El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a un arreglo con las constructoras de los siete gasoductos que, anteriormente, calificó de “leoninos”.
De acuerdo con fuentes extraoficiales, el presunto acuerdo permitirá a México, en lo inmediato, ahorrar cerca de 100 millones de dólares, pero a la larga tendrá un costo mayor que lo previsto en los contratos originales.
El acuerdo, que se daría a conocer esta semana, establece la nivelación de los precios de transporte del gas natural para pagar una tarifa promedio anual, así como una extensión de cinco años de los contratos.
Con ambos compromisos, el gobierno federal daría por superado el conflicto que comenzó a inicios del año cuando el presidente López Obrador y el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, anunciaron que buscarían renegociar los “contratos leoninos” firmados durante la administración pasada para la construcción de siete gasoductos.
El conflicto implicó a las empresas IEnova, TransCanada, Grupo Carso y Fermaca que en conjunto contrataron con la CFE la construcción de más de tres mil 300 kilómetros de gasoductos para transportar gas de Estados Unidos a México.
El argumento del gobierno federal para la renegociación fue que los contratos obligaban al pago del servicio aun cuando el gas no se suministrara por causas de fuerza mayor.
La controversia se elevó al arbitraje internacional, al tiempo que se mantenía la negociación en México.
En semanas recientes, Carlos Slim, presidente del Grupo Carso, se reunió con López Obrador en Palacio Nacional. La información indica que el propio presidente de la República participó en las negociaciones.
Según la versión extraoficial, el resultado del supuesto acuerdo significará el pago de una mayor renta por los gasoductos al cabo de los contratos, que se prevé se extiendan de 30 a 35 años.
Las nuevas tarifas se fijarán en un promedio anual durante toda la duración del contrato, con el compromiso de las empresas de descontar entre un cinco y un diez por ciento de ese promedio. En el contrato original se establecía un aumento consecutivo anual de las tarifas.
Una estimación que se hizo durante las negociaciones fue con el gasoducto Guaymas-El Oro, construido por IEnova. En ese caso, el promedio de la tarifa anual es de 30 centavos por transporte de metro cúbico de gas. Con la renegociación, al aplicarle un descuento de entre el cinco y el 10 por ciento, llegaría a una tarifa nivelada de alrededor de 28 centavos para todos los años del contrato.
Para el gobierno, la renegociación implicaría un ahorro de 93 millones de dólares en valor nominal, pero compromete un mayor pago para los siguientes gobiernos, dijeron las fuentes consultadas.
Bajo esta fórmula, el gobierno mexicano tendría que pagar 102 millones de dólares adicionales de lo originalmente acordado. En una estimación a valor presente, el pago adicional sería de 43 millones de dólares adicionales.
La cifra se eleva a casi 700 millones de dólares cuando se consideran los siete gasoductos en los primeros 10 años y a 249 millones a valor presente, precisaron.
La ampliación de los contratos en cinco años prevista en el supuesto acuerdo desestima que al menos a mediano plazo no se prevé la construcción de nuevas centrales eléctricas para utilizar los gasoductos, ahora de por sí subutilizados, dijeron.
Durante una conferencia de prensa en julio pasado, Bartlett aseguró que cuando asumió la CFE, “se habían pagado ya 600 millones de dólares sin haber recibido una molécula de gas”.
Las causas de fuerza mayor establecidas en los contratos originales para no transportar gas refieren a huelgas laborales ajenas a la empresa, guerras, conflictos civiles y medidas u omisiones gubernamentales.
En el caso del gasoducto Guaymas-El Oro, una comunidad yaqui que se sintió afectada desenterró parte de la infraestructura, recordaron las fuentes.
Los otros seis ductos son Tuxpan-Tula y Tula-Villa de Reyes, construidos por TransCanada; Samalayuca-Sásabe, de Carso, que es la ampliación de un gasoducto que en el tramo estadounidense participó como inversionista el presidente de Estados Unidos (Proceso 2100); La Laguna-Aguascalientes y Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara, ambos de Fermaca Pipeline, y Sur de Texas-Tuxpan, de IEnova.
Fuente: Proceso
