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Inegi cancela todas las encuestas presenciales
Ciudad de México. Una semana después de que se decretara la fase 2 de la pandemia de coronavirus en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) anunció que sacará a su personal de las calles, lo que implica modificaciones al levantamiento del Censo de Población y Vivienda 2020 y a una gran parte de sus encuestas. Incluso algunas serán canceladas.
El organismo anunció que, tras concluido el 27 de marzo el levantamiento masivo presencial del Censo, la etapa de verificación se pospone hasta nuevo aviso. Continuará el seguimiento remoto a un millón de hogares para responder por internet. Y la cobertura de postenumeración –una réplica del proceso del levantamiento– programada para el 27 de abril, queda cancelada.
Al menos siete ejercicios serán suspendidos mientras no existan condiciones para hacer los cuestionarios de manera presencial. Estos son:
● Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
● Encuesta Nacional de Confianza del Consumidor (ENCO).
● Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).
● Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI).
● Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH).
● Encuesta Cognitiva de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM).
● Módulos sobre Eventos Culturales Seleccionados (MODECULT) y de Bienestar Autorreportado (BIARE).
Inegi subrayó que, “dada la importancia de que en la coyuntura actual nuestro país pueda contar con indicadores de ocupación y empleo”, se buscarán mecanismos para recolectar información de las ENOE tanto por teléfono como por internet; lo mismo con las cotizaciones para el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). En tanto que el Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) se hará con insumos anteriores y de los registros administrativos vía remota.
Inegi advirtió que el dejar de hacer los ejercicios de manera presencial “impactará en los resultados de la información estadística a difundir (…) podrá presentarse una afectación como consecuencia de una mayor tasa de no respuesta, la alteración de la comparabilidad histórica o la pérdida de cobertura y de precisión”, advirtió.
El organismo aseguró que desde el pasado 19 de marzo implementó algunas medidas de trabajo remoto. No obstante, supervisores del Censo denunciaron que hasta el lunes 30 de marzo se les mantenía en las calles sin protocolos sanitario.
“Sólo nos depositaron 200 pesos para cubrebocas y gel sanitizante y así nos mandaron a las calles”, acusó personal temporal del Inegi. En entrevista, destacó que pese a que algunos de los trabajadores de a pie presentaron síntomas de enfermedades respiratorias, no hubo un protocolo para mandarles a resguardo.
Sólo hasta hoy 31 de marzo se les convocó a dejar el material en horarios escalonados. Entre ellos aparatos para censar, credenciales e indumentaria con los logos del Inegi. Para el Censo 2020, el organismo contrató a 205 mil personas, la mayor parte de ellos trabajó en las calles del 2 al 30 de marzo, ya con la presencia de Covid-19 en el país.
Se reúnen AMLO y directivos de cervecera para analizar reubicación
Este martes al mediodía, el presidente Andrés Manuel López Obrador y directivos de Constellation Brands se reúnen en Palacio Nacional, para analizar, entre otras opciones, la posibilidad de reubicar la planta cervecera que se construía en Mexicali, Baja California, después de que en consulta ciudadana se decidió su cancelación.
Los directivos llegaron al recinto justo a las 12 del día y previo al encuentro evitaron dar algúna declaración o expectativa sobre el encuentro.
Hace unos días, la empresa estadunidense manifestó su disposición a dialogar con el mandatario y su gabinete para decidir el futuro de las instalaciones. En un comunicado, dijo que está dispuesta a trabajar en un plan de acción que considere los retos actuales y futuros que enfrenta México en materia económica y social.
El presidente, por su parte, resaltó la decisión democrática de los ciudadanos por cancelar la planta. El pueblo de Mexicali es el “más avispado, más consciente, más politizado de México y del mundo”, dijo. A México le gusto su lección de democracia, sostuvo.
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Niegan libertad bajo fianza a García Luna
Nueva York. Un juez federal negó la solicitud de libertad bajo fianza de Genaro García Luna, concluyendo que ninguna combinación de condiciones evitarían el incentivo de huir ante los cargos que enfrenta el ex secretario de Seguridad Pública de México.
El juez magistrado Ramón Reyes concluyó, después de escuchar los argumentos de los fiscales y la defensa, que “no creo que hay ninguna combinación de condiciones, dada la severidad de los cargos, con las cuales él podría resistir el impulso de huir”.
El abogado de la defensa, César de Castro, presentó una solicitud por la libertad bajo fianza de un valor de dos millones de dólares, respaldada por 10 garantes, insistiendo en que García Luna desea confrontar sus cargos en su eventual juicio. Ésta fue la segunda propuesta presentada por García Luna, duplicando la fianza de un millón ofrecida la primera vez el pasado 28 de febrero, que fue rechazada por otro juez, quien invitó a la defensa a replantear la petición.
Los fiscales repitieron sus argumentos de que García Luna representa un riesgo, ya que enfrenta una condena potencial de cadena perpetua, cuenta con los recursos y tiene un destino a donde huir, México, donde cuenta con “el apoyo de un cartel de drogas poderoso” y una “red de ex funcionarios corruptos”.
El juez también rechazó una solicitud de libertad temporaria para Garcia Luna, que el detenido expuso por el peligro que corre dentro del Centro de Detención Metropolitano en esta ciudad ante la pandemia de coronavirus, ya que argumentó que tiene antecedentes médicos de vulnerabilidad a enfermedades respiratorias.
De hecho, la pandemia obliga que esta sesión ante el juez fuera realizada por teléfono y no en el tribunal federal en Brooklyn.
Los cargos que enfrenta García Luna acusan que mientras ocupaba altos puestos de gobierno entre 2001 y 2012, recibió “decenas de millones” de dólares en sobornos del Cartel de Sinaloa a cambio de otorgar protección a sus actividades, incluyendo el traslado de drogas, proporcionar información sobre investigaciones de agencias de seguridad sobre el grupo delictivo, así como sobre las actividades de carteles rivales.
Bajo esos cargos enfrenta condenas potenciales de entre un mínimo de 10 años de prisión a un máximo de cadena perpetua por los cuatro cargos de conspiración de narcotrafico de cocaina y declaraciones falsas a las autoridades.
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