Una sucursal de la cadena de autoservicio WalMart. Foto: AP
Se estima que el organismo operador de Agua de Hermosillo (Aguah) pierde ingresos poco más de 600 millones de pesos anuales por regalar agua a figuras públicas y grandes firmas comerciales.
La empresa Soluciones Sustentables Mexicanas (Sosumex), encargada de regularizar el organismo de 2013 a septiembre de 2015, dijo que esta anarquía administrativa se debe a que en este municipio existen cientos de tomas clandestinas, medidores manipulados y usuarios irregulares.
También encontró que los corporativos de talla mundial concretan ilícitos acuerdos, las constructoras de viviendas pagan únicamente del 20% al 30% del agua utilizada en la edificación, políticos locales y estatales gozan de tarifas “preferenciales”.
El asesor jurídico de Sosumex, Óscar Sotelo, ejemplificó que por cada 100 litros que Aguah inyecta a la red hermosillense solo cobra 24 litros; en regalar el líquido a comerciantes y políticos se van 46 litros y en fugas y deficiencias de la tubería se pierden 30 litros.
En 2015 la paramunicipal hermosillense, con aval de la Comisión Nacional del Agua (Coangua), bombeó a los usuarios 107.8 millones de metros cúbicos (Mm3), pero únicamente facturó 58.2 millones de metros cúbicos.
Además, supuestamente perdió en fallas hidráulicas 32.3 millones de metros (30%) y se calcula que los 17.3 millones de metros cúbicos restantes son obsequiados a políticos, corporativos, empresarios locales, así como a cadenas comerciales de cobertura mundial.
Esta última cantidad podría abastecer de agua potable a una ciudad de 150 mil habitantes en todo un año.
Uno de los casos insignes del desaseo administrativo de Agua es el líder mundial en tiendas de autoservicio Walmart, asentada en esta capital desde hace tres décadas.
Por ejemplo, en los registros oficiales este “Super Center”, que tiene una extensión de 48 mil metros cuadrados y ofrece el servicio de panadería, restaurantes y alimentos preparados, así como de departamentos de carnicería y pescaderías, en los meses de junio, julio y agosto no consumió un solo metro cúbico de agua.
Según el Número de Identificación de Servicio (NIS) 4001577, correspondiente a la franquicia de Sam Walton ubicada en el callejón Canal Villa de Seris número 9008, de Hermosillo, el consumo promedio en un inmueble como este no puede ser menor a mil 500 metros cúbicos mensuales, lo que representa un importe de 80 mil pesos.
Sin embargo en el trimestre antes citado se le facturó cero metros cúbicos y solo se le aplicó la tarifa mínima aceptada de 329 pesos por cada mes.
Imparables
Algo parecido ocurre con la franquicia internacional Burger King, con razón social Geboy de Tijuana SA de CV, con NIS 5052593. Dicho corporativo paga mensualmente 329 pesos, una tarifa semejante a la de cualquier vivienda pequeña de Hermosillo.
Un restaurante de comida rápida como este, por su giro comercial, consume al mes 350 metros cúbicos, lo que significaría una erogación mayor a 15 mil pesos, pero a la firma de fama mundial por sus hamburguesas a la parrilla en la capital sonorense registró un consumo de cero metros cúbicos en mayo y julio de este año.
La firma refresquera Pepsi, con razón social Bebidas Purificadas S de RL de CV, radicada en esta ciudad, liquidó el 4 de mayo de 2015 un adeudo que arrastraba desde 2010 por la cantidad de 17.4 millones de pesos. A la refresquera se le cobraba menos por descargar su drenaje a la red de aguas negras municipales.
Los mismos privilegios tiene el corporativo Coppel SA de CV, con NIS 4001098: De julio de 2015 a junio 2016 pagó un promedio mensual de 273 a 708 pesos porque supuestamente no consumió ningún metro cúbico de agua durante ese lapso, pese a contar con un almacén gigante de mercancía que abastece a sus sucursales.
La administración priista que inició operaciones en septiembre de 2015, le condonó el millonario adeudo y, mediante desconocidos acuerdos, no regularizó la tarifa real, por el contrario, le impuso una tarifa fija de 557 pesos mensuales.
La clase política local también goza de privilegios en ese rubro. El exalcalde hermosillense y candidato panista a la gubernatura sonorense, Javier Gándara, es dueño de una lujosa residencia en la avenida Herminio Ciscomani Cecco 810, con número de servicio 2013249. Por el tamaño de la propiedad se estima que consume no menos de 300 metros cúbicos mensuales, pero en los registros oficiales aparece con un consumo de 49 metros cúbicos por el que paga 687 pesos.
Batalla legal
La empresa Sosumex presentó el pasado 11 de enero una denuncia en la Contraloría municipal contra el director general de Aguah, Renato Ulloa, por la comisión de supuestos actos de corrupción.
La queja está soportada con la documentación de las empresas Solara Residencial y Autopeinador de Vigo; el consumo de agua que tienen ambos negocios no corresponde al registrado en sus medidores.
La querella alcanza también a Haciendas del Sur, del Consorcio de Ingeniería Integral. La constructora fue dada de baja del sistema de cobros de manera irregular –el 28 de septiembre último– unos 11 días después de que Ulloa rindiera protesta, sin que la desarrolladora liquidara su adeudo con Aguah y para edificar otras mil casas, en una segunda etapa, sin pagar un solo litro de agua.
Sobre estas irregularidades el 8 de marzo bajo expediente CCI/169, el contralor interno Saúl Reynaldo Cota, resolvió improcedentes los señalamientos porque el denunciante no señaló el la normatividad violentado por el director Ulloa y sus colaboradores.
“Esta resolución clarifica la complicidad y protección del contralor interno con los directivos de Aguah porque las denuncias aunque sean anónimas y sin el articulado vigente en la queja se deben investigar y resolver de encontrarse elementos suficientes de prueba”, puntualizó el abogado Sotelo, defensor de Susomex.
Respuestas incompletas
En entrevista, el director de Aguah, Renato Ulloa, solo atinó a comentar que desconocía estas irregularidades.
“No traigo ese dato; ya comenté que está publicado en la página web (de Aguah)”, justificó.
En tanto, el alcalde hermosillense, el priista Manuel Ignacio Acosta dijo únicamente que los reportes en su poder eran distintos a los expuestos en este reportaje.
“La verdad que desconozco la investigación y no hay elementos o no tengo elementos… la información que yo tengo es otra y tendríamos que profundizar”, balbuceó.
En números
Este dispendio encontrado en la paramunicipal hermosillense provocó la construcción del acueducto Independencia que costó 4 mil millones de pesos para extraer el agua de la presa El Novillo, perteneciente al río Yaqui, y trasvasarla a la cuenca del río Sonora.
Esta controversial infraestructura hidráulica ocasionó fricciones entre la población del sur y centro de la entidad porque el agua que actualmente abastece a esta capital es propiedad de la etnia Yaqui.
Si los empresarios pagaran con exactitud el agua que consumen, el grueso de la población tendría una tarifa mínima de 10 metros cúbicos, sin los respectivos aumentos en los cobros, que, sumados de 2010 a la fecha, son del 135%.
Incluso, una incorruptible administración en el organismo operador local habría evitado y enfrentado con suficiencia la “crisis por el agua” que se experimentó en Sonora en 2012 cuando la Presidencia de la República, a cargo de Felipe Calderón, incluyó a la entidad en el Programa integral de atención a la sequía.
Acusan de tráfico de influencias e intimidación a “hermano incómodo” de Osorio Chong
El empresario lechero Pedro Zaragoza Fuentes acusó a Eduardo Osorio Chong, hermano del titular de la Secretaría de Gobernación, de tráfico de influencias, intimidación e invención de pruebas en un conflicto legal entre socios del Grupo Agroindustrial Zaragoza.
En un desplegado de prensa publicado en el diario El Universal, dirigido al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, Zaragoza Fuentes destaca que en México se ha hablado mucho sobre el debido proceso y el daño que causa a la imagen del país en el mundo que funcionarios públicos “y algunos de sus familiares cometen prácticas ilícitas y reprobables, por lo que los integrantes del gabinete presidencial son los primeros obligados a respetar el marco legal”.
En este sentido, pide la intervención de Peña Nieto y López Valdez para que cesen “las acciones de presión, intimidación y tráfico de influencias que realiza en mi contra el abogado Eduardo Osorio Chong, hermano de su secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong), y que los asuntos legales en los que se me ha indebidamente involucrado, sean resueltos por autoridades competentes, con imparcialidad, apegados al debido proceso y con respeto pleno a mis derechos humanos”.
En su escrito, el empresario asegura que hace cuatro años inició un conflicto legal entre socios del Grupo Agroindustrial Zaragoza, esencialmente en contra de Jorge Humberto Zaragoza Fuentes, quien contrató los servicios de Eduardo Osorio Chong.
Desde entonces, apunta, “mi hijo, Pedro Zaragoza Delgado, y yo, hemos sufrido todo tipo de acoso y amenazas para privarnos de nuestro patrimonio y de nuestra libertad”.
Señala que el procurador de Justicia de Sinaloa, Gilberto Higuera Bernal, cuyo hijo Edgar Higuera Beltrán es socio de Eduardo Osorio Chong, “inventa delitos y confecciona averiguaciones previas en nuestra contra, utilizando toda la estructura oficial y presionando a autoridades judiciales” en la entidad “para que seamos detenidos, con el argumento de que tiene instrucciones que provienen del ‘centro’”.
Luego de destacar que el Ejecutivo federal “ha dado pruebas fehacientes de la importancia que reviste para su gobierno la transparencia y la adecuada impartición de justicia”, le solicita “su firme intervención a efecto de que no se permita que la figura de los ‘hermanos incómodos’ vuelva a manchar la historia de México y de nuestro sistema político-democrático”.
Zaragoza también denuncia la indolente actitud del presidente Enrique Peña Nieto al ignorar su queja. Y asegura que desde el 18 de agosto del año pasado presentó una carta-denuncia en las oficinas del Ejecutivo federal sin obtener respuesta hasta ahora.
En el desplegado aparecido este lunes, el empresario lechero demanda al gobernador Mario López que intervenga “para que cesen los actos que viene ejerciendo en nuestra contra el procurador de Sinaloa, Gilberto Higuera Bernal, mismos que hemos denunciado ante el Congreso y la Comisión de Derechos Humanos local y ante la PGR, particularmente por las presiones que ejerce contra el magistrado penal Ángel Gutiérrez Villarreal para que ordene la reaprehensión de mi hijo Pedro Zaragoza, por una improcedente ‘extorsión telefónica’”.
Finaliza: “La imagen de su gobierno en materia de transparencia y combate a la corrupción no debe alterarse por un caso como el referido, que involucra a su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien debería de abstenerse de incurrir en un conflicto de intereses favoreciendo a su hermano”.
Fuente: Proceso| MILTON MARTÍNEZ | La Redacción
