El encargado de la representación del gobierno de Yucatán en el Distrito Federal se ha negado a recibir al padre de familia Marco Antonio Castillo Castillo, quien lleva 12 días de plantón afuera de esa oficina para exigir al gobernador Rolando Zapata que cumpla la recomendación 34/2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para esclarecer la muerte de su hijo adolescente, José Felipe Castillo, ocurrida en 2011 en dicha entidad.
Según el representante del gobernador, Ignacio Mendicuti Pavón, la recomendación ya fue cumplida. No obstante, esa afirmación es desmentida por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña.
La legisladora aseguró que recibió información de la CNDH en el sentido de que aún no se ha cumplido esa recomendación, que exige a la fiscalía yucateca realizar una nueva investigación para esclarecer las causas de la muerte de José Felipe.
De acuerdo con las conclusiones de la fiscalía, el joven se suicidó, pero el padre asegura que fue asesinado y que “personas poderosas” están detrás del crimen.
“La recomendación está resuelta, (el gobierno) la aceptó, la contestó y resolvió la fiscalía del estado en el sentido de que no hay ningún delito que perseguir, pues su resolutivo fue que se debió a un suicidio”, dijo Mendicuti a Apro, y señaló que posiblemente el dolor ha cegado al padre de familia que ve una conspiración en su contra y hasta insinuó que se podría estar “lucrando” con la muerte de su hijo.
“Lleva tiempo haciendo plantones ante PGR, ante la CNDH, ante el gobierno del estado. Tengo entendido que fue recibido ya por el gobernador. Creo que está generando un ambiente de distorsión de las cosas. Lamentablemente tampoco se vale lucrar con la desgracia”, dijo el funcionario.
Aunque la recomendación emitida el 11 de enero de 2011 va dirigida al gobernador, Mendicuti manifestó que el señor Castillo Castillo equivoca la instancia ante la cual debe protestar.
“He estado plantado afuera de la oficina, pedí ver al representante del gobernador y nunca me atendió. Una noche que llegó le pedí a su chofer que le dijera que quería hablar con él, después salió una señorita que me dijo que me iban a llamar para concertar una cita y sigo esperando”, explicó este lunes el padre de familia.
Añadió:
“Aunque el crimen se cometió cuando la gobernadora era Ivonne Ortega, la recomendación viene dirigirá al gobernador y él la tiene que responder, porque la procuración de justicia es parte del gobierno del estado y él nombró a la procuradora como parte de su gabinete”.
Luego de que la representación señaló que la recomendación ya había sido cumplida, la senadora De la Peña envió un escrito al gobernador Zapata, fechado el 23 de enero, en el que menciona que al preguntar a la CNDH el nivel de cumplimiento de la recomendación le respondieron que se encontraba en “cumplimiento parcial”.
“Respetuosamente le solicito ponderar la pertinencia de dar cabal cumplimiento a la recomendación de la NCDH número 34/2013”, se lee en el escrito firmado por la legisladora.
En su recomendación, la CNDH estableció que la fiscalía de Yucatán extravió pruebas necesarias para realizar el estudio de criminalística (como el teléfono celular del adolescente y las prendas que vestía) y permitió que otras evidencias fueran sustraídas del expediente.
La fiscalía realizó algunas diligencias con un retraso de hasta un año, volviéndolas inútiles, y no realizaron otras que permitían acreditar el homicidio, ni los dictámenes periciales necesarios para la investigación, ni recabaron los testimonios de las personas que podían ayudar al esclarecimiento de la muerte.
El pasado jueves 23, el representante del gobernador se comprometió a dar una respuesta formal por parte de la fiscalía del estado a esta reportera, pero hasta el momento esto no ha ocurrido.
Aunque el funcionario mencionó que las conclusiones del gobierno daban como causa de la muerte el suicidio, al final de la entrevista mencionó: “No creo que se pueda inventar un delito. No hay nada que ocultar (…) Hay muchísimos delitos que no tienen solución”.
Dudoso, el papel de la CNDH
Aunque la CNDH emitió la recomendación que aún no ha sido cumplida, el pasado jueves 9 esta instancia “certificó” en derechos humanos a la fiscalía de Yucatán, luego de que los funcionarios recibieron cursos de capacitación impartidos por la propia comisión nacional.
Por ese hecho, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el señor Castillo y el centro de derechos humanos Indignación acusaron a la defensoría nacional de solapar la negligencia del gobierno yucateco y de actuar de manera ilegal.
“La CNDH ha incurrido en gravísimas contradicciones e ilegalidades en su proceso: Sin la anuencia y consulta con los padres de la víctima, se firmó un acuerdo de conciliación entre las partes, ello a pesar de que la CNDH detectó que la fiscalía de Yucatán nunca realizó el estudio de criminalística necesario para determinar las causas de la muerte de José Felipe y pese a ello, denunció el padre de la víctima, el expediente fue cerrado por el Ministerio Público local a los pocos días del deceso, afirmando que se había tratado de un suicidio”, indica la organización Indignación en un comunicado emitido el día que inició el plantón.
Menciona que las razones de la CNDH podrían estar sustentadas “en criterios de carácter político y no de un verdadero análisis” sobre la actuación de la fiscalía de Yucatán bajo los estándares más altos en materia de derechos humanos.
“Resulta gravísimo –agrega– que se pretenda sustituir el cumplimiento de obligaciones con otras medidas irrelevantes y que el criterio utilizado por la CNDH pueda estar basado en la cantidad de cursos en materia de derechos humanos que su personal ha tomado, y no en un análisis serio del desempeño de la fiscalía y de la obligación que, como institución pública, tiene de cumplir con el respeto pleno de los derechos fundamentales”.
Este es el tercer plantón del señor Castillo en el DF. En septiembre de 2013 protestó afuera de la sede de la CNDH en esta capital y, por la presión, la dependencia emitió la recomendación 34/2013 el 11 de septiembre en contra del gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, y le demandó investigar de nueva cuenta hasta esclarecer si se trató de un homicidio y abrir una averiguación previa contra los funcionarios responsables de la necropsia y las irregularidades.
En esta ocasión, el padre de la víctima protesta porque a cinco meses de emitida y aceptada la recomendación no ha tenido avances.
Fuente: Proceso| MARCELA TURATI
