Con un sesgo político equiparable al utilizado por el calderonismo para encarcelarlos, el equipo de Enrique Peña Nieto ha decidido beneficiar a cinco militares que en mayo del año pasado fueron llevados a prisión en un episodio cargado de indicios facciosos, vengativos y retorcidos.
Luego de que un tribunal unitario de circuito había confirmado hace una semana la procedencia del proceso y la estancia en prisión de los oficiales de las fuerzas armadas (de entre quienes destaca el general de división en retiro Tomás Ángeles Dauahare), la Procuraduría General de la República ha anunciado que no cuenta con prueba alguna que corrobore las declaraciones de testigos protegidos, según lo publicado ayer en la página de Internet de La Jornada por el reportero Alfredo Méndez (http://bit.ly/WHRdiI).
El procurador federal de justicia, Jesús Murillo Karam, ha adornado el excepcional gesto de reciprocidad política hacia los detenidos con argumentaciones que vistas en abstracto pueden ser plausibles e incluso esperanzadoras pero que, en el caso concreto, y siendo de exclusiva aplicación para éste, corren el riesgo de quedar como simples artimañas jurídicas en busca de disfrazar la misma politización de la procuración de justicia que ahora se atribuye a los panistas administradores anteriores.
Cierto es que la figura de los testigos protegidos fue una de las sucias maquinaciones que el felipismo garcialunesco utilizó por sistema para acusar y encarcelar a sus adversarios en el gran negocio del narcotráfico y que bien hará el peñanietismo si extingue tal perversión, ya sea eliminando tal figura o regulándola de tal manera que su aprovechamiento sea excepcional y bajo firmes fundamentos.
Pero no es de celebrarse que tales criterios correctivos se apliquen en principio sólo para favorecer a una suerte de correligionarios armados, como si no estuvieran repletas las gavetas judiciales de expedientes con casos similares que, por lo tanto, merecerían trato equivalente. También es de reconocerse que la Procuraduría General de la República sea capaz de reconocer errores y se retracte de ciertas acusaciones, abriendo la puerta a la liberación de quienes hubiesen sido injustamente procesados. Pero tales cesiones deberían producirse por miles y no solamente en relación con determinados personajes castrenses cercanos a los afectos del poder en turno.
El divisionario Ángeles Dauahare, ha de recordarse, fue encarcelado en plenos hervores electorales, en mayo del año pasado, cuando su nombre se mencionaba como uno de los depositarios de la confianza del entonces candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, a tal grado que se le consideraba una de las cartas para la Secretaría de la Defensa Nacional en caso de que el PRI ganara los comicios o, en otro escenario, para encargarse del manejo de la Secretaría de Seguridad Pública. En un Astillero de ese mayo (http://bit.ly/Wemz2J) se planteaba como contexto de la detención de Ángeles, y otros dos generales en retiro, el hecho de que el divisionario había participado en un foro de la Fundación Colosio, con la presencia de EPN, en el que hizo fundadas críticas al calderonismo.
Ángeles Dauahare dijo en ese acto priísta que el futuro gobierno debería dejar de estar dando brochazos por diferentes circunstancias a través de líneas de acción que nos conducen a veces a la nada. Criticó luego la estrategia contra el narcotráfico, pues estamos combatiendo al enemigo en su fuerza, calificando como enemigo a las organizaciones criminales. Y al enemigo no se le combate en su fuerza, sino en su centro de gravedad. Un ejemplo muy común, conocido por todos, es el conflicto de Vietnam. Estados Unidos perdió la guerra en las calles de sus ciudades, no en los arrozales de Vietnam; allá estaba la fuerza. E, incluso, señaló: Yo me atrevería a decir que no tenemos estrategia de seguridad nacional. No tenemos un apropiado marco de referencia sobre seguridad nacional.
Días después, el gobierno calderonista hizo detener a Dauahare y a otros militares, con base en señalamientos de narcotraficantes convertidos en testigos protegidos. Según eso, quien había sido subsecretario de la Defensa Nacional en los primeros años del calderonismo recibía dinero para proteger cargamentos de droga pertenecientes al cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Sin embargo, la persecución felipista es compensada ahora con una inusual claudicación por parte de la PGR, que se declara incapaz de dar continuidad y validez a los señalamientos contra Ángeles Dauahare. En un México cuyas cárceles están llenas de casos con características similares a la del expediente militar en mención, Murillo Karam decide tirar la toalla para dar paso a que, sin sostenimiento de la acusación original, un juez declare en libertad a quienes gozan del aprecio del régimen en turno.
Otro de los grandes montajes de la administración recién pasada será puesto a prueba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sin el predominio de la pareja ejecutiva que formaron Felipe Calderón y Genaro García Luna. A estas alturas aún es imposible tener certeza jurídica respecto al papel que jugó la francesa Florence Cassez en una historia de secuestros que también está en entredicho. Pero el entonces virtual vicepresidente, García Luna, manoseó y distorsionó a tal grado ese proceso que se transformó en un largo conflicto con Francia y en muestra internacional de lo que puede hacer un gobierno desquiciado. Hoy, bajo el interés peñanietista de normalizar las relaciones con París, y de realizar un viaje de reivindicación, los ministros de la Suprema Corte buscarán la manera de destrabar el problema conforme a las nuevas necesidades políticas.
Y, mientras el ex gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington espera que los nuevos tiempos lo libren de las acusaciones entabladas también por circunstancias electorales por el calderonismo, pues este 29 un juez federal determinará si le concede protección contra la orden de aprehensión vigente por presuntos actos de delincuencia organizada, ¡hasta mañana!
Fuente: La Jornada | Julio Hernández López
