El régimen panista actual, encabezado por Felipe Calderón, entregado a intereses extranjeros, subordinado políticamente a Estados Unidos, inconstitucional e indigno, ha llegado a limites intolerables para los mexicanos.
Tras revelarse en el diario estadounidense The New York Times que el titular del Ejecutivo Federal mexicano autorizó secretamente, el pasado 3 de marzo, el sobrevuelo y vigilancia del territorio mexicano por aviones estadounidenses no tripulados como parte de la lucha contra el narcotráfico, senadores del PRI, PRD y PT expresaron su indignación y acusaron al michoacano de haber violado la Constitución.
Una vez más, los ciudadanos mexicanos tuvimos que enterarnos por un reportaje de un diario estadounidense de lo que ocurre en nuestro país y de los acuerdos secretos, ilegales e inconstitucionales que Calderón asume como jefe del gobierno mexicano con el presidente de los Estados Unidos Barack Obama. De acuerdo con ese rotativo, la cooperación militar entre Estados Unidos y México se profundizó con el sobrevuelo del territorio mexicano por aviones no tripulados estadounidenses como parte de un acuerdo –no revelado hasta este momento- de lucha contra el narcotráfico. Otro importante y grave acuerdo secreto más también revelado por ese periódico fue la creación de (otro) centro de fusión “antinarcóticos” en México, en el que presuntamente trabajarían conjuntamente las autoridades de los dos países.
A pesar de que existen restricciones legales en México relacionadas precisamente con la soberanía de la Nación, razón por la que esos acuerdos se mantenían en secreto, de acuerdo con fuentes del Pentágono, que cita The New York Times, los vuelos de reconocimiento del territorio mexicano realizados desde el mes pasado por los aviones no tripulados Global Haw, aparatos que vuelan a más de 10 mil metros de altitud y que no pueden ser vistos desde tierra, tienen como objetivo aportar más información a las autoridades mexicanas sobre la actuación y ubicación de las organizaciones de narcotraficantes en México. Según la misma fuente, gracias a esos vuelos se ha podido localizar a varios sospechosos vinculados con el asesinato del agente estadounidense de Inmigración y Aduanas, Jaime Zapata, el pasado 15 de febrero.
El vocero de Seguridad Nacional de México, Alejandro Poiré, confirmó la información publicada por el diario estadounidense, reconoció que los vuelos de reconocimiento de los aviones no tripulados de EU son parte del apoyo de ese país a la lucha calderonista contra el narcotráfico y admitió que la gestión del michoacano la solicitó en “ocasiones y eventos específicos”. También justificó que cuando se realizan estos operativos “siempre se hacen con la autorización, vigilancia y supervisión de agencias nacionales, incluida la Fuerza Aérea Mexicana”. Poiré, quien dijo desconocer cuántas naves participan en dichos operativos, intentó inútilmente convencer que la intervención de agentes estadounidenses en México se sustenta en los acuerdos bilaterales y la legislación vigente, que subrayan el respeto irrestricto a la jurisdicción nacional de cada país, y subrayó que en México el personal extranjero no llevará a cabo ninguna labor ni tendrá capacidad operativa alguna, ni tampoco portará armas, señalamiento que llega luego de que legisladores estadounidenses reclamaran el fin de la prohibición de portar armas a sus agentes en México, tras la ejecución del agente Jaime Zapata a manos de “Los Zetas”.
También el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mark Toner, confirmó el envío de vuelos de vigilancia antidroga a México como parte de un acuerdo de cooperación de ambos países en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, no dio detalles sobre la operación de dichos vuelos. A su vez, el vocero del Departamento de Seguridad Interna (DHC) –agencia que según el Times manejó un vuelo para ubicar a los asesinos del agente Jaime Zapata-, Matt Chandler, subrayó que “toda la Cooperación de Estados Unidos con México es a invitación del Gobierno de México y es coordinada completamente por el Gobierno de México”.
El nivel del malestar de los senadores de oposición fue inédito en el recinto de Xicótencatl contra el actual ocupante de la residencia oficial de Los Pinos. Sumamente disgustada, la priista Rosario Green, ex canciller y ex embajadora, experta en relaciones internacionales, señaló que si ese fue el acuerdo que se tomó en la entrevista de Felipe Calderón y Barack Obama, que se mantuvo en secreto, “me parece una barbaridad porque hay disposiciones constitucionales efectivamente que tienen que ver con el espacio aéreo mexicano”. Agregó que “si no hay nada que ocultar, ¿por qué no debatirlo con el Congreso?, que a final de cuentas tiene muchísimo que ver con el mantenimiento de la soberanía nacional, de manera particular el Senado de la República”.
La senadora Green acusó a Felipe Calderón de someter al país a intereses extranjeros y cuestionó: “¿qué falta que haga el presidente Calderón para entregar el mando del país?”, y añadió que por supuesto se trata de una violación a la soberanía de la Nación en los dos aspectos: los vuelos de aviones no tripulados sobre territorio mexicano y la existencia de centros de control binacional.
La autorización de Calderón a Obama para esos vuelos “demuestra el entreguismo del gobierno mexicano”, aseguró el senador del PT, Ricardo Monreal. El legislador zacatecano destacó que ese acuerdo secreto es inconstitucional, viola la soberanía nacional y somete al país a una condición de indignación, de subordinación y entreguismo, y confirmó que el Senado de la República no tenía conocimiento del mismo. Para la senadora del PRD, Claudia Corichi, es muy grave que se le permita al gobierno de Estados Unidos sobrevolar el espacio aéreo mexicano y sostuvo que Calderón tiene que informar sobre los diferentes operativos que están realizando agentes y militares de Estados Unidos en territorio mexicano.
Hasta el senador panista Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, señaló que la autorización para estas misiones “tendría que haber pasado por el Senado”, pero no ha habido ninguna información al respecto. El legislador hidrocálido destacó que “nuestras leyes no permiten que ninguna policía o fuerza militar (extranjera) opere dentro de nuestro país”.
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