Samuel Rodríguez Moreno, sobrino del exgobernador Fernando Moreno Peña.
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COLIMA, Col.- Caracterizado por un ambiente de encono, señalamientos personales y “propaganda negra” entre los principales candidatos al gobierno del estado, el proceso electoral extraordinario tuvo en los últimos días la incorporación de un nuevo elemento al contexto de la contienda política: el repunte de las ejecuciones con el sello del crimen organizado en la entidad.
En menos de dos semanas fueron cometidos 15 asesinatos, algunos en la vía pública o en establecimientos comerciales, mientras que en otros casos han aparecido cuerpos desmembrados acompañados de narcomensajes alusivos a la guerra de cárteles por el control de la plaza, especialmente en la ciudad de Manzanillo.
La serie de crímenes no había llamado la atención de los actores políticos hasta que el pasado martes 5 —12 días antes de la jornada electoral del próximo 17 de enero— fue ultimado a balazos el abogado Samuel Rodríguez Moreno, sobrino del exgobernador Fernando Moreno Peña, cuando se encontraba en una llantera de la capital del estado.
El fallecido había sido representante legal de algunos negocios de Gerardo Mendoza Chávez, identificado en su momento por las autoridades estatales y federales como presunto operador de La Familia Michoacana en Colima y señalado como autor intelectual de la ejecución del exgobernador Silverio Cavazos Ceballos, el 21 de noviembre de 2010.
A partir de ese vínculo, la entonces titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) Yolanda Verduzco Guzmán anunció en noviembre de 2011 una línea de investigación contra Samuel Rodríguez por presunta implicación en el homicidio de Cavazos.
El tema resurgió esta semana tras el asesinato del abogado, por lo que la PGJE emitió el jueves 7 un boletín en el que aclaró que no existía orden de aprehensión vigente contra la víctima, pues si bien el señalamiento de la procuradora se basó en la declaración de un testigo, “en el desarrollo posterior de la investigación, no hubo pruebas que le fincaran responsabilidad alguna para ejercer acción penal en su contra”.
Por el parentesco de Samuel Rodríguez con el exmandatario Fernando Moreno —jefe del Grupo Universidad, que respalda al candidato priista a gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez—, el politólogo Josué Noé de la Vega Morales estima que la ejecución “tiene una fuerte connotación política”.
Plantea: “Pareciera que los grupos del crimen organizado tratan de hacer sentir su presencia e incidir en esta elección, pues están actuando precisamente en el cierre del proceso electoral y esto no es cualquier coincidencia”.
Catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, De la Vega Morales llama la atención sobre el hecho de que no se han explicado oficialmente los móviles de los asesinatos contra personajes públicos ocurridos en los últimos cinco años en Colima, como el de Cavazos y el de Saúl Adame Barreto, coordinador de asesores del exgobernador Mario Anguiano Moreno.
Tampoco se ha dado a conocer el motivo y la autoría del atentado fallido contra Fernando Moreno, ocurrido el 12 de octubre de 2015, uno de cuyos sobrinos fue asesinado en febrero de ese mismo año y otro, Samuel Rodríguez, ultimado esta semana.
“A final de cuentas —comenta el académico— los asesinatos y atentados no se han esclarecido, han quedado en nada. Esto hace pensar que la misma clase política podría estar entreverada con las broncas del narcotráfico”.
De acuerdo con Noé de la Vega, el efecto social del incremento de la violencia en esta etapa previa de los comicios podría perjudicar al abanderado del PRI y beneficiar al candidato panista, Jorge Luis Preciado Rodríguez, por el hartazgo de la gente frente a la inseguridad que ha crecido en Colima con los gobiernos priistas, pero no descarta que si se produce un gran abstencionismo la ventaja sería para el tricolor, por ser el partido que cuenta con la mayor estructura y capacidad de movilización de votantes.
Tras el asesinato de Samuel Rodríguez, representantes del PAN, el PRD y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) demandaron que se investigue la posible colusión de la clase política con el narcotráfico.
Martha Zepeda del Toro, candidata del PRD al gobierno estatal, advierte que los actos de violencia de los últimos días podrían tener como finalidad enturbiar el proceso electoral y se pronuncia por una investigación profunda para determinar si existen vínculos de los servidores públicos con el crimen organizado.
Alerta sobre la posibilidad de que la narcopolítica se encuentre instalada en los sectores del poder en Colima porque “la manera como han ocurrido los homicidios o los intentos de ejecuciones de personajes públicos tiene la marca de la delincuencia organizada; no podemos decir tajantemente que esa sea la realidad, pero tendría que ser una línea de investigación”.
El general José Francisco Gallardo Rodríguez, candidato de Morena, considera lógico que los cárteles del narcotráfico, que “también son un producto social”, estén muy interesados y al pendiente de lo que ocurra en el proceso electoral.
“No creo que vayan a influir en el resultado, pero la violencia es una constante porque hay un rompimiento del orden institucional y los cuerpos de seguridad están coludidos con el crimen organizado”, indica.
A juicio de Gallardo Rodríguez, la mejor forma de combatir la posible implicación de políticos con el narcotráfico es a través de la transparencia y la rendición de cuentas.
Mediante un comunicado, el presidente estatal del PAN, Jesús Fuentes Martínez, dijo que el homicidio de Rodríguez Moreno “no es casualidad, todos en Colima sabemos a qué se dedica cada quien y la trayectoria que tenemos, a la gente no se le puede mentir, la ejecución del sobrino de Fernando Moreno se dio en el mismo negocio donde años anteriores habían ejecutado a la secretaria del lugar, sin duda eso trae una historia que involucra a la familia Moreno”.
Denunció además que el gobierno estatal ha descuidado su obligación de garantizar la seguridad de los colimenses, que “en los primeros días del año han tenido que soportar de todo, desde robo en casa habitación, el incremento de robos de vehículos, ejecuciones y hasta ‘embolsados’; los priistas son los que siempre han estado vinculados con la violencia, con las ejecuciones y el ajuste de cuentas”.
La dirigencia priista y el equipo de campaña de Ignacio Peralta no se han pronunciado públicamente sobre este tema.
Derivada de la anulación del proceso ordinario del año pasado por la intervención ilegal del entonces mandatario, Mario Anguiano Moreno, la elección extraordinaria de gobernador constituye el primer reto electoral para los presidentes nacionales del PRI y del PAN, Manlio Fabio Beltrones Rivera y Ricardo Anaya Cortés, quienes han visitado Colima en varias ocasiones y han coincidido en definir esta contienda como un asunto de “alta prioridad”.
En términos similares se expresó el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro, quien en una visita anunció todo el apoyo político y económico para su candidato, Leoncio Morán Sánchez, quien ha trabajado en esta campaña con la estrategia de creación de redes ciudadanas que llevó al triunfo al actual alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro.
Aunque son seis las candidaturas participantes, a lo largo de la campaña José Ignacio Peralta y Jorge Luis Preciado se han reconocido a sí mismos como los únicos contendientes con posibilidades de llegar a la titularidad del Poder Ejecutivo, tras el apretado resultado de la elección de junio pasado, cuya diferencia oficial fue de apenas 503 votos (0.17 por ciento) a favor del priista sobre el panista.
No obstante, Morán Sánchez, quien en el proceso ordinario obtuvo el tercer lugar con 11 por ciento de los votos, acepta que la competencia electoral será entre dos, pero entre él y el panista Preciado Rodríguez, pues a su juicio el abanderado del PRI ya quedó rezagado en el tercer lugar de las mediciones de intención del voto.
En esta dinámica, los tres candidatos han insistido en que cuentan con “encuestas internas” que avalan su triunfo en la elección del próximo 17 de enero y en el transcurso de las campañas se enfrascaron en una guerra sucia.
Desde el primer día de campaña, Ignacio Peralta acusó a Jorge Luis Preciado de ser “un borracho” y de manejar una red de prostitución y trata de personas, por lo que lo calificó como “un riesgo para Colima”. Cuando la prensa local le preguntó si contaba con pruebas de sus afirmaciones, respondió: “es lo que dice la gente”. Preciado Rodríguez contestó con declaraciones públicas en el sentido de que a Peralta “le gustan los hombres” y después difundió un señalamiento contra el priista de que en mayo pasado, conduciendo “en estado de ebriedad” en el municipio de Ixtlahuacán, habría atropellado a un motociclista al que no le brindó apoyo. Peralta negó el hecho y lo denunció penalmente por calumnias.
Movimiento Ciudadano no se quedó atrás y publicó espectaculares con frases como “Colima no es una cantina para que la gobierne un borracho” o “Colima no es un teatro para que la gobierne un títere”, esto último en alusión a la cercanía de Ignacio Peralta con el exgobernador Fernando Moreno. Entonces Preciado acusó a Leoncio Morán de “asesino” al referirse públicamente el episodio de un accidente automovilístico que tuvo hace más de 20 años el abanderado de MC en el que murió una persona.
Además de las denuncias de manera abierta entre los propios candidatos y partidos, han sido más numerosos los ataques a través de videos en las redes sociales y folletos difundidos de manera anónima cargados de denostaciones.
De acuerdo con Adriana Ruiz Visfocri, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), hasta el miércoles 6 de enero los partidos habían presentado ante esa instancia 58 denuncias cruzadas por presuntas violaciones a la legislación electoral, la mayoría por actos anticipados de campaña y propaganda ofensiva o difamatoria.
La consejera, quien tiene más de 20 años de experiencia en actividades de carácter electoral, comenta que nunca había visto un ambiente tan recrudecido de guerra sucia electoral como el de esta elección, en el que “se meten incluso en la vida privada de las personas no solamente achacándoles delitos, sino incluso en cuestiones personales o de su familia”.
El riesgo de esta situación, señala, es que los electores prefieran no votar al considerar que todos los candidatos son malos y que “lejos de alcanzar el 62 por ciento de asistencia a las urnas que tuvimos en el estado el año pasado, no alcancemos ni siquiera el 54 por ciento que fue la media nacional”.
Fuente: Proceso| PEDRO ZAMORA BRISEÑO
