La migración rural creció 41% en 6 años, por crisis en el agro
En México, poco más de 29 millones de campesinos no tienen recursos para adquirir la canasta básica de alimentos, pues se estima que 34 por ciento de la población rural no recibe ingresos propios; otro 25 por ciento sólo accede al salario mínimo, mientras que 27.9 por ciento tiene ingresos hasta por dos salarios mínimos, revela un informe sobre los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la reforma al artículo 27 constitucional.
El documento, elaborado por especialistas del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), encabezados por el investigador David Lozano Tovar, destaca que con el aumento en el costo de los productos básicos, las familias campesinas han perdido hasta 44 por ciento de su poder adquisitivo, en lo que va de la administración del presidente Felipe Calderón.
En un análisis de los efectos en el campo mexicano, a 18 años de la firma del TLCAN y a dos décadas de la reforma al artículo 27 constitucional, señala que el número de familias campesinas que no pueden acceder a la canasta básica se incrementó en 8 por ciento, tan sólo en la primera década de gobiernos panistas, mientras que 72 por ciento de los productores en el medio rural está en quiebra.
La migración en las comunidades rurales, agrega el documento, se incrementó en 41 por ciento en los recientes seis años, como parte de los efectos de la crisis del agro, la baja en los precios de los productos agrícolas y el encarecimiento de los insumos para el campo.
Investigadores de la Facultad de Economía que integran el CAM, subrayan que las políticas económicas y la escasa atención que se da al desarrollo de las regiones agrícolas del país ha generado que millones de campesinos no obtengan los recursos necesarios para su supervivencia, lo que se traduce en malas condiciones de vida y bajos ingresos familiares, y los obliga a dejar la producción agrícola para dedicarse a otra actividad.
Con la reforma constitucional en 1992, indica el análisis, se generó, aunado a la crisis en el agro, una merma de la actividad productiva, reduciendo la participación del sector primario en el producto interno bruto, lo que se ha traducido en un paulatino cambio en la posesión de la tierra, así como en un despoblamiento gradual y constante del campo.
A esto se suma que 51.3 por ciento de los grupos ejidales sólo poseen actualmente 13 por ciento de las tierras de cultivo, pues destaca que de acuerdo con el Centro de Estudios y Publicaciones de la Procuraduría Agraria, 29 por ciento de las tierras ejidales y comunales se encuentra en proceso de cambio de dominio.
Fuente: La Jornada
