En tanto que el Banco Mundial, nada menos que uno de los principales ejecutores del neoliberalismo, afirma que para romper los ciclos de violencia, “es crucial fortalecer las instituciones nacionales legítimas y mejorar la gestión del gobierno, a fin de brindar a la población seguridad, justicia y empleo”, Felipe Calderón demandó a empresarios de Jalisco, “romper la falta de acuerdos entre las distintas bancadas, a efecto de que se apruebe la reforma laboral”, cuyos objetivos, de ser aprobada, llevarían al país a una mayor inseguridad, profunda injusticia y más desempleo.
Es absolutamente inexplicable cómo es posible que, no obstante la situación prevaleciente en México, el grupo en el poder tenga la desfachatez de exigir más sacrificios a los trabajadores, cuando han sido estos quienes han debido pagar los costos de la apropiación de la riqueza por unos cuantos monopolios nacionales y extranjeros. No sólo es una irresponsabilidad mayúscula, sino un acto criminal, pretender seguir cargando sobre la clase trabajadora y sus familias el peso de un proceso irracional que está llevando a los mexicanos a una espiral de violencia social cada vez más salvaje.
Como apunta el Banco Mundial en su “Informe sobre el desarrollo mundial 2011”: “Un episodio importante de violencia, a diferencia de los desastres naturales o los ciclos económicos, puede borrar toda una generación de progreso económico”. Esto es lo que ha sucedido en México a partir de que Calderón decretó su “guerra” contra la delincuencia organizada: en sólo cuatro años se liquidó lo conseguido en tres décadas de crecimiento sostenido gracias al modelo conocido como desarrollo estabilizador.
Sin embargo el inquilino de Los Pinos, al igual que la dirigencia del PRI, parecen no darse cuenta del riesgo en que estamos de seguirse recrudeciendo la descomposición social, lo que habría de suceder seguramente en caso de ser aprobada la reforma laboral impulsada por ambos partidos. Se orillaría a los trabajadores a la desesperación, pues se les cerrarían todas las posibilidades legítimas de mejorar su situación y la de sus familias. Y nomás para que un grupo cada vez más reducido de “señores neofeudales” sigan teniendo las mismas altas tasas de ganancias que los han enriquecido en los últimos treinta años.
No es descabellado suponer que eso es precisamente lo que buscan, llevar a los trabajadores a cometer hechos indebidos en defensa de sus intereses conculcados, con el fin de justificar el uso de la fuerza por parte del Estado oligárquico, tal como ocurrió el lunes en la ciudad de México durante las marchas de protesta del Sindicato Mexicano de Electricistas. Tal parece que se quiere acorralar a esta digna organización sindical, para obligarla a cometer errores tácticos y estratégicos, de los que se aprovecharía de manera inescrupulosa y oportunista el grupo en el poder.
Es muy probable, como lo denunció Martín Esparza, dirigente del SME, que los actos violentos hayan sido hechos por provocadores incrustados en las marchas. Esto con el fin de que las autoridades tengan plena justificación para reprimir con lujo de violencia a los trabajadores. Así, la Secretaría de Gobernación puede argumentar que no se sienta a negociar con el SME, mientras haya “actos de presión vandálicos y cobardes como los que tuvieron lugar el día de hoy” (anteayer). Puntualizó la dependencia en un comunicado, que “el orden, la observancia de la ley y el respeto son condiciones indispensables de un diálogo constructivo”.
En los hechos, hemos visto cómo el gobierno federal actúa sin observar la ley y sin respetar a los ciudadanos, como sucedió precisamente hace año y medio, cuando Calderón ordenó la dramática represión contra el SME que mandó al desempleo a más de cuarenta mil trabajadores. Lo asombroso, en las actuales circunstancias, es que México siga siendo un país sin violencia revolucionaria, como podría ser ante la magnitud de las injusticias y abusos de que son víctimas las clases mayoritarias, sesenta millones de las cuales sobreviven en condiciones de lamentable pobreza.
Más asombroso aún es que quieran echarle más fuego a la hoguera con una reforma laboral que agudizaría la gravedad de las condiciones de miseria de esa inmensa masa de mexicanos sin futuro. ¿Cómo es posible que la oligarquía actúe con tal insensibilidad, cómo es posible que la burocracia dorada a su servicio no le haga ver su tremenda ceguera y falta de una elemental solidaridad? Es claro entonces que el único camino a seguir, para evitar un colapso apocalíptico, es arrebatarle el poder al grupo minoritario que lo detenta con fines absolutamente egoístas y apátridas. Pero con la fuerza de la razón histórica y del voto, no de la violencia reaccionaria.
Es absolutamente inexplicable cómo es posible que, no obstante la situación prevaleciente en México, el grupo en el poder tenga la desfachatez de exigir más sacrificios a los trabajadores, cuando han sido estos quienes han debido pagar los costos de la apropiación de la riqueza por unos cuantos monopolios nacionales y extranjeros. No sólo es una irresponsabilidad mayúscula, sino un acto criminal, pretender seguir cargando sobre la clase trabajadora y sus familias el peso de un proceso irracional que está llevando a los mexicanos a una espiral de violencia social cada vez más salvaje.
Como apunta el Banco Mundial en su “Informe sobre el desarrollo mundial 2011”: “Un episodio importante de violencia, a diferencia de los desastres naturales o los ciclos económicos, puede borrar toda una generación de progreso económico”. Esto es lo que ha sucedido en México a partir de que Calderón decretó su “guerra” contra la delincuencia organizada: en sólo cuatro años se liquidó lo conseguido en tres décadas de crecimiento sostenido gracias al modelo conocido como desarrollo estabilizador.
Sin embargo el inquilino de Los Pinos, al igual que la dirigencia del PRI, parecen no darse cuenta del riesgo en que estamos de seguirse recrudeciendo la descomposición social, lo que habría de suceder seguramente en caso de ser aprobada la reforma laboral impulsada por ambos partidos. Se orillaría a los trabajadores a la desesperación, pues se les cerrarían todas las posibilidades legítimas de mejorar su situación y la de sus familias. Y nomás para que un grupo cada vez más reducido de “señores neofeudales” sigan teniendo las mismas altas tasas de ganancias que los han enriquecido en los últimos treinta años.
No es descabellado suponer que eso es precisamente lo que buscan, llevar a los trabajadores a cometer hechos indebidos en defensa de sus intereses conculcados, con el fin de justificar el uso de la fuerza por parte del Estado oligárquico, tal como ocurrió el lunes en la ciudad de México durante las marchas de protesta del Sindicato Mexicano de Electricistas. Tal parece que se quiere acorralar a esta digna organización sindical, para obligarla a cometer errores tácticos y estratégicos, de los que se aprovecharía de manera inescrupulosa y oportunista el grupo en el poder.
Es muy probable, como lo denunció Martín Esparza, dirigente del SME, que los actos violentos hayan sido hechos por provocadores incrustados en las marchas. Esto con el fin de que las autoridades tengan plena justificación para reprimir con lujo de violencia a los trabajadores. Así, la Secretaría de Gobernación puede argumentar que no se sienta a negociar con el SME, mientras haya “actos de presión vandálicos y cobardes como los que tuvieron lugar el día de hoy” (anteayer). Puntualizó la dependencia en un comunicado, que “el orden, la observancia de la ley y el respeto son condiciones indispensables de un diálogo constructivo”.
En los hechos, hemos visto cómo el gobierno federal actúa sin observar la ley y sin respetar a los ciudadanos, como sucedió precisamente hace año y medio, cuando Calderón ordenó la dramática represión contra el SME que mandó al desempleo a más de cuarenta mil trabajadores. Lo asombroso, en las actuales circunstancias, es que México siga siendo un país sin violencia revolucionaria, como podría ser ante la magnitud de las injusticias y abusos de que son víctimas las clases mayoritarias, sesenta millones de las cuales sobreviven en condiciones de lamentable pobreza.
Más asombroso aún es que quieran echarle más fuego a la hoguera con una reforma laboral que agudizaría la gravedad de las condiciones de miseria de esa inmensa masa de mexicanos sin futuro. ¿Cómo es posible que la oligarquía actúe con tal insensibilidad, cómo es posible que la burocracia dorada a su servicio no le haga ver su tremenda ceguera y falta de una elemental solidaridad? Es claro entonces que el único camino a seguir, para evitar un colapso apocalíptico, es arrebatarle el poder al grupo minoritario que lo detenta con fines absolutamente egoístas y apátridas. Pero con la fuerza de la razón histórica y del voto, no de la violencia reaccionaria.