La toma mexiquense del organigrama federal ha sido escandalosa por su cuantía y minusvalía: en todas las secretarías y direcciones importantes han sido encajados, en niveles medios, políticos priístas cuyo mayor (y con frecuencia, único) mérito es pertenecer a la facción regional hegemónica, la del estado de México. Cuadros administrativos que difícilmente se sostendrían en su propia entidad en caso de que sus padrinos dejaran el poder local van siendo acomodados en oficinas de la ciudad de México como una especie de pago, con cargo al erario federal, de cuentas políticas correspondientes a Toluca. En otros casos, lo que se busca es la presunta complicidad proveniente del paisanaje. En menor proporción, pero este fenómeno de tribalidad tricolor también ha beneficiado a los hidalguenses emparentados políticamente con Miguel Ángel Osorio Chong y con Jesús Murillo Karam.
Uno de esos excesos ha causado hilaridad y bochorno, pero, sobre todo, una honda preocupación por lo que significa. El abogado Alberto Bazbaz Sacal fue procurador de justicia en el estado de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y ganó lamentable fama nacional como sostén institucional de la tesis del accidente en el caso de la niña Paulette Gevara Farah. Tan fuerte fue el rechazo colectivo a la versión de que el cadáver de la pequeña había sido encontrado en un recoveco colchonero que el 25 de mayo de 2010 el mencionado Bazbaz renunció al cargo, abriendo un paréntesis que ha cerrado ahora al ser designado titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, a cargo del vicepresidente económico, Luis Videgaray.
Con tan ridiculizables antecedentes, la reivindicación de Bazbaz en un puesto tan delicado acaba confirmando lo que todo mundo sabía pero olvidó o relegó a la hora de las urnas presidenciales en julio del año pasado: el estilo peñista de gobierno y de procuración de justicia promueve el retorcimiento de leyes y procedimientos hasta niveles increíbles por su descaro e inconsistencia, para servir de manera lacayuna e insensata a los intereses de quienes tienen el poder, tanto en los ámbitos políticos como económicos. Encargar a tan desacreditado personaje el ejercicio de la inteligencia federal para la detección de irregularidades e ilícitos en materia financiera es una confesión tragicómica de que se repetirán los escenarios aberrantes del caso Paulette y que, entre otros rubros, el del lavado de dinero contará con la gracia de poderse esconder durante años de abajo de colchones fiscales sin que el avezado Bazbaz los encuentre sino a última hora, si el jefe así lo considera necesario.
En ese mismo campo asignado a la regencia de Videgaray se produjo ayer otro nombramiento polémico. Un economista, egresado del ITAM, que fue asesor destacado de las bancadas de izquierda en San Lázaro, secretario de hacienda del gobierno legítimo formado por López Obrador en 2006 y diputado federal de mayoría por Iztapalapa a nombre del PT, fue designado presidente de la Comisión Nacional para la Protección de la Defensa de Usuarios Financieros (Condusef). No fue un giro sorpresivo, pues el doctor Alfredo Jalife advirtió claramente de ese curso traicionero desde varios meses atrás, y el propio Di Costanzo fue mostrando en las redes sociales una actitud favorable al peñanietismo (aunque las airadas reacciones en su contra le llevaron a cerrar su cuenta de Twitter) e incluso el pasado 22 de noviembre dio una entrevista al reportero Óscar Balderas en el portal ADN político (http://bit.ly/Timmd1) en la que perfilaba su paso a la administración priísta y confesaba sentirse traicionado por AMLO.
Di Costanzo llegó a San Lázaro en la recién pasada legislatura al competir en Iztapalapa por una curul de mayoría relativa en el complicado proceso que tuvo como personajes estelares al ya casi olvidado Juanito y a quien finalmente quedó como delegada, Clara Brugada. El destacado jurista Jaime Cárdenas, el activista Gerardo Fernández Noroña y el economista Di Costanzo aceptaron pelear a nombre del PT y desempeñaron papeles legislativos destacados aunque, como sucedió con otros diputados y senadores de la izquierda no perredista, no tuvieron continuidad como candidatos, por razones de diversa índole. En privado, compañeros de Di Costanzo le escucharon quejarse de que en Morena se había privilegiado a hijos o familiares de personajes cercanos a la dirigencia para que ocuparan asientos en el Congreso federal. Desde la marginación y el resentimiento, Di Costanzo regresó a las filas de la administración priísta a la que había servido en sus primeros 14 años de carrera profesional (en cargos menores, de 1984 a 1998, bajo las presidencias de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo).
Sin la carga ácida de Di Costanzo y absolutamente distante de la posibilidad de colaborar con el peñanietismo, a pesar de que se le pidió expresamente que no participara en la campaña presidencial de AMLO (en una peculiar cesión a los impugnadores de esa izquierda de protesta viva), el también ex diputado federal Gerardo Fernández Noroña trabaja en la construcción de un Movimiento de Izquierda Libertaria. Por su parte, el Movimiento Regeneración Nacional ha solicitado su registro como partido político, a través de su presidente formal, Martí Batres, y hoy en el Zócalo capitalino se afiliará Andrés Manuel López Obrador, quien realizará una gira de promoción en 300 municipios del país, en busca de impulsar la adscripción ciudadana al nuevo proyecto electoral.
Y, mientras Peña Nieto ha sacado el muñequito de la rosca de Reyes en Palacio Nacional, el PAN ve desfondarse su padrón tan inflado durante la docena trágica (aunque el encargado, Gustavo Madero, jura que no hay desbandada) y el nuevamente priísta de siempre Ángel Aguirre anuncia la venta del denunciado helicóptero público de usos particulares (para comprar uno que sí sea ambulancia aérea), ¡hasta mañana, con los astros partidistas pactando su alineamiento augural para el segundo semestre, en busca de las reformas energética y hacendaria!
Fuente: La Jornada |Julio Hernández López
