En los sindicatos, se ven vulnerados, en primera instancia, por los trámites de registro y toma de nota...
Jesús Ortega Martínez
2 de noviembre de 2010
Excelsior
Desde 2000, el gobierno federal se ha caracterizado por mantener una política antisindical selectiva. Por una parte, ha reproducido la relación subordinada y corporativa que el PRI instauró durante sus gobiernos, protegiendo y manteniendo los privilegios a las cúpulas sindicales dispuestas a supeditarse al Ejecutivo federal.
Por otra parte, las dos últimas administraciones federales han cometido una serie de agravios contra sindicatos que no les son afines o que significan un obstáculo para las malas prácticas de grandes compañías. Las trabajadoras y los trabajadores organizados más afectados han sido, principalmente, mineros, metalúrgicos, electricistas y, recientemente, pilotos y sobrecargos.
Es un hecho que la acometida contra estas organizaciones se basa, especialmente, en actos contra la libertad sindical, la manipulación de la justicia laboral y la violación de garantías individuales y libertades civiles.
La libertad sindical se ve vulnerada, en primera instancia, por los trámites de registro y toma de nota, los cuales han permitido a la autoridad federal ejercer facultades discrecionales sobre la existencia y el funcionamiento de las organizaciones y los trabajadores, convirtiéndose así en una herramienta para vetar a sindicalistas incómodos. Ante lo anterior sobra señalar que urge derogar estos trámites y establecer un dispositivo normativo que permita registrar y reconocer a los dirigentes de las organizaciones de manera libre en el marco de su autonomía.
El derecho a la justicia laboral es la garantía que tiene la obligación de dar el Estado, a través de medios jurídicos adecuados, en caso de que se presente la violación a uno o más derechos laborales. Implica la posibilidad de que el trabajador pueda ser escuchado públicamente y con justicia, por un tribunal independiente e imparcial cuyas resoluciones sean dictadas de manera pronta y expedita.
Desgraciadamente, el derecho a la justicia laboral no se disfruta a cabalidad en nuestro país. El hecho de que los órganos encargados de impartir justicia en esta materia dependan del Poder Ejecutivo posibilita que los secretarios del Trabajo manipulen los procesos legales de forma parcial, según los fines políticos que persigan. Uno de los más graves problemas derivados de esta situación es la dilación indebida en los juicios laborales, retraso que en realidad equivale a una denegación de justicia. Es urgente que los tribunales del trabajo sean instancias de pleno derecho, integrados en el Poder Judicial.
De esta manera, las violaciones a los derechos laborales son también un atentado contra las libertades públicas. Debido a la interdependencia de los derechos humanos, el ejercicio de los derechos laborales, en particular la libertad sindical, presupone el respeto de las libertades civiles fundamentales y en especial el derecho a la libertad y seguridad de la persona, la libertad de opinión y expresión, la libertad de reunión, el derecho a un proceso justo por tribunales independientes e imparciales, y el derecho a la protección de la propiedad de las organizaciones de empleadores y de trabajadores.
Frente a la problemática descrita, reafirmamos nuestro compromiso de acompañar la reivindicación de los trabajadores y sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y laborales, en pleno respeto a su autonomía. No hay espacio para duda alguna, hemos apoyado, estamos apoyando y seguiremos apoyando a los trabajadores y organizaciones ante los agravios y agresiones que reciben.
