Los amparos interpuestos por autoridades ejidales en contra de los proyectos energéticos son un freno para la llegada de inversiones al país, asegura la Comener.
Los derechos ejidales están causando que los proyectos energéticos a desarrollarse en comunidades se retrasen un año, lo que a su vez ha provocado desconfianza para invertir en México y problemas en los acuerdos entre Pemex, CFE y las empresas privadas ganadoras de concursos de la Reforma Energética, señaló el Consejo Mexicano de la Energía (Comener).
Lo anterior se da por personas que aconsejan de manera legal a los ejidos para poderse amparar en contra de los proyectos, encontró el grupo empresarial.
“Existen algunos individuos que aconsejan a la autoridad ejidal, les otorguen un poder para conceder la suspensión provisional que, en este caso, suspende las actividades derivadas de la Reforma Energética y por ende las inversiones”, explicó Comener en un comunicado.
En entrevista, Juan Acra, presidente del organismo empresarial, señaló que el objetivo de los empresarios es encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos ejidales y la protección de las inversiones, pues la forma de operar de quienes detienen los proyectos afecta demasiado la generación de nuevos servicios.
“Queremos una gasolina de menor costo, queremos otras fuentes alternas de combustible y además una tarifa eléctrica que sea más accesible, y todo este tipo de procedimientos hacen que la competencia entre estos productores se retrase”, señaló.
Otro factor que está deteniendo proyectos es la solicitud propiamente de un nuevo trámite que por Ley es necesario sacar para cualquier desarrollo energético: el estudio de impacto social. De momento hay cerca de mil 500 solicitudes para este papel en la Secretaría de Energía.
“Esto ya está formando un cuello de botella muy importante”, destacó Acra.
Las acciones anteriores ya están impactando los niveles de inversión que realizan empresas extranjeras en el país, advirtió Comener.
“Esto tiene una repercusión directa en el desarrollo del país, ya que las empresas extranjeras se cuestionan sobre la viabilidad de invertir en el sector, creando una situación de incertidumbre, además de retrasar o acotar los beneficios que produce la Reforma Energética a la sociedad mexicana”.
Además de la afectación a la imagen del país en general, hay implicaciones particulares a la propia imagen de las empresas estatales mexicanas, Pemex y CFE, que no han sido capaces de cumplir sus compromisos contractuales con los ganadores de licitaciones eléctricas o rondas petroleras toda vez que los derechos ejidales se han interpuesto en el camino.
“Todo esto debilita a las empresas del estado, como Pemex y CFE, que son sujetos de penalizaciones por incumplir los acuerdos pactados dentro del contrato con empresas ganadoras de una licitación pública internacional”, expresó el Consejo.
El Financiero publicó recientemente que los nuevos procedimientos de consulta indígena, tienen detenidos al menos 18 proyectos de infraestructura energética en el país, y tienen en riesgo otros 18 parques eléctricos ganadores de la primera subasta eléctrica.
Solicitudes de impacto social esperan a ser desahogadas por la Secretaría de Energía, señaló Comener.
Fuente: El Financiero
