De izquierda a derecha las víctimas de tortura: Fernando Sánchez, Luis Manuel Barraza, Cristel Piña y Natalia Hernández. Fotos: Especial
CIUDAD JUÁREZ, Chih.- La consigna del gobernador César Duarte Jáquez es “dar buenos resultados” en materia de seguridad, y su mejor arma para lograrlo es bajo tortura o bien a través de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada.
Cuando Duarte asumió la gubernatura, el delito de extorsión en la entidad ya registraba altos índices, y su erradicación fue una de las exigencias del empresariado chihuahuense. El Ejecutivo dio la orden para que el Poder Legislativo aprobara la cadena perpetua para aquellos que cometieran los delitos de secuestro, extorsión y algunos tipos de homicidio.
Casi inmediatamente después los agentes ministeriales empezaron a hacer la tarea: amenazar a familiares de las personas que eran torturadas para que se declararan culpables, denuncia la abogada Clara Torres.
En 2014 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) registró 118 quejas contra agentes de diferentes corporaciones en la entidad por tortura, y en lo que va de 2015 ha recibido 65 quejas en la entidad. En respuesta, el organismo ha girado seis recomendaciones al gobierno de Duarte.
De acuerdo con el secretario técnico ejecutivo de la CEDH, José Alarcón Ornelas, no tienen registro de quejas por tortura de 2011 a 2013, porque el Sistema Penal no tenía catalogado ese delito. Las quejas sólo eran por violación por tratos crueles, inhumanos y degradantes en relación a la integridad física y moral, dijo.
El pasado fin de semana, luego de comprobarse que fueron torturados por agentes ministeriales, un Tribunal de Juicio Oral absolvió a tres hombres que hace dos años fueron procesados por supuestamente extorsionar a un dentista, de quien no se proporcionó el nombre.
El caso se suma a muchos más ocurridos en la actual administración, a partir de que la Fiscalía General del estado (FGE) adoptó esa práctica para mostrar “resultados”.
Los magistrados Aída Vázquez Arreola, Florina Coronado Burciaga y Arnulfo Arellanes Hernández absolvieron a Ricardo González Moreno, Emmanuel Medina Carrillo y Fernando Jesús Saldierna Villalobos, debido a que el Ministerio Público (MP) no acreditó la responsabilidad de los imputados, y el defensor Mario Espinosa Simental resaltó las contradicciones en el interrogatorio de la supuesta víctima cuando relató los hechos.
De manera simultánea al proceso, los acusados presentaron una queja ante la CEDH por tortura, y ésta emitió una recomendación a la FGE, después de acreditar que elementos ministeriales allanaron una vivienda para detener a los imputados, quienes fueron golpeados y torturados para declararse culpables.
De acuerdo con la recomendación, hubo violación al derecho a la integridad y seguridad personal, uso ilegal de la fuerza y tortura.
Espinosa Simental denunció que la Policía Ministerial Investigadora simuló el arresto de las tres personas el 4 de enero de 2013, y posteriormente elaboró documentos oficiales en los que detalló que la captura se había efectuado mediante un operativo realizado al día siguiente.
Según el agente del MP, el 2 de enero de ese año los supuestos extorsionadores concertaron una cita con el dentista en su consultorio, ubicado en la zona centro. Los tres llegaron juntos, pero sólo dos entraron a la oficina, donde golpearon y ataron a la víctima con cinta adhesiva.
Segundos después ingresó el tercer sujeto –al parecer sobrino del dentista–, se dirigió al lugar donde se encontraba el dinero y tomó 2 mil dólares y algunos aparatos eléctricos.
Al día siguiente los agresores llamaron por teléfono a la víctima para pedirle que cada mes depositara en una cuenta 30 mil pesos para dejarlo trabajar. De acuerdo con la representación social, dicha cuenta pertenecía a Ricardo González Moreno.
No obstante, las acusaciones no fueron sustentadas y los magistrados finalmente determinaron absolver a los acusados.
Cifras del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua indican que entre 2011 y agosto de 2015, los jueces absolvieron a 400 imputados porque no había elementos para considerarlos culpables. En 2011 absolvieron a 53 (25 en juicio abreviado y 28 en juicio oral), un año después a 46 (27 en procedimiento abreviado y 19 en juicio oral) y en 2013 a 81 (44 en juicio abreviado y 37 en juicio oral). En 2014 se registraron 129 absoluciones (59 en procesos abreviados y 70 en juicio oral) y en 2015 van 91 (41 en procesos abreviados y 50 en juicio oral).
De 2011 a 2014, el Centro de Derechos Humanos ‘Paso del Norte’, que trabaja en Ciudad Juárez, ha documentado, sólo en esa frontera, 128 casos de personas detenidas injustamente. Las víctimas son principalmente jóvenes y pobres, hombres o mujeres, explicó Patricia Galarza Gándara, coordinadora del área psicosocial del organismo.
Hasta ahora ha logrado la liberación de 11 jóvenes sobrevivientes de tortura (en tres causas penales), quienes fueron agredidos para auto inculparse. “Aniquilan al ser humano de cuerpo, de alma y de mente, para que digan lo que la autoridad quiere que digan. La recuperación para ellos es lo más difícil”, dice la psicoanalista.
Diana Morales, coordinadora jurídica del Centro ‘Paso del Norte’, explica que cuando aumenta la “conflictividad”, para dar resultados a las autoridades los agentes detienen a sus víctimas a base de represión y tortura, o de plano acuden a la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada.
“Duarte pide resultados. Hay cambios, sí, el sistema es garantista, ¿pero para qué?”, cuestiona la abogada, y recuerda los cambios realizados al Sistema Penal Acusatorio cuando inició el actual sexenio.
Destaca que con la contrarreforma dejó de existir el término “flagrancia”. Antes, dice, la confesión no era “la prueba reina”, y aun cuando había tal, debía haber una confrontación ante el juez entre el Ministerio Público y la defensa. “La confesión sólo se aceptaba si era espontánea. Se le daba mayor peso a las pruebas científicas, y ahora graban el testimonio del detenido como prueba anticipada, lo que ha motivado la tortura”.
Luego advierte que con la implementación del nuevo código nacional en materia penal, Chihuahua tendrá que adecuar la contrarreforma que aprobó en 2011.
Para Clara Torres, la tortura en la entidad se agudizó a raíz de la presión internacional para que el gobierno de César Duarte bajara los altos índices delictivos. Entonces se comenzaron a fabricar pruebas.
La abogada, quien perteneció a la Mesa de Seguridad de Ciudad Juárez, refiere que en 2012 instalaron la “mesa de abusos policiacos” al interior del mismo organismo, debido la cantidad de casos que les llegaban.
En algunos de ellos, agrega, no se registraba la tortura como tal, sino como abuso policiaco, porque éste prescribe al año y no se le da el mismo tratamiento. Sin embargo, el gobierno se ha visto obligado a reconocer que sí hay tortura y, lo peor, de manera sistemática.
“La tortura la usan para validar el Sistema Penal Acusatorio y se extiende hasta los familiares de los imputados torturados”, subraya.
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La noche del pasado 7 de febrero, una masacre ocurrida en Ciudad Juárez –“la ciudad modelo” que ha presumido el gobierno estatal en los últimos años– movilizó a las autoridades, que para dar fuerza a los anuncios de “baja de la incidencia delictiva” se vieron obligadas a mostrar resultados.
En aquella ocasión, cinco hombres fueron ejecutados en la colonia Felipe Ángeles. El gobierno estatal se apresuró a informar que las víctimas eran del Valle de Juárez y los presuntos agresores pertenecían al grupo criminal Barrio Azteca. “Cuando vieron invadido su territorio, cometieron el multihomicidio”, subrayaron las autoridades encargadas del caso.
El fiscal general, Jorge Enrique González Nicolás, aseguró que tenían evidencias científicas e imágenes de un video captadas por cámaras viales, donde se observó a varios vehículos cuando llegaban al estacionamiento de una tienda ubicada en el bulevar Bernardo Norzagaray, y a una estación de servicio donde los presuntos asesinos compraron gasolina.
El 22 de febrero fue detenido Jorge Luis Barraza Muñoz, de 24 años de edad, señalado como sicario y vendedor de droga. “El día del crimen fue ‘halcón’ y prendió fuego a los vehículos y a dos cadáveres”, destacó el funcionario estatal.
Barraza fue presentado junto con otros tres hombres como presuntos responsables del múltiple crimen. Un juez de Garantía los vinculó a proceso por los delitos de homicidio contra cinco personas y lesiones contra tres más. También fueron acusados de incendiar intencionalmente dos vehículos de modelo reciente.
En entrevista con Apro, el padre de Barraza, Luis Manuel Barraza Muñiz, asegura que su hijo viajaba cada semana de El Paso, Texas, a Ciudad Juárez. El muchacho no participó en el crimen, dice, y pide que las autoridades investiguen la tortura a la que fue sometido, “porque sólo lo mantiene en prisión el testimonio de otro de los imputados, Ramón Gabriel Verdín Ovalle, ‘El Cabe’, quien también fue torturado para decir que lo conocía”.
El 2 de marzo, el padre de Jorge Luis interpuso una queja por tortura ante la CEDH. En ella destaca que cuando su hijo fue detenido, lo esposaron sin motivo alguno, le tomaron fotografías con un celular y lo llevaron “a un lugar desconocido”, pero a él le aseguraron que lo trasladarían a la Fiscalía para investigarlo.
“Me dijeron que yo era el del video y me empezaron a golpear. Me pusieron la chicharra en las palmas de las manos y en la espalda, me golpeaban la cabeza con la mano abierta, muy fuerte, querían que les dijera que yo era el del video (…) Yo estaba con los otros y escuchaba a uno de los ministeriales decir que el jefe ya los traía muy presionados con ese trabajo (…) Me llevaron para que me reconociera alguien de los que venía golpeado y dijo que sí. Estuve escuchando cómo gritaban otras personas, cómo lloraban y los torturaban, peor de lo que a mí me hicieron. No lograron sacarme ninguna declaración a mí porque les dije que yo no diría nada que no fuera cierto”, afirma el imputado en la queja que recibió la CEDH.
Debido a que Jorge Luis presentó inflamación, escoriaciones y dolor en varias partes del cuerpo cuando fue presentado, el juez ordenó un examen médico, pero no se lo practicaron.
Su familia contrató los servicios de David Rodríguez Torres, secretario general del Centro de Desarrollo de Investigaciones en Ciencias Forenses en Ciudad Juárez, para comprobar con evidencias que la Fiscalía no había demostrado científicamente la culpabilidad de Barraza.
En el expediente 3257/2015, Rodríguez ha evidenciado que el MP solicitó únicamente la huella genética de puertas, palanca de cambios y volante del vehículo Dodge línea Neón, modelo 1993, que fue utilizado en el crimen.
Según el investigador, la representación social no aplicó reactivos químicos para realizar el revelado, fijación y levantamiento de impresiones dactilares en el interior y exterior del vehículo, robado el mismo día que ocurrió el multihomicidio.
La Fiscalía solicitó al director estatal de servicios periciales y ciencias forenses que realizara un retrato hablado del sujeto que compró los galones de agua marca Bonafont que utilizó para llenarlos de gasolina, con la que posteriormente fueron quemados los autos y las personas. No obstante, esa diligencia no se ha realizado hasta ahora y Barraza fue acusado de comprar el carburante.
En un oficio que envió el jefe de Bomberos, Alfredo Salas, al director de Protección Civil municipal, Fernando Mota Allen, informó que trabajadores de la FGE “no permitieron el acceso al lugar (del crimen) a personal de Protección Civil y Bomberos, bajo el argumento de ser ellos los encargados de la escena, tomando posesión de la misma, de tal manera que no se llevó a cabo la total extinción del fuego, ni se realizó la serie fotográfica y verificación de evidencias para determinar las causas que originaron el siniestro”.
El 22 de febrero el MP solicitó al médico legista –a través del oficio UIDV-1548/2015– que practicara una toma de saliva a Barraza Muñoz, pero hasta ahora no tienen los resultados para cotejarlos con el material de los hisopados que se realizaron en el vehículo Dodge 1995.
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El 12 de agosto de 2013, Cristel Piña Jasso, de 23 años y madre de dos hijos, fue detenida en Ciudad Juárez con su esposo Leonardo Gilberto de la O, de 25 años. Ambos fueron torturados y consignados por extorsión, junto con José Eduardo Estrada Cardona, de 20 años.
Según las autoridades, con la triple detención se dio “un fuerte golpe” a la delincuencia organizada. A la banda, dijo, se le seguía la pista desde hace tiempo.
De acuerdo con vecinos, el día de la captura el matrimonio se encontraba en su casa con sus dos hijos, cuando llegó la Policía Estatal Única, tiró la puerta y sacó por la fuerza a Cristel y Leonardo Gilberto. Posteriormente fueron entregados al grupo “anti extorsión”.
Los agentes ministeriales llevaron a la pareja a una bodega donde había otros detenidos y durante dos días los torturaron. Ella, violada frente a su esposo, fue golpeada en la cabeza, las costillas y las piernas. Todos los que se encontraban en el lugar firmaron su auto incriminación.
Después de muchos intentos, el padre de Cristel, Rafael Piña, finalmente logró ver a su hija. La encontró con golpes en el rostro, pero ella le pidió que callara para que no la siguieran violentando y para que a él mismo no se convirtiera en víctima.
El 14 de agosto de 2013, la pareja y José Eduardo Estrada Cardona fueron presentados ante los medios como extorsionadores. Cristel se retractó de su confesión ante el juez roque y denunció que fue víctima de tortura, pero eso a nadie le importó.
El Centro de Derechos Humanos ‘Paso del Norte’ tomó el caso del matrimonio y pidió la apertura de una averiguación por tortura. Los jueces accedieron, pero a partir de ese momento iniciaron las represalias para Cristel y Leonardo y los familiares fueron amenazados de muerte.
Desde prisión ella continúa su lucha por obtener justicia, porque los casos de tortura sexual en Chihuahua, dice, son generalizados, pero la mayoría de las mujeres no denuncia por miedo.
El Centro ‘Paso del Norte’ logró que la Procuraduría General de la República (PGR) programara para noviembre de 2015 la aplicación del Protocolo de Estambul para Cristel y su esposo. La apertura del juicio oral está programada para el 16 de enero de 2016.
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Natalia Hernández Gutiérrez, de 24 años de edad, también fue detenida con su esposo (de quien no se proporcionó el nombre) el 4 de mayo de 2012. A ambos los acusaron del delito de extorsión, según la causa penal 11498/2012.
Natalia –con dos hijos de cuatro y seis años cuando fue aprehendida– fue violada sexualmente por cuatro policías estatales frente a su pareja. Su madre, Rosa María Gutiérrez, interpuso una queja ante la CEDH.
“Cuando la señora presenta la queja, el visitador Gustavo de la Rosa le responde: ‘Eso dicen todas para que las dejen libres’. Y a pesar de estar a unos cuantos pasos de donde la víctima estaba, no acudió a verla, no se documentó la evidencia ni solicitó la revisión inmediata de un médico que lograra preservar la prueba científica de la violencia”, dice Clara Torres.
La madre de Natalia se quejó de la respuesta del visitador y turnaron el expediente a una visitadora. “A ese caso le dio seguimiento por la coordinadora de abusos policiacos de la Mesa de Seguridad, hasta que por unanimidad los jueces la declararon inocente por falta de pruebas e instruyeron la apertura de una carpeta de investigación por tortura. Se presionó y logró ser el primer caso de más de 80 ante la CEDH para practicar el Protocolo de Estambul con peritos de la PGR”, recuerda la abogada.
Después de dos años y medio en prisión, Natalia fue absuelta, pero permaneció arraigada durante 21 días en un hotel, mientras se investigaba la violación y tortura que sufrió por parte de los policías.
La joven fue presionada para que se retractara de las acusaciones contra los agentes, pero ella no cedió. “En la fiscalía no abrieron el expediente por tortura y el caso se fue a la Fiscalía de Género. Se logró en enero pasado”, señala Torres.
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Desde el 7 de enero de 2013, Lucía Angélica Carrillo Salas ha vivido un infierno después de la detención de su esposo Fernando Jesús Saldiema Villalobos, de 48 años, y de su hijo de 24 años. Ambos fueron acusados del delito de extorsión.
“Unos ministeriales entraron a su casa y los golpearon frente a sus otros hijos, que son cuates (de 12 años). A ella la golpearon y a su hija la encañonaron con armas largas frente a su nieto de dos años, luego se llevaron a su esposo y a su hijo”, relata Clara Torres.
A Fernando Saldiema los uniformados le provocaron tres fracturas en la nariz y presentó sangrado anal porque lo violaron con un tubo.
Luego de que la familia denunció la tortura contra Fernando y su hijo, sujetos desconocidos allanaron y robaron su casa, y “levantaron” al hijo de 12 años para amedrentarlos. Cuando el adolescente regresó a su casa, su madre interpuso la denuncia, pero la Fiscalía la desapareció. Tras ese hecho, el joven ha intentado suicidarse en diversas ocasiones.
El caso fue denunciado ante la CEDH y turnado al visitador Omar Téllez, quien logró que el organismo emitiera una recomendación por tortura (14/14) en noviembre de 2014. Después de dos años y medio de haber sido detenidos, Fernando y su hijo fueron liberados, pero hasta ahora no se ha abierto una carpeta de investigación por tortura.
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La causa penal 2655/2013 asienta que Fernando Sánchez Espino, de 50 años de edad, murió en prisión “por causas naturales”, tres meses después de haber sido aprehendido. No obstante, el acta de defunción indica que falleció el 18 de julio de 2014 por “fallo renal/hepático, sepsis severa y perforación víscera hueca (colon)”.
Sánchez Espino fue capturado el 20 de noviembre de 2013 por elementos de la Policía Estatal Única, junto con su yerno Ernesto Díaz Moncada (de origen estadunidense), de 21 años de edad, acusados del delito de extorsión.
Cuando aquel ingresó al Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3, ya no podía caminar por los golpes que le propinaron los uniformados y su salud empeoró de manera paulatina, hasta que murió en el Hospital General. El proceso continúa hasta ahora.
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El 7 de marzo del año pasado fueron absueltos Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Víctor Manuel Martínez Rentería, Gustavo Martínez Rentería y Ricardo Fernández Lomelí, quienes tenían entre 19 y 29 años de edad cuando fueron detenidos y acusados de emboscar a agentes federales el 15 de agosto de 2010.
Los cinco jóvenes, que también fueron acusados de detonar un coche bomba en Ciudad Juárez, permanecieron internados en penales federales de Tepic, Nayarit, y del estado de Veracruz.
“Una vez que son liberados, trabajamos para que se entienda en qué contexto se da la tortura. Ellos son sobrevivientes, fueron una muestra ‘para dar resultados’, así se los dijeron. El caso se da cuando hay un impacto social en Ciudad Juárez, tienen una fuerte afectación emocional”, explica Patricia Galarza Gándara, coordinadora del área psicosocial del Centro de Derechos Humanos ‘Paso del Norte’.
“Lo primero que han hecho es ir a buscar trabajo, sentirse útiles, algunos de ellos son padres de familia. Todos trabajan ahora. No fue fácil incorporarse, primero llevaron un acompañamiento terapéutico (porque) salieron con condicionamiento físico y emocional. Hay reglas en la sociedad, en el contexto familiar, y han trabajado para insertarse. También los familiares han sido acompañados en la parte emocional”, detalla la terapeuta.
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Luego de que se les practicó el Protocolo de Estambul, otros cuatro jóvenes –uno de ellos menor de edad– fueron absueltos del delito de extorsión.
Misael Sánchez y Juan Antonio y Jesús Iván Figueroa Gómez obtuvieron su libertad el pasado 2 de julio. Desde entonces tienen protección porque viven amenazados, perseguidos e intimidados por los ministeriales. El caso es monitoreado por Amnistía Internacional, que solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Luis Adrián Figueroa Gómez, el menor de edad, fue absuelto en agosto de 2013 por la Sala de Adolescentes Infractores.
Fuente: Proceso| PATRICIA MAYORGA
