La salida de prisión de Florence Cassez constituye un seco golpe político a la dupla FC-GGL responsable de haberla mantenido en prisión y de crear un grave conflicto con Francia (pareja presuntamente delictiva que debería responder de sus hechuras catastróficas), exhibe la sumisión de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (que es capaz de adaptar sus criterios y resoluciones a los cambiantes vientos provenientes de Los Pinos, incluso a última hora, como sucedió ayer con Olga Sánchez Cordero), deja a una presunta secuestradora sin posibilidad de precisar su verdadera responsabilidad (no hay constancia de inocencia; sólo de que no tuvo un debido proceso), genera en víctimas de la banda Los Zodiaco la convicción de que en México no hay respeto para los mexicanos (México es una porquería de país, dijo Ezequiel Elizalde, uno de los privados de libertad) y desnuda cabalmente la fragilidad de los aparatos nacionales de procuración e impartición de eso llamado justicia.
Lo sucedido ayer en la Corte provoca en muchos ciudadanos un mayor desánimo respecto a las posibilidades de restauración institucional y confirma la percepción de que la vuelta del PRI al poder está reinstalando peligrosos métodos para defender e imponer sus intereses, con un Enrique Peña Nieto que a fin de cuentas es el gran ganador del episodio Cassez, entre otras cosas porque a partir de la inducción del desenlace judicial de ayer podrá realizar fluidamente la gira por Francia que de antemano se había considerado, ostentándose como un paladín de la justicia, como el héroe trasatlántico que fue capaz de manipular y dominar al Poder Judicial mexicano para satisfacer las exigencias hechas por Nicolás Sarkozy y continuadas por François Hollande.
El politraumatismo institucional no se produjo solamente en los terrenos internacionales. Como va siendo marca de la casa (una casa fundada en 1982, con Miguel de la Madrid, y consolidada en 1988, con Carlos Salinas de Gortari), las llamaradas mediáticas del expediente Cassez fueron aprovechadas para despachar con la menor atención posible un tema de interés central para el peñanietismo que ya sueña con coronas de oliva instaladas en París. De alguna manera puede decirse que hubo otro montaje y otro secuestro.
Para empezar, se empalmaron los dos temas, concentrando los reflectores de manera natural en el de la francesa a la que las ansias fabuladoras de Genaro García Luna salvaron de juzgar a fondo su relación con una banda de secuestradores. Mientras transcurría el episodio final de la telenovela gala, en el Instituto Federal Electoral se cumplía con el trámite de cerrar en lo fundamental los expedientes acusatorios contra el PRI y Enrique Peña Nieto por el uso excesivo y abusivo de dinero de origen desconocido en la compra de las elecciones del año pasado.
El montaje justiciero ha secuestrado nuevamente la voluntad popular y ha liberado de culpa a quienes violentaron las reglas electorales para hacerse de un poder público desde el que hoy resulta una broma absoluta el imponerles multas (ayer se había establecido ya un poco más de un millón de pesos, entre el PRI y el Verde Ecologista, aunque la suma podrá aumentar en los próximos días a la luz de otras irregularidades graves que habrán de ser lavadas con dinero). ¡Al lobo francés, al lobo francés!, gritaban los guionistas gubernamentales, mientras se escabullía el priísmo-peñista con su constancia de cosa juzgada respecto a las operaciones mercantiles de 2012. De García Luna Productions a Dino Productions.
La devaluación institucional de ayer tiene origen en el comportamiento faccioso (¿o debe decirse: mafioso?) de Felipe Calderón y Genaro García Luna, quienes se aferraron durante el sexenio pasado a la versión creada por el aspirante a cineasta en diciembre de 2005, cuando Cassez fue detenida junto a otros miembros de una banda de secuestradores pero en medio de violaciones graves al proceso correspondiente (como ha sucedido en miles de casos que afectan a mexicanos que no han tenido a un presidente que defendiera sus derechos, como sí sucedió con Florence), pues el futuro secretario de seguridad pública se permitió la licencia de recrear las escenas de la detención de los presuntos secuestradores, y la liberación de las víctimas, para que fueran transmitidas por las principales cadenas de televisión.
A la vista de la impunidad de que gozan Calderón y García Luna resulta difícil asumir lo sucedido ayer en el caso Cassez como un hecho justiciero. No basta con una bofetada política enviada a Harvard y al lugar donde esté refugiado el ex secretario de seguridad pública. Sólo habrá justicia verdadera cuando se castigue a los responsables de la catástrofe nacional, específicamente en el caso de la francesa, y cuando el Poder Judicial libere con la misma premura y contundencia a los miles de mexicanos que están bajo proceso, o sentenciados, merced a las mismas fallas adjetivas que permitieron la excarcelación de Florence.
Si a partir de ayer menos mexicanos confían en la justicia institucional, el desencanto se extenderá a lo electoral conforme se vayan conociendo los detalles de la trama montada en tiempo para ser opacada o diluida por el expediente Cassez. Los consejeros del Instituto Federal Electoral, con su presidente Leonardo Valdez Zurita por delante, han practicado una evasión legaloide para estacionarse en las minucias de lo que fue un aparatoso uso de abundante dinero para distorsionar un proceso electoral y, volviéndolo inequitativo, hacerse de la pieza central de caza: la Presidencia de la República.
Para la cortísima vista de los consejeros del IFE, la evidente utilización apabullante de anuncios denominados espectaculares, el manejo de tarjetas de Mónex para pago de una estructura de promoción del voto, y otras muestras de despilfarro e indicios de financiamientos oscuros, pueden ser subsanados mediante el simple pago de multas y la imposición de algunas otras reconvenciones menores.
Y se acabó el espacio por hoy, ¡hasta mañana!
Fuente: La Jornada | Julio Hernández López
