domingo, 29 de septiembre de 2013

El agua profunda y la entrega mayor| Reforma energética: la cuarta | Las reformas, ¿entre el ímpetu y el impasse?

El agua profunda y la entrega mayor: Antonio Gershenson

Ya hemos oído muchos discursos sobre los grandes hallazgos de petróleo, que luego no se concretan. Hablaron del excelente pozo Maximino I, en las aguas profundas, con petróleo muy ligero, 43.1 grados API.

Se les olvidó que el costo de la perforación en aguas profundas es de por los menos 10 veces más que, por ejemplo, pozos de 20 metros de profundidad en el mar como el Tsimin, que empezó por producir 7 mil 400 barriles de crudo, también de alta calidad y de 43 grados API. Y que sale más cara aún que la perforación en tierra firme como el Pereto (Región Sur), con 4 mil barriles iniciales, y también con 43 grados API.

Vamos a ver los datos reales de las aguas profundas. Tomamos los datos del libro de Pemex Las reservas de hidrocarburos de México/1º de enero de 2013, publicado recientemente

En el cuadro 4.1-Composición de las reservas de hidrocarburos de los yacimientos descubiertos en 2012, Golfo de México Profundo, que es el único profundo que tiene Pemex, se citan los tres tipos de reservas que menciona la empresa petrolera: las P1 son las reservas probadas, que son la únicas que podemos considerar prácticamente reales.

Las llamadas P2 tienen 50 por ciento de probabilidad de existir, ya no las podemos considerar existentes sino que podrían tal vez existir, y quién sabe para cuándo se puedan extraer. Ya no digamos las llamadas P3, que pueden tener 10 por ciento de probabilidad de existencia, y más difícil es decir en cuántos años podrían ser extraídas, si lo llegan a ser.

Bueno, pues vamos a los datos. En Golfo de México Profundo, de las P1, o sea de las únicas reservas probadas, en los tres renglones de las principales cuencas, Kunah, Supremus y Trión, dice 0.0 (cero punto cero), para que veamos que vimos bien. Cero-punto-cero para el crudo, y también para el gas natural, y para los tres sitios existentes ahí.

Y con esto podríamos darnos por satisfechos en cuanto a que no se produce nada ahí. Pero además, según Pemex, su inversión total en aguas profundas, entre 2002 y 2011, fue de 49 mil millones de pesos, que fueron casi tirados a la calle, como se ve de los datos.

Ya en la llamada P2 no es puro cero. Sí lo es en petróleo, en crudo. Pero en gas natural hay uno de los tres sitios que no son ceros. Para Kunah hay un 50 por ciento de posibilidades de gas natural, con 1,059 mmmpc (miles de millones de pies cúbicos). ¿Cuánto tiempo tardará en ser extraído? Quién sabe. Tampoco está claro que con esos precios se pueda extraer primero de las profundas, luego llevarlo a tierra firme o donde se pueda almacenar ese gas, luego procesar el gas, y que todo eso sea costeable.

De lo que sí hay mucho es de P3, con 10 por ciento de posibilidades y tal vez 15 años –si bien nos va– para los primeros resultados de producción. Lo que seguro es seguro, es que con ese dinero gastado y el que se va a gastar, podríamos obtener mucho más crudo y gas natural en otros lugares.

Vamos a comparar el gas natural, no posible sino de reservas probadas, reales, de dos casos. La región Sur, de donde tomamos un ejemplo (Pareto), las reservas probables con (la misma unidad de medida) 6,330 mmmpc. Y siendo seguro, seis veces más que las posibilidades al 50 por ciento citadas.

Otro caso, ni siquiera toda la otra región de nuestro otro ejemplo, la Región Marina Suroeste. Tomamos sólo una parte de ahí, que contiene al ejemplo Tsimin, el Litoral de Tabasco. Sus reservas probadas son, también al primero de enero de 2013, de 3,152 mmmpc. El triple en gas real, frente a los posibles al 50 por ciento.

El costo, no sólo de la producción, es muy inferior en estos dos ejemplos que en Kunah. Y eso que ahí es puro gas. En la Región Sur, las reservas probadas son, al primero de enero pasado, de 2,290 millones de barriles de crudo. Y en el Litoral de Tabasco, de 116 millones de barriles de barriles de crudo, además del gas natural. Además de que en nuestros ejemplos se produce más gas que el que tal vez podría tener Kunah, producimos crudo ligero.

Además, hay un asunto de calidad. Se habló del agua profunda con calidad de un crudo que nunca se sabrá si se saca ni cuándo, ni está en el informe de Pemex. Pero en las regiones Sur y Marina Suroeste se cuenta con las reservas probadas de más del 98 por ciento del crudo súper ligero, de la mejor calidad. Otra razón para invertir en estas regiones y no en las aguas profundas.

Quienes defienden los cambios a los artículos 27 y 28 de la Constitución defienden también la inversión enorme en las aguas profundas. Es uno de los pretextos para abrirle la puerta a las empresas extranjeras. Dicen que Pemex las necesita y debe entregarles partes de sí mismo.

No les importa que se siga derrochando. Y hasta presumen: ya están ahí Kunah, Supremus y Trión. No importa que la producción de crudo y de gas natural sea de 0.0 una y otra vez en la tabla. Van a hacer (si no la están haciendo ya) los tratos y contratos con las trasnacionales para seguir derecho y no me quito.

Reforma energética: la cuarta: José Antonio Rojas Nieto

Una de las principales promesas de la reforma energética –dice la publicidad gubernamental– es la disminución de precios de gas y electricidad. Pues una mañana de estas me atajan estudiantes en los pasillos de la Facultad de Economía de la UNAM y me preguntan. Profesor Rojas, ¿cómo van a bajar los precios? ¿Y por qué? Y, una de mis estudiantes me dice. ¿Qué gas va a bajar? ¿El natural, ese que se entrega a las viviendas por tubería? ¿O el licuado del petróleo (gas LP), que se surte a tanques móviles o estacionarios? Y pregunta otro más que –comenta– se especializará en economía ambiental para estudiar lo del cambio climático. ¿No nos mostró usted, que la tendencia del precio de los bienes que provienen de recursos naturales –y casi cita los capítulos de Malthus, Smith, David Ricardo y Marx, en los que se debate la influencia de fertilidad y situación en el precio de los primos– es al alza, salvo cambios técnicos sorprendentes, descubrimientos y ubicaciones mejores, o finalmente, abandono social de estos bienes?

Rápido atajo la animada avalancha de preguntas y comentarios. Sugiero ir por partes. Primero, el caso del gas. Dudo que el gobierno aluda al gas LP. Por la tendencia a la elevación del precio internacional del crudo. Y los invito a profundizar en –al menos– cuatro puntos: 1) disponibilidad y características –fertilidad y ubicación– de nuevos yacimientos petroleros, y su relación con la evolución –aún ascendente– de la demanda de crudo, en lo fundamental por la creciente demanda del transporte. Pero –aclara uno de ellos– sin otro tipo de transporte eso puede cambiar.

Claro –acota una de mis estudiantes– aunque si se trata de transporte eléctrico enfrentaríamos la problemática de los combustibles con que se generaría esa electricidad. Y la de los costos todavía crecientes para el control de gases de efecto invernadero… Y –añade otro– de otras emisiones y partículas, pese a la creciente incorporación de energías renovables o limpias no fósiles; 2) la evolución tecnológica en la exploración, desarrollo y explotación de yacimientos petroleros, donde sobresalen –indica otro de mis estudiantes– los yacimientos de aguas profundas y ultra-profundas, los que el gobierno quiere ceder a empresas extranjeras –añade otro más en el pasillo de mi Facultad– ; 3) los costos de producción eficientes –como gustan decir cuando hablan en serio los documentos oficiales–, y que evalúan los organismos financieros para estudiar la petición de fondos de petroleras que desean explotar yacimiento, llamados marginales de largo plazo: 4) el de la política de precios administrados –imprescindible–, en la que difícilmente este o cualquier gobierno podría garantizar sacrificios fiscales y dar precios por debajo de los internacionales, asunto en el que los costos de producción del crudo y la productividad de las refinerías en México siguen siendo determinantes.

Todo esto me permite concluir –les señalo– la dificultad para que los precios del gas LP bajen. Entonces, profe –dice una de mis estudiantes– bajará el gas natural. ¿No es así? Pues sí. Pero –interrumpe otro– escuché decir en una de las conferencias de todos los jueves sobre la reforma energética, que organizan en la Facultad los profesores Eliezer Morales, Juan José Dávalos y Lorenzo Gutiérrez, que hay alertas críticas por desabasto y que se importa gas natural licuado por Manzanillo a precios superiores a 15 dólares por millón de unidad térmica británica –cercano al precio de los derivados del crudo–. Pero en Reynosa los precios son de menos de cuatro dólares.

El problema –les indico– es que hoy no producimos suficiente gas natural. Y no tenemos gasoductos para traerlo de Estados Unidos, donde –dice uno de ellos– se vive un boom por el llamado gas de lutitas (gas shale) lo que –según funcionarios gubernamentales, añade– será aprovechado con nuevos ductos que permitirán disponer de más de 2 mil millones de pies cúbicos de gas natural diarios en 2017 o 2018, mientras –sigue citando a funcionarios– las compañías extranjeras que vendrán con el cambio de la Constitución, explotan nuestro gas de lutitas, de Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Esto, por cierto, hace pensar –dice otro– en que, de bajar los precios, sería hasta que ese gas importado llegue. Pero –pregunta una de las estudiantes reunidas en este diálogo de pasillo– ¿cuál será su precio, si se sigue vendiendo en Japón a esos 15 dólares o más, y en Europa a más de 10 dólares? ¿Se sostendrá el bajo precio estadunidense, a pesar de que hay miles de reclamos por el desaseo de la explotación de esos yacimientos de lutitas, y que –dicen– en el momento en que Estados Unidos exporte gas natural a Europa subirán los precios allá y, en consecuencia, aquí?

Y –ya con cierta prisa por salir de la Facultad– les digo que hay mucha incertidumbre sobre los precios internacionales del gas natural. Pero –me dice uno de ellos– antes de que se vaya coméntenos si las tarifas eléctricas van a bajar, como dice la publicidad gubernamental. Ese asunto –les digo– exige más tiempo. Pero lo comentamos luego. Mientras –sugiero– consulten la metodología aprobada por la Comisión Reguladora de Energía, la del costo total de corto plazo (CTCP) que se utiliza para el pago de la energía eléctrica que entreguen los permisionarios a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Y –sugiero– vean el comportamiento de este costo en los reportes mensuales que publica la CFE en su página web, sobre cada uno de los más de cuarenta nodos (lugares de la red, hora por hora y día por día). Verán que difícilmente, mientras se genere electricidad con derivados de petróleo (combustóleo y diesel) y este tenga alto precio, bajarán las tarifas.

Profe, profe –me dice una de mis estudiantes–, pero se podrían cerrar las plantas que usan combustóleo o diesel. Y usar puro gas natural. Así bajarían las tarifas, porque bajaría ese CTCP. Termino de prisa el diálogo. Y prometo una segunda conversación. Aunque les pregunto: ¿quién pagará los costos hundidos del cierre de esas plantas? Bueno, profe –me dice uno que también ya sale de la Facultad– los impuestos. Pero –mire– hagamos una segunda ronda para lo de la electricidad. ¿Le parece? Pues claro, contesto y salgo corriendo hacia la estación Copilco del Metro.

Las reformas, ¿entre el ímpetu y el impasse?: Rolando Cordera Campos

Las reformas para cambiar estructuras anquilosadas y mover a México, como dice la propaganda gubernamental, están en el aire o bajo la lluvia. No sobra, incluso, quien ya asegure que van a hundirse en cualquier momento bajo la marea de fondo y superficie de protesta y rechazo provocada por su anuncio. Algunos se aprestan a deslindarse aduciendo su cortedad, mientras que otros se refugian en el archisabido no tenemos remedio. Hay, también, quienes se regocijan con esa posibilidad sin ofrecer balance alguno, así sea provisional, sobre las implicaciones que un fracaso como el esbozado pueda tener sobre el país, su economía y la política.

Tal es el estado de la coyuntura abierta por la fórmula reformista del gobierno que, sostenida en el Pacto por México, se pensaba blindada o, como se dice, planchada, a prueba de desafíos impertinentes del arcano nacionalismo o del populismo siempre agazapado y a punto de saltar. Hoy el ímpetu reformista tiene que navegar contra corriente, sin brújula que lo oriente, a través de la espesa niebla de la crisis global devenida aquí desaceleración económica brusca certificada por Merrill Lynch y el propio Fondo Monetario Internacional por boca del ubicuo Alejandro Werner.

La reacción social y la oposición política a las reformas se han expresado en la calle, pero sobre todo en la supercarretera construida por los medios de comunicación masiva para su goce y beneficio. En el caso de la fiscal, además, el rechazo cubre prácticamente todo el arco supuestamente ideológico que ahora se unifica en la defensa de las clases medias y del más elemental ofertismo, que sostiene que a los ricos no hay que tocarlos porque en ellos descansa la inversión y, por ende, el empleo. Para qué hablar de la heroica defensa de las colegiaturas para las escuelas privadas o de la inopinada intervención de los jerarcas cetemistas en favor de los aguinaldos de los trabajadores.

El resultado es un intrigante todos a una, que deviene cacofonía que abruma el entendimiento y la adecuada evaluación de los términos y alcances de la propuesta. No se defiende con ello la economía popular, pero sí se permite a los defensores del statu quo reivindicar su mensaje contra todo tipo de reforma, así sea tímida e insuficiente como esta, más aún si osa rozar los intereses creados que se reproducen en el estancamiento de las relaciones sociales y la retracción del Estado en sus tareas de representación del interés general o mayoritario.

La protesta irrumpe ahora en el Congreso pero no por culpa de la CNTE, sino de los partidos mayoritarios de la oposición, que decidieron usar la reforma política como moneda de cambio y pago de votos para que las otras reformas cuenten con su anuencia o su consideración. Bajo cualquier criterio que se esgrima, esta postura representa una mala señal para la consolidación de una gobernanza democrática como la que han dicho querer los pactistas por México.

No sobra volver sobre lo andado. Para empezar, digamos que las reformas, las que están sobre la mesa y las que puedan sobrevivir esta escaramuza, no son panacea ni garantía de cambios instantáneos y bienhechores. Las propuestas hechas por el gobierno y los partidos en materia energética, sin duda pueden y deben ser sometidas a revisiones de fondo en las comisiones y el pleno del Congreso. Y, tal vez, a una cirugía radical en sus motivos y articulado para obtener una congruencia mínima con el contexto general económico y social imperante y sus perspectivas, así como con sus objetivos y métodos específicos.

No hay duda: hay que tener suficiente, oportuna y accesible oferta de energéticos, también recursos humanos y tecnológicos para llevar a buen puerto la gran tarea de la transición energética. A la vez, es claro que para el desarrollo del país y de la consolidación de la democracia se requieren modificaciones mayores en sus relaciones fundamentales, pero eso no justifica convertir la reforma de la política en revólver a la orden y chantaje de ocasión.

Hoy, a la vista del desastre humano que nos deja la furia natural, es claro como el agua antes de la lluvia: al Estado le urge contar con recursos suficientes, y transparentes, para apoyar una educación de calidad, asegurar el acceso a todos a la seguridad social y la salud, así como construir y mantener la infraestructura y ofrecernos seguridad y justicia creíbles. Y la reconstrucción no puede esperar a que se junten los centavos: hay que gastar ya y financiar con lo que se tiene y lo que se puede tener con la reforma.

Nada de esto, sin embargo, se va a lograr mediante reformas atropelladas, que el coro de negociantes y aspirantes a serlo quieren que sean consideradas como de urgente y obvia resolución. Sabia virtud la de conocer el tiempo y no olvidar que, sobre todo aquí y en lo que sigue, la forma es fondo.

¿Por qué no volver, entonces, a pensar los cambios a partir y conforme a tareas mínimas pero esenciales? ¿Por qué no (re)ordenar la secuencia reformista de tal manera que nadie se llame a engaño para que con claridad se concite el interés ciudadano y hasta se convoque el apoyo popular?

De ser así, habría que convenir en que la reforma energética tiene que empezar por fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad para volverlas grandes empresas estatales, en condiciones de negociar con el que le pongan. La fiscal debe aportarle los recursos necesarios al Estado, pero no con el expediente facilón de empezar afectando a los más pobres sino al revés: hacer que quien más tiene pague más, porque así debe ocurrir en toda sociedad moderna democrática. Esto, por cierto, no se riñe, en realidad auspicia una mayor inversión privada y la creación de empleos buenos, contraparte de la responsabilidad social que en todo el mundo se pide a la empresa.

Por último, que no al último: ni bravatas ni amenazas en materia educativa: eso es de pésima educación. Hay que tener la humildad de aceptar que la reforma educativa se hará con los maestros o no se hará. Eso es perspicacia; lo demás, subordinación a los eternos juniors. Lo fundamental aquí y ahora es dejar de apostar a las salidas supuestamente consagradas por la sabiduría convencional, basadas en argucias baratas y tratos sospechosos. La política es tarea pedagógica y el reformismo no puede prescindir de esta tarea; parte de saber que para reformar hay que explicar, demostrar su utilidad, persuadir, convencer y volver a persuadir. Todavía podemos aprender de nuestra historia presente.

Se dice que es mucho lo que se juega… entonces no juguemos.




Fuente: La Jornada