Entregan 46 senadores a la SCJN acción de inconstitucionalidad por ley eléctrica
La oposición en el Senado presentó ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de las modificaciones recientes a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
Firmado por 46 legisladores de PRI, PAN, MC y PRD, en el documento se destaca que esa reforma, promulgada el pasado 9 de marzo, contraviene diversas disposiciones de la Carta Magna, como la libre competencia, imponer barreras económicas y violentar la protección a la salud y al medio ambiente.
El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, explicó que se impugnan ocho artículos con visos de inconstitucionalidad y precisó que no piden a la Suprema Corte la suspensión provisional de los ordenamientos de esa ley que, en la práctica, está suspendida por los amparos presentados ante el poder judicial por empresas afectadas.
Por parte, el senador del PAN Jesús Horacio González comentó que lograron superar la tercera parte de las firmas de los 128 integrantes de la Cámara Alta, requeridas para presentar ese recurso de inconstitucionalidad, que está suscrito por 46 senadores.
Entre ellos se encuentra el morenista Germán Martínez.
En el documento, los opositores sostienen que las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica vulneran los derechos humanos al limitar el acceso de las personas a un medio ambiente sano, debido a que privilegian la generación de energía con combustibles fósiles altamente contaminantes, además de violar diversos tratados y compromisos internacionales firmados por México en materia ambiental.
Entre estos últimos, mencionan el Acuerdo de París y los instrumentos internacionales en materia de energía limpia y transición energética, de los que México es parte.
Además, declaran que se violan los principios básicos de legalidad, seguridad jurídica y el de no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna.
Alegan que la reforma atenta en contra del libre mercado en un marco de plena competencia económica, así como del Acuerdo de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Tratado de Asociación Transpacífico.
Los senadores de PAN, PRI, MC y sol azteca resaltan que se socava la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía y del Centro Nacional de Control de Energía.
La modificación se contrapone al espíritu de lo establecido en la reforma constitucional de 2013 en materia de energía y electricidad.
Los senadores precisan que la ley viola los artículos 1º, 4º, 6º, 14, 16, 25, 27 y 28, así como el décimo transitorio de la reforma constitucional de 2013, en la que se mandató distribuir competencias entre dependencias federales y órganos reguladores coordinados en materia de energía.
El bloque opositor designó como representantes comunes para recibir notificaciones de la SCJN a los coordinadores de PRI, MC y PRD, Miguel Ángel Osorio Chong, Dante Delgado y Mancera, respectivamente, además del coordinador en funciones del PAN, José Bermúdez Méndez, y al senador sin partido Emilio Álvarez Icaza.
Cárcel por fraude fiscal a quienes transgredan reglas del 'outsourcing'
Ciudad de México. La reforma que regulariza el outsourcing y prohíbe la subcontratación de personal que no sea para servicios y obras especializadas establece fuertes sanciones a las empresas que violen esa nueva norma e insistan en esquemas de simulación que lesionan derechos de trabajadores y evaden impuestos, incluso se les fincarán responsabilidades por defraudación fiscal y sus equiparables, delito recientemente calificado de grave, que amerita prisión preventiva oficiosa.
En el proyecto de dictamen que se discutirá el martes en comisiones de la Cámara de Diputados, se establece que aquellas empresas que tienen a sus trabajadores en outsourcing tendrán un plazo de tres meses, luego de la entrada en vigor de la ley, para regularizarse.
Se destaca que se decidió esa adición “explícita” a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de considerar a los empresarios defraudadores fiscales, ya que “generará mayor certeza jurídica” sobre las consecuencias de insistir en la subcontratación ilegal.
Además, “ayudará a identificar a los beneficiarios finales de los esquemas de subcontratación, pues las conductas que se llevan a cabo a través de una persona moral, normalmente son en beneficio de un tercero, esto es, el patrón, incluyendo accionistas, administradores y las personas que tengan control efectivo de la empresa”.
Estos, “retienen y no enteran el impuesto sobre la renta (ISR) y acreditan el impuesto al valor agregado (IVA) de manera indebida, en adición a que disminuyen los derechos laborales de sus trabajadores”.
En la exposición de motivos, los integrantes de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, resaltan que se han vuelto práctica común actividades delictivas a través de la figura de subcontratación, lo que ocasiona una disminución extraordinaria en la recaudación de recursos en el país”.
De ahí la propuesta de establecer en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación que utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o de la ejecución de este tipo de obras constituyen el delito de defraudación fiscal y sus equiparables.
En ese proyecto introduce cambios a la Ley Federal del Trabajo (LFT), y en su artículo 12 establece la prohibición explícita de “la subcontratación de personal, entendiéndose ésta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición a trabajadores en beneficio de otra”.
La subcontratación sólo podrá darse en caso de que una empresa requiera servicios u obras especializadas, como la de limpieza o de construcción, pero no podrá, como ocurre en la actualidad que una empresa minera contrate a una tercera para que se haga cargo de sus trabajadores mineros, que no dependen de quien es realmente su patrón.
En ese mismo artículo 12 de la LFT, se precisa, se regula a las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, quienes podrán seguir desempeñando estas tareas, pero no se considerarán patrones.
Las subcontratistas deben inscribirse en un padrón a cargo de la Secretaría del Trabajo y, de no hacerlo o en caso de negarse a inspecciones, serán multados con hasta 30 millones de pesos en el primer supuesto y 5 mil pesos en el último.
La reforma incluye modificaciones a la Ley del Seguro Social para que todas las compañías obtengan un registro patronal en términos de lo dispuesto por el reglamento de la legislación en materia de afiliación, clasificación, recaudación y fiscalización.
Podrán solicitar el registro en un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigencia de la ley.
Las empresas que no lo hagan, serán dadas de baja por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Se expropiarán predios usados para 'huachicol', advierte AMLO
Ciudad de México. Al advertir que “está por verse si el pueblo va a querer que regresen los saqueadores, los rateros”, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que se trabaja para abatir el contrabando de combustible en todo el país.
Los recientes hallazgos de tomas clandestinas, en Ecatepec y la Ciudad de México, señaló, “causaron mucha preocupación por el peligro que significan, porque empezó a sentirse un fuerte olor a combustible en el Emisor Oriente y con grado de explosividad”, aunque se detectaron los depósitos de gasolina robada y ya se procede legalmente.
Llamó a la población a no volver a la práctica del huachicoleo porque el gobierno expropiará los terrenos o bodegas que se presten para este delito grave.
En conferencia de prensa, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, detalló que en la noche del pasado 29 de marzo tuvo lugar un suceso “de los más relevantes que han puesto en riesgo a la población” de la capital y a esa parte de la zona conurbada con un índice de explosividad de 70 por ciento, lo cual requirió de la intervención urgente de diversas dependencias de los tres niveles de gobierno para proteger a la población y detectar los puntos de fuga (luego se sabría que hay al menos ocho tomas clandestinas), los cuales ya fueron clausurados.
Javier González del Villar, director de Pemex Logística, informó de los trabajos para detectar cada irregularidad en el tramo Tuxpan-Azcapozalco, donde se usaron predios como centros de almacenamiento ilícito de combustible, mismos que fueron expropiados, vía la ley de extinción de dominio.
El Presidente declaró que pronto estará controlado el ilícito, no sólo en ductos, sino en puertos y aduanas.
Recordó que al inicio del sexenio el robo era de 81 mil barriles diarios y ahora son 5 mil.
En puntos de la frontera norte “los gobernadores tenían mano”, especificó, para apoyar estas prácticas, en medio de la corrupción.
Destacó entonces la importancia de poner orden en el sector –a partir de una clara intervención de Pemex– y citó nuevamente que con la reforma energética, aprobada el sexenio pasado, se entregaron más de mil permisos para la importación de combustibles, de los cuales quedan alrededor de 70.
Es así que, aquellos que fueron afectados en sus intereses, están muy molestos y ya “traman” que concluya el sexenio para volver por sus fueros, y mientras andan alargando, “pateando” juicios del sector energético, pero –advirtió– “falta mucho todavía (para el término de su administración) y, segundo, que está por verse si el pueblo va a querer que regresen los saqueadores, los rateros”.
Señaló que sus adversarios no entienden por qué si todo el día están “dale y dale”, en “bombardeo” de críticas “no caiga (el Presidente), y (el gobierno) siga teniendo apoyo de la gente.
Pues es sencillo: el pueblo no es tonto”.
Pese a ello, añadió el jefe del Ejecutivo federal que es posible que México salga de la crisis provocada por la pandemia antes que otras naciones, con un crecimiento incluso superior a 5 por ciento.
“Está respondiendo nuestra economía”, la cual cayó menos que algunas naciones de Europa.
“Sin duda estamos saliendo más rápido”, aseguró, sin adquirir más deuda, sin rescatar a los de arriba, y con el apoyo de nuestros paisanos migrantes.
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