Le exigimos al gobierno federal actuar en consecuencia con los objetivos enarbolados en su Reforma Laboral de 2019 y su reciente ratificación del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, referente a la libertad sindical, y reafirmamos nuestro apoyo a la heroica resistencia que, como ha hecho en estos casi 11 años, será quien decida con el voto personal, libre, directo y secreto el destino de su organización.
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La réplica que el periódico La Jornada no quiso publicar
Aclaración del SME
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se deslinda de los grupos disidentes que en forma alevosa y misógina han montado en redes sociales y medios de comunicación una campaña de guerra sucia en contra de la Lic. Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo.
Queremos aclarar a la opinión pública que nuestro proceso electoral democrático se desenvuelve conforme a la Ley Federal del Trabajo y nuestros estatutos vigentes; contará además, a solicitud nuestra, con la inspección de las autoridades del trabajo y organizaciones sociales independientes nacionales e internacionales.
Los interesados pueden consultar el micro sitio donde en el marco de nuestra autonomía sindical ofrecemos información pública al respecto. https://sme.org.mx/democracia_sme/
Por otro lado, en la nota de la Jornada del día de ayer, titulada "Presentan queja ante CNDH por presuntas anomalías en la renovación del SME", se omitió decir que a la CNDH acudió un minúsculo grupo de 15 personas que no representan la mínima expresión de la vida democrática de nuestra organización.
Ante la falta de representatividad y apoyo de la base electricista, grupúsculos como el que presentó la queja ante la CNDH pretenden forzar, con el descrédito de nuestro proceso electoral, la intervención del Estado en la vida interna de nuestra organización, lo que da lugar al justificado rechazo de la base SMEita y a un mayor aislamiento de los disidentes.
José Humberto Montes de Oca Luna, Secretario del Exterior del SME.
CDMX a 26 de junio del 2020
Ninguna ley se viola en sector energético: AMLO ante queja sobre reglas
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló ayer que al poner orden en el sector energético, su gobierno no viola ninguna ley, aunque pidió que no se malinterprete las obligaciones comerciales del país en este tema, en el contexto del tratado comercial de América del Norte, en el cual quedaron a salvo los recursos de la nación.
Ante los reclamos de empresarios de Estados Unidos y la reciente declaración del embajador Christopher Landau, en el sentido de que el gobierno mexicano ha cambiado reglas y, por tanto, no es un momento propicio para invertir aquí, el mandatario dijo en conferencia de prensa en Morelia, Michoacán, que las compañías tienen libertad para expresar sus diferencias.
Sin embargo, subrayó: No estamos violando ningún ordenamiento legal, estamos poniendo orden, porque sentimos que hubo excesos, mucha corrupción en el sector energético.
Más tarde, al inaugurar instalaciones de la Guardia Nacional, informó que, a pesar de la pandemia y de la crisis económica, los connacionales siguen enviando abundantes remesas.
Tengo información preliminar de que en este semestre van a aumentar 10 por ciento las remesas con relación al mismo periodo del año pasado, lo cual ayuda mucho a apoyar la economía popular y atemperar la crisis, destacó.
En otro punto, dijo que en el caso de la explotación minera no se busca la nacionalización, sino revisar los contratos y concesiones, aspectos que analizará con integrantes de su gabinete.
En cuanto al tema energético, el Presidente añadió que empresas extranjeras y nacionales hicieron jugosos negocios al amparo del poder público, a partir de contubernio y complicidad, como ocurrió en los casos Odebrecht y la planta de fertilizantes que se compró a precios elevadísimos.
Advirtió que no permitirá que sigan los negocios que afectan al erario y a los ciudadanos, como ocurría antes con las tarifas elevadas de energía y gasolinazos, en las que el pueblo pagaba los platos rotos.
Explicó que durante la negociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) dejó en claro que el tema energético no se agregaría como un capítulo.
Reconoció la posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para aceptar la inclusión de sólo dos párrafos en los que se establece que México es un país independiente en el manejo de sus recursos energéticos, particularmente del petróleo.
Entonces, precisó, no quedó ese compromiso en el tratado, para que nos entendamos, de entregar los recursos energéticos.
Concluyó que está abierto al diálogo con las empresas inconformes que operaban en condiciones muy favorables, en perjuicio de la nación. Es por ello que vamos a defender lo que consideramos justo.
Van 172 solicitudes de amparo vs acuerdo energético del Gobierno: CCE
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que van 172 solicitudes de amparo con el fin de detener el acuerdo energético impuesto por el Gobierno Federal que bloquea el uso de energías renovables.
En una conferencia de prensa en línea, Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, dijo: “Todas ellas han sido llevadas a tribunales y en todas se han presentado amparos. Todos en su característica de provisional o ya en su característica de definitiva han sido ganados, lo cual refleja que la opinión de los jueces es bastante amplia respecto a que el diferendo que ha sido promovido por parte del sector privado, pues tiene una razón que lo soporta, que de alguna manera lo orienta”.
Recientemente diversas empresas y hasta la organización Greenpeace consiguieron amparos que impiden al Gobierno bloquear el uso o prueba de energías renovables en el país y de ahí que cada más actores sociales se estén sumando para defenderse.
Los empresarios del país están en contra del acuerdo energético impuesto por el Gobierno Federal ya que da incertidumbre a los inversionistas, impide la llegada de recursos adicionales, la solución que se propone es contaminante e incumple los acuerdos internacionales de México.
Admite la SCJN querella por militarización de calles
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó ayer a trámite la controversia constitucional presentada por la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, que impugna el decreto que faculta al Ejecutivo federal a utilizar a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. La admisión a trámite no significa que ya se considere procedente, eso es tema del proyecto que deberá elaborar la ministra Margarita Ríos Farjat.
El texto de la controversia no fue elaborado por la dirección jurídica de la Cámara de Diputados. Fue encargado a la abogada Luisa Conesa Labastida y su socio Jorge Peniche Baqueiro, quienes han asesorado a órganos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Energía y continúan reprochando que la austeridad no debe utilizarse como sinónimo de ahorro presupuestal en aquellas instancias que acotan el poder presidencial.
Por norma legislativa, el encargado del órgano de gobierno en San Lázaro tiene obligación de consultar al titular de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y a los coordinadores de las bancadas la decisión de interponer un acto como el citado, así como de recurrir al cuerpo de abogados de la Cámara de Diputados para que le aconsejen la pertinencia de acudir o no a esa herramienta legal, pero Rojas no lo hizo.
Así, la presidenta en turno de la mesa directiva en San Lázaro anunció hace una semana que su controversia fue avalada por reconocidos constitucionalistas –cuyos nombres no aportó ni entonces ni ahora–, y sustenta su validez en el artículo 233 del reglamento interior de la cámara, el cual señala que le asistiría el derecho de hacerlo siempre y cuando se trate de defender los intereses de la Cámara de Diputados, argumento incluido en el texto enviado a la SCJN. Sin embargo, la controversia ha sido cuestionada por legisladores que argumentan que la acción no tiene sustento por no haber sido consultada con los integrantes de la Jucopo.
Además de redactar la controversia constitucional de Rojas, Conesa Labastida ha participado en acciones legales relacionadas con demandas promovidas por políticos panistas. Una de las últimas fue la acción de inconstitucionalidad que promovieron senadores de oposición (PAN, PRI, Verde, MC y PRD) ante la SCJN contra la ley que proponía que ningún servidor público podía ganar más de 108 mil pesos al mes, que es la cifra que percibe el presidente Andrés Manuel López Obrador. A raíz de esa acción legal, el Poder Judicial ordenó al Congreso de la Unión que legislara a fin de fijar límites y montos para el salario presidencial.
Además de que en distintas instancias de la política se le ha identificado cercana al PRI y al PAN, la actividad profesional de Conesa ha trascendido en temas como el aborto, el derecho de amparo y la legalización de la mariguana. Ahora, con un documento de 98 páginas, argumenta a favor del derecho de Laura Rojas a controvertir el mencionado acuerdo presidencial.
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Juez libera a padre de ‘El Marro’ líder del cartel Santa Rosa de Lima
Celaya, Gto. Un juez liberó a Rodolfo Yépez, padre de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), detenido el pasado 6 de marzo por la Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del estado mientras conducía un carro robado por las calles de Celaya.
El abogado de Yépez Ortiz confirmó que su cliente abandonó la prisión después de pagar una fianza de 10 mil pesos, pero el proceso penal continúa.
El juez había decretado como medida cautelar la prisión preventiva, pero la modificó porque el hombre es mayor de 60 años de edad y es vulnerable a contagiarse de Coronavirus, explicó el abogado.
El hombre estará en arraigo domiciliario en una casa ubicada en la comunidad de San Miguel Octopan, comentó.
Agregó que el vehículo que su cliente tripulaba cuando fue detenido fue devuelto a la aseguradora y le pagaron 30 mil pesos por los gastos del corralón y la grúa.
“Pedimos que se hiciera efectiva la extinción de la acción penal, pero la fiscalía metió un recurso oponiéndose a la extinción del delito”, explicó.
Argentina endurece la cuarentena
Corte de EU ordena liberar a niños migrantes ante amenaza del coronavirus
Los Angeles. Un tribunal de Los Ángeles ordenó a los servicios migratorios estadounidenses a liberar más de un centenar de niños migrantes detenidos en tres centros de reclusión debido al riesgo de que puedan infectarse con el nuevo coronavirus.
Dos de los tres centros de detención tienen casos confirmados del virus y podrían convertirse en importantes epicentros de contagio, dijo la juez de distrito Dolly Gee en su decisión, anunciada el viernes.
Los centros de detención familiar están "en llamas y ya no hay tiempo para medias tintas", escribió Gee.
Los 124 menores detenidos en esos centros deben entonces ser o entregados a sus padres o puestos en familias de acogida con la aprobación de los padres de ahora al 17 de julio.
Tras el lanzamiento en 2018 de la política de "tolerancia cero" hacia la inmigración ilegal del presidente Donald Trump, miles de niños fueron separados de sus padres en la frontera, una medida aparentemente destinada a disuadir a los eventuales migrantes de cruzar la frontera con México. El gobierno dio luego marcha atrás.
La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la decisión de Trump que buscaba eliminar un programa que protege de la deportación a unos 700.000 personas que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños.
Según la cadena televisiva CNN, existen más de 2.500 casos de covid-19 en el conjunto de centros de detención de los servicios migratorios.
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