Trabajadores de Pemex limpian derrame de crudo en Cadereyta, Nuevo León.
Foto: Víctor Hugo Valdivia
MONTERREY, N.L.- Un año después del derrame de combustible provocado por la “ordeña” a un ducto de Pemex en Cadereyta, los residentes del sector padecen las secuelas de la afectación ambiental.
En rueda de prensa, María Orfelinda Pérez refutó a Petróleos Mexicanos que el jueves difundió un comunicado en el que señaló que todo el material oleaginoso fue retirado de los 6.5 kilómetros lineales que fueron contaminados por la toma ilegal que desconocidos improvisaron en la línea Madero-San Juan, localizada en este municipio de la periferia urbana, donde está asentada la refinería.
Ella y los habitantes del área han sufrido diarrea y otras enfermedades relacionadas con el combustible que se ha mezclado con los mantos freáticos en el subsuelo.
Pérez Hernández sostuvo que el agua que extraen de los pozos, la única a la que pueden acceder, es impura por los restos de la fuga que ahí se encuentran.
En las oficinas de la asociación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), María Pérez acusó que el derrame afectó también la economía de los ejidos del área.
“Se fue deteriorando todo allá en el ejido. Ahorita no se levantan cosechas. No hay árboles frutales porque la fruta se cae, ya sea naranja, limones, todo lo que nosotros producimos para comer y vender. No hay vida porque no podemos comer, todo está tirado. Los aguates tampoco sirven.
“El agua está contaminada, muchos padecemos diarrea, yo soy de las que han sido afectadas desde un principio del estómago por esta situación. No tenemos manera de vivir, no trabajamos los campos, no hay agua, el pescado no sirve, está desierto. No tenemos forma de salir adelante. No hay recursos no hay dinero”, deploró.
Otra de las residentes señaló que las autoridades se desentendieron del problema y que la ciudadanía en general no cree que haya repercusiones del derrame de crudo, ocurrido a la altura del ejido Soledad.
“En pocas palabras, nos desgraciaron la vida, porque nos dejaron sin agua, que con eso hacemos todo. Hay gente que no tiene para comprar el garrafón y agarra del pozo, pero los responsables dicen que el agua está buena, que está limpia, que la tomemos, pero si lo hacemos nos enfermamos y ¿con qué nos curamos? Estamos en un dilema y mucha gente cree que somos mentirosos, pero es una realidad”, denunció.
El biólogo Antonio Hernández señaló que Pemex ha dicho que no hay daño ecológico por el derrame, pues ya todo el combustible fue debidamente retirado, sin embargo, no ha dado a conocer ni un solo estudio de la calidad del agua, necesario para dar certeza a los pobladores.
Esta falta de información hace que él no pueda afirmar, con certeza científica, que el río San Juan sigue contaminado por el derrame, aunque las evidencias así lo indican, por los testimonios de los residentes y la turbiedad del agua que se extrae de las norias.
Además, señaló que la fuga provocada por la ordeña, de la que no han sido encontrados los responsables, reveló que la refinería de Cadereyta vierte aguas residuales subrepticiamente sobre el río San Juan, un afluente que lleva agua a la presa El Cuchillo, en el municipio de China, de donde se extrae líquido para el servicio de la zona metropolitana de Monterrey.
Después del derrame, en el Congreso local los diputados crearon una comisión para dar seguimiento al caso.
La legisladora independiente Lilia Sandoval lamentó que ese grupo de trabajo haya servido únicamente para lucimiento de algunos diputados y del gobernador priista Rodrigo Medina, que fue al lugar a tomar agua de la llave, aunque ella sostuvo que fue líquido de garrafón.
El priista Gustavo Caballero fue presidente de la comisión que no tuvo ninguna utilidad, dice la legisladora.
“En su momento formamos la Comisión en el Congreso del estado y quiero dejar claro que las autoridades tanto legislativas, municipales, estatales y federales son irresponsables. Mientras existan los acuerdos dentro del Congreso y no se logre el objetivo primario que es el interés de los ciudadanos, no se avanzará. La comisión se formó por política”, denunció.
Un grupo de 2 mil personas de los ejidos Tepehuaje, La Haciendita y Concepción, afectados por el derrame del año pasado, demandaron en la dirección de Pemex en el Distrito Federal una indemnización, señaló el abogado Roberto Santana Villarreal, del Colegio de Abogados Pro Personae, que asesora a los quejosos.
Al presentar su exigencia para la reparación del daño, el pasado 1 de octubre, la empresa respondió con una negativa, por lo que los afectados recurrieron al Tribunal de Justicia Administrativa, donde aceptaron las demandas. Actualmente, el caso se encuentra en plena disputa legal, dice Santana.
El 16 de agosto de 2014, día en que estalló el oleoducto, Pemex guardó silencio. El lunes 18, la empresa alertó sobre el derrame, pero hasta nueve días después dijo que el combustible había llegado al río San Juan.
En total se vertieron sobre el afluente unos 4 mil barriles, equivalente a 639 mil litros de petróleo crudo.
Las comunidades más afectadas fueron, entre otras, San Juan, Mexiquito, Santa Isabel y Dolores, y Soledad Herreras.
“Agua limpia”: Pemex
El jueves pasado, Pemex difundió un comunicado para asegurar que, a un año del derrame, los análisis de laboratorio han certificado que no hay presencia de hidrocarburos ni derivados en la acequia y el río.
La presunta potabilidad del agua fue respaldada por estudios del Instituto del Agua de Nuevo León, Secretaría de Salud estatal, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Dirección de Ecología de Cadereyta.
“Petróleos Mexicanos atendió de inmediato el incidente, controló el derrame y procedió a reparar el ducto, al mismo tiempo que notificó y mantuvo estrecha coordinación y colaboración con las autoridades federales, estatales y municipales, y presentó la denuncia correspondiente ante la PGR”, destacó la empresa productiva en un boletín.
La petrolera también sostuvo que las acciones oportunas evitaron que el hidrocarburo llegara a El Cuchillo.
No obstante, admitió que la limpieza del río y la reparación del ducto costaron a Pemex unos 150 millones de pesos.
Luego concluyó que la fuga no fue su culpa: “Petróleos Mexicanos fue víctima de un acto vandálico que generó afectaciones a la comunidad, al medio ambiente y a la economía de la empresa, sin embargo, actuó y seguirá actuando de manera responsable”.
Fuente: Proceso| LUCIANO CAMPOS GARZA
