La SFP confirma corrupción en la Conade de Ana Guevara
El resultado de siete auditorías realizadas a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) revela que existen irregularidades en la asignación y comprobación de 50.8 millones de pesos del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).
De acuerdo con Primer Informe de Fiscalización que presentó la Secretaría de la Función Pública (SFP) existen seis observaciones, cinco de las cuales no han sido solventadas.
Las observaciones indican que hay “desapegos normativos en la designación de técnicos responsables de la Conade, designación de entrenadores deportivos, así como comprobaciones irregulares de recursos otorgados a entrenadores y federaciones que han ocasionado daños al patrimonio del fideicomiso”, dice el documento.
Esta información comprueba lo publicado en Proceso (número 2224) en junio de 2019 acerca del mecanismo mediante el cual un grupo de servidores públicos de la Conade, con ayuda de entrenadores y presidentes de distintas federaciones han sacado dinero del Fodepar para pagar viajes a competencias y campamentos de los deportistas de élite de México.
Además, el pago a dichos eventos deportivos se hace a sobreprecio y con la ayuda de un grupo de empresas que les ayudan a financiarlos.
Desde abril del año pasado, distintos ciudadanos, entre ellos exmetodólogos de la Conade y el presidente de la Federación Mexicana de Ciegos y Débiles Visuales, Efraín Mora, denunciaron ante el Órgano Interno de Control de la Conade las irregulares que atestiguaron.
Entre las empresas que han participado para desviar y malversar los recursos públicos del Fodepar destacan Edgar García Morales y Asociados S de RL de CV, Proyectos Científicos y Tecnológicos S de RL de CV y Volare Travel Shop.
Otras más como Grupo Armazo, SA de CV, Operadora Turística BLUO, S de RL de CV, Muller Planning & Logistic, SA de CV, y Saha Innovación Empresarial, SAS, así como la persona física María Otilia Serrano Zamora han financiado y/o facturado eventos deportivos de federaciones del deporte adaptado.
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Castigarán a quien filtre imágenes de feminicidios
La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, presentó una iniciativa ante el Congreso capitalino para reformar el Código Penal local y castigar la filtración de imágenes de feminicidios, como en el caso de Ingrid Escamilla asesinada el fin de semana pasado.
Godoy Ramos expuso que la iniciativa busca castigar filtraciones dentro de la institución e hizo un llamado a los medios de comunicación a que se abstengan de publicar imágenes o información confidencial de las víctimas que violentan sus derechos y los de sus seres queridos.
“Como fiscal general de la Ciudad de México asumo la responsabilidad institucional que me corresponde por la filtración de estas imágenes.
“Nuestra obligación es estar cerca de las víctimas. Todas las personas servidoras públicas de esta Fiscalía debemos honrar este compromiso y estar a la altura de nuestro deber. Quienes traicionan la confianza y se apartan de esta responsabilidad no tiene lugar en esta institución”, declaró durante la entrega del documento.
Por su parte la diputada Isabel Rosales, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, expresó que el feminicidio de Ingrid indigna y es un reflejo de hasta dónde puede llegar el odio hacia las mujeres, “por ello es indignante la forma en que se difundió la información de este caso”.
“Ingrid no merece ser recordada como su pareja y victimario decidió. Nosotras tenemos oportunidad para contribuir al cambio de esa narrativa. Indigna todavía más cuando recordamos que a nivel local o federal se filtra información que lesiona la dignidad de las víctimas”, manifestó.
La legisladora local recordó el caso del multihomicidio de la colonia Narvarte, en el que asesinaron al fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, a la activista Nadia Vera, la modelo Mile Virginia Martín, la maquilladora Yesenia Quiroz y la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete.
Las filtraciones que hubo en dicho caso complicaron la pronta impartición de justicia, como también ocurrió con el feminicidio de Lesvy Berlín al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En el caso de Ingrid Escamilla, tanto la fiscal general Ernestina Godoy como la subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, Nelly Montealegre Díaz, aseveraron que las filtraciones no afectarán la indagatoria, pues no se tomaron como pruebas en la carpeta de investigación.
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