Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional (anuló) la Ley de Seguridad Interior al (LSI) considerar que el Congreso incurrió en violaciones al proceso legislativo, no consideró las afectaciones que esta norma causaría a las comunidades indígenas, no diferenció de manera adecuada la seguridad nacional con la seguridad interior y la seguridad pública, por ello, al presidente del máximo tribunal del país, Luis María Aguilar Morales, hizo un llamado a presentar una legislación que dé certeza jurídica, porque de aprobarse la actual ley se podría generar un mal mayor a las fuerzas armadas.
Al continuar con el análisis de la acción de inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas, presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales (INAI), así como municipios y algunos legisladores federales, el máximo tribunal del país anuló la LSI por nueve votos contra uno, ya que solamente el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo defendió su proyecto en el cual se proponía declarar constitucional el ordenamiento.
Aunque la ministra Margarita Luna Ramos estuvo presente en la sesión y se pronunció en favor de declarar la inconstitucionalidad de la LSI, no votó debido a que tuvo que atender un comisión oficial.
La propuesta de Pardo Rebolledo también consideraba que el Congreso sí tiene facultades para legislar en el tema de seguridad interior, sin embargo, nueve de sus pares se pronunciaron en contra de su propuesta a ese respeto y solamente la ministra Margarita Luna Ramos apoyó que el Poder Legislativo pudiera establecer normas en esa materia, facultades que actualmente solo están autorizadas para el presidente de la República.
La Ley de Seguridad Interior fue aprobada el 17 diciembre de 2017 por el Congreso de la Unión y el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación cuatro días después, aunque está vigente, el presidente Enrique Peña Nieto -quien concluye su mandato el próximo 1 de diciembre-, se comprometió a no emitir ninguna declaratoria que pusiera en marcha un operativo de seguridad interior hasta que la Corte se pronunciara respecto de la constitucionalidad de esta legislación.
El contenido de la LSI ha sido criticado por organizaciones no gubernamentales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), grupos de legisladores, municipios, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai), y por ello presentaron acciones de inconstitucionalidad que llevaron al debate que hoy continuará en la Corte.
Fuente: La Jornada
