Por suspender de inmediato los permisos y por una revisión a fondo del proyecto Cabo Pulmo en Baja California Sur exige el PRD en San Lázaro, ya que la afectación al medio ambiente es inminente; incluso “hay algunas evidencias, donde correos del secretario de la Semarnat, en los cuales se hace evidente la relación de protección hacia la empresa española, y eso es muy grave” advierte el diputado federal Víctor Manuel Castro Cosío.
El legislador por Baja California Sur afirmó en entrevista con El Punto Crítico: “Tengo algunos documentos en donde, incluso se ve como la relación Semarnat-empresa es un asunto sumamente sospechoso, por decir lo menos, de cómo se están otorgando los permisos” a la inmobiliaria Hansa Baja Investments filial de la española Hansa Urbana.
La afectación es inminente, por lo que debe hacerse una revisión de manera inmediata, se planteará en la Cámara de Diputados un Punto de Acuerdo de todas las bancadas para formar una subcomisión que investigue el impacto que va a tener este desarrollo, “de manera que es importante que no se den más permisos, toda vez que hay una razón muy poderosa de protección al entorno marítimo” señaló el perredista a este matutino.
El documento en el apartado de Hechos, en el punto noveno refiere que la organización Greenpeace interpuso una solicitud de información pública, número 0001000081511, en la que pidió copia simple de todas las comunicaciones escritas y electrónicas entre Bruno Ferrari García de Alba, Secretario de Economía; Gustavo Hernández Rodríguez, secretario técnico del Secretario de Economía; José Alfonso Lozano García, coordinador de proyectos de inversión de ProMéxico y Juan Rafael Elvira Quezada, titular de la Semarnat y las empresas GRE-Hansa Baja Investments S de RL de CV y Hansa Urbana en torno al proyecto Cabo Cortés, Cabo Pulmo.
Se encontró indica el documento, que “la Semarnat informó a la inmobiliaria Hansa Urbana con antelación la noticia del resolutivo favorable de aprobación a su solicitud para la construcción del magaproyecto turístico Cabo Cortés, mucho antes de darlo a conocer al público y ambas acordaron que Hansa simularía una respuesta haciendo un extrañamiento del resolutivo para “desmarcarse” y dar “credibilidad” al resolutivo de la Semarnat evidenciando con ello la colusión de intereses entre altos funcionarios federales y el consorcio español”.
En el primer apartado de las Consideraciones del Punto de Acuerdo elaborado por la bancada del PRD en San Lázaro, se destaca que Cabo Cortés pretende obtener dos terceras partes del agua que utilizará en sus instalaciones a partir de la desalación de agua de mar, para lo que planea construir una planta desaladora que produzca 750 litros por segundo, “la cual no está autorizada”.
La operación de una planta de esta magnitud agrega el Punto de Acuerdo, “si no es operada con gran cuidado y diseñada bajo los criterios ambientales adecuados, puede causar enormes daños a los ecosistemas”.
La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) reconoce que la planta desaladora será una de las acciones que mayor impacto pueden tener sobre el ecosistema marino, dada la alta concentración salina del agua de rechazo.
En la MIA, la empresa promovente (Hansa Baja Investments) “no ofrece más que explicaciones generales de los criterios que utilizará para construir la desaladora. Más grave aún, es que incluso esas explicaciones están basadas en supuesto falsos e información erróneo sobre las corrientes marinas de la zona”.
Agrega el documento que debido al patrón de corrientes, la salmuera será conducida al área protegida del Parque Nacional Cabo Pulmo; la zona más afectada será la norte que incluye el sitio conocido como “Las Tachuelas”, la cual forma parte de la zona núcleo del parque y es la región con mayor cobertura de coral vivo, así como al hábitat de las especies marinas.
El Plan de Ordenamiento Ecológico de Los Cabos prohíbe la construcción en dunas por “la afectación de sitios de anidación de tortugas” y debido a “la importancia de la punta de Cabo Pulmo, y con el fin de proteger la zona rocosa aledaña al arrecife, se debe proteger como monumento natural”, sin embargo, la MIA no contiene propuestas que garanticen la continuidad de las condiciones ambientales necesarias que hacen posible la anidación de tortugas marinas en la zona donde se planea el proyecto, con ello la Semarnat violó las disposiciones del artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ya que debió negar la autorización de impacto ambiental por contrarias los contenidos del Programa de Ordenamiento Marino del Golfo de California y del Plan de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Los Cabos.
Ante esta serie de irregularidades, el diputado Castro Cosío aseveró que de nueva cuenta se privilegia al gran capital y se sacrifica el entorno natural de México, sin prever los problemas que se heredaran. “Es muy grave lo que está sucediendo”, y los permisos que se han otorgado, que hacen daño a las comunidades son de vuelta aquí, “el reflejo de esta corresponsabilidad y poco interés tanto de empresarios como del gobierno federal el respetar las áreas naturales protegidas”.
Estimó que todavía puede revertirse el proyecto, que está en la etapa inicial, “en eso estamos, por eso estamos intentando el que se revise, el que se forme una subcomisión especial, para que este desarrollo sea revisado minuciosamente y podamos tener la posibilidad de que no hay afectación alguna al entorno natural”.
Estamos por supuesto de acuerdo en que las comunidades se tienen desarrollar, tiene que haber empleo, posibilidades de que la gente encuentre fuentes de trabajo bien remuneradas, pero no a costa del entorno, “No es posible que estemos frente a esas agresiones permanente al medio ambiente, y la autoridad sea omisa”, advirtió el perredista para concluir.
Fuente: Punto Crítico
