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La nueva tipificación de feminicidio implica un retroceso: CNDH
Ciudad de México. La eventual modificación del tipo penal de feminicidio por el de homicidio agravado, con el argumento de que es más fácil investigar y judicializar este último, significaría un “retroceso” en el contenido, implicaciones y significado de tal delito, pues “invisibilizaría el componente esencial de odio contra las mujeres”, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En un comunicado, el organismo público recordó que la tipificación del feminicidio en el Código Penal Federal “es el resultado del cumplimiento de México de las obligaciones contraídas por México para el pleno respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres”, además de “un serio y experto trabajo de legisladoras y legisladores y de las propuestas del movimiento amplio de mujeres”.
Por tal razón, advirtió que modificarlo por el de homicidio agravado “significa un retroceso en la consideración de la especificidad del contenido, implicaciones y significado de este delito, (pues) invisibiliza el componente esencial de odio contra las mujeres, así como que a través de él se busca perpetuar los patrones culturales de subordinación, inferioridad y opresión de las mujeres”.
Además de lo anterior, la iniciativa externada en algún momento por la Fiscalía General de la República (FGR) “niega de iure y de facto el acceso a la justicia de las mujeres, cancela la exigencia de que las investigaciones penales sean exhaustivas, eficaces, serias e imparciales y omite el análisis de la interseccionalidad en esta forma extrema de violencia contra las mujeres”.
De igual forma, añadió la Comisión, “no garantiza una respuesta adecuada del Estado ni la debida diligencia de sus instituciones y omite el deber de abordar el delito con una perspectiva de género, entre otros aspectos”, por lo cual calificó la propuesta como “inadmisible”.
Por todo ello, la CNDH llamó a la FGR a “no persistir en la intención de modificar el tipo penal del feminicidio”, al tiempo que destacó la obligación del Estado mexicano de prevenir, erradicar, investigar y repara la violencia contra las mujeres, incluyendo su asesinato por razones de género.
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