El presidente tendrá la facultad de crear Comisiones de la Verdad
Esta madrugada, el Senado de la República aprobó la minuta que modifica el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para facultar al Ejecutivo federal a constituir comisiones consultivas y presidenciales que permitan “el mejor despacho de los asuntos a su cargo”.
Pese a los intentos de la oposición por modificar esa minuta, que permite al presidente de la República crear, por decreto, Comisiones de la Verdad, Morena impuso su mayoría. El dictamen se aprobó en sus términos y se remitió al Ejecutivo federal para su promulgación.
La sesión concluyó cerca de las tres de la madrugada, 13 horas después de su inicio, ya que antes se aprobó otra otra minuta con modificaciones a esa misma ley y con los cambios mayores, a fin de posibilitar un nueva estructura para el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, que incluye crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los llamados “superdelegados”.
Legisladores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano insistieron en que se modificara ese artículo 21, a fin de suprimir las funciones de investigación y fiscalización de las comisiones presidenciales, ya que consideraron que dotarlas de estas facultades trastoca la división de poderes.
Se contraponen a la Constitución, ya que invaden facultades de la Fiscalía General de la República y de la Auditoría Superior de la Federación, insistió el senador del PRI Manuel Añorve.
Su compañera de bancada, Claudia Edith Anaya Mota, sostuvo que la cuarta transformación plantea la facultad discrecional del Ejecutivo de crear comisiones especiales para investigar y fiscalizar por encima de la ley. “Estamos desvalijando las instituciones que nos dimos”, recalcó.
Aseguró que la Constitución le atribuye facultades exclusivas de investigación a la policía y al Ministerio Público, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Auditoría Superior de la Federación, e impide que se junten los poderes distribuidos. “Por eso, nos vemos en la Corte, esta ley se va a controversia constitucional”, advirtió.
La senadora del PAN Guadalupe Murguía Gutiérrez recalcó que, “si bien, el próximo gobierno puede organizar su estructura y funcionamiento, no puede exceder el marco legal, ni la Constitución”, expresó.
El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, consideró que a las comisiones presidenciales se les otorgan facultades de investigación y fiscalización por decreto para casos como el de Ayotzinapa, pero se tendrían que estar apoyadas por el Ministerio Público de la Federación, los fiscales y la Fiscalía General de la República.
A su juicio, las investigaciones no deben ser vinculatorias, solo orientar y no sustituir la obligación del Estado de realizar el debido proceso. En caso opuesto, agregó, se vulnera lo establecido en el artículo 16 de la Constitución, que señala los actos de molestia realizados por las autoridades.
En respuesta, el senador de Morena Rubén Rocha Moya aclaró que sólo se reforma una ley secundaria y no significa invasión de un poder a otro. El presidente, dijo, podrá constituir comisiones a su cargo, a través de la emisión de decretos. Estas funcionarán como cuerpos o grupos asesores del mandatario para opinar o sugerir qué debe hacer o qué decisión tomar en tal o cual asunto”.
El dictamen se ratificó con 56 votos a favor, 38 en contra y cinco abstenciones y se remitió al Ejecutivo federal.
¿La favorita del sexenio? AMLO y TV Azteca firman pacto para dar empleo a jóvenes
Dicho acercamiento con la televisora del Ajusco no fue sólo para intercambiar buenos deseos sino, también, para firmar un convenio de empleo para 12 mil jóvenes por medio del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, el cual estará auspiciado por Grupo Salinas.
Tras el festejo, Andrés Manuel López Obrador y el empresario Ricardo Salinas Pliego firmaron el convenio de colaboración que arrancará el 1 de diciembre y el cual consta de varios compromisos, entre los que destacan:
1.- Grupo Salinas incluirá en su nómina a 12 mil jóvenes aprendices.
2.- Buscará alejar a jóvenes de conductas antisociales con la inclusión de al menos 80 mil jóvenes a coros y orquestas que financia Grupo Salinas.
3.- Se impulsará la iniciativa de métodos para el aprendizaje para la vida y cultura del a Paz.
4.- Se difundirán entre los consejos consultivos el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro .
5.- Se buscará la participación de 5 mil jóvenes en la Red Social Azteca.
Tren Maya debe apegarse a derechos de los pueblos: CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que el “Proyecto del Tren Maya” debe orientarse a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, y llamó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, promover su agenda gubernamental de manera integral con los compromisos en materia de derechos humanos suscritos por México, en especial por lo que se refiere en este caso a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
En un comunicado, el organismo público señaló que un proyecto de esa naturaleza “debe considerar la consulta a los pueblos y comunidades indígenas sobre los asuntos que potencialmente les afecten, tal y como lo contempla el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual México es parte”, además de considerar aspectos de desarrollo sustentable, que permitan el uso y aprovechamiento de recursos naturales por las generaciones actuales y futuras, equilibrando el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente.
Por lo anterior, la CNDH llamó a quienes impulsan dicho proyecto a dar a conocer ampliamente su contenido para propiciar un debate público y la participación libre e informada de las partes interesadas, pues “una sociedad que no está bien informada no es libre de participar en la toma de decisiones que puedan afectar sus derechos fundamentales”.
El documento, subrayó la CNDH, debe detallar de manera clara y sencilla los alcances y pormenores del proyecto, así como señalar con precisión las implicaciones que se puedan derivar en materia de derechos humanos para los pueblos y comunidades indígenas involucrados.
Asimismo, aseveró que en el marco del citado proyecto es deseable la participación de todos los sectores sociales, incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas, con la finalidad de tomar decisiones informadas y respaldadas por los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, no solo los referidos a la consulta previa, sino todos aquellos que apliquen a partir del principio pro persona, como parte de sus derechos individuales y colectivos.
“Los derechos humanos son el único espacio de democratización y transformación de situaciones injustas con que cuenta la población mexicana, por lo que esta Comisión Nacional llama al Presidente Electo a que el respeto y promoción de tales prerrogativas sea el signo distintivo de su próxima administración para lograr la transformación de México”, manifestó la CNDH.
Gobernadores PAN rechazan a superdelegados de AMLO en seguridad
Por medio de un amplio desplegado los 12 gobernadores surgidos del Partido Acción Nacional (PAN) pidieron a Andrés Manuel López Obrador, que no haya imposición en los estados de los llamados “superdelegados” en el tema de seguridad.
“El país se construye de abajo hacia arriba, desde el espacio local. Resolver los problemas requiere conocimiento del territorio, cercanía con la población y atención a las peculiaridades de cada región. Las prioridades regionales deben definirse de manera conjunta, considerando las condiciones particulares de cada entidad federativa. No se imponen desde el centro”, son parte de los argumentos.
De igual manera advierten que la colaboración en materia de seguridad debe ser abordada bajo una óptica estrictamente institucional, blindarla de componentes y fines político electorales, “para hacerla un campo de neutralidad política que eleve la mirada por encima de diferencias ideológicas”; piden que se consideren factores de responsabilidad legal y representatividad entre autoridades, así como de eficiencia, secrecía y profesionalismo.
“Nuestros gobiernos colaborarán, en el ámbito de su competencia, con las autoridades federales. Pero la colaboración no debe ser entendida como sometimiento de los órdenes locales incluyendo a las autoridades legítima y legalmente elegidas para gobernar, como es nuestro caso” insisten en el desplegado.
Lo respaldan Martín Orozco Sandoval, Gobernador de Aguascalientes; Francisco Arturo Vega de Lamadrid, de Baja California; Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; Javier Corral Jurado, de Chihuahua; José Rosas Aispuro Torres, de Durango; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; Antonio Echevarría García, de Nayarit; José Antonio Gali Fayad, de Puebla; Francisco Domínguez Servién, de Querétaro; Carlos Joaquín González, Quintana Roo; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Mauricio Vila Dosal, de Yucatán.
Adiós al fuero para todos
En próximos días la Cámara de Diputados votará la iniciativa para eliminar la inmunidad que tienen los servidores públicos, incluido el presidente. La medida pretende terminar con los abusos cometidos desde el poder, aunque expertos alertan un riesgo de que la reforma motive la persecución de adversarios políticos
La próxima semana será decisiva para el avance en la reforma que quitará el fuero a todos los servidores públicos, incluso, al presidente de la República.
La Cámara de Diputados tiene listo el dictamen que reforma varios artículos de la Constitución para quitar la protección que no permitía que un funcionario fuera procesado por delito alguno.
Esta reforma para eliminar el fuero no se aplicará solo a nivel federal, sino que se ordena a los estados que modifiquen sus constituciones para que también los funcionarios de las entidades no tengan inmunidad.
Quitar el fuero a los servidores públicos fue una de las promesas de campaña del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Su propuesta giraba alrededor de la modificación al artículo 108 de la Constitución, para que el presidente pudiera ser juzgado no solo por traición a la patria o por graves ilícitos del fuero común, como está actualmente en la Carta Magna.
En el dictamen que será aprobado esta semana, los diputados argumentan que se trata de una serie de reformas que ayudarán a terminar con los abusos cometidos desde el poder.
De aprobarse la iniciativa, ya no será necesario que se realicen juicios de desafuero en el Congreso de la Unión
Sin embargo, expertos han alertado sobre el riesgo de que esto ocurra, pues sin ninguna medida que proteja a los servidores públicos pueden politizarse casos judiciales y provocar que haya persecución judicial contra adversarios políticos.
SIN JUICIO DE DESAFUERO
Las reformas a la Constitución para quitar el fuero a los servidores públicos contemplan que incluso el jefe del Ejecutivo pueda ser aprehendido sin siquiera mediar un juicio de desafuero.
“Se considera que el retiro de la inmunidad al presidente de la República, no tendría que ser evaluado por las Cámaras del Congreso, como en el caso de otros funcionarios públicos federales y locales, estos últimos en los congresos de sus entidades federativas”, expone la argumentación.
Con la reforma, el presidente podrá ser investigado y juzgado por todo tipo de delitos federales y, de ser encontrado culpable y sentenciado, basta con que el juez comunique el retiro de inmunidad al poder Ejecutivo y quedará a disposición de las autoridades.
Esto se extiende también para otros servidores públicos que están protegidos por el fuero.
Las reformas plantean derogar facultades de la Cámara de Diputados, descritas en el artículo 74 de la Constitución, en donde se dice que podrá “declarar si hay lugar o no a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delitos”, así como “conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos (…) y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren”
Con esto, ya no será necesario que se realicen juicios de desafuero en la Cámara de Diputados, donde las fuerzas políticas decidían si las pruebas de la autoridad eran suficientes para quitar la inmunidad a un servidor público.
Con la reforma, el presidente, diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el fiscal general de la República y los consejeros del INE gozarán de inmunidad y no podrán ser privados de su libertad mientras ejercen el cargo, “salvo que exista una sentencia condenatoria en su contra”.
Sin embargo, ya se podrá seguir un proceso penal contra ellos, siempre y cuando no se les prive de su libertad (antes de la sentencia); y podrán recurrir a su auto de vinculación penal ante la SCJN.
Si hay una sentencia condenatoria, “el juez comunica el retiro de la inmunidad al órgano del cual forme parte el servidor público sentenciado, a partir de lo cual éste cesa sus funciones y queda a disposición de la autoridad correspondiente”, señala la reforma.
Si un gobernador o el jefe de Gobierno de la Ciudad de México son encontrados culpables de cometer un delito federal, el juez solo debe notificar al Congreso local que se le despoja de la inmunidad y se le separa del cargo.
Si al cometer un delito, un funcionario hubiera obtenido un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, la sanción penal “deberá graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños causados”
Cualquier servidor público podrá recibir sanciones administrativas o “de cualquier otra naturaleza distinta a la penal” sin que se retire la inmunidad; si la falta implicara arresto, este sería aplicado hasta que deje su cargo
Las reformas constitucionales en esta materia establecen también que una persona perderá sus derechos ciudadanos —como votar o ser votado— ya no cuando se le dicte el auto de formal prisión, sino desde que se le vincule a proceso penal; es decir, desde que se inicia la investigación.
Este último punto ha sido criticado por legisladores de oposición, pues ven en ello un peligro de que se impida participar a personas con el pretexto de que fueron vinculados a un proceso penal.
RIESGO DE PERSECUCIÓN
Aunque la idea de despojar del fuero a todos los servidores públicos es popular, por los abusos que se han cometido desde la clase política, expertos advierten que puede ser arriesgado dejarlos tan desprotegidos.
El propio Andrés Manuel López Obrador lo vivió en carne propia: en el 2005, cuando la PGR en el gobierno de Vicente Fox le inició un caso judicial por un predio, el entonces jefe de Gobierno fue desaforado y removido de su cargo para enfrentar los cargos
Aunque el juicio de desafuero se consumó, ese momento le sirvió a López Obrador para proyectarse a nivel nacional y exponer los argumentos por los que se consideraba un perseguido político, pues se intentaba desde la Presidencia de la República evitar que se convirtiera en candidato presidencial.
Ahora, sin la protección del fuero, hubiera bastado la vinculación a proceso o la sentencia del juez para remover sin más al jefe de Gobierno e impedirlo así de participar.
Un análisis del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, señala que la eliminación del fuero puede provocar un desbalance entre poderes y más cuando no hay fiscalías verdaderamente autónomas, separadas del poder político.
“En el caso del fuero, si este es eliminado podría facilitar la persecución política. Aunque hay un esfuerzo social e institucional por establecer fiscalías independientes en el país a raíz de las reformas de justicia y de anticorrupción, este proceso no ha concluido, por lo que el riesgo de la persecución política no desaparece por completo.
“Respecto del juicio político, si éste deja de ser por causas graves y se sustituye por criterios políticos interpretables por el legislador, es posible que se abran escenarios para golpes de Estado desde el Poder Legislativo”, advierte el Instituto Belisario Domínguez.
Estas reformas constitucionales serán aprobadas en la Cámara baja esta semana; pasarán después al Senado y luego a los Congresos locales; una vez que al menos 17 la aprueben, la Constitución será modificada.
En medio de bajas temperaturas avanza caravana de desplazados en Chiapas
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Por cuarto día consecutivo, la “Caravana Pies cansados” conformada por 376 indígenas desplazados de cuatro comunidades de los Altos de Chiapas, avanzó rumbo a la capital del estado sobre la autopista San Cristóbal de Las Casas-Chiapa de Corzo.
Durmiendo a la intemperie, soportando hambre, sed, frío y enfermedades, desde el lunes, los indígenas tsotsiles que salieron de San Cristóbal de Las Casas han recorrido 10 kilómetros diariamente.
Se trata de indígenas desplazados por situaciones de violencia de las comunidades Ejido Puebla, en el municipio de Chenalhó; Shulvó, en el municipio de Zinacantán, y de los ejidos Tenango y Cintalapa, ambos en Ocosingo.
La mitad de los integrantes de la caravana son niños niñas y adolescentes su exilio forzoso oscila entre los 2 y 9 años, “el gobierno del Estado ha incumplido con sus obligaciones en materia de derechos humanos en proporcionarles atención humanitaria durante su desplazamiento, además de asegurar su retorno a las comunidades de origen en condiciones dignas y seguras, y con su debida reparación de daños”, dice Diego Cadenas, director del Centro de Derechos Humanos Ku’untik.
Durante su cuarto día de caminata, la Caravana de Pies Cansados decidió realizar una pausa en el km 15 de la carretera San Cristóbal de Las Casas-Chiapa de Corzo “ya que hay personas cansadas y enfermas, principalmente niños, niñas y adultos mayores, también porque ante la falta de alimentos y el dormir a la intemperie se han debilitado físicamente, por tales motivos tomaron la decisión de un descanso urgente para el día de mañana poder retomar la caravana hacia la capital Tuxtla Gutiérrez”, explicó la misma fuente.
Cadenas aseguró que el gobierno estatal incumple con sus compromisos hacia los desplazados que enfrentan diversas enfermedades ante las bajas temperaturas y sin servicios médicos.
Ante la denuncia, la Cruz Roja Mexicana se movilizó por segunda ocasión para apoyar a los indígenas, a quienes esta vez les llevó 72 casas de campaña, 150 cobertores para niños y adultos mayores, dio 60 consultas médicas, detectó a dos mujeres embarazadas.
También repartió 120 cajas de medicamentos como Paracetamol, Ibuprofeno, Ketorolaco, Nimesulida y Diclofenaco.
Demandan purépechas sacar a la policía michoacana de Nahuatzen
Morelia, Mich. Alrededor de 300 habitantes de la cabecera municipal de Nahuatzen marcharon este jueves en Morelia, del monumento a Lázaro Cárdenas al palacio legislativo, para exigir a los diputados locales que soliciten al gobernador perredista Silvano Aureoles Conejo que detenga las agresiones del alcalde David Otlica Avilés, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), contra el pueblo purépecha.
Los inconformes, simpatizantes del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN), exigieron también al gobierno estatal que saque a los elementos de la Policía Michoacán de su comunidad, ya que, según un acuerdo entre las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública estatales, debieron haberse retirado el 15 de noviembre.
Los habitantes de Nahuatzen –comunidad purépecha ubicada entre los municipios de Cherán y Sevina–, encabezados por América Huerta Avilés, integrante del CCIN, pidieron la liberación inmediata del presidente del consejo ciudadano, José Antonio Arreola; del consejero José Luis Jiménez, así como de Gerardo Talavera, quien no es integrante del organismo, pero igualmente fue detenido y acusado de robo y de sabotaje, cargos que fueron inventados por la gente de Otlica. Mucho menos debieron utilizar la fuerza pública para sacarlos de sus casas y trabajos, dijo América Huerta.
Recordó que Nahuatzen decidió hace tres años regirse por usos y costumbres y que el consejo ciudadano es reconocido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde hace meses. Añadió que David Otlica no ganó los comicios del pasado primero de julio, porque no se instalaron casillas en la cabecera municipal. No queremos conflicto. Otlica puede gobernar en cualquier comunidad donde haya ganado, pero no en Nahuatzen, apuntó Huerta Avilés.
La integrante del CCIN aseguró que el gobierno estatal está detrás del alcalde impuesto y ahora pretende criminalizar al consejo ciudadano a pesar que quienes han cometido delitos son ellos, los que secuestraron a tres de nuestros compañeros y lesionaron de bala a un elemento de seguridad de la ronda comunitaria el pasado primero de noviembre, incidente que concluyó con la liberación de los plagiados, mientras el herido sigue hospitalizado en Uruapan.
América Huerta señaló que los arrestos de sus tres compañeros se iniciaron hace una semana y concluyeron el pasado lunes, después de que funcionarios de Nahuatzen presentaron denuncias contra ellos ante el Ministerio Público estatal.
No hay delitos que perseguir. Se trata de una presión de carácter político, pese a que había un acuerdo con el gobierno del estado para no usar las oficinas de la casa comunal (que el ayuntamiento ocupaba) y se aseguró que no habría agresiones entre el gobierno municipal que encabeza David Otlica, quien fue avalado por el Instituto Electoral de Michoacán cuando no obtuvo ni 20 por ciento de la votación, ya que en Nahuatzen, Arantepacua y Sevina no se instalaron casillas, apuntó la consejera ciudadana.
El anterior edil de Nahuatzen, Miguel Prado Morales, tampoco fue reconocido por la comunidad y desde hace poco más de tres años la población purépecha se rige por usos y costumbres. El CCIN responsabiliza al gobierno estatal de la situación por su pretensión de imponer a un alcalde ilegítimo.
