Los créditos están relacionados con organismos públicos, por lo que el IFAI revocó la negativa de la CNBV a dar la información.
El IFAI ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) transparentar las deudas del Gobierno de Coahuila.
De esa forma, la Comisión deberá entregar toda la información relacionada con la deuda pública de Coahuila contratada entre 2007 y 2011, es decir, durante el Gobierno de Humberto Moreira, y elaborar un expediente público sobre el particular.
La CNBV se negaba a dar esa información, la cual clasificó como "reservada" bajo el argumento de que se trata de la cartera crediticia de instituciones de la banca de desarrollo.
Sin embargo, el recurso de revisión, estudiado por la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, revocó la respuesta de la CNBV debido a que la deuda está relacionada con Banobras y Nacional Financiera (Nafin), es decir, organismos públicos.
"El acceso a la información sobre los créditos que Banobras otorgó al Estado de Coahuila transparentaría si esta institución cumple con el objeto de financiar o refinanciar proyectos de inversión pública en infraestructura y servicios públicos", expuso Peschard.
Actualmente, el Gobernador Rubén Moreira enfrenta graves problemas económicos por la deuda contraída con documentos falsos por la Administración de su hermano Humberto Moreira, la cual, según el último reporte disponible, alcanzó los 36 mil 379 millones de pesos.
Senadores de AN celebraron ayer la resolución del IFAI y confiaron en que contribuya a sancionar a los responsables del "moreirazo" y evitar la impunidad.
"Que salgan a relucir posibles corruptelas de funcionarios que no supieron o no quisieron supervisar el uso de esos recursos", pidió el senador Federico Döring.
En tanto, Marco Cancino, especialista en finanzas públicas del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), consideró que esto abrirá una brecha en materia de transparencia estatal.
Revelan nexos de Zetas con Gobierno de Moreira
La organización delictiva de Los Zetas tejió en Coahuila, durante la Administración de Humberto Moreira, una red de protección con funcionarios y agentes estatales y federales a los que pagaba hasta 600 mil pesos mensuales.
Ayer, la PGR reveló que ha detectado a 11 servidores públicos involucrados en esta red, 4 en prisión, 4 en arraigo y 3 prófugos, pero no descartó la complicidad de otros funcionarios.
Uno de los principales involucrados es Humberto Torres Charles, hermano de Jesús Torres Charles, quien fuera Procurador y fiscal general en el sexenio de Humberto Moreira.
"Humberto Torres Charles (...) era el encargado de mantener el control al interior de la Fiscalía del Estado a fin de que se desviara el curso de las investigaciones que tenían que ver con dicha organización (Los Zetas).
"Se le entregaban 300 mil pesos mensuales", detalló José Cuitláhuac Salinas, subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
En tanto, Manuel Jesús Cícero, ex director de Seguridad Pública del Municipio Ramos Arizpe, actualmente detenido, alertaba sobre operativos estatales, quitaba retenes y detectaba a miembros de grupos opuestos a cambio de 500 mil pesos al mes.
Fuente: Reforma
