Ciudad de México. El interés público debe prevalecer sobre el individual, afirma la ministra Loretta Ortiz Ahlf en los proyectos de sentencia en que propone a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalar la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), promulgada el 9 de marzo de 2021.
¿Contratos eléctricos leoninos?
Se trata de las acciones de inconstitucionalidad 64/2021, promovidas por senadores de oposición; la 44/2021, de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y la 45/2021, del gobierno de Colima.
Los proyectos se votarán en la sesión del pleno del próximo 5 de abril, semanas antes de que se discutan en la Cámara de Diputados las reformas constitucionales en materia de electricidad.
Las demandas coinciden en alegar una posible vulneración a los principios de libre competencia en el mercado de generación de electricidad, a lo que la ministra Ortiz propone contestar que no hay tal daño, pues es facultad constitucional del Congreso de la Unión legislar en esta materia: “El Poder Legislativo fue dotado de plena libertad configurativa, especialmente considerando que el Estado debe garantizar el acceso a la energía eléctrica, tanto como un servicio y como un derecho humano, lo cual acredita, sin lugar a dudas, que las reformas en cuestión atienden un interés público que debe prevalecer sobre intereses de particulares”.
El argumento parte de que el Estado tiene que cumplir con su deber constitucional de actuar como regulador de un servicio básico al cual deben tener acceso todos los mexicanos, pero que esto no se lograría sólo con base en el libre mercado.
“El Estado mexicano debe velar por el desarrollo nacional integral y de manera sustentable, fortaleciendo la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de las personas, grupos y clases sociales”, sostiene la ministra Ortiz.
El proyecto también contesta al argumento de que la LIE violaría los tratados comerciales internacionales, al favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Ortiz señala que no hay tal vulneración, pues se trata de una empresa productiva del Estado, y no de una privada.
“Este pleno considera que el principio en cuestión necesariamente requiere que el Estado mexicano esté dando un trato favorable a una parte inversionista o inversión de otro Estado parte.
Es decir, la obligación consiste en que el Estado mexicano no otorgue ventajas a inversionistas de otros países.
Al respecto, se observa que la argumentación de la parte accionante está encaminada a demostrar que se está dando un trato preferencial a la Comisión Federal de Electricidad como empresa cuya propiedad es del Estado mexicano y no a una empresa de otro Estado distinto al mexicano”, señala el documento.
También se desestiman los alegatos respecto a un posible abandono del fomento a la generación de las llamadas energías limpias.
“La reforma adoptó medidas precautorias destinadas a evitar daños al ambiente y a la salud pública, y están encaminadas a disminuir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Máxime que se da una apertura mayor al mercado de los Certificados de Energías Limpias y prioridad a la energía producida por plantas hidroeléctricas”, sostiene el proyecto.
Si los proyectos de Ortiz Ahlf obtienen cuando menos el apoyo de otros tres ministros, la LIE seguirá vigente sin cambio alguno.
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Fuente: La Jornada, Reforma, El Universal
