TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- A seis meses de asumir la gubernatura de Chiapas, Manuel Velasco Coello (PVEM) pidió al pleno del Congreso del Estado la autorización para adquirir su primer crédito con la banca pública, por mil 400 millones de pesos.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda local pidió autorización también para que el Banco Nacional de Obra Pública (Banobras) pueda prestar recursos a los 122 municipios de Chiapas, con cargo a los recursos federales por llegar.
Las iniciativas de decreto fueron remitidas ayer al pleno del Congreso del Estado, pero hasta hoy se dieron a conocer las 27 páginas del documento que detalla los motivos para el endeudamiento público estatal y municipal.
Se argumenta que los municipios podrán endeudarse hasta por 25% de los recursos que le lleguen del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
Se señala en la iniciativa de decreto asienta que el Poder Ejecutivo apoyará a los 122 municipios en la obtención de los financiamientos, para que estén en condiciones de destinarlo a diversas acciones de desarrollo de infraestructura social.
Si se autoriza la solicitud de endeudamiento estatal, el gobernador Manuel Velasco Coello agregará mil 400 millones de pesos a la deuda de 22 mil millones de pesos que le heredó su antecesor Juan Sabines Guerrero (PRD).
Entre los municipios que tendrían mayor posibilidad de endeudamiento están en la región indígena de Chiapas: Ocosingo, con 473 millones 616 mil 661 pesos; Chilón, con 330 millones 81 mil 135 pesos; Las Margaritas, con 237 millones 814 mil 670 pesos, y Chamula, con 174 millones 602 mil 528 pesos.
Las iniciativas están ahora en comisiones en el Congreso del Estado y será el martes o jueves de la otra semana cuando los diputados locales aprueben la autorización para el endeudamiento público estatal o municipal.
Desde hace seis meses, cuando asumió el cargo el gobernador Velasco Coello, se vive una severa crisis en la administración pública, no sólo por la deuda directa con la banca pública sino por la deuda multimillonaria con proveedores, contratistas y prestadores de servicios públicos al gobierno local.
Fuente: Proceso | ISAÍN MANDUJANO
