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Referente del SME México señaló la importancia de integrar a trabajadores de Luz y Fuerza a la CFE
Durante el encuentro, las organización sindical responsabilizó al Gobierno de Felipe Calderón de la disolución de los convenios y la violación de derechos laborales.
En el marco del “FORO 22 DEL Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica: Electricidad como derecho humano de rango constitucional”, el referente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, afirmó que la aprobación de la Reforma Eléctrica permitirá la reintegración de los trabajadores de Luz y Fuerza a la Comisión Federal de Electricidad.
Esparza ve a la comisión como un organismo constitucional con la potestad de resolver el conflicto que desató la extinción del organismo regulador de la energía eléctrica Luz y Fuerza.
En ese sentido, el dirigente sindical mencionó algunos de los hechos históricos que marcaron la lucha en defensa de este espacio.
“Interpusimos una serie de demandas, de juicios, logramos ganarle al narco gobierno de Felipe Calderón y a su secuaz, Javier Lozano Alarcón, que es el peor secretario del Trabajo en la historia de este país”, dijo el sindicalista.
En ese proceso de reintegración, cabe señalar que, según el espacio Factor Energético, los trabajadores de Luz y Fuerza ocuparían la Comisión atendiendo su zona y su materia de trabajo, ya que, entre los dos sindicatos, hay un convenio firmado desde 1985, donde Miguel de la Madrid Hurtado firmó como testigo honorífico y Arsenio Farell como secretario del Trabajo.
Durante el encuentro, las organizaciones presentes destacaron la intervención del Gobierno de Felipe Calderón, en complicidad con la Junta de Conciliación y Arbitraje, en la disolución de los convenios y la violación simultanea de derechos laborales en este sector.
Debaten en San Lázaro derecho al acceso a la electricidad
En la Cámara de Diputados, durante el Foro 22 del parlamento abierto de la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo Federal, se discutió el tema del derecho al acceso a la electricidad y si es pertinente inscribirlo en la Constitución.
La iniciativa del Ejecutivo Federal no es necesaria, porque ya reconoce el derecho referido, y contiene otros elementos que la harían inconstitucional, Claudia Aguilar, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa.
Aseveró que entre otros efectos de la iniciativa que da al Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el dominio del mercado, estarán el aumento en los costos de generación y en última instancia, incremento en las tarifas al usuario o bien, en los subsidios a la empresa, con recursos públicos.
“Propone ciertas modificaciones en las condiciones de despacho de energía eléctrica y aprovechamiento, que causarán sin duda un aumento en los costos de generación y en última instancia en el precio que soporta el consumidor final”, alertó.
Lo anterior, ya que el criterio de despacho que propone el Ejecutivo Federal no es sustentable ni económico ni eficiente, por lo que se prevé provoque un aumento de tarifas o bien, aumento en el subsidio a las mismas, lo que a la larga impactará en las finanzas públicas que en parte se sustentan con los ingresos fiscales que a su vez se sostienen en el pago de impuestos por parte de la población.
Cero participación de privados: SME
Al pronunciarse a favor del proyecto en estudio, Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), afirmó que sin la reforma, el país se encamina a un “Fobaproa Eléctrico”.
Indicó que para los electricistas, los inversionistas privados no deberían tener acceso a ningún porcentaje de participación en el sector, aunado a que las figuras generadas desde la década de 1990, como el autoabastecimiento, tienen que desaparecer.
El Estado es muy “benevolente” al plantear que se permitirá la intervención de esos agentes hasta en un 46 por ciento.
“Y si no se frena este proceso con los contratos a largo plazo que tiene la CFE con los productores independientes, prácticamente va a dejarnos en nuestro país otro Fobaproa, pero ahora eléctrico, se han comprometido los ingresos de la CFE para los próximos 25 años”, alertó.
Apuntó que los usuarios de electricidad son quienes pagan el costo económico de los abusos de inversionistas privados que han hecho de los energéticos en México “jugosos negocios”, de la mano de gobiernos y autoridades corruptos.
Insistió en que para el Sindicato de Electricistas, la reforma en estudio debería bloquear por completo las inversiones privadas y todas las figuras, contratos y permisos autorizados en las últimas décadas
El sector eléctrico, su producción, operación y el resto de sus procesos debería estar en manos de los mexicanos completamente, dijo.
Reforma no garantiza derechos
En su intervención, la especialista Maciel Salazar Sánchez, profesora facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que en materia de ejercicio de derechos como el acceso a la electricidad, debería privilegiarse el equilibrio donde no todo se concentre en los agentes privados ni todo en el Estado.
Apuntó que la reforma propuesta no garantizará en los hechos el cumplimiento de derechos aunque es de aplaudirse que se proponga su reconocimiento expreso en la Constitución.
Calificó como un “falso dilema” que la participación de agentes privados implique el no ejercicio de los derechos de la población.
Agregó que la reforma propuesta representa una serie de retrocesos en el ejercicio de derechos consagrados, entre otros, a un medio ambiente sano, aunado a que desincentiva las energías limpias, y se podría traducir en incremento a las tarifas o bien, a los subsidios.
La reforma es contradictoria, dijo, porque establece prioridad de unos derechos sobre otros; se centra en dar mayor poder regulatorio y operativo a CFE; no es democrática e incluyente en los hechos, porque no toma en cuenta a los ciudadanos en la generación de energía; tampoco incluye a comunidades indígenas ni prevé su participación ni consulta en cuanto a proyectos en la materia.
CFE también ha violado derechos
En su turno, Miriam Vargas, periodista y activista, manifestó que la reforma propuesta no es integral, porque no ha tomado en cuenta a las comunidades y pueblos indígenas.
Recalcó que está en duda que CFE vaya a cumplir los derechos de la población, incluyendo el de acceso a la electricidad.
En los términos planteados en la reforma, lo que sucederá es que aumentará el despojo, la persecución y criminalización de CFE, contra quienes decidan defender su tierra.
Subrayó que la empresa productiva ha violado derechos como lo han hecho empresas privadas del sector, también ha provocado conflictos sociales, ha promovido la persecución judicial de defensores de la tierra e incluso, dado pie a asesinatos de opositores a grandes proyectos energéticos, como el activista Samir Flores, cuya muerte no ha sido esclarecida a tres años de haber sido perpetrada.
Cuestionó los mecanismos que el Ejecutivo Federal plantea para explotar el litio y que como sucede con el resto de los minerales, implica devastación y afectación a la tierra, al medio ambiente y despojo a las comunidades donde se encuentran los yacimientos.
Al afirmar que se coincide con la propuesta de consagrar el derecho humano a la energía, recalcó que también se debe garantizar una tarifa socialmente justa para la población.
“Con la sangre de los pueblos” no habrá proyectos que sean justos, justicia para Samir Flores asesinado por un “narcoestado”, justicia para los periodistas asesinados y que la energía sea para los pueblos, proclamó.
En tanto, el asesor de empresas, Santiago Fabián Arroyo, afirmó tajante que el derecho a la electricidad no debe inscribirse en la Constitución, porque sería equivalente a establecer en la Carta Magna el derecho al acceso a la comida chatarra o a los teléfonos celulares.
Puedes ver: SME propone la Electricidad como derecho humano de rango Constitucional
