En Coahuila el vital líquido tiene precio. Aguas de Barcelona ocupa el sistema de aguas de Ramos Arizpe, de la mano de la empresa francesa Suez. Comienza la silenciosa privatización de un bien común. El “modelo” de administración podría trasladarse no sólo a otras zonas del estado, sino de la República.
Saltillo, Coahuila. El agua en esta entidad está a la venta y hasta en oferta. Acciones de servidores públicos dejan entrever que el bien común tiene precio al plantearse la privatización del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Ramos Arizpe (SAPARA) en Coahuila.
En julio, tras una serie de noticias que afirmaban la escasez del vital líquido en dicho municipio, se anunció la posibilidad de pasar el sistema de agua potable a la empresa paraestatal Aguas de Saltillo (Agsal). Esto, afirma el alcalde Ramón Oceguera, para garantizar el servicio a todos los ciudadanos. La verdad es que toda la transacción se está dando en la oscuridad y con declaraciones a medias.
Para los miembros de la asociación civil AUAS (Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo) lo que pretende esta maniobra es abrir paso a la privatización de todos los sistemas de la entidad, lo que comenzó cuando Óscar Pimentel era alcalde de la capital del estado en el periodo 2001-2003.
Ahora, Pimentel ostenta el cargo de secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial en la administración de Rubén Moreira, lo que presupone un plan de privatización del agua en donde los afectados serán los derechos y bolsillos de todos los coahuilenses.
Gloria Tobón, integrante de AUAS, indica que la pretensión del municipio de Saltillo y de Aguas de Saltillo de adquirir el sistema de Ramos Arizpe viola la Ley de Aguas de Coahuila. Agrega que la gente de esa ciudad debe estar consciente de lo que le representa esto.
“En realidad se está dando un bien público a una empresa que va a hacer negocio, y eso puede tener efectos graves en la ciudadanía, como lo hemos visto los saltillenses. Aumento de tarifas, que debían de ser de acuerdo al índice de precios al consumidor, lo cual no se ha respetado. Para junio de 2003 ya había seis aumentos de tarifas por encima del índice de precios al consumidor. Luego el cabildo ordenó revertir, pero lo hicieron en forma parcial. Algunos de esos aumentos los venimos arrastrando. El 30 de enero de este año se dieron aumentos del 22 y 44 por ciento, totalmente injustificados, violando un artículo de la Ley de Aguas del estado que indica que todo aumento debe ser justificado sobre la base de los costos que está teniendo el sistema; tiene que presentar un estudio de costos y ver cuál es exactamente el aumento que se necesita, pero la empresa ya estaba ganando dinero. No presentó ese estudio, la empresa ofreció cinco beneficios que no eran tales sino que era cumplir con la ley, lo cual no estaban haciendo”, afirma en entrevista Tobón.
Al parecer, esta privatización se dará con la anuencia de algunos de los integrantes del cabildo de Ramos Arizpe: hasta ahora sólo se han opuesto los del Partido Acción Nacional (PAN).
Durante la administración de Ramón Oceguera se comenzaron a escuchar y ver noticias que hablaban del desabasto del agua en ese municipio, lo que, supuestamente, orilló al alcalde a tomar esa decisión, aunque con el escepticismo de algunos grupos sociales.
“Hay grupos de personas, gente de partidos de oposición, incluso del Partido Revolucionario Institucional, pero desde antes de la votación del cabildo nos hablaron; querían información porque se escuchaban rumores de la privatización. Nos reunimos con ellos en la plaza Venustiano Carranza y al día siguiente fueron a la presidencia municipal a reclamarle al alcalde el problema de la falta de agua. La dirigencia del PAN quería escuchar nuestra experiencia, pero les recalcamos que a la gente de Ramos [Arizpe] es la que debe actuar, tienen que hacer acciones. Nuestra labor en Ramos es compartir nuestra experiencia e información a la gente y a los medios. Desde que estaba Ricardo Aguirre, alcalde anterior al actual, se contrató a Aguas de Saltillo para la cobranza, y aparentemente no funcionó. Ahora ya quieren entregar el sistema completo”, indica.
Gloria Tobón da el privilegio de la duda al caso Ramos Arizpe, y de ser cierta, el problema de la falta de agua puede tener otros medios de solución además de la privatización.Sin embargo, expresa su preocupación debido a que ahora no sólo la empresa española Aguas de Barcelona tiene metidas las manos en el agua de Saltillo.
“Ahora en el Consejo de Aguas de Barcelona hay representantes franceses. Desde 2010, la empresa Suez, con un historial muy negro, compró el 75 por ciento de las acciones de Agsal; es, prácticamente, la dueña, y son mucho más agresivos. Si Aguas de Barcelona ha tenido problemas en muchas ciudades, Suez ha tenido muchos más, y ahorita es prácticamente la dueña de Agsal”, asegura la activista.
Pimentel, el ejecutante
Rodolfo Garza, también integrante de AUAS, comenta que la situación que se da en México, en particular en Coahuila, es insólita.
“Cuando Rubén Moreira integra su gabinete y aparece Óscar Pimentel, nosotros, que hemos dado seguimiento al caso del agua, supusimos que lo que se pretendía era fortalecer a Aguas de Saltillo y tratar de privatizar el mayor número de sistemas posibles en el estado. Ya lo estamos viendo, ya lo anunciaron, están dando declaraciones de que los sistemas operadores no funcionan; pero esto que está sucediendo aquí, como tantas otras cosas en México, son verdaderamente kafkianas. En muchos países de América Latina donde había sistemas semiprivatizados ya sacaron a las empresas trasnacionales porque se demostró que estaban utilizando el agua como una mercancía, y no como un bien común. Resulta que en México se les abre las puertas, y en específico en Saltillo”, expresa.
Los integrantes de AUAS han solicitado en varias ocasiones audiencias con el alcalde de Saltillo, Jericó Abramo, pero nunca han recibido una respuesta afirmativa.
“Los alcaldes anteriores sí nos recibieron pero no hacían nada. Cuando era alcalde Humberto Moreira nos dijo mentiras, incumplió. Jorge Torres, igual. Incluso intentó sobornarnos. Al principio pensamos que la idea de Óscar Pimentel era buena, pero cuando vimos que las cosas se hacían a escondidas de la ciudadanía y que el asesor de él para establecer las bases de licitación era miembro de una empresa que trabajaba con Aguas de Barcelona nos dimos cuenta que era parte del escenario de México, donde se pretenden burlar de la ciudadanía”, agrega.
Rodolfo Garza señala que, de manera arbitraria, Jericó Abramo comprometió al municipio de Saltillo para comprar o asociarse al municipio de Ramos Arizpe sin tomar en cuenta al cabildo: “está mal, porque el que manda no es él, sino el cabildo. Oceguera, con el mismo corte político de subestimar a la ciudadanía y manipular al cabildo, toma decisiones”.
Además, agrega, está el asunto de la falta de transparencia en la paraestatal. “Tenemos elementos para suponer que Aguas de Saltillo recibe muchísimo dinero y no lo reporta todo, y ese dinero lo utiliza para pagar favores a las autoridades, porque son tan sumisas que lo único que se nos ocurre pensar es que reciben beneficios. En Saltillo, el municipio tiene mayoría de acciones, pero quien manda es la empresa. Aguas de Saltillo ha afectado a la economía familiar de manera muy fuerte y Jericó Abramo no lo sabe o no lo quiere saber. Lo que puedo asegurar es que la historia los va a juzgar, a Abramo, a Oceguera y a Óscar Pimentel como traidores de la patria, porque al abrir las puertas a los españoles están cediendo nuestra soberanía”, asegura.
El sistema neoliberal, en avanzada
Rodolfo Garza afirma que se planteó desde meses atrás, quizás años, una estrategia para dejar caer el SAPARA y entregarlo a los extranjeros. “Poca gente lo sabe, pero nosotros lo hemos dicho; también en Saltillo dejaron caer el sistema un año antes de la llegada de los españoles. Gente de Aguas de Barcelona llegó aquí un año antes, y estuvieron cabildeando y negociando con Pimentel. Estaba tan mal el sistema que pidió ayuda a la Comisión Nacional del Agua, y le dieron 80 millones. Dejaron caer el sistema, consiguieron dinero, se lo inyecta al sistema, y luego se lo entregaron a los españoles, con la inversión recién hecha. En Ramos [Arizpe] ya dejaron caer el sistema, perforaron varios pozos e inyectaron dinero, ahora sí se lo van a entregar a Agsal. Alguna autoridad se beneficia al hacer estas transacciones de traición a los ciudadanos”.
Rodolfo Garza también da el privilegio de la duda al municipio de Ramos Arizpe, y señala que de ser cierta la falta de agua, hay otras estrategias a seguir. “Si tienen problemas pueden traer a un administrador, se puede conformar un organismo público descentralizado, como es Agua y Drenaje en Monterrey [Nuevo León], independiente de los alcaldes. Porque si la comunidad lo permite, pasará como en Saltillo, donde el consejo de administración es un cero a la izquierda en Agsal, los representantes saltillenses no hacen nada; nosotros perdimos la esperanza de hablar con ellos, nunca nos han querido recibir”.
El integrante de AUAS afirma que este plan de privatización en Coahuila obedece a un programa internacional, que busca la privatización de los servicios en el mundo.
“El origen de todo esto de las privatizaciones viene del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Hay documentos del Banco Mundial que dicen que su proyecto de privatización de los sistemas de agua en el mundo no ha tenido el éxito que esperaban. Sin embargo lo siguen promoviendo. Es una mercancía de cambio porque el Banco Mundial condiciona a los países a que hagan ciertas cosas, entre ésas las privatizaciones, y entre ellas la del agua. Todo viene desde el Consenso de Washington. Son cimientos fundamentales de la política neoliberal: abrir el mercado a las empresas trasnacionales. Sí se puede aceptar la participación de la iniciativa privada, el problema es que los mexicanos no estamos preparados para aceptar trasnacionales porque no se aplican las leyes, hay muchas violaciones, mucha impunidad y corrupción. No hay transparencia ni rendición de cuentas. Mientras no haya ética y moral en las autoridades mexicanas, no podemos confiarles nada”.
Lucro, el objetivo
La prensa internacional señala que la empresa francesa Suez ha puesto el lucro por encima del derecho humano de acceso al agua al aumentar las tarifas, cortar el suministro a la gente que no puede pagar, rehusarse a expandir el servicio a los barrios pobres y amenazar con demandas legales cuando los contratos quieren ser terminados.
Representantes de los movimientos sociales de todo el mundo han viajado a París, Francia, para participar en las protestas. Muchos accionistas, en solidaridad con las poblaciones afectadas de todo el mundo, han presentado comunicados y demandas, marchas pacíficas y protestas en frente de las oficinas de Suez en varias ciudades de todo el mundo, incluyendo París, Buenos Aires (Argentina), Quito (Ecuador), El Alto (Bolivia), Londres (Inglaterra), Montevideo (Uruguay), Manila (Filipinas) y Roma (Italia).
En la capital argentina y en 13 ciudades de la provincial de Santa Fe, los contratos con compañías mixtas causaron situaciones tensas. En Buenos Aires, grupos ciudadanos demandaron la terminación del contrato porque Aguas Argentinas (cuya accionista mayoritaria era Suez) se negaba a hacer inversiones para expandir el servicio, y continuaba cargando a la población con tarifas altas y cortando el servicio a aquellos que no podían pagarlo. La falta de inversiones causó serios problemas de contaminación del agua. En ciudades como Santa Fe, Aguas Provinciales de Santa Fe (con Suez como accionista mayoritaria) se negaron a cumplir los contratos dejando de esta manera a muchos residentes sin agua ni saneamiento básico. En 2006, la empresa fue reestatizada.
Sin transparencia
En Ramos Arizpe, a pesar de las manifestaciones de los ciudadanos, donde incluso han realizado una clausura simbólica de las oficinas de SAPARA, las negociaciones con Agsal siguen en camino. Óscar Pimentel, secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, insiste en que no es privatización, sino asociación.
“Es una asociación pública, por lo pronto es para atender la contingencia y no estamos hablando de cambiar el sistema operador”, asegura.
Sin embargo, los manifestantes y la Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo señalan que no es necesaria la inversión privada, al sostener que los ductos de agua han sido cerrados de manera intencional.
Los opositores a la inversión privada en los sistemas de agua dicen que el alcalde de Ramos Arizpe, Ramón Oceguera, no los ha recibido y que el gobierno no los ha tomado en cuenta para determinar qué empresa prestará el servicio.
Fuente: Contralínea
