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Ni graves ni extendidos, los ataques contra comunidades zapatistas: AMLO
Tuxtla Gutiérrez, Chis. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que “no son graves ni extendidos” los ataques contra comunidades zapatistas del estado.
Señaló que los casos de recientes ataques -denunciados por organismos de derechos humanos— no son deliberados.
“En general no ha habido agresiones.
Hay algunos casos, pero no es una acción así deliberada, una embestida”, señaló en la mañanera de este viernes realizada desde la séptima región militar ubicada en esta capital.
Ante la insistencia de las denuncias que han realizado organismos civiles de derechos humanos sobre los ataques a comunidades zapatistas, como el que se ha dado por tres días (del 19 al 22 de junio) con disparos y quema de parcelas por parte de integrantes de la Organización Regional de Cafeicultores de Ocosingo (Orcao) contra comunidades autónomas zapatistas ubicadas eón la región Moisés Gandhi, en el municipio de Lucio Cabañas, el mandatario federal aseveró que no se trata de un asunto extendido ni de gravedad.
“Existen problemas con los antiguos adversarios, que se crearon, incluso al interior de la misma organización, pero tampoco es un asunto extendido, grave.
Y no lo deseamos, y vamos a ayudar en todo lo que podamos para conseguir la paz”.
Aseguró que su gobierno está atendiendo los conflictos en Frontera Comalapa, Chenalhó y otros puntos del estado.
“Pero en general hay paz, hay tranquilidad en Chiapas. Y un ejemplo bastante ilustrativo, es lo de Ocosingo, ahí vemos que no tenemos muchos problemas, en lo que tiene que ver con enfrentamientos en las comunidades, sí hay no, cuestiones que nosotros lamentamos mucho, a veces hay enfrentamiento de grupos, pero estamos atendiéndolos.
Está la Guardia Nacional y estamos buscando que se dialogue, que se llegue a acuerdos, que no hay represión y vamos avanzando”.
El jefe del Ejecutivo federal señaló que en su momento los zapatistas llamaron a no votar por su movimiento como opción y eso redituó en beneficio de “la mafia”, pues en las regiones con presencia de comunidades adherentes los votos daban el triunfo al PRI.
Sin embargo, acotó que aún cuando tenga diferencias con los zapatistas, se debe reconocer que en su momento fue una esperanza para el país.
“Podemos estar o no de acuerdo con el movimiento zapatista, pero es indudable que en su momento fue una luz, un rayo de esperanza, fue un llamado de atención para voltear a ver a los desposeídos, a los pobres, esos no se puede regatear. Ya lo demás es otra cosa.
Pero sí reconocer esa aportación.
Tengo ya después, no sólo en lo electoral, diferencias, porque no apostaron a esa vía (electoral), incluso como organizaciones que guardaron silencio cuando había un narco-Estado y que ahora nos acusan de todo a nosotros”.
López Obrador apuntó que existen dirigentes de organizaciones de la sociedad civil, incluidas algunas de derechos humanos, “que no nos ven con buenos ojos.
¡Así de claro! No olvidemos que cuando nosotros estábamos luchando para lograr el cambio, esas organizaciones se oponían a nosotros, llamaban a no votar.
Y era legítimo el que pensaran que la única alternativa era la vía armada, que por la vía pacífica no se iba a poder. Y consideraban que nosotros éramos falsarios, llegaron a cuestionarnos muy fuerte. Entonces, no han cambiado en eso”.
El mandatario comparó inclusive: “Es como el caso de los reaccionarios, los conservadores, no quieren aceptar que hay una nueva realidad. Por eso a veces los extremos se tocan. No quieren aceptar que ya hay un cambio. Por eso son estas denuncias”.
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Tras larga batalla jurídica sindicato minero gana titularidad del CCT de San Martín
Después de una larga batalla jurídica, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) finalmente resolvió que el Sindicato Nacional de Mineros, que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia, es el titular del contrato colectivo (CCT) de los trabajadores de la mina San Martín que están en huelga desde hace 16 años.
Además la autoridad laboral consideró que fue ilegal la “coalición” de empleados que conformó Grupo México, de Germán Larrea, para terminar con el paro.
El coordinador jurídico de la organización sindical, Nahir Velasco, señaló que esto representa “un duro golpe” contra el empresario, quien “miente en el boletín” que difundió la víspera, con información “falsa e imprecisa”.
Larrea falta a la verdad al decir que son verdaderos trabajadores los de su coalición, cuando en realidad desde que estalló la huelga en 2007 ha intentado romperla con “porros y golpeadores, armados y drogados para posesionarse” de la mina ubicada en Sombrerete, Zacatecas.
Incluso, agregó, se ha dedicado a promover que se declare la huelga inexistente mediante varios recursos, pese que tribunales colegiados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en junio de 2021, determinaron que el titular del CCT es el sindicato minero y restituyeron el derecho constitucional de la huelga de los trabajadores de la sección 201.
“Esta autoridad considera que no puede ser cuestionada la representación mayoritaria del sindicato titular del contrato colectivo de trabajo, ni tampoco puede intervenir otra coalición para promover su conclusión… tomando en cuenta que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana es quien se encuentra legitimado en la causa y en el proceso en el ejercicio del derecho de huelga… la petición de la terminación del movimiento resulta improcedente”, determinó la JFCA.
Esto se da luego de que el gobierno de Estados Unidos solicitó a México que investigará bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida (MLRR) del T-MEC presuntas violaciones a los derechos laborales de los mineros, ya se consideró el hecho de que Grupo México metió a un sindicato de protección cuando los trabajadores estaban en huelga.
Velasco reiteró que Velasco “es ilegal” y sostuvo que existe una clara denegación de derechos a la libertad sindical y negociación colectiva, toda vez que el consorcio minero intervino con una coalición de trabajadores que “carece de representación jurídica”.
Los trabajadores de la sección 201 estallaron la huelga el 30 de julio de 2007 –junto con las de Cananea y Taxco– por las violaciones al contrato colectivo y falta de condiciones de seguridad en la mina.
Sin embargo Germán Larrea, apoyado por los gobiernos anteriores y autoridades laborales, metió golpeadores y un grupo de esquiroles para amedrentar a los mineros que resistieron hasta el final.
La JFCA ordenó notificar de la resolución a la empresa Industrial Minera México, filial de Grupo México, y a los trabajadores coaligados que el convenio que celebraron en agosto de 2018 fue improcedente.
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Confirman cinco ex funcionarios del INE ser fundadores de consultoría
Cinco ex altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmaron que son fundadores de Pénte + Soluciones, consultoría en derecho constitucional, administrativo y político-electoral.
Como lo publicó La Jornada el miércoles pasado, uno de ellos es Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del órgano electoral por casi 15 años (2008-2023).
El ex mando del INE ratificó que desde la iniciativa privada brindará este tipo de servicios junto con algunos de sus ex subalternos.
“Porque es nuestro derecho y haremos honor al mismo”, dijo desde su cuenta de Twitter.
En esta misma red social fue abierta la cuenta de la consultoría; en la primera publicación, sus promotores señalan:
“Convencidos de nuestros principios, el libre ejercicio de la profesión, con apego a los derechos que la Constitución otorga y ante la información dolosa que ha circulado, Pente + Soluciones informa”.
Ahí mismo divulgan una carta, con fecha de hoy, 23 de junio, en el que ratifican el contenido de la nota publicada por este diario el miércoles pasado, así como la posición de uno de ellos, Emilio Buendía Díaz, quien declaró que en esta esta nueva etapa no hay conflicto de intereses ni impedimento legal para desarrollar esta actividad.
En la publicación de la empresa de servicios se indica que sus cinco fundadores son especialistas en las materias referidas, con larga trayectoria en instituciones académicas, administrativas y jurisdiccionales.
“Recientemente algunas voces han pretendido descalificarnos aduciendo que al dar este paso podría configurarse un conflicto de interés dada nuestra trayectoria como funcionarios públicos”.
“Conocemos el marco constitucional y legal que rige en nuestro país.
Lo hemos defendido y aplicado rigurosamente. Ahora, en nuestro carácter de ciudadanos profesionales, nos seguiremos guiando en ese marco.
“Nos conducimos bajo los principios de legalidad, ética, honestidad, veracidad y el respeto a los derechos humanos, mismos que guiarán a Pénte + Soluciones, ante nuestros clientes”.
Anuncian que estarán disponibles a través de un correo electrónico y próximamente en una página web.
Los firmantes, “socios fundadores”, aparecen por orden alfabético: Emilio Buendía Díaz, por cuatro años jefe de la oficina del ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova; Carlos Ferrer Silva, ex titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral; Edmundo Jacobo Molina; Gabriel Mendoza Elvira, ex director Jurídico del organismo, y Javier Naranjo Silva, ex secretario particular de Córdova.
En el folleto publicitario se ofrecen 16 servicios, en este orden: amparo; contrataciones y licitaciones públicas; controversias constitucionales; procesos de entrega recepción; acciones de inconstitucionalidad; planeación, diseño e implementación de políticas institucionales; democracia sindical; responsabilidades de personas servidoras públicas, y género, violencia política, HASL y grupos vulnerables.
Asimismo, coaliciones y candidaturas; procedimientos administrativos sancionadores; derecho electoral; financiamiento y fiscalización; formación y normativa de partidos políticos; campañas y propaganda electoral, y medidas cautelares.
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