Explica Segob que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es a petición de los estados y municipios
El Gobierno reaccionó esta noche a la denuncia que el jurista mexicano Netzaí Sandoval presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) por los presuntos crímenes de guerra cometidos en la gestión del Presidente Felipe Calderón.
La Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró que no hay elementos para que la CPI abra una investigación sobre la situación en México, en el entendido de que la estrategia para combatir al crimen organizado no constituye un crimen internacional.
A través de un comunicado, la Segob explicó que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es a petición de los estados y municipios.
Por la mañana, el jurista Sandoval dijo que es necesario que la Corte juzgue el papel del Presidente de la República en las múltiples violaciones cometidas por las fuerzas policiacas y militares.
Gobernación negó que en México exista un conflicto armado no internacional de carácter permanente.
"Es convicción del Gobierno de la República que no se actualizan los supuestos establecidos en el Estatuto de Roma para que la Corte Penal Internacional inicie una investigación sobre la situación en México, ya que la política de seguridad implementada de ninguna manera constituye un crimen internacional; por el contrario, todas sus acciones están encaminadas a detener a organizaciones criminales y a proteger a todas y a todos sus ciudadanos.
"Las Fuerzas Armadas participan en tareas de seguridad pública a petición y en coordinación con las entidades federativas y sus municipios, de manera temporal y sin sustituir a las autoridades locales en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, realizando una valiosa labor en la detención de importantes líderes de organizaciones criminales y desmantelando sus estructuras logísticas, financieras y administrativas", se consignó en un comunicado.
Para la Segob, como nunca antes en México se ha implementado una política pública orientada a fortalecer el Estado de Derecho y a promover y respetar los derechos humanos; por añadidura, la dependencia sostiene que el Estado mexicano mantiene una política de apertura al escrutinio internacional y a la cooperación con organismos internacionales de derechos humanos y regionales.
Paralelamente, la Secretaría asegura que, a través de los diferentes órganos de procuración de justicia, realiza todas las acciones necesarias para sancionar a los responsables de cualquier conducta delictiva y/o violatoria de derechos humanos.
Asimismo, insiste en que para que puedan configurarse crímenes de guerra y de lesa humanidad, competencia de la Corte Penal Internacional, se requiere de la existencia de un contexto específico que no tiene lugar en el País.
"Por un lado, el Estado mexicano no está en guerra y, por otro, no existe un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, ni una política de Gobierno en ese sentido", puntualizó la dependencia.
La denuncia contra el Estado mexicano surgió como parte del movimiento contra la violencia de principios de 2011.
Entre las personas involucradas en la iniciativa, según el abogado, están John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y José Rosario Marroquín, titular del Centro de Derechos Humanos Pro Juárez.
La CPI, una instancia que aspira convertirse en el máximo instrumento global para perseguir genocidas en el planeta, sólo actúa en aquellos casos dirigidos por el Consejo de Seguridad de la ONU y en países parte de los Estatutos de Roma, cuyas instituciones son incapaces de juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad.
En la comunicación, los denunciantes tratan de mostrar que México, socio de la CPI, carece de las herramientas jurídicas para juzgar los centenares de casos de violaciones al derecho humanitario registrados en el País, como desapariciones forzadas, tortura, violaciones sexuales, reclutamiento de menores como combatientes y ataques a hospitales.
Fuente: Reforma
