Calderón y el PAN al acecho
Con el poder que le da a cualquiera disponer de los órganos de inteligencia del Estado, desde Los Pinos se ordenó vigilar puntualmente a políticos de primer nivel: precandidatos presidenciales, gobernadores y exmandatarios, diputados y senadores, líderes sindicales, luchadores sociales, periodistas críticos y empresarios opositores al sistema.
Las áreas responsables de integrar expedientes políticos y financieros son el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la Secretaría de Gobernación, y la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ambos órganos, donde se concentra la documentación y los principales expedientes de políticos opositores, envían una copia a la residencia presidencial; otros son archivados y los menos son turnados a las procuradurías General de la República y Fiscal de la Federación, donde se abren los procesos penales respectivos para darle curso en cuanto reciban la instrucción presidencial.
El trabajo del Cisen es ya conocido por la población y se sustenta en el espionaje a través de las vías de comunicación, teléfono e internet, así como la persecución y vigilancia directa sobre individuos previamente seleccionados. Además, los analistas de este órgano de seguridad nacional también revisan publicaciones impresas y radio y televisión, de donde obtienen reportes que posteriormente convierten en informes “confidenciales”.
Más sofisticado y sobre todo más profesional que el trabajo que realiza el Cisen, está la labor que desarrollan los técnicos de la UIF, este órgano de inteligencia financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y único enlace del gobierno mexicano con organismos internacionales responsables de combatir el blanqueo de capitales, lo que lo convierte en un instrumento sumamente útil para recabar informes del dinero que muchos mexicanos sacan del país y ocultan en instituciones financieras extranjeras.
A diferencia del trabajo sucio que hace el Cisen con sus viles escuchas telefónicas, el análisis de la UIF responde a los movimientos financieros que políticos realizan en instituciones bancarias, casas de bolsa y de cambio, instituciones de seguros, transferencias internacionales, depósitos en efectivo y, en general, compra y venta de bienes y servicios.
Con esa información recabada en bancos e intermediarios financieros, así como en la CNBV, esa Unidad de Inteligencia elabora expedientes con las cuentas de ingresos y egresos de los políticos, donde confirma el uso de dinero sucio que no proviene de salarios y que puede corresponder a fondos irregulares provenientes de la comisión de diversos delitos, como narcotráfico, tráfico de personas, prostitución, fraudes y robos.
Obviamente, en este gobierno panista, la lista de expedientes corresponde principalmente a políticos de oposición: PRI, PRD, Partido del Trabajo, Convergencia y Nueva Alianza, mientras que los políticos panistas se encuentran bajo un manto protector gubernamental.
Es así como la UIF ha sido la encargada de integrar las acusaciones en contra de políticos priistas y perredistas. Los expedientes en poder de la UIF suman miles y sólo unos cuantos han sido turnados al Ministerio Público Federal para su indagatoria y posterior integración de averiguación previa.
Hasta ahora, lo que sabemos es que el blanco principal de la persecución financiera son los equipos de los precandidatos presidenciables Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, todos con posibilidades reales de alcanzar la Presidencia de la República. En la lista le siguen exgobernadores priistas y perredistas, líderes de fracciones en cámaras de Diputados y Senadores, congresos estatales, dirigentes de partidos políticos, empresarios, líderes sociales y dirigentes gremiales, dueños de medios de comunicación, periodistas y jefes de prensa.
Por eso tienen razón Moreira y otros priistas en estar preocupados y temerosos, pues saben muy bien que el gobierno tiene en su poder información que compromete a muchos políticos de su partido y eso, precisamente, es lo que buscan frenar arguyendo “terrorismo político”.
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/06/05/los-miedos-del-pri/
