Revela informe un aumento de las secciones de atención especial
Migración, otro gran reto para el proceso electoral del 1° de julio
Desarrolla con la SG un manual para proteger al personal de campo
Durante el sexenio calderonista, el problema de la inseguridad pública se esparció por casi todo el país, y en aquellas regiones donde hace seis años había focos rojos por el índice de delitos, la situación se recrudeció.
Lo anterior se desprende de un reporte interno del Instituto Federal Electoral (IFE), en el cual se detalla que enfrentan esta situación, en mayor o menor grado, 203 de los 300 distritos electorales federales, donde se ha disparado el número de secciones de atención especial (SAE) por razones de alta inseguridad pública.
Las regiones con mayor incremento de este indicador, comparado con los registros de 2006, son un distrito de Chihuahua, con cabecera en Ciudad Juárez; otro de Sinaloa, con cabecera en El Fuerte; Hidalgo del Parral, Chihuahua; un área de Tijuana; Iztacalco, en el Distrito Federal; Zitácuaro, Michoacán, y Río Bravo, Tamaulipas.
Por ejemplo, el distrito 1 de Chihuahua, con cabecera en Juárez, se ubica en la cúspide de este recuento. Ahí, en 2006 no hubo ninguna sección clasificada en el indicador de inseguridad pública; para la elección federal siguiente, en 2009, reportó 265 y, para la de este año, acumula 388 SAE.
El IFE envió a su personal a realizar un trabajo de campo para determinar las características actuales de las 66 mil 740 secciones en las que está dividido el territorio nacional. Como resultado estableció que 2 mil 480 (3.7 del total) son de atención especial, es decir, zonas de alta inseguridad pública por pandillerismo, vandalismo, comisión de diversos delitos, presuntas actividades ilícitas, presencia de personas armadas, etcétera (sic).
En tanto, en 3 mil 15 secciones el principal reto de cara a la elección del primero de julio es el alto índice de migración, es decir, miles de ciudadanos sorteados para participar en las casillas no podrán ser localizados porque han cambiado su domicilio o hay un gran número de viviendas deshabitadas. Las secciones con este tipo específico de problema se ubican mayoritariamente en Nuevo León, Jalisco, Guanajuato y Chihuahua.
Según la información preliminar e interna del IFE, las entidades más afectadas por la inseguridad son Nuevo León, con 628 secciones de atención especial; Tamaulipas, con 387; Jalisco, 308; Chihuahua, 231; Sonora, 166, y Durango, con 124. Le siguen Baja California Sur, con 97; Coahuila, 88; Distrito Federal, 85, y Oaxaca, con 65 secciones de atención especial por la causal de alta inseguridad pública.
Aunque el porcentaje de zonas de atención especial pudiera parecer bajo (16.5 por ciento del total de secciones) e incluso resultaría menor el de aquellas con problemáticas vinculadas a la inseguridad (3.7 por ciento), trascendió que algunos partidos políticos impugnarán el trabajo del IFE por considerar que no hay una explicación certera respecto al crecimiento de las zonas afectadas por el crimen o por sostener que no fueron acatados los lineamientos establecidos para ello.
Focos rojos
Para realizar su trabajo, el IFE toma como parámetro una lista de 20 causas por las cuales una sección puede ser clasificada como de atención especial. Derivado de ello mantiene un monitoreo constante, por lo que esta lista, actualmente con 11 mil 55 secciones, puede variar de hoy al día de los comicios.
Los consejeros electorales subrayan que el hecho de que una sección sea clasificada como SAE no significa que sea en automático un foco rojo o preludio de un escenario violento o ilegal, aunque admite que tampoco se deben minimizar los detalles que, eventualmente, pudieran desencadenar un problema para la organización de la jornada comicial e incluso para la integridad de los ciudadanos que acuden a las urnas, así como de los funcionarios de casilla y los trabajadores del IFE en general.
La información sistematizada deberá hacerse del conocimiento de las dependencias gubernamentales que integran el gabinete de seguridad nacional, por conducto de su bastión ejecutivo, la Secretaría de Gobernación, según lo estipula el Convenio de colaboración para la seguridad del proceso electoral 2012.
Dicho texto, firmado en diciembre pasado y detallado el 6 de enero, prevé que el IFE se compromete a proporcionar, por conducto de sus juntas locales ejecutivas, la información de que disponga acerca de la identificación de zonas de la geografía electoral que ameriten un seguimiento especial durante el proceso electoral federal 2011-2012.
Además, el organismo debe hacer del conocimiento de Gobernación cualquier hecho relacionado con la materia del presente convenio que incida en el ámbito de su competencia para que se tomen las acciones preventivas o correctivas a que hubiera lugar. Además, deberá elaborar un Manual de seguridad para el personal del IFE que realice labores de campo.
En sus lineamientos, al igual que en la clasificación de las SAE, el IFE pone énfasis en los posibles inconvenientes para la organización de la elección, es decir, que vayan en perjuicio de las actividades de capacitación electoral e integración de las mesas de casilla.
Por ello, ha dividido las SAE en nivel 1 cuando a pesar de los problemas de la sección se cuenta con el número de ciudadanos aptos para contar los votos en la casilla. En este nivel ha clasificado hasta ahora a 4 mil 753 secciones.
No obstante, tiene previsiones para SAE nivel 2: cuando por alguna circunstancia o problema –aun aplicando medidas extraordinarias– no se cuenta con el número de ciudadanos aptos, obtenidos a partir de la lista de sorteados; en tal caso sería necesario recurrir al listado de electores para designar a funcionarios de casilla. En esta posibilidad se contaron mil 182 secciones, según un recuadro de la dirección ejecutiva de capacitación electoral y educación cívica, de la que este diario tiene copia.
El IFE subraya que es responsabilidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno garantizar la seguridad a la población, no del árbitro electoral.
Además de los distritos mencionados anteriormente, le siguen –por la magnitud del problema de seguridad– Uruapan, Michoacán; otro distrito de Ciudad Juárez; uno más correspondiente a la capital de Chihuahua; San Pedro y Piedras Negras, Coahuila, y otra cabecera de Tijuana. Además, cuatro distritos de la capital del país, ubicados en las delegaciones Venustiano Carranza, Iztapalapa, así como el distrito 23, en Coyoacán.
Fuente: La Jornada
