaron la propuesta de reforma laboral que discute el Senado y llamaron a los legisladores a modificar una medida que consideran “altamente lesiva” para los trabajadores.
Los sindicalistas señalaron a senadores de la Comisión de Trabajo que los puntos clave de la reforma —nuevas formas de contratación, contratos por hora o normas para la subcontratación o outsourcing— afectarán a los empleados porque harán que ganen menos, pierdan estabilidad laboral y tengan menos prestaciones.
“(La reforma) daría lugar a una mayor simulación en el mundo del trabajo, abriría la puerta al sindicalismo de protección patronal y dejaría a los trabajadores mexicanos más vulnerables que nunca”, dijo Francisco Hernández Juárez, de la Unión Nacional del Trabajadores (UNT).
“Seguiremos rechazando esta reforma laboral patronal que se nos pretende imponer, estamos en contra de que se legalice la flexibilidad laboral forzada”, señaló Agustín Rodríguez, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM).
La reforma fue aprobada a finales de septiembre en la Cámara de Diputados, a la que los ponentes reclamaron por no haberlos convocado para conocer sus puntos de vista.
El encuentro de este jueves en el Senado se realizó mientras afuera del recinto protestaban decenas de manifestantes inconformes con los posibles cambios a la Ley Federal del Trabajo.
Algunas organizaciones han advertido de la posibilidad de llevar a cabo más manifestaciones públicas para expresar su desacuerdo.
“(Las medidas) son altamente lesivas y negativas para los trabajadores. La historia no se equivoca, no se equivoquen ustedes”, dijo Rodríguez, y criticó a los líderes sindicales que militan en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que apoyan políticas que generan “explotación”.
El miércoles, representantes de sindicatos afines al PRI señalaron ante los senadores que están a favor de algunos puntos de la reforma, aunque no de que se integren al documento normas que afecten a las organizaciones gremiales.
La UNT, en contraste, declaró estar a favor de que la democracia y la transparencia sindical se incluyan en la ley.
Armando Neyra, senador priista y líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), dijo casi al final de la reunión que si la reforma no satisface a los trabajadores, el plazo para su discusión debe extenderse en vez de efectuarse únicamente este mes.
La propuesta fue presentada al Congreso con carácter de preferente, lo que obliga a cada Cámara legislativa a votarla a más tardar en 30 días.
