-SME inicia contratación de personal para operar hidroeléctricas
PARTICIPAN COMO COOPERATIVA
Martín Esparza, líder sindical del Sindicato Mexicano de Electricista, dio a conocer que en la semana del 9 al 13 de noviembre iniciará la contratación de personal. Aunque no especificó cuántos serán, dijo que los trabajadores operarán las hidroeléctricas de Necaxa, (cuna de la electricidad), Patla y Texcapa, en Puebla, así como la hidroeléctrica de Tepeji, Hidalgo y la hidroeléctrica en Lerma, Estado de México.
En el órgano de difusión del SME, Esparza informó: “Ya se terminó el protocolo de entrega-recepción, están funcionando, y la hidroeléctrica de Necaxa tiene una capacidad de 140 megawatts. También se inicia con la contratación de personal en todas las que ya tenemos posesión”.
Al cumplirse un lustro de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el SME resurgirá con un nuevo contrato colectivo de trabajo que recupera una parte de la materia de trabajo.
“El 12 de agosto del 2015 presentamos ante nuestra asamblea general el proyecto de contrato colectivo de trabajo. Se leyó frente a la asamblea, se hizo una discusión previa en el comité central y en las comisiones de trabajo. La asamblea avaló su firma y ya lo tienen nuestros abogados para darle forma y depositarlo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje”. Esparza, secretario general del SME, dijo que la semana pasada recibieron la termoeléctrica Lechería, ubicada en la zona conurbada de la ciudad de México y “eso es muy importante porque en el proyecto de ampliar la capacidad de generación hay un paquete de 1,600 mega watts, de ciclos combinados, y en esa termoeléctrica caben dos. Hay toma de gas, hay interconexión. También esta semana se empiezan a hacer preparativos para lo que será el proyecto de generación en la termoeléctrica J-Luke”.
Explicó que el pasado viernes 6 de noviembre del 2015 se concluyó con la entrega-recepción de todas las hidroeléctricas de Luz y Fuerza del Centro y hubo mucha emoción “porque fue en esa hidroeléctrica ubicada en Juandhó, Hidalgo, en donde inicié como trabajador en el área de operación de subestaciones.
“Son buenas noticias para nuestros compañeros de la resistencia, estamos recibiendo también los predios que nos entregan en propiedad para la cooperativa de producción y de servicio. Esta semana iniciamos con la Secretaría de Energía una visita a otros nuevos centros de trabajo....”.
-PGJEM cierra McDonald’s en Tlalnepantla por presunta rata en hamburguesa; la empresa lo niega
La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) clausuró una de las sucursales de McDonald’s, ubicada en el municipio de Tlalnepantla, luego que un comensal denunció haber encontrado la cabeza de un rata en su hamburguesa.
La sucursal de McDonald’s, ubicado entre las calles de Toltecas y Morelos, este día fue cubierta con sellos por la PGJEM, luego que se denunciara la aparición de la supuesta cabeza de rata en una hamburguesa. Sin embargo no se ha detallado por cuánto tiempo será la suspensión.
La dependencia informó que expertos en morfología y veterinaria serán quienes determinarán si lo encontrado pertenece a un roedor como lo denunció el cliente.
Además, la PGJEM detalló que informará del caso a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos sanitarios (Cofepris), y su vez, a la Secretaría de Salud del Estado de México.
Los hechos ocurrieron este domingo, cuando un comensal de McDonald’s acudió por la tarde a una de sus sucursales en el Estado de México. Ahí encontró dentro de su hamburguesa la cabeza de una rata, por lo cual acudió al Ministerio Público a denunciar el hecho.
El suceso trascendió a través de las redes sociales luego de que las imágenes de la hamburguesa fueron difundidas.
Por su parte, el restaurante, publicó en su cuenta de Twitter [@McDonaldsMexico] en respuesta de diversos señalamientos y cuestionamientos de usuarios y de medios que ya habían hecho un investigación y que habían determinado que los hechos eran falsos.
“Hemos investigado rigurosamente y dichos hechos son totalmente falsos, fue una plantación de dicho animal”, respondió Mc Donald’s Mexico en Twitter.
La PGJEM detalló que iniciaría una carpeta sobre la investigación, ya que de comprobarse el hecho, la cadena de restaurantes estaría incurriendo en el delito contra el consumo, que es cometido por quienes elaboran alimentos y bebidas que ponen en riesgo la salud de los comensales.
-Aprueban modificaciones para tercera licitación de Ronda Uno
Con el objetivo de contar con más ofertas económicas para las 25 áreas contractuales, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó modificaciones a la licitación para la tercera convocatoria de la Ronda Uno petrolera.
Los contratos en tierra, son en campos maduros, muchos de ellos actualmente en producción, que se ubican en Tamaulipas, Nuevo León, Chiapas, Tabasco y Veracruz.
“Estamos haciendo modificaciones a las bases, de tal manera que las empresas puedan presentar varias ofertas económicas. Es un esquema de multiofertas y lo que va hacer el Comité Licitatorio es que se abrirán en secuencia”, precisó el presidente de la CNH, Juan Carlos Zepeda.
Durante la Cuadragésima Cuarta Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Comisión, el funcionario detalló que en esta ocasión el requisito de capital contable es por área, a diferencia de las primeras, que fue por toda la licitación.
De igual manera, recordó que esta vez hay 80 empresas interesadas y agrupadas en 50 licitantes con distintas capacidades financieras, pero con el nuevo esquema se promoverá la competencia para concretar más proyectos de inversión y adjudicación de contratos.
Por su parte, el comisionado Héctor Alberto Acosta destacó que al presentar varias propuestas, y en caso de no haber un mejor licitante, las empresas tienen oportunidad de participar en las siguientes, siempre y cuando tengan el capital.
“Esto va en beneficio de los licitantes al tener más oportunidades de ser asignados con un contrato y en beneficio del Estado, porque tiene la posibilidad de adjudicar una mayor cantidad de áreas en el proceso licitatorio”, apuntó.
A su vez, el director de Licitaciones de la CNH, Martín Álvarez Magaña, manifestó que los ajustes se harán en la fecha de las bases de licitación sobre la precalificación en la fase de revisión, del 20 al 25 de noviembre, y pasará de 120 a 140 días para suscribir los contratos.
De igual forma, se harán modificaciones de las coordenadas de algunas áreas contractuales, como la de Benavides, donde se incorpora el Campo Primavera, y se establecen los límites de profundidad de las 25 áreas contractuales.
Sin embargo, quedan sin alteraciones las fechas para las visitas de las áreas contractuales, del 20 al 27 del presente mes, además de la fecha para conocer a los licitantes precalificados y la publicación de bases finales y contrato, y la del 15 de diciembre para la apertura de ofertas económicas.
-Envían al Altiplano a quien financió fuga de “El Chapo”
Manuel Rodolfo Trillo Hernández, presunto encargado de financiar la construcción del túnel por donde se fugó Joaquín El Chapo Guzmán Loera el pasado 11 de julio fue encarcelado en el penal del Altiplano.
La Procuraduría General de la República (PGR) lo trasladó con base en una orden de aprehensión emitida por el Juzgado Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF, bajo el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.
De acuerdo con la dependencia, la Policía Federal capturó a Trillo Hernández el pasado 22 de agosto en San Pedro Cholula, Puebla. Al momento de su detención traía un arma de fuego. Por orden del Juzgado Sexto Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, fue arraigado.
Entre 2012 y 2015 –según la PGR– el presunto cómplice de El Chapo Guzmán lavó los recursos obtenidos del narcotráfico en bienes muebles, a través de identidades falsas y empresas “pantalla” con recursos producto las ganancias del Cártel de Sinaloa.
El traslado de Manuel Rodolfo Trillo Hernández al Penal del Altiplano se realizó seis días después de que la PGR consignó a Lázaro de Jesús Araujo Juárez, presunto supervisor de la construcción del túnel por el que escapó Guzmán Loaera.
Durante 2001, Miguel Ángel Trillo Hernández, hermano de Manuel Rodolfo, ofreció resguardo a El Chapo en el Estado de México, Puebla y el DF, tras su primera fuga.
-Entre escándalos y acusaciones de corrupción, alista Cué informe de “logros”
OAXACA, Oax.- Con un nivel de desaprobación muy alto por el escándalo de una casa de su propiedad valuada en siete millones de dólares, la edificación el Centro Cultural y de Convenciones en el cerro del Fortín y los presuntos actos de corrupción por parte de sus más cercanos colaboradores, Gabino Cué sólo dará un “mensaje” por cadena estatal en el marco de su quinto informe.
El próximo domingo 15, el secretario general de Gobierno, el priista Alfonso Gómez Sandoval Hernández, entregará el informe textual y anexos estadísticos a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso local.
Un día después, a las 7 de la noche, Cué dará un mensaje al pueblo de Oaxaca, donde reseñará los logros, alcances y resultados alcanzados en estos cinco años de ejercicio gubernamental, confirmó su oficina de comunicación social.
En una reunión de trabajo con los funcionarios que integran el gabinete legal y ampliado, el mandatario estatal precisó que todo se encuentra listo para cumplir con este mandato constitucional.
Con la entrega del informe, apuntó, el gobierno cumple con la obligación constitucional de transparentar y rendir cuentas al pueblo, pero sobre todo –dijo– reafirma por quinto año consecutivo “el compromiso de seguir avanzando con toda fidelidad por la ruta de planeación democrática que las y los oaxaqueños delinearon en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016”.
Hace un mes el pintor Sergio Hernández denunció que Gabino Cué llegó a la gubernatura con una “mascara de demócrata” para “chingarse la lana con sus secuaces”, y muestra de ello, sostuvo, es su “casa blanca” y las propiedades multimillonarias que tiene en la zona residencial de San Felipe del Agua, en Zicatela y en Polanco.
Asimismo, retó al gobernador a que explique cómo obtiene esas propiedades, mientras que en las escuelas y hospitales no hay material ni medicamentos. Gabino Cué, subrayó, no se diferencia en nada de los gobiernos dictatoriales de Diódoro Carrasco, José Murat y Ulises Ruiz.
En su página de internet, la arquitecta Renata Elizondo mostró los interiores de la supuesta “casa blanca” de Cué que se localiza en la calle Puente del Obispado sin número, en el fraccionamiento Puente de Piedra, con un valor de 7 millones de dólares.
Luego, el pasado 21 de octubre, Cué echó para atrás su decisión de construir el Centro Cultural y de Convenciones en el cerro del Fortín, que beneficiaba a su secretario de Turismo, José Zorrilla, y que le generó una confrontación directa con los pintores Francisco Toledo y Sergio Hernández.
Luego de gastar más de siete millones de pesos para realizar una “consulta ciudadana”, el gobierno de Oaxaca anunció la reubicación del dicho centro.
La lucha en defensa del Cerro del Fortín inició el 17 de diciembre de 2014, y en estos casi 10 meses se polarizó a un sector de la población alentado desde las esferas del poder, que dilapidaron alrededor de siete millones de pesos para realizar una consulta “amañada” para legitimar una obra con claros conflictos de intereses.
Antes, el senador Benjamín Robles Montoya denunció en la Procuraduría General de la República (PGR) a Jorge Enrique Castillo Díaz, operador político del gobernador Gabino Cué, por enriquecimiento ilícito al amasar una fortuna superior a los dos mil millones de pesos y adquirir propiedades en Estados Unidos y la capital del país.
El perredista manifestó que ante el silencio omiso o cómplice del gobernador, decidió “dar un salto a la PGR” para denunciar a quien dice ser el “mandamás” del gobierno aliancista.
La denuncia de hechos en contra de Jorge Coco Castillo la presentó el pasado 25 de agosto y la recibió de procuradora Arely Gómez. En ella lo acusa de los delitos de enriquecimiento ilícito, usurpación de funciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y otros que se configuren en contra de la Hacienda federal y estatal.
Esa decisión de denunciar la red de corrupción que existe en la administración estatal significó la ruptura entre el gobernador y el senador.
Posteriormente, el 21 de septiembre, Robles Montoya acusó al secretario de Administración, Alberto Vargas Varela, así como a Jorge Castillo, de ser los cabecillas de la “delincuencia organizada” dentro del gabinete de Cué.
Afirmó que Vargas Varela fue denunciado por los delitos de fraude, tráfico de influencias, conflicto de interés y enriquecimiento ilícito.
Y es que de obtener percepciones por nueve mil 589 pesos en 2010, a través de su consultoría Corporativa Mavartu, ahora, con un salario de alrededor de 80 mil pesos mensuales, tiene propiedades en Málaga, España, en Bahías de Huatulco y en Lomas de Chapultepec. Las casas aparecen a nombre de su hija, quien no rebasa los 30 años de edad, puntualizó.
-Anaya se desmarca de “moches” y presenta denuncia ante la PGR
El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, imitó la estrategia del excoordinador de sus diputados federales, Luis Alberto Villarreal, para deslindarse de los “moches”, y presentó hoy una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Anaya instruyó al representante legal del CEN, Eduardo Sierra, a presentar la denuncia por extorsión, cohecho, usurpación de identidad y ejercicio abusivo de funciones “en contra de quien o quienes resulten responsables por solicitar a nombre del PAN y de su presidente el pago de comisiones a cambio de gestionar recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 para los municipios”.
La denuncia del PAN, que se recibió en la PGR a las 16:10 horas de este lunes, se presentó con base en la nota informativa publicada en la página de internet de la revista Proceso, el viernes 6, en la que se informa que la diputada federal Kathia Bolio Pinelo “reveló, en una reunión interna, que algunos alcaldes han recibido propuestas del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para gestionarles recursos, a cambio de una comisión de 17%”.
La nota, firmada por el reportero Álvaro Delgado y que se basa en información de miembros del grupo parlamentario, indica que “la legisladora no detalló quiénes son las personas que a nombre del CEN formulan la propuesta, pero el mecanismo que se propone es que la gestión la hará una empresa consultora y cobrará ese porcentaje de los recursos que obtengan”.
Al respecto, el CEN del PAN emitió este lunes un boletín para dar a conocer que presentó la denuncia ante la PGR, “luego de que trascendiera en un medio de comunicación que hay personas que a nombre del CEN del PAN incurren en esa práctica reprobable y condenable”, que coloquialmente se conoce desde la legislatura pasada como “moches”.
En el comunicado, al que se anexa sólo media cuartilla de la denuncia, se pide a la titular de la PGR, Arely Gómez, “dar prioridad a este asunto, a propósito de la construcción del PEF que se desarrolla actualmente en la Cámara de Diputados y la gravedad de que el nombre del Partido Acción Nacional y de su presidente se estén utilizando de forma ilegal”.
Esta denuncia del CEN del PAN ante la PGR es semejante a la que el 27 de noviembre de 2013 presentó Villarreal, también ante la PGR, derivada de la información publicada por el diario ‘Reforma’ sobre una red de diputados que pedía a los alcaldes de estados como Nuevo León y Guanajuato la entrega de comisiones de hasta 35% por la gestión de recursos públicos para obras.
Villarreal, como coordinador del grupo parlamentario y compañero diputado de Anaya, fue uno de los principales acusados de este esquema de corrupción conocido como los “moches”, pero alegó que la PGR lo había exonerado después de que él formuló la denuncia.
“No se encontró ningún elemento constitutivo de delito alguno en su contra”, detalla el documento de la PGR que el propio Villarreal hizo circular en abril de este año, luego de que fue destituido como coordinador por Gustavo Madero, presidente del PAN, a raíz de la difusión de un video en el que convive con otros diputados y mujeres.
En los tres años de la legislatura de los “moches”, Anaya fue diputado federal, presidente de la Mesa Directiva durante un año y coordinador del grupo parlamentario del PAN después de Villarreal, pero también fue secretario general y dirigente nacional interino de su partido.
Por eso, ante la candidatura de Anaya para presidente del PAN, el senador Ernesto Cordero afirmó que continuaría la práctica de los “moches”, porque los solapó.
“Él fue parte del grupo que se hizo de la vista gorda en todo esto. No sé si los protegió, pero los toleró, que a final de cuentas es lo mismo”, afirmó Cordero.
Anaya propuso el pasado martes 3 que la la Auditoría Superior de la Federación revise con detalle todas las partidas asignadas o reasignadas en la Cámara de Diputados al mismo tiempo que sean ejecutadas.
“Se trata de garantizar el correcto ejercicio de los recursos públicos y, sobre todo, se trata de sancionar a quien pretenda lucrar con las asignaciones presupuestales”, subrayó Anaya, quien planteó que ese debe ser el compromiso de todos los partidos.
“Esta es una condición que para nosotros tiene carácter de no negociable. No aprobaremos un presupuesto que no contenga los recursos para hacer realidad estas auditorías que he expuesto y he explicado”, dijo.
-Van PRD y PAN en coalición para gobernar Veracruz
De ideologías divergentes, los comités directivos estatales del PAN y del PRD anunciaron este lunes que irán en coalición política para la elección local del 2016, cuando se renovarán 50 curules –30 uninominales– y la gubernatura, aunque sólo por dos años para homologar con las elecciones a escala federal.
En un lujoso salón de la capital del estado, el líder panista José de Jesús Mancha y su homólogo perredista Rogelio Franco Castán, acompañados de diputados locales y alcaldes se comprometieron a participar juntos en lo que llamaron “una gran alianza opositora”.
Para la elección gubernamental, donde se buscará al sucesor de Javier Duarte, PAN y PRD participarían en las urnas con el expriista –durante 30 años– y actualmente enrolado en el PAN, Miguel Ángel Yunes Linares.
Dentro del PRI, los senadores Héctor y José Yunes, así como los diputados federales Erick Lagos y Alberto Silva, buscan ser los elegidos para contender por el puesto.
“Lo que nos une hoy aquí es querer rescatar a Veracruz de un mal gobierno”, expresó Jesús Mancha.
Rogelio Franco señaló que hoy la política permite generar condiciones con un frente amplio opositor en beneficio de una transición democrática para que el PRI salga del gobierno de Veracruz.
“Queremos construir un frente amplio opositor no sólo reducido a los partidos políticos, que sea un frente amplio opositor social. Combatir la apatía, la desesperanza y el abstencionismo”, expuso.
En las elecciones locales del 2013 y en las federales del 2012, PAN y PRD trataron de sellar una coalición, pero está se cayó a pocos días de que los órganos locales cerraran los plazos establecidos.
Incluso, en Veracruz es vox populi que los líderes del PRD siempre han estado cooptados por el gobierno de Javier Duarte y anteriormente por el del exgobernador Fidel Herrera
-Desmienten que exista prórroga para laboratorio antidopaje en México
Es falso que la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) haya otorgado una prórroga para regularizar la forma como opera en nuestro país el Laboratorio Nacional de Prevención de Control de Dopaje, por lo que el miércoles 18 se sabrá si se suspende o retira la certificación de dicho organismo.
Después de que la directora de la Oficina Regional de Latinoamérica, María José Pesce, y el gerente de relaciones WADA-Organización Nacional Antidopaje, David Julien, realizaron una visita al laboratorio el 11 de septiembre, emitieron un documento –fechado el 29 de este último mes– en el que señalaron cuáles son los puntos que la Conade tiene que corregir para que el laboratorio opere de acuerdo con el Código Mundial Antidopaje 2015 y los cuatro Estándares Internacionales que se requieren para trabajar con todas las condiciones que debe reunir un laboratorio acreditado por WADA (Proceso 2035).
Apro pudo verificar que la Conade no solicitó prórroga alguna ni tampoco le fue concedida, como informó el titular de Comunicación Social de la dependencia, José Emiliano Montiel quien, sin embargo, no supo decir cuál es la nueva fecha para cumplir con una larga lista de requerimientos ante de que se evalúe si México tiene capacidad o no de operar uno de los 35 laboratorios acreditados por WADA en el mundo.
No puede existir prórroga, y menos otorgada por la WADA, porque los expedientes de los países que se comprometieron a hacer cambios y ajustes a más tardar este miércoles 4 están en manos del Comité de Revisión de Cumplimiento del Código Mundial Antidopaje, es decir, de un conjunto de expertos internacionales que es independiente de la WADA.
“El miércoles 18 de noviembre se hará público qué país está en cumplimiento y cuál no. Y la fecha límite que dio este Comité de Revisión del Código para recibir información fue el 4 de noviembre. O sea, que si hay temas pendientes, documentos pendientes que tienen que aprobarse o enviarse, si no se enviaron antes del 4 de noviembre es de suponer que las cosas se les van a complicar a los países que no estén al día para esa fecha”, dijo María José Pesce.
Y añadió: “Lo que dice el Estándar Internacional para los Laboratorios es que deben tener un programa antidopaje en el país en cumplimiento con el Código Mundial Antidopaje. Por lo tanto, si algún país es declarado en no cumplimiento –como podría ocurrir a México–, es de esperar que empiece un proceso para evaluar la situación del laboratorio. Eso no significa que pierda la acreditación inmediatamente, eso lo estudiará otro comité, con tiempo, pero es una posibilidad cierta”.
Pesce enfatizó que los expertos del Comité de Revisión de Cumplimiento del Código Mundial Antidopaje no son integrantes de WADA, sino que reciben información de WADA y de cada país.
“La WADA no filtra nada: si México envió información a WADA, así como llegó, la enviamos al comité de expertos internacionales para que lo analice. Y ese comité va a emitir ciertas recomendaciones”.
Las recomendaciones y la situación del laboratorio de México serán emitidas los días 17 y 18 de noviembre en Colorado Springs, en los órganos de decisión de WADA. El primer día, el comité ejecutivo hará una recomendación y al siguiente será evaluado por la Junta de la Fundación de la WADA. De aquí saldrá la lista de países que están en cumplimiento y los que no.
“Nosotros realizamos una visita a México el 11 de septiembre. Estuvimos trabajando con Conade y la SEP. Supongo que están relacionados porque el tipo de documento que ellos tienen que aprobar está vinculado a la Conade, pero también a su superior que es la SEP. Hicimos una visita de colaboración y cooperación de trabajo. Se evaluaron las cosas que faltaban y México se comprometió a cumplirlas”, puntualizó Pesce.
Proceso publicó, en su edición 2035, que México está en riesgo de perder la acreditación del Laboratorio Nacional de Prevención y Control Antidopaje en virtud de las serias irregularidades y anomalías con las que ha venido operando desde junio de 2013, cuando fue certificado por la WADA, entre ellas bajo presupuesto asignado, las federaciones deportivas hacen por su cuenta controles antidopaje paralelos, hay mala planeación en los controles fuera de competencia –en los que, de forma indebida, también participan las federaciones–, aparte de que existe un grupo registrado para controles antidopaje dirigidos a 257 deportistas que no es “real”.
El tema más grave es el de conflicto de interés, pues el actual subdirector general de la Conade, Pedro Luis Benítez Vélez, ocupa también el cargo de presidente del Comité Nacional Antidopaje (CNA), considerado por el Código Mundial Antidopaje como la Organización Nacional Antidopaje –Onad– de México). Esto significa que, de acuerdo con dicha normativa, el CNA es “la entidad designada por cada país como autoridad principal responsable de la adopción y la puesta en práctica de las normas antidopaje, de la recogida de muestras (de orina o sangre), de la gestión de resultados y de la celebración de las audiencias a nivel nacional”.
Lo anterior se traduce en que la Conade es juez y parte. Los mismos empleados de la Conade –y otros más del gobierno federal– forman parte del CNA, es decir: quienes preparan a los deportistas son los mismos que procesan los resultados de los exámenes contra sustancias prohibidas.
Para solventar lo anterior debe haber ajustes al marco legal, para lo cual la Conade sugirió a los expertos de WADA pedir a la Oficina de Presidencia de la República que envíe una iniciativa para hacer cambios fast track a la Ley General de Cultura Física y Deporte, y así ahorrarse la discusión en la Cámara de Diputados y el Senado.
Sin embargo, esto tampoco ha ocurrido.
-Denuncian opacidad en el manejo de recursos para salud
El sistema mexicano de salud se encuentra definitivamente enfermo: apenas cinco días después de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) colocó a México en los lugares más bajos de una amplia serie de indicadores de salud, las organizaciones reunidas en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza publicaron un informe en el que exhiben la opacidad en el manejo de dinero y el errático sistema de información en materia de salud pública.
El colectivo realizó 6 mil 761 encuestas a pacientes que fueron atendidos en 161 centros de salud repartidos en distintas zonas marginadas del país y recolectaron datos que contrastan con los oficiales.
Entre otros, determinaron que el tiempo promedio de espera antes de recibir atención médica se eleva a 1 hora con 32 minutos, mucho más que los 22 minutos en el medio urbano y 28 minutos en el medio rural que reporta el Sistema Nacional de Indicadores de Calidad de Salud (Indicas).
“Todo retraso en la atención en salud incrementa los riesgos”, aseveró Rogelio Gómez Hermosillo –coordinador del equipo operativo del colectivo–, al subrayar que el programa de Seguro Popular instaurado en 2003 resultó una “promesa incumplida”, porque 20 millones de mexicanos siguen sin tener acceso efectivo a los servicios de salud.
De la encuesta resaltó que sólo 62.4% de los pacientes recibieron sus medicamentos completos, lo que pone en duda la cifra de 84.2% que maneja la Secretaría de Salud (Ssa), y 43% de los pacientes, añadió, tuvo que desembolsar alguna suma, ya sea en material básico o en medicamentos, para una operación quirúrgica.
Además de esa encuesta, las organizaciones solicitaron al gobierno federal los datos del sistema Indicas a través de Transparencia, y los resultados que obtuvieron no fueron más alentadores: de acuerdo con los datos oficiales, 32.6% de las unidades de salud –sobre todo de Baja California Sur, Chiapas, Distrito Federal, Michoacán y Coahuila– llevan cuatro años sin reportar una sola información sobre la calidad de los servicios que prestan.
“(La Ssa) Tranquilamente nos entregó datos que contienen muchas fallas”, se indignó Gómez.
De acuerdo con la información oficial, dos de cada tres unidades de salud en el medio urbano y seis de cada diez en el ámbito rural reconocen que sufren fallas en el surtimiento completo de medicamentos, mientras una tercera parte de los pacientes no recibe las medicinas y el tiempo de espera de una de cada diez operaciones quirúrgicas rebasa el mes.
“El principal hallazgo que requiere atención urgente es la falta de información y sus inconsistencias”, subrayaron representantes del colectivo, quienes urgieron a los diputados que exijan un desglose de los egresos y un reporte detallado de la información en materia de salud.
Así pues, si bien en la década pasada se duplicó la cantidad de recursos destinados a la seguridad social –al pasar de 108 mil 424 millones de pesos en 2004 a 236 mil millones de pesos este año–, esto “no se ha traducido en una mejora equivalente en la calidad de los servicios de salud” según el colectivo.
En el presupuesto para 2016, añadió, el gobierno federal asignará 157 mil 883 millones de pesos a las entidades federativas en materia de salud, y el destino de estos recursos resulta opaco.
“No se puede seguir la ruta del dinero porque no está llegando adónde tiene que llegar”, insistió Gómez al añadir: “En medio del camino entre la Secretaría de Salud y los médicos y enfermeros existe una caja negra”.
-Llevan a la CIDH el caso de niño asesinado por adolescentes en Chihuahua
CHIHUAHUA Chih.- El caso del niño Cristopher Raymundo Márquez Mora, asesinado por cinco adolescentes el pasado 14 de mayo, fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde quedó registrado para su análisis con el expediente SG/IACHR/CIDH.
La familia de Cristopher solicitó a la CIDH que interprete el caso a la luz de los convenios de los derechos de los niños y otros tratados internacionales firmados por México, y ha pedido medidas cautelares para las víctimas, en este caso la mamá del niño asesinado, Tania Concepción Mora Alvarado, y personas cercanas a ellos.
La defensa de Mora también demandó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerza la facultad de atracción y revise el asunto, así como el proceso para rehabilitar o reinsertar a la sociedad a los cinco imputados.
La madre de la víctima asegura que a casi seis meses del asesinato de su hijo, el gobierno estatal no le ha dado ningún tipo de apoyo, ni psicológico ni económico, pero admite que el proceso judicial “va bien”.
“Ha sido muy pesado, pero creo que el proceso judicial va bien, va por buen rumbo, y me gustaría que esta experiencia tan fea sirviera para que no volviera a pasar, que nunca nadie vuelva a vivir esto, que haya más sensibilidad para que la gente le dé valores a sus hijos en su casa y no vuelva a pasar”.
La mujer, quien vive con su hijo Francisco, de tres años de edad, destaca que hace unas semanas tuvo que regresar a su casa, en el fraccionamiento Laderas de San Guillermo, de donde tuvo que salir al sentirse intimidada y amenazada.
De acuerdo con Tania Mora, en su colonia no hay opciones para lo niños, y admite que ella casi no pasaba tiempo en su casa. “A las 6 de la mañana nos levantábamos, a las 7 tomábamos el camión con mi hijo (Cristopher), a las 8 estábamos en Santa Eulalia con mi mamá y lo llevaba al kínder. Allá durábamos 15 días por lo mismo, pero ese día tuvimos mala suerte”.
Recuerda que el trágico jueves acababan de llegar al fraccionamiento para pasar el fin de semana largo. “Iba a ser el 15, día de los maestros. Ya teníamos 15 días fuera y dije: ‘pues aprovecho el fin de semana para estar en mi casa’, y mire”.
Añade: “Aunque fue es un caso muy difícil para todos los papás, no creo que sea tan doloroso como no volver más a tu hijo. Si mi hijo lo hubiera hecho (el crimen), que pague su responsabilidad, pero sé que está dentro de un reclusorio, sé que tarde o temprano va a salir, va a rehacer su vida, lo voy a abrazar. Pero mi hijo no me va a decir: ‘mira mamá, tengo mi novia, mira mamá”.
Comenta que no ha podido trabajar porque está dedicada a retomar su vida y a cuidar a su hijo Francisco, de tres años de edad, quien tiene problemas de control motriz. Su mamá y los abogados la han apoyado en estos aciagos días, dice.
“Los de gobierno me dejaron sola desde que pasó todo. Si le hubiera pasado algo a alguno de sus hijos, ya lo hubieran resuelto, pero yo cuento con mi mamá y con los abogados, y él (Francisco) es mi motor, mi sostén”, comparte.
Criristopher tenía seis años cuando fue asesinado por cinco adolescentes, algunos de los cuales eran sus primos. Tres de los inculpados fueron llevados a albergues y dos más se encuentran en el Centro Especial de Reclusión para Adolescentes Infractores de esta ciudad.
Según el expediente de la causa penal que lleva el juez especializado en adolescentes del fuero común, Luis Francisco de León Merino, uno de los menores imputados, había manifestado en diversas ocasiones su deseo de matar a Cristopher Márquez, porque tenían muchos problemas con la mamá por causa de éste.
Los mismos adolescentes confesaron que planeaban huir a Guachochi, donde buscarían a la tía de una de las imputadas, de origen rarámuri, y luego irían con un hombre que también es familiar de ella para que los llevara a Sinaloa, porque supuestamente era “la mano derecha de ‘El Chapo’” y trabajarían como narcos para conseguir dinero.
Con las confesiones de padres y hermanos, amigos cercanos, y de los mismos adolescentes imputados, los agentes del Ministerio Público que participan en el juicio (Alejandra Ríos Olivas y Manuel Ricardo Huerta Sánchez) conocieron la historia del crimen y el entorno en el que se registró.
Por su parte, los abogados coadyuvantes Víctor Alonso Tadeo Solano y Yahaira Balderrama han solicitado la atención integral de los imputados y sus familias para garantizar la rehabilitación, y también han solicitado el apoyo de instancias internacionales y nacionales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En las audiencias ha estado presente personal del DIF que asiste a los tres adolescentes menores de 14 años: los hermanos Valeria e Irving, y Leticia. El defensor de los adolescentes es Manuel Alejandro Aguirre.
La confesión de David
El 14 de mayo pasado los cinco imputados coincidieron en la calle donde vivían, en el fraccionamiento Laderas de San Guillermo, y encontraron a Cristopher, a quien apodaban ‘El Negrito’, y lo invitaron a jugar a los secuestros. “Él aceptó”, dijeron.
Cristopher tenía sólo seis años y casi siempre jugaba con sus primos que ahora están imputados (Valeria, Irving y Jorge, éste último de 15 años), aunque también lo maltrataban e incluso lo invitaban a fumar, de acuerdo con el testimonio de un vecino y amigo de algunos de los imputados.
En su confesión, Valeria aseguró que la mamá del niño no lo trataba bien, que éste se mantenía en la calle y todos los días iba a pedir desayuno a su mamá.
“La mamá del ‘Negrito’ estuvo casada con un primo de mi mamá”, dijo Valeria cuando la detuvieron en el municipio de Aquiles Serdán, donde se encuentra el fraccionamiento donde viven.
Por su parte, dos amigas de los adolescentes señalaron que a Irving, Valeria, Jorge y a David les gustaba matar perros, versión que han confirmado los imputados, dos de los cuales sólo señalan a Irving como el que “mata perros”.
Otro amigo de la colonia sostuvo que él también jugaba con el grupo, pero dejó de hacerlo porque por lo menos David y Valeria fumaban mariguana y a todos les gustaba matar perros, por eso, apuntó, él y su hermano se separaron de ellos.
El día del homicidio el hermano de David (es su gemelo) los vio con Cristopher y le dijeron que iban a tirar un perro. David le pidió a su hermano que regresara a la casa porque “se iba a poner fea la cosa”.
En compañía de sus papás, los cinco declararon que llevaban una perra con sarna que vivía en la casa de los tres hermanos, y llevaban una cadena con la que dirigían al animal y un cuchillo pequeño.
Los adolescentes tiraron a la perra, y en el camino se les ocurrió jugar a los secuestradores. La víctima sería Cristopher. Unos aseguran que la idea fue de David y otros que de Irving, pero todos aceptaron su participación.
“El jueves llegué de la escuela y Valeria fue por mí para acompañarlos a tirar un perro. Iba con ‘El Negrito’”.
A Cristopher le dijeron que se fuera por otra calle porque si lo veía su mamá con ellos, no lo iba a dejar ir. Iban David, Jorge, Valeria, Lety e Irving. Mataron al perro a pedradas y le prendieron el cuchillo que llevaba Lety.
Cuando decidieron jugar a los secuestradores, Valeria, Jorge y Lety se fueron con el niño hacia abajo del arroyo, y David e Irving caminaron por arriba. Según David, les propuso taparse la cara para que no los reconociera Cristopher, quien los podría acusar con su mamá.
Cuando bajaron el arroyo le taparon la cara al niño y éste comenzó a llorar. Irving le dijo que se callara porque si no lo iban a matar, luego de lo cual el adolescente menor cortó un palo de una rama y le pegó en la espalda.
Arriba de donde estaba Cristopher había espinas, las arrancaron y se las pusieron en la cara. David le tapó los ojos e Irving le puso en la boca una bolsa de un centro comercial que estaba tirada en el lugar.
“Valeria le amarró las piernas con la cadena que llevaba de su casa y le amarró las manos. Irving le puso un palo en el cuello” y se subió en él para ahorcarlo.
Luego le pidieron a Valeria que mejor se subiera ella porque está más pesada. Después también subió David y duró un rato ahí, hasta que Lety le pidió ayuda para hacer un hoyo con la navaja.
“Ya le había puesto Valeria la cadena en el cuello y Jorge lo jalaba de la cadena con el palo en el cuello. Valeria dijo que ‘El Negrito’ aún respiraba. Le aventaron piedras en la cabeza y Lety pidió el cuchillo a Valeria, le dio varias cuchilladas por las costillas”, detallaron.
Al final le echaron tierra encima y cada uno se fue a su casa, pero antes David les dijo que se bañaran para que nadie sospechara y luego salieron nuevamente, como si nada hubiese pasado. “Irving dijo que él iba a lavar la cadena y el cuchillo para que no hubiera huellas”, relataron los menores.
Alrededor de las 11 de la noche la mamá de Cristopher fue a la casa de los tres hermanos para buscar a su hijo. La acompañaron a buscarlo para que nadie sospechara. No lo encontraron.
Tania Mora dio aviso a las autoridades, quienes el 16 de mayo salieron a buscar a Christopher junto con la mamá.
El 15 de mayo Irving confesó a una amiga que habían matado a Cristopher, pero no le creyó.
Alrededor de las 10:00 horas del 16 de mayo, una agente ministerial habló con la psicóloga Sairy Yaneth del área de menores infractores de la Dirección Pública del municipio de Aquiles Serdán y del DIF municipal, quien le informó que la madre de David se había comunicado con ella para darle información sobre el caso.
David tiene una hermana de 18 años de edad y trabaja en una maquiladora. Alrededor de las 7 de la mañana del 16 de mayo planeaba irse de su casa porque tuvo problemas con su mamá. Al acercarse a David para que le ayudara a llevar las maletas, se dio cuenta que éste no podía dormir.
Ella le preguntó a su hermano qué le pasada y David le dijo que no dejaba de pensar en ‘El Negrito’. Ella creyó que era porque lo extrañaba, ya que hasta ese momento no lo habían localizado.
“David se hincaba y agarraba la cabeza, decía que lo escuchaba y se puso ‘chinito’”, declaró la hermana del imputado.
La hermana le dijo a David que se iba de la casa para ir a vivir con una tía y le pidió que la acompañara. Durante el camino, David le contó que el jueves anterior iban a jugar a los secuestradores y Cristopher sí quiso. Luego le relató todo lo que habían hecho.
Ese mismo día le comentó que planeaban irse con familiares de Lety para trabajar como narcos, porque la mamá de Cristopher ya estaba sospechando por los problemas que siempre tenía con sus sobrinos.
Cuando David confesaba el crimen a su hermana, ésta recibió un mensaje de su mamá, quien le pidió que regresara de inmediato, y la regañó. La joven le dijo a su mamá que mejor se enfocara en atender a David y que le preguntara lo que había hecho.
La madre de David se alteró y comenzó a preguntar a sus otros hijos si sabían algo y ellos sugirieron que Lety podría darle información. De inmediato se dirigieron a la casa de la adolescente y ella confesó todo.
Posteriormente David indicó a las autoridades dónde estaba el cuerpo. Los agentes llegaron al lugar y observaron que dentro de la zanja había un tenis y salía un olor fétido.
Alrededor de las 11:30 horas acordonaron el área del crimen y luego llegaron los coordinadores del Servicio Médico Forense y de Servicios Periciales, así como personal de la unidad de agentes especializados en justicia para adolescentes en conflicto con la ley.
El juez los vinculó a proceso a los adolescentes por el delito de homicidio calificado con ventaja, alevosía y premeditación, que de acuerdo con la ley se paga con siete a ocho años de internamiento.
Hasta ahora Las audiencias continúan. Valeria, Lety e Irving se encuentran en albergues a cargo del DIF estatal, y David y Jorge están en el Centro Especializado en Reinserción para Adolescentes Infractores de la ciudad de Chihuahua. No obstante, el proceso contra este último se suspendió para realizarle estudios psicológicos, psquiátricos y neurológicos que permitan confirmar o descartar un probable retraso mental.
-Reportan el séptimo asesinato de una mujer en Quintana Roo
CANCÚN, Q. Roo.- En medio de una serie de homicidios de mujeres en Cancún y Playa del Carmen, esta mañana fue reportada otra víctima en Chetumal, la capital, con lo que suman siete asesinatos en tres semanas en el estado.
En este caso la Policía Estatal Preventiva (PEP) detuvo al presunto homicida que era pareja de la víctima y quien había incurrido reiteradamente en violencia de género en agravio de la hoy occisa.
En las dos últimas dos semanas se han acumulado siete homicidios contra mujeres registrados en Cancún, Playa del Carmen y ahora en Chetumal, con los que suman nueve crímenes en lo que va de 2015. Según las autoridades, en la mayoría de los casos los presuntos responsables han sido parejas de las víctimas.
Ante la presión de organismos no gubernamentales de Cancún por los asesinatos, el reclamo de abordarlos como feminicidios y que se declare la alerta de género, el gobierno del estado salió de inmediato a minimizar este homicidio ocurrido en Chetumal.
“Fue solo un lamentable caso derivado de violencia intrafamiliar”, destacó la Unidad del Vocero (UV) del gobierno del estado en un comunicado.
De acuerdo con informes de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP), alrededor de las 5:30 horas una mujer identificada como Yolanda llegó al domicilio de una vecina pidiendo ayuda a gritos, ya que su pareja sentimental –al cual identificó como El Güero– la perseguía con el fin de matarla.
La propietaria de la vivienda, ubicada en las calles Mantos y Teresitas de la colonia Jardines, logró abrir el candado para que la mujer se pusiera a salvo, pero el esposo saltó la cerca de madera.
El sujeto alcanzó a Yolanda y la lesionó varias veces con un objeto punzocortante para después darse a la fuga.
Elementos de la PEP realizaron un operativo en la zona y lograron capturarlo.
El sujeto fue encontrado en completo estado de ebriedad, tendido y lesionado, aparentemente por una caída.
En la orfandad quedaron tres niños: el mayor de 5 años y el menor de 8 meses.
La SEP identificó a la víctima como Yolanda Sánchez Pérez y al agresor como Jaime Abraham May Alfaro, quien estaba ebrio y drogado.
De acuerdo con el comunicado de la Unidad del Vocero, “el marido agresor tenía antecedentes de violencia contra su esposa a la que golpeó y mató”, además de que “no cumplía con la manutención a sus hijos”.
Por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, Jaime Abraham May Alfaro ingresó al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal el 3 de enero de 2012 y salió libre dos días después.
También fue detenido por lesiones dolosas en agravio de Yolanda Sánchez Pérez, por el que permaneció preso tres meses en 2013.
-Denuncian “siembra” de armas y drogas a exmilitar detenido en Veracruz
El exmilitar José Alberto Morales lleva 40 días detenido en la prisión de Duport Ostión, en el municipio de Coatzacoalcos, acusado de portar armas de diversos calibres de uso exclusivo de las fuerzas castrenses.
Luz del Alba Miss, madre de José Alberto, denunció que elementos del Ejército Mexicano le sembraron las armas a su hijo cuando allanaron su casa sin una orden de cateo, el pasado 23 de septiembre.
“Me están presionando del juzgado. El juez tercero de primera instancia, que sólo conozco por el nombre de Héctor, me exige 400 mil pesos para liberar a mi hijo… Eso fue la semana pasada, ahora ya me exige 200 mil pesos y un automóvil nuevo. Con los abogados también he tenido problemas, y ellos tienen toda la documentación que prueba la inocencia de mi hijo, estoy desesperada”, dice en entrevista vía telefónica con apro.
Según Morales Miss, los militares nunca le dijeron el motivo por el que fue sacado con violencia de su domicilio y tampoco se identificaron. “Me decían que ya me iba a cargar la chingada. Me dieron golpes en la cabeza y me amenazaban con dispararme”, expuso en su declaración ministerial, de la cual este reportero tiene copias fotográficas.
Por su parte, Luz del Alba señala que entre las irregularidades cometidas contra su hijo destaca el hecho de que no hay un informe de balística, y las armas presentadas como pruebas son inservibles, además de que tras su detención, José Alberto –añade– fue presentado directamente en la Procuraduría General de la República (PGR).
Precisa que los acusadores sólo reportaron una unidad de militares durante la detención, pero los vecinos aseguran que eran dos unidades y 12 elementos castrenses quienes se lo llevaron.
Además, agrega, hay contradicción en las declaraciones de los propios elementos del Ejército que realizaron el cateo, como Alberto Carvajal, el cabo de infantería Heriberto Javier Aguilar y los soldados Juan Flores Muñoz y Carlos Daniel de los Santos. “Ellos omiten la unidad, discrepan en la detención de mi hijo y cómo procedieron, razón por la que mi hijo teme por su vida dentro del penal”, dice.
Entre las pruebas de cargo para la defensa de José Alberto Morales, la madre del exmilitar facilitó fotografías donde se presume exceso de la fuerza pública al romper la cerradura de la puerta de la casa del exmilitar, huellas de patadas en el interior del departamento, así como los golpes en el rostro de Morales Miss. Además, apunta, los militares lo querían “obligar” para que sonriera para la foto.
En el juicio de garantías que interpuso la familia del acusado sostiene que los elementos del Ejército Mexicano sometieron al acusado a tortura y tratos crueles, inhumanos y denigrantes.
“Para robustecer sus pruebas, los militares presentaron una camioneta blanca Mazda modelo CX-5 con placas de circulación de Puebla. Y otro dato que consideramos importante es que en el penal Duport Ostión también fue internada la empleada doméstica, cuya única única relación con mi hijo era que realizaba el aseo de la vivienda”, concluye la madre del detenido.
-Confirma OCDE previsión de menor crecimiento en México
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) redujo el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana de 2.9 a 2.3% para este año, ante la debilidad del comercio exterior.
Al dar a conocer su reporte de Perspectivas Económicas, el organismo encabezado por José Ángel Gurría advirtió que “los factores adversos han aumentado en general, lo cual refleja precios más débiles de las commodities, condiciones crediticias más restrictivas y un menor potencial de crecimiento de la producción”.
Lo anterior “conlleva el riesgo de que las salidas de capitales y las fuertes depreciaciones de los tipos de cambio expongan vulnerabilidades financieras”.
Sin embargo, para los economistas de la OCDE las reformas podrían detonar el crecimiento en los siguientes años:
“Para México la implementación de las importantes reformas de los últimos dos años y medio darán frutos. Creemos que ha mejorado mucho el clima de los negocios y en los próximos años mejorará el consumo, la actividad manufacturera, apoyando más empleo en el mercado formal y el aumento de los ingresos familiares”, señaló Álvaro Pereira, jefe de estudios de país del departamento de economía de la OCDE en videoconferencia, desde París.
De acuerdo con el especialista, México depende directamente de la economía de Estados Unidos, que en el próximo par de años se espera registre un crecimiento entre 2.4 o 2.5%, lo cual “será un crecimiento robusto y esto es importante para México”.
No obstante, Pereira señaló que “la caída en precios de commodities, principalmente el petróleo, tendrán un impacto; también la cuestión de China es importante, pero la parte del comercio mundial será fundamental y México cada día es un país más abierto”.
Según la OCDE, la brusca caída de las economías de mercado emergente y del comercio mundial ha debilitado el crecimiento mundial ubicándolo en alrededor de 2.9% este año –muy por debajo del promedio de largo plazo– y es una fuente de incertidumbre para las perspectivas a corto plazo.
De hecho, el reporte precisa que la transición de China de un modelo basado en las inversiones en infraestructura y en la manufactura a otro más asentado en el consumo y los servicios es, en gran medida, lo que está detrás del estancamiento e incluso declive del comercio mundial desde finales de 2014.
El crecimiento del PIB chino será este ejercicio por primera vez desde comienzos de siglo inferior a 7 % (en concreto 6.8 %).
-Ordena INAI a SEP revelar nombres y resultados de docentes evaluados
La Secretaría de Educación Pública (SEP) deberá dar a conocer los nombres de los docentes con sus respectivos resultados, en el marco de la Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servicio, de Educación Básica, para el año 2012, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
En respuesta a un particular que solicitó esa información, el sujeto obligado puso a su disposición un disco compacto que contiene la base de datos relacionada con los diagnósticos y opciones formativas de los participantes de educación primaria a la Primera Fase de la Evaluación Universal 2011-2012.
Sin embargo, respecto a la calificación obtenida en el examen, el número de aciertos y desaciertos en general, y en cada unidad de diagnóstico, la SEP clasificó la información por un periodo de tres años.
Inconforme, el particular presentó recurso de revisión ante el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), en cuya resolución se instruyó a la entrega de la información concerniente a los resultados obtenidos por los maestros que participaron en 2012 en dicha evaluación, exclusivamente de educación primaria (general, particular e indígena), en lo que tiene que ver con el resultado obtenido en cada una de las unidades diagnóstico evaluadas, identificando el tema evaluado respecto de cada Unidad de Diagnóstico, el valor en porcentaje de los reactivos aplicados para cada tema y en función de ellos los resultados obtenidos igualmente en porcentajes, así como en aciertos generales.
Asimismo, reclasificó la asociación del nombre del docente evaluado con sus respectivos resultados, lo anterior, para evitar disturbios sociales que desemboquen en manifestaciones y acciones violentas que pongan en riesgo la integridad y seguridad de las personas.
Esa resolución quedó sin efectos, mediante sentencia de 31 de marzo de 2014 en el amparo indirecto 1174/2013-II, dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en cuyas consideraciones el juzgador señaló que el IFAI basó su negativa fundándose en cuestiones políticas, cuando su fundamento debió ser jurídico pues lo contrario resulta inconstitucional; de esta manera, dejó insubsistente la resolución dictada en el Recurso de Revisión de fecha 12 de junio de 2013.
En contra de esa sentencia, se interpuso recurso de revisión, cuya resolución, del 2 de octubre de 2015, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la sentencia dictada el 31 de marzo de 2014.
Derivado de lo anterior, el INAI realizó un segundo análisis del caso, ahora a cargo de la ponencia de la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, en el que se consideró que la asociación del nombre del docente evaluado con sus respectivos resultados, lleva implícita una relevancia pública porque refiere a la identificación, en cuanto a sus habilidades y aptitudes para la enseñanza de personas, que decidieron desempeñar un rol de interés público, ser transmisores del conocimiento en una etapa del educando que constituye la base de su existencia en el mundo académico, la educación primaria; es decir, son responsables de la ejecución de un derecho humano fundamental, el derecho a la educación de calidad.
Señalando además que se trata de datos ya dados a conocer en la página electrónica “Evaluación Universal de Docentes y Directivos en el Servicio de Educación Básica”, en la cual se proporciona la base de datos a nivel nacional de los docentes que aplicaron dicha evaluación. Asimismo, en dicha página, es posible consultar el resultado obtenido por cada docente que presentó los exámenes de la “Evaluación Universal”.
Si bien la asociación del nombre del docente evaluado con sus respectivos resultados, envuelven la naturaleza de datos personales, también es cierto que envuelven una relevancia pública y por ello este tipo de información no debe ser susceptible de confidencialidad.
Por el contrario, se dijo, si la información fuese clasificada como confidencial, se traduciría en una negativa de acceso ad perpetuam, o bien hasta que el titular de cada dato otorgase su consentimiento para conocer sus resultados respectivos, situación que en nada favorecería al interés público, la transparencia y la rendición de cuentas.
Se expuso que aun cuando en la resolución al RDA 4638/12, del 12 de junio de 2013, el pleno del entonces IFAI determinó reclasificar la asociación del nombre del docente evaluado con sus respectivos resultados, lo cierto es que no se advierte la manera en que dicha información pudiera incentivar o potenciar disturbios sociales que desemboquen en manifestaciones y acciones violentas que pongan en riesgo la integridad y seguridad de las personas.
Asimismo, debe considerarse que el actual pleno del INAI ya se ha pronunciado respecto de la publicidad de la información materia de análisis, en el recurso de revisión RDA 1312/15, resuelto el 29 de abril de 2015, criterio tomando como referencia en el recurso de revisión RDA 4638/12 BIS.
“La evaluación de los maestros debe reconocerse como una importante herramienta, para mejorar la calidad y la equidad de la educación, lo que impacta en el progreso del país. En el caso concreto, el derecho a la educación cobra especial relevancia, porque potencializa el ejercicio de otros derechos humanos y permite a la sociedad evaluar si dicha educación es de calidad”, enfatizó la ponente.
Por lo anterior, a propuesta de la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, el pleno del INAI modificó la respuesta de la SEP y le instruyó a entregar la información relativa a la asociación del nombre del docente evaluado con sus respectivos resultados, con independencia de si estos constan en aciertos y desaciertos o en porcentajes –en el marco de la Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servicio, exclusivamente de educación primaria (general, particular e indígena)– relativa a la Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servicio de Educación Básica, para el año 2012.
-Denuncian derrame de un líquido residual en represo de Río Sonora
Los Comités de Cuenca Río Sonora, que se constituyeron el año pasado a raíz del derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi, documentaron con fotografías el escape de un líquido residual en un represo aparentemente irregular.
“Se desconoce si estas nuevas acumulaciones obedecen a una inundación por gravedad del represo aprovechando el cauce del arroyo El Jaralito, si se debe a una fuga de concentrados planeada o fuera de control en las instalaciones de Buenavista del Cobre y/o a cualquier otra causa”, detallaron los comités en un comunicado que difundieron este lunes.
Las coordenadas GPS de esa zona son 30°51’3” Norte y 110°18’212” Oeste, precisa el texto, acompañado de las evidencias gráficas.
Por lo anterior, los pobladores de la región pidieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizar muestras y, en caso de constatar una violación a los derechos ambientales, que “se decrete al menos la clausura temporal de las obras y lo que sea adecuado para impedir que se siga inundando esa zona”.
A más de 15 meses del desastre ambiental –parte del cual tiene su origen en la negligencia de la empresa minera, filial de Grupo México–, los pobladores siguen amparados contra Buenavista del Cobre por incumplir con sus compromisos para remediar los daños ambientales.
El pasado jueves 5 un grupo de 50 académicos presentó los resultados preliminares de un estudio ambiental de más de 3 mil muestras en las cuencas sonorenses y dio a conocer la presencia de metales pesados en las aguas superficiales de la presa hermosillense El Molinito.
-Mayor presupuesto no ha mejorado calidad de servicios de salud: reporte
Aunque entre 2004 y 2015 se duplicó el presupuesto federal en salud para la población sin seguro social, al pasar de 108 mil millones de pesos a 236 mil millones, esto no ha llevado a mejores servicios ni a acceso efectivo a la salud: las recetas no se surten, hay largas esperas para consultas especializadas, estudios y cirugías, y hasta llegan a negarse los tratamientos.
Esto señaló la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza en el Primer Reporte Ciudadano sobre Calidad y Acceso Efectivo a la Salud, que se realizó a partir de la aplicación de 6 mil 700 cuestionarios a usuarios en 160 instalaciones de salud en 16 estados entre julio y octubre pasados.
El documento presentado este día revela que la información que ofrece el sector salud sobre los servicios que presta está incompleta, no es consistente y presenta errores.
Entre los principales hallazgos del reporte están que una tercera parte de las unidades de salud (32.6 por ciento) no han reportado información sobre calidad de los servicios que prestan en los últimos 4 años. Las cinco entidades con peor rendición de cuentas en sus indicadores de calidad son Baja California Sur, Chiapas, Distrito Federal, Michoacán y Coahuila.
Además el 46.2 por ciento de las unidades de salud no reportaron información en el último periodo de 2014 y casi dos terceras partes de las unidades de primer nivel urbano y seis de cada diez de las del área rural tienen fallas en surtir completos los medicamentos, una tercera parte de los pacientes no recibe los medicamentos que se le recetan y 3.9 millones de personas tuvieron que pagar por consultas, medicamentos o estudios de laboratorio.
La organización llamó a la Cámara de Diputados para que en la iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se incluyan obligaciones de evaluación y rendición de cuentas que garanticen que los recursos se transparenten hasta su destino final, ya que el incremento presupuestal no se ha reflejado en un incremento equivalente en número de médicos, enfermeras, medicamentos, insumos, camas de hospital y consultorios.
-Desalojo en la UAM Xochimilco por amenaza de bomba
Estudiantes, académicos y trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco fueron desalojados de las instalaciones ante la amenaza de un supuesto artefacto explosivo.
Al lugar llegaron elementos de seguridad para revisar el inmueble. El desalojo se llevó a cabo sin que se registraran mayores incidentes, aunque el operativo ha entorpecido el tránsito vehicular en las inmediaciones de la UAM Xochimilco, ubicada en Calzada del Hueso, al sur de la ciudad de México.
En el último año esta es la segunda ocasión que la casa de estudios recibe una amenaza de este tipo.
La comunidad universitaria espera si reingresará a las instalaciones o se suspenderán las actividades. Las autoridades no se manifestaron de inmediato.
La unidad Xochimilco permanecerá cerrada entre cuatro y cinco horas para realizar los protocolos de seguridad.
-Implementarán operativo vial en el DF por fin de semana largo
La administración capitalina pondrá en marcha un operativo especial en la salida a Cuernavaca, que incluirá carriles reversibles en la parte de Viaducto-Tlalpan, con motivo del próximo fin de semana largo, del 14 al 16 de noviembre.
Personal de la Secretaría de Seguridad Pública serán distribuidos en la zona para agilizar el tránsito vehicular hasta llegar a la caseta, debido a los trabajos que se realizan de la construcción de la Autopista Urbana Sur.
Los carriles reversibles contarán con diferentes horarios en las entradas y salidas de la carretera México-Cuernavaca, aunque no se fijaron las horas, aunque en Eje 5 Sur o Fray Servando, por ejemplo, aplica de las 6 a las 10 y de 18 a 21 horas, de lunes a viernes.
-Matan a seis indígenas nahuas en Guerrero
Chilpancingo, Gro. Seis indígenas nahuas, entre ellos dos menores, fueron asesinados en las inmediaciones del poblado Tetitlán de las Limas, municipio de Chilapa.
Según el reporte del gobierno estatal, en Tetitlán de las Limas fue hallado el cadáver del campesino Moisés Calzada Rendón, debajo de una camioneta Ford F250 blanca, placas HD-75-355 del estado.
Metros más adelante estaba el taxi 012, que quedó incinerado. Luego en una vaguada se hallaron otros cinco cuerpos, de tres hombres y dos mujeres, con varios balazos de diversos calibres.
Uno de los cadáveres correspondía al de un niño de un año de edad; y otro a una menor de siete años.
Cinco de los occisos fueron plagiados en el poblado de Tepozcuautla, y a Moisés Calzada lo sacaron de su casa, en Tetitlán de las Limas.
Las autoridades detectaron a tres o cuatro sujetos que viajaban a bordo de un taxi, y de quienes se supone que intentaban realizar secuestros en el poblado de Tepozcuautla y más tarde en Tetitlán.
Además de Calzada Rendón, las víctimas son los niños Rubí Hernández, Brayan Hernández, y su mamá María Guadalupe Carreto González; Rubén Carreto Carreto, y Antonio Godínez Cortés.
-INAI y SAT firman acuerdo de colaboración de información fiscal
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) firmaron un convenio de colaboración para intercambiar información fiscal sobre sujetos obligados sometidos a procedimiento de verificación y sanción por infringir la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
Con este convenio el SAT proporcionará al INAI las declaraciones fiscales de los sujetos obligados que incurran en violaciones a la citada Ley, así como a la Ley General de Transparencia, a efecto de conocer su capacidad económica e imponerles las multas correspondientes.
La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares establece para el INAI la facultad de conocer y resolver los procedimientos de protección de derechos y de verificación, así como imponer las sanciones según corresponda.
El convenio, signado por la comisionada presidente del INAI, Ximena Puente de la Mora, y el jefe del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, permitirá que el Instituto funde y motive debidamente sus resoluciones relacionadas con la imposición de sanciones a quienes hagan mal uso de datos personales.
Puente de la Mora destacó que este convenio constituye el primer acuerdo específico entre un sujeto obligado y el INAI para poner en marcha acciones específicas, claras y concretas, en beneficio de la protección de los datos personales de las y los mexicanos.
"Establecerá la posibilidad de tener un mejor control en materia de multas impuestas por este instituto, facilitando la obtención de información necesaria para motivarlas a través de las declaraciones presentadas por los presuntos infractores en el procedimiento de imposición de sanciones", explicó.
La comisionada presidente del INAI aseguró que habrá absoluta confidencialidad en la información que entregue el SAT y que servirá para verificar la capacidad económica de quienes están sujetos a procedimiento.
Asimismo, Puente de la Mora refrendó el compromiso del INAI de dar acompañamiento al SAT para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y protección de datos personales.
En su mensaje, el Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez Sánchez, señaló que suscribir este convenio facilita, a través de procedimientos acordados entre ambas instituciones, entregarles la información que les permita cumplir con sus atribuciones de manera más eficiente, y particularmente en la imposición de las sanciones en razón de la capacidad económica que tengan los sujetos obligados.
Expresó que el SAT posee una gran cantidad de datos personales, económicos y fiscales de los ciudadanos mexicanos lo cual lo obliga a tener muchos escrúpulos en el manejo de la información, a soportar con mecanismos de seguridad su protección en beneficio de la ciudadanía, siempre apegados al marco legal, y a manejarlos correctamente en el ejercicio de sus atribuciones.
"El que tengamos la posibilidad de celebrar un convenio es relevante porque se da en un momento en que las instituciones en México requieren recuperar su credibilidad, lo cual se logra actuando con transparencia, observando siempre la Ley, y esa es precisamente nuestra premisa en el SAT: recuperar la confianza del ciudadano en las instituciones", comentó.
-Abogan por considerar uso medicinal de la mariguana
Tlacolula de Matamoros, Oax. La mariguana además de servir como enervante tiene propiedades medicinales las cuales han sido aprovechadas desde antaño por médicos tradicionales, sin embargo, esta tradición ha quedado prácticamente en el olvido, pues son escasos quienes aún preparan el alcohol o pomada de esta hierba, que sirve para tratar padecimientos como las reumas o la artritis, señaló la médico Mireya Hernández Méndez.
Ante la resolución de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes aprobaron el uso lúdico de la mariguana para cuatro personas que tramitaron un amparo, señaló que buscará junto a otros médicos tradicionales buscar otro amparo, pues “si les dieron permiso a estas personas para utilizar recreativamente la hierba, con más razón deberían permitir su uso medicinal”.
Anteriormente dijo, era muy común que los llamados médicos tradicionales utilizaran la mariguana para la creación de tónicos o ungüentos para tratar distintas enfermedades. Sin embargo, se dejó de utilizar ante la prohibición de las autoridades quienes clasificaron dicha hierba como una droga.
Esto derivó en que su uso medicinal quedara prácticamente en el olvido, añadió.
-Indeseable legalizar la mariguana: Peña Nieto
Luego de instruir a la Secretaria de Gobernación a abrir un "debate amplio" sobre la legalización de la mariguana, el presidente Enrique Peña Nieto expresó que en lo "personal" no es deseable dicha legalización, porque esa apertura puede llevar al uso de otras drogas más dañinas.
Sin embargo, dijo que "no puedo ser dueño de la única verdad", por los que el gobierno federal está abierto a escuchar opiniones de la sociedad civil, expertos y legisladores para definir lo que será el marco regulatorio que optará el país.
Al inaugurar el 4o. foro nacional Sumemos Causas "Por la Seguridad, Ciudadanos + Policías", el mandatario se refirió se manera expresa a la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al fallo judicial que avala el uso lúdico de la mariguana.
El presidente Peña Nieto señaló que el debate sobre el tema servirá para que el gobierno federal defina la posición que llevará a la asamblea que Naciones Unidas ha convocado para el tema de las drogas en abril próximo.
En el evento, al que asistieron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la procuradora General de la República, Arely Gómez, el titular del Ejecutivo federal reconoció que sobre este tema de la legalización de la mariguana no hay un clamor o posición única, sino más bien posiciones encontradas y polarizantes.
En el foro, que continuará por la tarde y mañana martes, el presidente Peña señaló también que el gobierno federal no rehuye el tema de seguridad pública, pero que tampoco sustituir o reemplazar a las autoridades de los otros niveles de gobierno.
Durante el foro se analizan en varias ponencias y mesas de debate la implementación del nuevo modelo institucional en seguridad pública.
Se citó que al 30 de septiembre, mil 762 municipios y delegaciones (72 por ciento de los 2 mil 61 que hay en todo el país), donde viven 86 por ciento de la población, han firmado convenios de colaboración en materia de Mando Único Policial
Respecto al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, información oficial señala que 6 entidades federativas ya opera dicho sistema en todo su territorio, mientras que en 25 más lo hacen sol de manera parcial. En Sonora iniciará parcialmente el 15 de diciembre próximo.
-La PGJDF pretende dar carpetazo al multihomicidio en la Narvarte
Cumplidos los primeros 100 días del caso Narvarte, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se encamina a cerrar el caso, pese a las múltiples dudas que subyacen todavía. Por ello, los abogados coadyuvantes interpusieron el pasado 5 de noviembre una demanda de amparo ante el Poder Judicial Federal contra la dependencia que dirige Rodolfo Ríos Garza.
El argumento es que la PGJDF se negó a informarles por escrito los avances de la investigación del crimen ocurrido el pasado 31 de julio en el departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Saviñón, donde fueron asesinadas Milena Virginia Martín, Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Quiroz Alfaro, Nadia Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril.
No sólo eso: la Procuraduría puso pretextos para no realizar o aplazar –sin fecha definida–, la realización de por lo menos 50 peritajes y diligencias específicas, así como la reconstrucción de hechos que la coadyuvancia le pidió por escrito dos veces –el 5 de agosto y el 10 de septiembre– para complementar la indagatoria y aclarar el crimen.
La solicitud de los demandantes incluía acciones que apuntan a Veracruz, de donde salieron el fotoperiodista de Proceso y Cuartoscuro Rubén Espinosa, y la activista Nadia Vera, exiliados por las amenazas y acoso que, a decir de ellos públicamente, provenían del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
El pasado 12 de octubre, la PGJDF respondió a los abogados con la negativa de cumplir dichas peticiones, pues consideró que no era “necesario ni obligatorio” darles un informe por escrito. Entre sus argumentos expuso que los interesados han tenido “múltiples” reuniones informativas con las autoridades encargadas de la investigación, entre ellos Edmundo Garrido, subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales; Marco Reyes, fiscal de Homicidios; y Raúl Peralta, director de la Policía de Investigación de la dependencia.
También alegó que los interesados han podido revisar el expediente del caso en días y horarios hábiles. Sin embargo, la PGJDF no aclaró que éste es un derecho legal de la coadyuvancia, no un favor de la dependencia.
Sobre los peritajes y diligencias solicitadas, la PGJDF respondió que las realizará sólo si el Ministerio Público las considera “dables y oportunas” y si ello ocurre, se harían “en su momento procesal oportuno”.
De acuerdo con la demanda de amparo interpuesta por los abogados, con su respuesta la Procuraduría no dio “cumplimiento a su obligación constitucional y legal de informar a las víctimas sobre el desarrollo del proceso y no solventó las dudas que se plantearon”. Por si fuera poco, dejó a los familiares de las víctimas “en un estado de indefensión” pues no les dio ninguna certidumbre sobre el móvil del asesinato de sus familiares aquella tarde del 31 de julio.
Inconsistencias impiden cierre
Un resumen ejecutivo sobre el avance en la investigación del multihomicidio de la colonia Narvarte, elaborado por los abogados Karla Micheele Salas y David Peña –defensa de las familias de Nadia Vera y Mile Virginia Martín–, asegura que, pese a las inconsistencias en el expediente señaladas por los abogados coadyuvantes, la PGJDF les ha informado que en las próximas semanas el caso va a ser “cerrado y archivado”.
Entre las principales observaciones que alegan los también integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) está el doble discurso de la PGJDF. Y es que, dicen, por un lado el procurador Ríos Garza, ha presentado públicamente a tres personas –Daniel Pacheco Gutiérrez, José Abraham Torres Tranquilino y César Omar Martínez Zendejas– como las que “estuvieron presentes en el departamento el día de los hechos” y aparecen en los videos captados por las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SP-DF) cuando entraron al edificio de la calle Luz Saviñón.
Sin embargo, el funcionario ha sido “muy cuidadoso” en no señalarlos públicamente como los responsables de los asesinatos. De esta manera, aclaran, evita “que los medios de comunicación le inquieran sobe la mecánica de los hechos, el móvil o la organización previa para el crimen”.
No obstante, los tres detenidos han recibido el auto de formal prisión por los delitos de homicidio y cuatro feminicidios, además del robo calificado. De hecho, Pacheco, Torres y Martínez se encuentran presos en el reclusorio Preventivo Oriente, en una zona conocida como “Diamante”. Se trata de un módulo de alta seguridad, con extrema vigilancia y salidas al patio, visitas y uso de dinero restringidos. Ahí están recluidos secuestradores, multihomicidas y líderes del crimen organizado… aquellos considerados como peligro para la sociedad. Por ejemplo, ahí están presos los acusados por el caso Heaven.
Una segunda inconsistencia, añaden, es que a más de tres meses de investigación, la PGJDF no ha podido establecer ni probar el móvil del multihomicidio. “No sabe cuál fue la motivación de este atroz crimen, por qué cuatro de las cinco víctimas fueron torturadas, ni por qué ni para qué actuaron de la forma en que lo hicieron las personas responsables de los hechos”.
Para colmo, agregan, las autoridades de justicia les han dicho que “no es obligación de la PGJDF el probar el móvil, eso en este caso es una exquisitez”. Así les respondieron en la reunión realizada el jueves 27 de agosto.
Como tercer punto, la coadyuvancia observa que tanto Pacheco Gutiérrez como Torres Tranquilino han admitido la participación de más personas y más vehículos antes y después de cometido el crimen. En su edición 2038, Proceso informó de la existencia de una videograbación captada por cámaras particulares a las 19:07 horas de aquel 31 de julio en calles de la delegación Coyoacán. Las imágenes mostraron el intercambio de un paquete negro y un sobre amarillo que Abraham y Omar tuvieron con al menos otra persona más.
El mismo Abraham lo reconoció en la ampliación de su declaración: “En el fotograma señalado con la hora 19:08:26 se ve a Omar después caminando hacia un sujeto con una playera color café clara como beige, sin saber quién es, porque es la gente de Omar…”.
En otra parte de su testimonio, el expolicía capitalino mencionó la presencia de dos personas a quienes reconoció como “gente de Omar”, quienes los ayudaron cuando el Mustang –propiedad de Mile y que robaron después del crimen– empezó a fallar y lo metieron al estacionamiento de un hotel ubicado en la calzada de Tlalpan: “Entonces llegan los del carro y me introducen al vehículo, pero a mí me ponen en la parte posterior atrás del copiloto, pero me piden que agache la cabeza, pues no quería Omar que viera a los otros dos tipos y le dijeron ellos que a mí me hubiera mandado Omar en Metro…”.
Otra inconsistencia marcada por los abogados y que la PGJDF no ha aclarado es el hallazgo en el departamento del ADN de una cuarta persona que participó en el multihomicidio. El material genético se obtuvo cuando — a petición de la coadyuvancia– se procesaron pericial y químicamente algunos objetos localizados en la zona del crimen, entre ellos, la liga para hacer ejercicio con la que fue asfixiada Nadia Vera. En ese artículo deportivo se encontró “una muestra de ADN con 14 marcadores definidos y sólo un marcador mezclado” que corresponden a los de una persona de sexo masculino, que no es ninguno de los tres detenidos ni de Rubén Espinosa. Eso, dicen, “nos obliga a pensar la participación de cuando menos una persona más en estos hechos”. Pero la PGJDF no ha mencionado nada al respecto.
Es el mismo caso en cuanto a las huellas dactilares que se encontraron en el departamento y en el Mustang y que no corresponden ni a las víctimas ni a los tres detenidos. Por ello, dicen los abogados, la Procuraduría “no ha podido tampoco descartar la presencia de otros sujetos en el departamento al momento de crimen”.
En el resumen ejecutivo del caso, los autores destacan que la PGJDF realizó un cruce de llamadas telefónicas entre los tres detenidos con el cual construyó una “red” de comunicaciones con la que pretendió acreditar que se “organizaron” para cometer el crimen.
No obstante, dicen que la autoridad ha omitido investigar el cúmulo de llamadas que los tres tuvieron antes, durante y después de ir al departamento de la colonia Narvarte. Y son enfáticos: “existen llamadas y enlaces telefónicos sin investigar, números telefónicos sin procesar e incluso enlaces de comunicación de Puebla, Chihuahua y del Estado de México que siguen sin ser investigados”.
Peor aún, no se ha hecho un seguimiento de los teléfonos celulares de Nadia y Rubén, pese a que lo solicitaron desde septiembre pasado. “A 100 días de los hechos no se tiene información cierta sobre la localización, uso y llamadas o mensajes que pudieron haberse enviado y recibido de ambos teléfonos después del crimen”.
Sobre la camioneta Suburban azul, presuntamente propiedad de Daniel Pacheco, en la que los homicidas llegaron al departamento (Proceso 2027), señalan que luego de ser localizada el 1 de octubre en un estacionamiento de una unidad habitacional en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, los peritos no hallaron rastros de droga, armas ni otro indicio “que permita robustecer ninguna de las hipótesis que ha mantenido la PGJDF”.
Respecto a la pistola utilizada para ultimar a las víctimas, la coadyuvancia informa que el rastreo y el análisis comparativo, tanto en la base de datos de armas del Distrito Federal como de la Procuraduría General de la República (PGR) no se encontró ningún antecedente delincuencial. Ello indica que el arma nunca había sido utilizada en otros hechos delictivos o que era nueva, “lo que permite concluir que se trató de una arma especialmente adquirida para el multihomicidio”.
Sobre este mismo aspecto, señalan que aunque la PGJDF ha reiterado su negativa de que los homicidas usaron un silenciador para accionar el arma, “los testimonios de más de siete vecinos señalan que en ningún momento escucharon las detonaciones con las que fueron asesinados Rubén, Nadia, Mile, Yesenia y Alejandra”.
Una de las acciones más cuestionadas a la dependencia que encabeza Rodolfo Ríos desde que ocurrió el multihomicidio fue la filtración de información que salió de la misma procuraduría y de manera parcial para encaminar el caso a un asunto de prostitución, robo y narcomenudeo. No obstante, tampoco ha encontrado la droga que supuestamente le quitaron a Mile en el departamento.
En el resumen ejecutivo de las inconsistencias de la investigación, la coadyuvancia señala la “violencia institucional en contra de las víctimas desde las primeras horas de cometido el crimen hasta la fecha”. La acusa de “dirigir a la opinión pública y crear una verdad paralela sobre lo que en realidad consta en la investigación”.
Destaca su preocupación por el manejo sobre la información relativa a Mile Virginia, la víctima de origen colombiano. Dice: “A partir de estereotipos derivados de la apariencia de la víctima y de su nacionalidad, la PGJDF construyó un perfil de la víctima, le impuso un apodo o sobrenombre y ha filtrado información a los medios de comunicación sobre supuestas actividades previas al crimen así como su involucramiento en los hechos”.
No obstante, agrega, a 100 días de los hechos, la Procuraduría “no puede establecer con pruebas objetivas la supuesta relación que tenía Mile Virginia con los responsables, ni si ellos se conocían previamente”.
Pero eso no es todo. Como representantes legales de la familia de la joven en México, los litigantes acusan que el “uso malicioso” en la prensa que ha hecho la PGJDF sobre su imagen, así como el “maltrato” al propio cuerpo de la víctima, pues fue enviado a Colombia en un avanzado estado de descomposición y “muchas” semanas después, bajo el argumento de que “el cuerpo estaba en investigación”. Eso, añaden, “se tradujo en un maltrato físico al propio cuerpo y una afectación emocional para sus familiares”.
Lamentable, el papel de la CDHDF
En la lista de inconsistencias señaladas por la coadyuvancia, destaca la crítica al “lamentable papel” de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), presidida por Perla Gómez Gallardo, pues critica que “con su silencio se ha convertido en parte de la impunidad que prevalece en el caso”.
Y señala sus errores: En un primer comunicado de prensa sólo hizo referencia al fotoperiodista Rubén Espinosa y pidió a las autoridades capitalinas medidas cautelares hacia su familia, “dejando de lado” a las cuatro víctimas mujeres. Tampoco verificó que los restos de Mile Virginia se preservaran y que su traslado a Colombia se diera respetando los derechos de la familia.
Más: Aún cuando acreditó que Daniel Pacheco Gutiérrez fue víctima de tratos crueles durante su detención, la Comisión se pronunció diciendo que “no fue víctima de tortura”. Con ello, restó “importancia a la coacción de la cual fue objeto el detenido para declarar”.
Karla Micheele Salas y David Peña también observan que la PGJDF ha incumplido las medidas cautelares emitidas por la CDHDF para evitar las filtraciones de información, que se respeten los derechos de las víctimas y se garantice el derecho a la coadyuvancia.
“A pesar de los claros incumplimientos, dicha instancia no se ha pronunciado ni ha hecho valer los medios legales que tiene a su disposición para que se investigue y sancione el incumplimiento de sus peticiones”. Tampoco se ha pronunciado contra las omisiones que la Procuraduría ha hecho en la indagatoria, aún cuando la misma Comisión las ha acreditado y “pese a la importancia que conllevaría que esa instancia se pronunciara sobre un caso que se encuentra aún abierto y que puede corregirse”.
-Multa récord a Telefónica por fallas en servicio
El regulador de telecomunicaciones en México dijo este lunes que determinó multar con un récord de 410.9 millones de pesos (25 millones de dólares) a la unidad de la española Telefónica por fallas en la prestación de servicios en el centro del país.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dijo en un comunicado que se trata de la sanción económica más alta impuesta en sus dos años de actividades y se debe a una "proporción elevada de intentos de llamada fallidos" de Pegaso, propiedad de Telefónica.
La empresa, que ocupa el segundo lugar en el mercado de telefonía móvil de México después de América Móvil del magnate Carlos Slim, tendrá 15 días hábiles para impugnar la decisión del IFT una vez que reciba el aviso.
-Venden un Modigliani en 170 mdd
Nueva York. Una tela de Amedeo Modigliani, Desnudo recostado, considerada una de sus obras mayores, fue vendida en la noche del lunes en Nueva York en 170.4 millones de dólares, un récord mundial en subasta para un pintor italiano.
Es más del doble del precedente récord de un Modigliani, que era de 70,7 millones de dólares. La tela de 1917-1918 estaba estimada en 100 millones por la casa de subastas Christie's.
La obra, realizada en 1917-18, en la que una mujer desnuda se reclina sobre el almohadón azul de un lujoso sofá rojo, provocó un escándalo cuando el pintor la exhibió por primera vez en París.
"Es indiscutiblemente una obra maestra", dijo Jessica Fertig, codirectora de la subasta de Christie's a los periodistas antes de la venta.
Otra pintura, Enfermera, de Roy Lichtenstein, fue subastada en 95 millones de dólares también por Christie's, un récord mundial para una obra del maestro del arte pop estadounidense.
La suma representa un superlativo retorno para el vendedor, que adquirió el retrato de una atractiva rubia de sensuales labios rojos inspirado en una historieta, por 1.65 millones de dólares en 1995.
La tela estaba estimada en 80 millones de dólares por la casa de remates y fue adjudicada en pocos minutos a casi el doble del precedente récord de un Lichtenstein, que data de 2013 en 56.12 millones de dólares.
La subasta fue realizada por Jussi Pylkkanen, número dos de la casa Christie's.
En el anterior remate de obras de arte realizado en mayo en Nueva York, las ventas alcanzaron el récord de 2.600 millones de dólares en 10 días.
-Conmemoran en Alemania 26 aniversario de la caída del Muro de Berlín
El 9 de noviembre de 1989 se produce un vuelco histórico gigantesco con la caída del Muro de Berlín, que dio paso a la desarticulación de la Unión Soviética y la desaparición de su bloque de países satélites en el Oriente de Europa.
Este lunes se cumplen 26 años de la caída del Muro de Berlín, lo que será conmemorado con una ceremonia en el Memorial oficial, lugar al que acudieron numerosas personas para dejar una flor, la mayoría de ellas rosas, en recuerdo de los alemanes que murieron al tratar de cruzarlo.
La temida edificación que representó la frontera entre los bloques Occidental y Oriental es hoy prácticamente invisible justamente en el área donde se alza la Puerta de Brandenburgo, que hasta hace 26 años estaba en Berlín Oriental, a solo unos cuantos metros del Muro y de Berlín Occidental.
Los visitantes que acuden a Berlín lo buscan en vano hasta que acuden a lugares especializados, ya sea en oficinas de turismo o en internet. Entonces pueden empezar a buscar las huellas del Muro en el suelo, que es el único lugar que en esa zona presenta su rastro.
En el pavimento hay una estrecha franja de adoquín de escasos 20 centímetros de ancho que serpentea discretamente a través de la calle vial que separa a la Puerta de Brandenburgo del bosque citadino Tiergarten.
El bosque que se extiende en el centro de Berlín, cuando la división de la ciudad en 1961 quedó en el lado occidental de la ciudad, en lo que era el sector administrado por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña.
No lejos de ese lugar, en la calle Wilhelm, se localiza el Museo Topografía del Terror, que muestra fotografías de la época en gran formato e instalaciones multimedia desde la llegada de Hitler y sus nacionalsocialistas al poder en 1933, hasta la derrota de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial en 1945.
A diferencia del 9 de noviembre de hace un año, cuando se cumplieron los 25 años de la caída del Muro, en esta ocasión no hay una presentación espectacular sobre una plataforma frente a ese monumento ni pantallas gigantescas a los lados para que los cientos de miles que personas que acudieron a la fiesta popular pudieran ver la ceremonia.
Este lunes solo hubo una ceremonia con integrantes del gobierno de Berlín –el alcalde Thomas Müller no estuvo presente, sino la secretaria de Integración, Dilek Kolat. El evento duró media hora y concluyó con un servicio religioso en la Capilla de la Reconciliación.
Esa capilla fue construida en la acera de enfrente del Memorial con el fin de propiciar la reflexión en quienes visitante el lugar, sobre lo que significó esa muralla. En el Muro de Berlín perdieron la vida alrededor de 250 personas, de acuerdo con cifras oficiales.
