De manera ceremonial, la clase gobernante del país validó ayer la opción desestabilizadora y faccciosa de intervención armada en los próximos comicios que Felipe Calderón ha venido considerando y promoviendo desde largo tiempo atrás. El acuerdo en busca de presunta seguridad en el proceso electoral en curso, suscrito ayer por gobernadores, el IFE y Gobernación, no contiene, en esencia, nada que no contemple la letra legal vigente, pero por ello adquiere especial relevancia que el ocupante de la silla presidencial haya insistido en que se protocolizara algo que no era necesario y que a esa reiteración de lo que es obligatorio por ley se le adjudicara tal peso político y propagandístico.
El Protocolo de seguridad para el proceso electoral de 2012, suscrito ayer en la sesión 32 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, equivale a un adelantado artículo transitorio de la Ley de Seguridad Nacional aún no aprobada, al establecer convenios que amparan diversos mecanismos de operación y cooperación entre instancias federales y estatales, que servirán para garantizar la seguridad de la jornada electoral, según explicó el vocero de la gobernación amenazante, Alejandro Poiré. Así, mediante grupos de coordinación operativa, se atenderán de manera expedita las situaciones que atenten contra la seguridad o la paz social.
Frente a esos posibles riesgos que pudiesen llegar a vulnerar la gobernabilidad democrática del país antes, durante y después de la jornada electoral de julio próximo, el gobierno federal ofrece blindaje a los candidatos a puestos de elección popular; la elaboración, con la oficialía de partes llamada IFE, de mapas de riesgo y, desde luego, la aplicación de las fuerzas policiacas y militares cuando las cosas parezcan salirse de cauce.
Parecería natural y obligado ese ejercicio de preservación de la vida institucional en riesgo, pero asoma inevitablemente una sombra de fundada duda sobre las intenciones reales y los alcances prácticos de esa estrategia si se le analiza en el contexto de desquiciado ejercicio calderonista del poder federal, con demostrados actos de desesperación, provocación y alucinamiento en busca de sostenerse en el mando nacional, y con el ingrediente volátil del narcotráfico, manejable conforme a intereses de sus jefes políticos, plegable a las órdenes de quienes han manejado una guerra entre engaños, manipulaciones y favoritismos a cierto cártel favorito, y persecución a sus adversarios.
En tanto, el viejo nuevo PRI seguía aferrado a sus símbolos clásicos, al dar a conocer la relación de aspirantes a diputaciones federales de representación proporcional y la lista nacional de candidatos a senadurías. Destaca la muy cantada postulación de Manlio Fabio Beltrones en el primer lugar de una de las circunscripciones, enfilándose así como jefe de San Lázaro, tal como lo ha sido en el Senado, ha de suponerse que en acuerdo con Peña Nieto a cambio de haberle dejado libre el camino a la candidatura presidencial sin mayores contratiempos. Al Senado asoma Emilio Gamboa, ocupante de diversos cargos de gran poder desde tiempos de Miguel de la Madrid y confiable interlocutor y gestor de los intereses mediáticos electrónicos.
Aparte de líderes obreros vetustos y largamente acusados de corrupción, y otras asignaciones como cuota a organizaciones tradicionales del priísmo, a la hora de cerrar esta columna llamaba la atención la conservación de las telebancadas, con Jorge Mendoza y Tristán Canales, plenamente relacionados con Televisión Azteca, y el acomodo de Arely Gómez, hermana de un vicepresidente de Televisa, a quien se había pretendido imponer como consejera electoral del IFE durante el tiempo en que esos nombramientos estuvieron entrampados.
Un par de observaciones más, a bote pronto, con los pocos nombres difundidos a la hora de cerrar esta columna (entre ellos, la esposa de Jorge Hank Rhon): no aparecían en los primeros lugares de las listas los incómodos ex gobernadores recientes, en lo que parecería una jugada de sacrificio para preservar el interés mayor, de Peña Nieto. Y tampoco se mostró una voracidad avasallante de parte de los cercanos al ex gobernador del estado de México, pues se repartió la baraja para mantener satisfechos a los perdedores o desplazados en arreglos para gubernaturas y a los dirigentes de grupos regionales que de no haber sido tomados en cuenta podrían haber migrado hacia otros partidos.
Astillas
Mientras sigue el romance entre Pinos y Dinos, Chepina parece moverse por fuera, como si no tuviera conexión con las altas jugadas amorosas o como si el jefe Lipe deseara seguirle demostrando quién manda. Ella, por lo pronto, insiste en algo que saca roncha a los pinoleros: la posibilidad de presidir el país sin entregarse a la burocracia panista, abriendo caminos a un gobierno de coalición… Vázquez Mota tiene ya en contra, por lo pronto, la conformación de la lista nacional de candidatos de blanco y azul al Senado, donde el jefe virtual de la bancada será Felipe Calderón, quien colocó en lugares de privilegio a familiares (Cocoa y Mariana Gómez del Campo), subordinados plenos (como Ernesto Cordero, a quien trata de imponer como coordinador formal del grupo senatorial) y aliados no josefinistas… Que dice el IFE que nomás está en condiciones de organizar dos debates entre candidatos presidenciales, pero que pueden intentarse todos aquellos en los que se pongan de acuerdo todos los aspirantes. Desde el silencio que tanto le beneficia, un Copete agradece a señas a los comprensivos consejeros electorales los favores recibidos… En el estado de México siguen las farsas judiciales. Antes, por ejemplo, con la niña Paulette y ahora con El Coqueto, el asesino y violador en serie que se les fugó a los policías de aquella entidad. Convertida en negocio grupal, con la misma estructura del peñanietismo ahora en tiempos de Eruviel Ávila, la procuración de justicia es allí una mala obra de simulación… Y, mientras Calderón brinda con Cocoa amarga al recibir a Fausto Vallejo, ¡hasta mañana!
Fuente: La Jornada
