-SME CONVOCATORIA DE REANUDACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 12 Agosto 2015
-“Acarreo” de indígenas al Edomex para encuentro con Peña
Coreando el nombre hecho consigna, los asistentes, representantes de 68 etnias, se congregaron en el Centro Ceremonial Otomí, en Temoaya.
Ahí, Peña Nieto admitió los resultados de la reciente medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que documentó el incremento en la pobreza y el fracaso de programas sociales como la Cruzada contra el Hambre, con énfasis en los resultados para los pueblos.
“De acuerdo con datos de Coneval, poco más de 46% de nuestra población enfrenta distintas condiciones de pobreza. Sin embargo, más de 70% de la población de nuestros pueblos originarios enfrenta condiciones de pobreza”, dijo el mandatario.
En su mensaje, anunció su intención de poner en marcha un programa para introducir servicios básicos como agua, luz y drenaje en 3 mil 250 comunidades indígenas que tienen menos de 100 habitantes.
Peña Nieto agregó que la Cruzada contra el Hambre atiende a un millón y medio de familias en 406 municipios, entre otros datos y cifras de programas sociales, para sumar 80 mil millones de pesos presupuestados para atender a pueblos originarios.
Además, aseguró que el presupuesto para el próximo año se propondrá con el sentido de generar mayores inversiones en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y parte de Michoacán.
En el evento no estuvieron presentes los yaquis que en estos meses demandan conservar el agua de sus territorios ni los de la Sierra Norte de Puebla, quienes se oponen a los megaproyectos mineros y energéticos.
Las ausencias notables fueron también de los guarijíos de Sonora, tenek de la Huasteca, nahuas de Ostula, huicholes de Nayarit y Jalisco, nahuas de Colima, mixtecos y tlapanecos de Guerrero.
Tampoco acudieron los nahuas de Xochicuatla, Estado de México, que a la misma hora recibieron a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero.
Es decir, no estuvieron en el acto las etnias y comunidades con problemáticas relacionadas precisamente con políticas, permisos y proyectos federales.
Lo representantes indígenas que asistieron corearon el apellido del presiente en diferentes oportunidades, y lo forzaron a interrumpir su discurso para expresar: “Me da mucho gusto que tengan presente hasta mi apellido aquí en las porras”.
-Llevan protesta hasta la residencia oficial de Javier Duarte; exigen su renuncia
XALAPA, Ver. (apro).-Tras nueve días de indiferencia oficial ante el cúmulo de protestas y plantones por los asesinatos del fotoperiodista Rubén Espinosa y de la activista Nadia Vera, unas mil personas decidieron trasladar los actos de repudio a la residencia donde pernocta y ocasionalmente tiene juntas de trabajo el gobernador Javier Duarte.
Activistas, académicos de la Universidad Veracruzana (UV), ambientalistas, estudiantes y comunicadores se concentraron frente al número 302 de la calle 24 de Febrero, en la colonia 2 de Abril, para gritar consignas en contra del mandatario priista y exigir su renuncia.
Los manifestantes colocaron una ofrenda floral en la entrada trasera de la residencia oficial y en la entrada principal. Además, colocaron cartulinas de consigna: “Fuiste tú”, “Javier Duarte, fuiste tú”, “Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos”.
Sobre la placa que da la bienvenida a la “Casa Veracruz”, periodistas depositaron flores blancas y colocaron retratos tanto de Rubén Espinosa como de Nadia Vera.
El acto de protesta partió de la plaza Lerdo –renombrada plaza Regina Martínez por Espinosa Becerril–, transitó por Viaducto, Enríquez, Revolución y 20 de Noviembre, hasta llegar a la residencia oficial de Duarte de Ochoa.
Ahí, los elementos de ayudantía y custodios del mandatario priista prefirieron guarecerse en el interior del inmueble, mientras cámaras monitoreaban el copioso número de inconformes.
La marcha, que arrancó con 500 personas, se multiplicó media hora después, ya que diversos ciudadanos y estudiantes se fueron sumando en los alrededores de la calle Enríquez y Revolución.
Otros ciudadanos que ni siquiera conocieron a Rubén y Nadia portaron cartulinas con la siguiente leyenda: “¿Y si la siguiente fueran tus hijos, tu esposa, tu hermano… seguirías diciendo que en Veracruz no pasa nada?
El acto de protesta fue presidido con una lona negra con los rostros de Espinosa y de Vera, así como la leyenda que ya circula de forma viral en redes sociales: “Sabemos quién fue”, en alusión a los cuerpos de la SSP estatal.
“Mancera, no protejas a Javier Duarte”, “Montano, guarura de Duarte” y “la libertad de expresión es un pase a la muerte”, eran algunas de las consignas que los manifestantes y activistas gritaron durante el trayecto de la marcha.
Los periodistas de Xalapa y de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se sumaron a la convocatoria de protestas para conmemorar los nueve días del cruento asesinato, y lo hicieron vestidos de blanco, portando una flor (para exigir paz) y con máscaras de papel con el rostro de Rubén Espinosa.
“Libertad de expresión, alto ya a la represión”, fue otra de las consignas de los compañeros del fotoperiodista de Proceso y Cuartoscuro.
En el acto de protesta, Norma Trujillo, de La Jornada Veracruz, leyó un comunicado en el que recordó que Espinosa dio un “grito de auxilio” que no fue escuchado en las altas esferas de gobierno ni en las organizaciones protectoras de periodistas: “Ni lo vieron ni lo oyeron”, sentenció.
Trujillo expuso que hoy en el gremio hay luto por el dolor de ver partir a un fotoperiodista que fue incómodo al poder, que le gustaba denunciar la corrupción, pero sobre todo exigir justicia para los compañeros asesinados.
“Gritó ‘estoy aquí, no quiero ser el siguiente’, lo dijo ante diputados y autoridades… nadie lo escuchó”, deploró.
Otros activistas recordaron que desde 2012 han sido atacados sistemáticamente por autoridades y policías de la SSP, quienes los han detenido sin motivo alguno, los han golpeado, intimidado y amenazado.
“Al día de hoy el hostigamiento no ha cesado; por el contrario, aumenta, es más duro, más directo desde el fin de semana del brutal asesinato. La SSP, Fuerza Civil, los ministeriales, los policías vestidos de civil rondan nuestras calles, nuestros barrios, vigilan nuestras casas, nos toman fotos.
“Elementos de la Fuerza Civil han detenido a compañeros sin motivo para llevarlos a los separos y amedrentarlos por horas, fuera de proceso, sin cargos. Así andamos, con el aguijón de la amenaza tras la nuca”, expresó Edith, una de las activistas.
En la marcha fueron visibles varios investigadores y académicos de la UV, quienes aseguraron que ya “la sociedad está harta de la violencia, la represión y de una administración estatal que va a la deriva”.
-Llegada de Rodríguez Almeida, un riesgo de más represión en Puebla: ONG
PUEBLA, Pue. (apro).- Organizaciones sociales alertaron que la llegada de Jesús Rodríguez Almeida a la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla representa un riesgo de que la represión recrudezca en esta entidad; por ello, anunciaron el inicio de una colecta de firmas para exigir su destitución.
Apenas nombrado ayer domingo 9 por el gobernador Rafael Moreno Valle para sustituir a Facundo Rosas Rosas, la designación de Rodríguez Almeida originó la inconformidad generalizada de organizaciones y movimientos sociales por sus antecedentes como procurador general de Justicia y secretario de Seguridad en el Distrito Federal.
El Movimiento por la Alternativa Social (MAS), la representación en Puebla de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Central Campesina Cardenista, la Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH) y trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), manifestaron su preocupación por este nombramiento.
Más que para combatir la problemática de inseguridad que afecta a los poblanos, dijeron que su llegada tiene el mismo perfil de sus antecesores Rosas Rosas y Ardelio Vargas Fosado, quienes se distinguieron por operativos violentos contra las manifestaciones sociales.
Recordaron que Rosas Rosas renunció a la SSP en medio del escándalo de que los mandos policíacos a su cargo fueron detenidos por estar involucrados en el tráfico de combustibles robados a Pemex y por brindar protección a otras bandas delictivas.
Marco Mazatle, representante del MAS, informó que las agrupaciones decidieron conformar un Observatorio Ciudadano de Justicia Social para estar al pendiente de la actuación de Rodríguez Almeida y denunciar la inseguridad que priva en Puebla y afecta a todas las clases sociales.
“El propósito es buscar una solución desde la ciudadanía y tejer una red con grupos de autodefensas que cuentan con información directa”, explicó.
El activista añadió que “los poblanos tenemos que organizarnos con las guardias comunitarias, con grupos de vecinos vigilantes, para crear el primer observatorio que denuncie públicamente los problemas de inseguridad que a diario se viven”.
Con Rodríguez Almeida, consideró, existe un mayor peligro para los poblanos, luego de que como funcionario del DF, su gestión estuvo fue marcada por la represión contra participantes en las marchas por los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y contra los integrantes de la CNTE.
“Queda comprobado que el perfil de Moreno Valle es la represión. No es posible que haya jalado (a su gabinete) a este tipo de personas que está demostrado que es un represor. ¿Qué podemos esperar los poblanos, los movimientos sociales, los activistas? Pues que continúe esta represión o que aumente”, vaticinó.
Marco Mazatle recordó que actualmente 241 activistas poblanos enfrentan procesos penales. De ese total, 171 están en prisión por haber participado en marchas, movimientos sociales o por haberse opuesto a políticas impulsadas por la administración morenovallista.
No es sólo la persecución contra los movimientos populares, dijo, sino que el gobierno de Rafael Moreno Valle deja sin atender la inseguridad, la corrupción y los nexos que mantienen los cuerpos policíacos con el crimen organizado.
Para Israel Sampedro, vocero de la REDDH, la llegada de Jesús Rodríguez Almeida implica la continuidad de la política de represión y criminalización de la protesta que ha prevalecido en la administración del panista Moreno Valle Rosas.
Los antecedentes del ahora secretario de Seguridad del Estado, señaló, hacen suponer que en los últimos años del sexenio podrá haber más perseguidos y presos políticos en esta entidad.
Esa misma preocupación fue externada por Jorge Cabrera, representante de la CNTE en Puebla, quien recordó que los maestros en la entidad se han sumado a la serie de protestas contra la reforma educativa, por lo que al menos tres dirigentes enfrentan acusaciones judiciales.
Guadalupe Mejía, de los trabajadores de la BUAP, consideró que con la llegada de Rodríguez Almeida se puede esperar que la represión contra los grupos que protestan en esta entidad, por ejemplo, los universitarios, pueda agravarse.
Ricardo Jiménez, del MAS, demandó que los diputados se opongan al nombramiento del exfuncionario del DF. “Les pedimos que dejen de comportarse como cobardes, porque no hay clase social que esté a salvo del hampa en Puebla”, expresó.
Según el Movimiento, estadísticas oficiales aseguran que en el sexenio de Moreno Valle se han disparado los homicidios dolosos, secuestros, robos de auto con violencia y extorsiones.
“Sostenemos que Moreno Valle miente al presumir que Puebla se mantiene como uno de los estados más seguros de la zona, en comparación con entidades como Veracruz, Morelos o Guerrero”, concluyeron.
Irene Herrera, de la Central Cardenista Campesina, dijo que lo que hace falta es una reestructuración del sistema judicial y de seguridad en Puebla, pues igual que el procurador de Justicia del Estado, Víctor Carrancá, en vez de buscar la justicia, se ha dedicado a perseguir y apresar luchadores sociales.
“El problema de todo es que no hay resultado con este gobierno, y lejos de darnos más seguridad, nos está generando miedo con el nombramiento de este personaje”, expresó.
-Insumos y servicios para agricultores son más caros que en 2012
Durante su campaña electoral por la Presidencia, Enrique Peña Nieto prometió –entre muchas otras cosas– revolucionar el campo mexicano: mecanizar la producción, meterle tecnología, reconvertir cultivos, facilitar créditos a los productores…
Todo, decía, con el fin de que ya no se importe tanto alimento y que, por lo menos, se produzca aquí 75% de los alimentos que se consumen en el país.
Sin embargo, al menos en los dos primeros años de gobierno, el agro sigue en la misma postración: los insumos y servicios para quienes trabajan en el campo son más caros que en 2012; en dos años se recrudecieron las dificultades en la comercialización.
También son más difíciles el transporte y el almacenamiento de los productos agrícolas; hay menor acceso al crédito que en 2012; son más los productores, ahora, que no pueden acreditar la posesión de sus tierras.
Además, los productores no tienen información precisa de los precios de sus productos; en dos años se incrementó la pérdida de cultivos por causas climáticas, plagas y enfermedades y, por si fuera poco, cunde la inseguridad en el campo.
Esos son algunos de los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria, levantada por el Inegi y presentada hoy por el titular del instituto, Eduardo Sojo, y el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Enrique Martínez y Martínez.
La encuesta fue levantada entre el 16 de octubre y el 28 de noviembre pasados, para la cual se visitaron 25 mil 800 localidades y se entrevistó a 75 mil 148 productores.
En los rubros donde hubo avance, según la encuesta, es en la capacitación y asistencia técnica a productores; bajó la pérdida de fertilidad de los suelos; creció la infraestructura para producción; disminuyó la falta de organización para la producción y bajaron sensiblemente los litigios y las invasiones de tierras.
Sin embargo, en la parte estructural, el campo mexicano sigue igual. Por ejemplo, es poca la superficie de riego y mucho mayor la de temporal, con 20.3% y 79.7% respectivamente.
En efecto, de las 27.5 millones de hectáreas –concentradas en 3.3 millones de “unidades de producción”, que fue el objeto de estudio de la encuesta–, apenas 5.6 millones son de riego y las restantes 22 millones de hectáreas son de temporal.
Uno de los puntos en que la encuesta hace más énfasis es en materia de financiamiento. Lo positivo, dice la encuesta, es que el porcentaje de unidades de producción que obtuvieron crédito o préstamo aumentó de 7.7% en 2012 a 10.4% en 2014.
Y la principal fuente de crédito fueron las cajas de ahorro, seguido por los intermediarios y luego los proveedores. En último lugar, los bancos.
Y los productores del campo le huyen a los bancos porque –en ese orden– cobran altos intereses, piden una gran cantidad de requisitos; no les gusta endeudarse con ellos y desconfían de las instituciones bancarias. O simplemente porque no les interesa tratar con los bancos, o bien no hay sucursales cerca de sus lugares de trabajo.
-Consigna la Fepade a 70 personas por ilícitos electorales
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ejerció acción penal en contra de 70 personas como probables responsables en la comisión de delitos electorales, informó el titular de la dependencia, Santiago Nieto Castillo.
Producto de ello, en el pasado mes de julio la Fepade consignó 67 expedientes ante los órganos jurisdiccionales competentes por la probable consumación de delitos electorales.
En un comunicado, la Fiscalía señala que la acción penal en contra de los 70 probables responsables, se originó de 67 averiguaciones previas.
Además, señala que los estados donde se cometieron estas irregularidades son Veracruz, Hidalgo, Puebla, Baja California, Jalisco, Sonora, Estado de México, Chihuahua y Quintana Roo.
Las principales contravenciones son la violación al artículo 411 del Código Penal Federal, que comprende el supuesto de alteración del Registro Federal de Electores.
El otro delito es la violación al artículo 246, fracción VII del mismo ordenamiento jurídico, referente al posible uso de documentación falsa para la alteración del mismo Registro Federal de Electores.
Por ello la Fepade, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), ejerció acción penal en contra de 70 personas como probables responsables en la comisión de los delitos electorales antes mencionados.
En la mayoría de los casos se les atribuye proporcionar datos falsos a la autoridad electoral, alterando el Registro Federal de Electores.
De esta manera, indica la Fepade, se vulneró la certeza y seguridad en las instituciones electorales.
-Demanda CDHDF “no fabricar culpables” en caso Narvarte
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez, demandó a la Procuraduría General de Justicia capitalina no fabricar culpables ni generar un dejo de impunidad en la investigación del multihomicidio de la colonia Narvarte.
“No queremos que en esta investigación se fabriquen culpables, no queremos que en esta investigación se desvirtúen a las víctimas y que casi se diga que merecían lo que les pasó, ni queremos que en esta investigación quede un dejo de impunidad en ningún contexto”, aseguró en entrevista al término de un acto oficial en la sede del organismo.
Gómez Gallardo manifestó su preocupación por la manera en que la dependencia a cargo de Rodolfo Ríos Garza ha llevado las indagatorias sobre el asesinato del fotoperiodista de la revista Proceso y de la agencia Cuartoscuro, Rubén Espinosa, de la activista Nadia Vera, así como de Olivia Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Quiroz Alfaro y Mile Virginia Martín el pasado 31 de julio.
“La Comisión de Derechos Humanos está preocupada por la forma en que se están llevando a cabo las indagatorias y lo que debe cubrir y proteger la propia Procuraduría bajo el esquema de la línea de investigación de la libertad de expresión del fotoperiodista y la línea de investigación conforme al protocolo de feminicidio para las cuatro mujeres”, aseguró.
La funcionaria destacó el clima de violencia contra los periodistas en los últimos años:
“Estamos a un nivel de alerta en el ejercicio de la libertad de expresión que no puede pasar en una sociedad democrática. El caso de Veracruz es escandaloso, con 15 ejecuciones, con un nivel de impunidad o manejo no transparente de la forma de investigación de los casos. De ahí la importancia de la gran diferencia que deberá mostrar la Ciudad de México en la forma en que lleve la documentación”, dijo.
Para el caso del homicidio de Rubén Espinosa y Nadia Vera, la presidenta de la CDHDF consideró importante saber “¿Qué publicó? ¿Qué iba a publicar? ¿Qué interés estaba afectando el fotoperiodista y la defensora que estaba ahí? Y también el tema del feminicidio, el manejo que se está dando de exhibición, de lo que implica ser mujer, como si fuera un castigo. El que se lleve este nivel de violencia no puede ser tolerable por ninguna persona en la ciudad”.
A propósito de la manera como se ha manejado el tema de la joven de nacionalidad colombiana, la ombudsperson exigió detener la estigmatización:
“Aquí no queremos estigmatizaciones de si alguien es colombiano y ya deben tener un prejuicio, que si había o no sustancias o que si tenía tal o cual perfil”.
Entonces, pidió a la PGJDF seguir todas las líneas, “que se agoten, pero no se vale generar una visión inadecuada y no resguardar los datos sensibles de las personas cuando está la investigación”.
Por ello, demandó a Ríos Garza investigar quién o de dónde se ha filtrado la información sobre el multihomicidio desde el inicio de la indagatoria.
“Que se cuide mucho el manejo del mensaje y si hay filtraciones que se investigue, que no se tolere, porque finalmente es un mensaje de la ciudad, el cómo se puede manejar una investigación transparente, clara, bien hecha, con todas las líneas integrales”, concluyó.
-Seis de cada 10 jóvenes ocupados tienen un empleo informal: Inegi
Ante las escasas oportunidades de desarrollo, educación y empleo, los jóvenes mexicanos continúan siendo un grupo vulnerable de la población, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La principal vulnerabilidad es el acceso al mercado laboral, así como las condiciones precarias en las que se desenvuelven, precisó el organismo al presentar las estadísticas en el marco del Día Internacional de la Juventud, que se conmemora el 12 de agosto.
Detalló que de los 29 millones de jóvenes mexicanos, la tasa de desocupación durante el primer trimestre de 2015 fue de 7.4%, casi el doble de la tasa estimada a escala nacional para la población en general, que es de 4.2%.
De acuerdo con el Inegi, uno de los problemas que enfrenta la población joven al momento de buscar trabajo es la falta de experiencia laboral. De hecho, las estadísticas arrojan que 18.2% de los jóvenes desocupados no cuenta con esa experiencia.
Por su lado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sostuvo que además de los “altos niveles de desempleo entre jóvenes”, hay un gran número de empleadores que no encuentran gente con habilidades requeridas, con un estimado de alrededor de 40% de las vacantes que no consiguen cubrir.
Pero eso no es todo: seis de cada 10 jóvenes ocupados tienen un empleo informal, aunque la cifra se dispara cuando el nivel de escolaridad es de primaria incompleta, y prácticamente nueve de cada 10 jóvenes ocupados están en esta situación. En tanto, sólo cuatro de cada 10 con estudios de nivel medio superior y superior laboran en el sector informal.
La vulnerabilidad de la población que se ocupa de manera informal se manifiesta de muchas maneras, y una de ellas es el ingreso que perciben por su trabajo.
Así, la proporción de jóvenes que se ocupan de manera informal y que reciben hasta un salario mínimo es de 18.2%, en tanto que uno de cada tres (33.5%) recibe más de uno y hasta dos salarios mínimos, y uno de cada seis (16.4%) no cuentan con una remuneración.
En suma, estas tres categorías representan 68.1% de la población joven que se ocupa de manera informal.
De acuerdo con la cúpula empresarial, México mantiene una de las tasas más altas en cuanto a jóvenes que no estudian ni trabajan., es decir, más de una quinta parte de los mexicanos de entre 15 y 29 años de edad están en esta condición conocida como “nini”.
Por otra parte, de los jóvenes que sí se cuentan entre la población ocupada, sólo 15% tiene un salario superior a 6 mil pesos mensuales y más de 12.5 millones no alcanza percepciones superiores a tres salarios mínimos. La inmensa mayoría está en la informalidad, con condiciones laborales precarias, sin estabilidad ni proyección.
En un comunicado, el CCE destacó que son muchos los jóvenes que se incorporan a las filas de la delincuencia como falsa salida de la marginación y por la falta de oportunidades, pero también encuentran la muerte. Según el Inegi, en 2013 fallecieron 34 mil 509 jóvenes, lo que en términos porcentuales representa 5.6% de las defunciones totales.
La sobre mortalidad masculina es una característica en este segmento de la población. A nivel nacional mueren 316 hombres por cada 100 mujeres, y las tres principales causas de muerte en los varones son provocadas por agresiones (28.7%), accidentes de transporte (17.2%) y lesiones auto infligidas intencionalmente (7.2%). Todas ellas son catalogadas como violentas y en conjunto representan 53.1% de las defunciones totales de este grupo de población.
“Hoy por hoy se desaprovecha el bono demográfico, que debiera ser un factor de incidencia para un mayor crecimiento. Sigue faltando una estrategia integral ante la que cerremos filas todos los sectores de la sociedad para apoyar a nuestros jóvenes y revertir en un plazo razonable estos datos duros”, subrayó el CCE.
Añadió: “Debe realmente preocuparnos y ocuparnos el constatar nuevamente que, como país, seguimos quedando muy cortos ante los enormes retos que enfrentan nuestros jóvenes, con un presente muy difícil para millones y una perspectiva de gran incertidumbre hacia el futuro”.
-Modificará INE multas aprobadas a partidos políticos
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, informó que a raíz de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se modificarán las multas aprobadas por 392 millones de pesos para los 10 partidos políticos.
Destacó que en la sesión ordinaria del próximo miércoles 12 se desahogarán 221 quejas en materia de fiscalización y nuevos dictámenes sobre ingresos y gastos de las campañas federales y locales de 2015.
Tanto Córdova como el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama, informaron que iniciaron con las estimaciones de multas tras la revocación de los dictámenes.
El TEPJF también ordenó al INE modificar la forma de prorrateo de gastos, valorar los gastos de intercampaña con los elementos de temporalidad, territorialidad y finalidad, así como justificarlo, además de resolver las quejas en materia de fiscalización antes o al mismo tiempo que aprueba los dictámenes consolidados.
“Nosotros queremos defender los dictámenes, porque si los llevamos al Consejo General y los aprobamos, es porque estamos convencidos de que se acreditan las faltas que dan lugar a estas sanciones, en particular la del Partido Verde, porque la decisión del Tribunal afecta en buena medida a ésta que fue la multa más alta en la fiscalización de estas campañas, que tienen que ver con el gasto que realizó el Partido Verde durante intercampañas”, indicó Murayama.
Asimismo, señaló que en la sesión de la Comisión de Fiscalización resolvieron más de 70 quejas relacionadas con candidatos que deben tomar protesta los primeros 15 días de septiembre.
“Pensábamos al final de agosto, en la sesión que tenemos programada para concluir este mes, en la ordinaria, desahogar otras quejas, pero ya no nos será posible”, apuntó.
Por otra parte, el INE y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pusieron en marcha este lunes el visor INE-SAT, un sistema informático para hacer las consultas sobre fiscalización de manera inmediata, lo que permitirá al organismo electoral “ahorrarse la burocracia”, indicó Córdova.
-Hay “tentaciones populistas” contra las reformas: Beltrones
El diputado Manlio Fabio Beltrones advirtió que el PRI no dará ni un paso atrás en las reformas aprobadas en el Congreso de la Unión, pese a que, dijo, hay “tentaciones populistas” que intentan destruirlo todo.
Como parte de su campaña proselitista para hacerse de la presidencia nacional del Revolucionario Institucional, Beltrones subrayó que dichas reformas son un logro de su partido y del presidente de la República, gracias a las cuales México ha podido enfrentar y soportar la crisis financiera mundial sin sucumbir.
No obstante, apuntó, hay quienes hoy en día “intentan regatear lo avanzado, disminuir su importancia, sin darse cuenta que esto es lo que ahora sí nos hace diferentes, después de tanto tiempo de haber perdido la oportunidad de transformarnos”.
El PRI, subrayó, tuvo que regresar en una contienda triunfadora en 2012 “para que las reformas para poner al día al país se llevarán a cabo”.
Añadió: “Descubro tentaciones, tentaciones sumamente populistas, de decir que lo que se ha hecho hay que echarlo a un lado, no conservarlo, destruirlo, y yo quiero decirles que lo realizado en estos primeros tres años del presidente Enrique Peña Nieto, acompañado por su partido, el PRI, ha hecho que nos instalemos verdaderamente en el siglo XXI y dejemos atrás el siglo XX, que nos dio muchas satisfacciones, pero hoy es el signo de los tiempos”.
Durante una reunión que sostuvo con el Organismo Nacional de Mujeres Priistas, el legislador sostuvo que su partido y Peña Nieto van juntos y que han dado los pasos correctos para “inscribir a México en la modernidad “.
Afirmó que no descuidarán lo logrado y que pronto habrá buenos resultados.
Remató: “Lo he dicho y lo repito, que nadie se extrañe: un partido en el gobierno apoya a su gobierno, platica con su gobierno, resuelve con su gobierno y negocia con los otros partidos políticos”.
Beltrones y Carolina Monroy del Mazo, expresidenta municipal de Metepc, Estado de México, quien buscará la secretaría general del PRI, se reunirán mañana con miembros de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
-Exige PRD destituir a Eruviel Ávila por violar la ley electoral
TOLUCA, Edomex. (apro).- La Legislatura local remitió a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que le mandata sancionar al gobernador Eruviel Ávila por violar la ley con la difusión de su imagen y nombre en medios nacionales.
El grupo parlamentario del PRD adelantó que promoverá sancionar al mandatario mexiquense con la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos, pues su conducta implica una violación al artículo 134 de la Carta Magna del país.
El 29 de junio pasado, el Consejo General del INE emitió la resolución del expediente UP/CSG/QCG/6/PEF/21/2015 y dio vista al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Legislatura mexiquense el martes 4, fecha a partir de la que otorgó un plazo de 15 días hábiles para sancionar a Ávila Villegas e informar sobre el castigo.
El diputado Octavio Martínez adelantó en tribuna que la bancada perredista promoverá la destitución e inhabilitación del gobernador, luego de señalar que éste violentó la prohibición a los servidores públicos para promocionar su nombre, voz e imagen, sancionable con multa, destitución e inhabilitación.
“Bajo una modalidad de gacetillas fueron difundidas publicaciones del gobernador Eruviel Ávila en distintos medios de comunicación nacional, la misma nota, la misma imagen. Es imposible justificar que no era una inserción pagada”, acusó.
Pese a que el 24 de diciembre el gobierno estatal ya había sido apercibido por el INE de esta anomalía, insistió el legislador perredista, las gacetillas continuaron en enero, febrero y marzo pasados.
“Fue hasta que el SAT solicita los contratos y se acredita la contraprestación con el gobierno del estado cuando se demuestra que no eran notas ordinarias, sino convenios”, detalló.
Por eso, recordó, el 22 de junio pasado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelve la violación, acredita 43 publicaciones y determina fundada la queja del procedimiento sancionador ordinario instaurado en contra de Eruviel Ávila y Raúl Vargas Herrera, coordinador general de Comunicación Social del gobierno mexiquense.
El INE también ordenó dar vista a la 58 Legislatura del Estado de México sobre la responsabilidad de Ávila Villegas para que en el ámbito de sus atribuciones proceda a imponer la sanción correspondiente y a informar a los consejeros sobre ello en un plazo de 15 días hábiles.
“Quizá cuando debamos sancionar ya estaremos en receso (el último periodo ordinario concluye este sábado 15, y el plazo para sancionar, el 25), quizá haya clausurado esta Legislatura sus trabajos. ¿Cuándo dictaminará la comisión?, ¿acaso existe un acuerdo entre los coordinadores parlamentarios para tratar, como se acostumbra, de darle una salida falsa, en términos de que esta Legislatura no esté en funciones?”, cuestionó el perredista.
Martínez Vargas recordó que la reforma al 134 constitucional se aprobó cuando fungió como integrante de la 60 Legislatura federal, y que las sanciones previstas son de carácter económico, retiro del cargo o inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Es necesario, consideró, “que en el Estado de México se establezca una sanción ejemplar, de respeto a la Constitución, y no se trate de proteger al Ejecutivo, pues grave favor se haría al estado de derecho”.
Por tanto, adelantó, “abonaré, en mi condición de legislador e integrante de mi grupo parlamentario, para aplicar una de las sanciones que entonces establecimos en la Constitución: retirar del cargo al gobernador e inhabilitarlo para ocupar cargos de representación popular. Sólo depende de lo que estemos dispuestos a avanzar”.
El pasado 10 de junio, derivado de otro fallo del INE por promocionar su tercer informe de labores en 19 entidades distintas a la que gobierna, Eruviel Avila ya había sido sancionado por la Legislatura local; entonces, la mayoría priista, apoyada por sus aliados, dispuso imponer sólo una amonestación.
-Testigos contra Nestora Salgado no acuden a declarar; retrasan proceso
Las seis personas que acusan de secuestro a Nestora Salgado García faltaron a la audiencia programada para este lunes en el Juzgado 67 Penal, con sede en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla.
Sadino Rivera, abogado de la excomandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, comentó que la inasistencia de los testigos de cargo retrasará aún más el proceso penal en perjuicio de su clienta, quien lleva presa cerca de dos años.
Las acusaciones contra Nestora, dijo, se presentaron en agosto de 2013 en Guerrero, pero como la excomandanta está presa en el Centro Federal de Readaptación Social de Tepepan la causa penal debe ventilarse en un juzgado del DF.
La audiencia, que se reprogramó para el lunes 31, se debe a una acusación por secuestro radicada en el Juzgado Primero de Tlapa, Guerrero.
En este primer encuentro debieron presentarse los padres de dos jóvenes que aseguraron que fueron secuestradas en la Casa de Justicia de El Paraíso, Guerrero, así como otros testigos, mientras que las supuestas víctimas tendrán que comparecer la próxima semana también ante el Juzgado 67 Penal.
El abogado explicó que hay otra acusación contra Nestora por el supuesto plagio de 43 personas radicada en el Juzgado Segundo Penal en Tlapa.
“Tienen que sostener su dicho, no sólo mediáticamente como lo han venido haciendo. Tendrían que venir a ampliar la declaración y carearse para sostener esas acusaciones”, reiteró Rivero.
Abundó que desde el día de la detención de Nestora, el 21 de agosto de 2013, las supuestas víctimas nunca han declarado ante un juez y por tanto la activista nunca los ha visto directamente, ni ha tenido la oportunidad de defenderse.
Un careo entre ambas partes sería importante, dijo el defensor.
Nestora estuvo presente en la audiencia, pero al no acudir los testigos de cargo fue regresada al penal de Tepepan.
Simpatizantes, familiares y miembros de la PC informaron que el próximo viernes 21 saldrán a las calles en Chilpancingo, Guerrero, para exigir la libertad de la activista.
-Ejecutan a dos mujeres en sala de masajes en SLP
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. (apro).- Dos mujeres fueron asesinadas en el interior de un establecimiento de masajes, en el barrio de Guadalupe.
La parte exterior del negocio fue rafagueada con rifles de asalto de los denominados “cuerno de chivo”.
La Procuraduría de Justicia del Estado informó que Laura Elizabeth, de 26 años, y Teresa de Jesús, de 28, fueron privadas de la vida en los primeros minutos del domingo.
La Policía Ministerial recibió el reporte de que en el interior de la casa de masajes denominada “Baby Blue”, ubicada en la calle 5 de Mayo del barrio de San Juan de Guadalupe.
Al acudir al lugar, se encontró a una de las víctimas en el piso, en medio de un charco de sangre. Tenía una herida de bala en la región temporal (a un costado del cráneo).
La otra víctima estaba recostada sobre una mesa de plástico. Tenía varias lesiones en distintas partes del cuerpo: en la frente, ambos temporales, así como en un muslo, también producidas por un arma de fuego.
Los peritos aseguraron 26 casquillos percutidos regados en el exterior del establecimiento, y otros seis en el interior, correspondientes a proyectiles de un arma larga 7.62, “cuerno de chivo”.
De acuerdo con algunos testigos, un vehículo fue estacionado afuera del negocio y de él descendieron dos hombres, quienes entraron al local, donde se encontraban varias personas, hombres y mujeres.
Tras unos instantes salieron y posteriormente, sacaron las armas y dispararon a la fachada.
Las balas atravesaron un ventanal e hirieron a las dos mujeres, causándoles la muerte.
El resto de las personas que se encontraba en el establecimiento salieron ilesos.
-Decretan alerta de género en ocho municipios de Morelos
Después del estado de México, Morelos se convirtió en la segunda entidad donde se emite la Alerta de Violencia de Género (AVG) contra las mujeres.
Este lunes la Secretaría de Gobernación envió un oficio al gobierno del estado y a la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), en el que destaca la emisión de la AVG en Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec, donde se concentra el mayor número de feminicidios.
Según un análisis de la dependencia federal, en esos ocho municipios cruza un corredor de giros rojos y negros en los que las mujeres son tratadas como mercancía sexual.
Asimismo, revela que los permisos de funcionamiento son otorgados por los ayuntamientos, y a partir de ese modus operandi se detona un mecanismo de violencia de género: la cadena de trata de personas.
El oficio de la Segob destaca que el gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu deberá adoptar las acciones que sean necesarias para ejecutar medidas de seguridad, prevención y justicia para garantizar a las mujeres y niñas que están bajo su jurisdicción, el derecho a una vida libre de violencia.
En el tercer punto del oficio CNPEVM/855-1/2015 se le pide diseñar un programa de trabajo para cumplir con ese punto, además de que deberá especificar a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), en un plazo de 10 días hábiles a partir de la declaratoria, los recursos presupuestales para hacer frente a la contingencia de la alerta de género.
Lo anterior conforme al artículo 23, fracción IV de la Ley General de Acceso y 38 Bis, fracción segunda de su reglamento.
El grupo de trabajo interinstitucional y multidisciplinario, añade, dará seguimiento y evaluará las acciones emprendidas por el gobierno morelense para atender la contingencia.
Desde el año 2000 la CIDHM documentó casos de violencia extrema ocurridos en las administraciones 2000-2006, 2006-2012 (gobernados por el PAN) y también en lo que va de este gobierno presidido por el perredista Graco Ramírez.
En 2013 la CIDHM impulsó la petición de la AVG ante los más de 500 casos de feminicidios en la entidad, en el periodo comprendido del año 2000 a 2013, cifra que se incrementó hasta 633 casos hasta el 15 de febrero del presente año.
Morelos es la segunda entidad que decreta la alerta, luego de que el Estado de México hizo lo propio en 11 de los 125 municipios que lo conforman.
-Montes de Oca ayudará a bailarina acusada de narcotráfico
Óscar Álvaro Montes de Oca, el universitario al que le sembraron una maleta con droga en el Aeropuerto Internacional que lo mandó al penal federal de Tepic, Nayarit, donde permaneció siete días recluido, no se quedará cruzado de brazos.
A la par de las terapias psicológicas que tomará para dejar en el pasado la pesadilla que vivió, emprenderá la nada fácil tarea de ayudar a otras personas que han sido víctimas de la misma situación por la que atravesó.
Por lo pronto, ya tiene en su agenda el caso de Angélica López, de 21 años, una estudiante del Instituto Nacional de Bellas Artes.
La joven viajó a Colombia el pasado 24 de noviembre a realizar un casting. Al no quedarse con el trabajo, regresó a México el 31 de diciembre en un vuelo de Avianca, pero al recoger su maleta fue detenida por presuntamente llevar droga oculta, por lo que fue enviada al penal de Tepic, Nayarit, donde permaneció tres meses y de ahí fue trasladado al penal de Santa Marta Acatitla, donde se encuentra desde hace cinco meses.
Oscar sólo estuvo preso siete días y aun así, confesó que su vida nunca volverá a ser la misma.
“Voy a entrar a un tratamiento psicológico, a rehabilitación física para poder recuperarme enteramente porque no es una cuestión que en dos días ni con tanto apoyo que he recibido se pueda resolver, me falta mucho asimilar las cosas que viví con este proceso, sabiendo que mi vida no va ser la misma nunca, pero intentar que no forme parte de mi vida cotidiana”, dijo en entrevista con Radio Fórmula.
El joven de 23 años, quien labora actualmente en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) afirmó que no espera remuneración alguna por la injusticia sufrida pues “no existe ningún tipo de remuneración que pueda resarcir el tiempo que pasé ahí, ni el sufrimiento que tuvo mi familia y amigos”, dijo.
Sin embargo, dijo, sí tiene el objetivo de “que se puedan lograr los mecanismos para garantizar la seguridad, tanto de los pasajeros como de su equipaje en este tipo de vuelos”.
No se trata, aclaró, de presionar a alguna aerolínea o aeropuerto pues ello requiere un trato internacional pero dijo estar seguro de que se pueden crear mecanismos de seguridad en beneficio de las aerolíneas, aeropuertos y usuarios.
Oscar afirmó que también brindará ayuda a otras personas que han pasado por lo mismo que él, como el de Angélica López, quien está presa desde hace ocho meses por el mismo delito.
“Esperemos que esto sirva como ejemplo, de hecho, ayer tuve la oportunidad de recibir a los papás de Angie aquí en mi casa, tuvimos la oportunidad de platicar, yo me comprometí absoluta y enteramente a solidarizarme con ella en la medida de lo posible. Invité a las personas que me apoyaron a que den el seguimiento del caso de Angie”, comentó.
La joven de 21 años, viajó a Colombia el 24 de noviembre pasado para realizar un casting y al no tener éxito regresó a México el 31 de diciembre a través de Avianca, la misma aerolínea en la que viajó Óscar de Argentina a México.
Según familiares de Angélica su maleta fue la última en salir y en el momento que la recogió llegó un policía quien le indicó que su maleta se veía “sospechosa”.
La llevaron a un cuarto y su maleta a otro, después le llevaron la maleta y le pidieron poderse de espaldas a la pared con las manos en la cabeza y sin voltear. Al abrir el equipaje, “descubrieron” que llevaba tres kilos de cocaína.
De inmediato fue trasladada a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y al día siguiente traslada al penal federal de Tepic, Nayarit, donde permaneció tres meses. De ahí fue trasladada al Penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde ya cumplió cuatro meses.
Jorge López, padre de Angélica, dijo en entrevista telefónica con radio Fórmula, que ha pedido apoyo a medios y a través de las redes sociales pero no tuvo el mismo resultado que Óscar.
Desde el principio, dijo, recibieron malos tratos de la autoridad, recordó por ejemplo que al siguiente de que su hija fue detenida la trasladaron al penal de Tepic sin que les permitieran verla y el argumento que dio la funcionaria que les notificó fue que “no tenían tiempo, se dio la vuelta y se fue”.
Por si fuera poco, dijo que el primer abogado que tomó el caso “nos dejó prácticamente en la calle; es decir, nos cobró y nos dejó sin nada y en la calle”.
Hasta hoy, abundó, no ha recibido llamada alguna por parte de alguna autoridad para brindarle su apoyo a pesar de que ha pedido ayuda del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera y del propio presidente Enrique Peña Nieto.
“Que me ayuden a que se haga justicia, en este caso que se haga la misma justicia, que se preste la misma atención que se prestó al caso de Óscar, que se trate con la misma tijera, que la ley sea justa por ambos lados”, pidió.
El padre de Angélica confirmó que se reunió con Oscar Álvaro y su familia, quienes “se comprometieron a luchar junto con nosotros, a mover redes sociales a investigar asuntos personales, a moverse igual como se movieron con Óscar”.
Jorge López comentó que al principio su hija estaba destruida y decaída pero poco a poco ha ido levantando su ánimo y buscó la manera de hacer lo que más le gusta en el penal.
“Participa en actividades de danza, baile y ya fue invitada por la directora para que dé clases de baile a las internas y participa en una obra de teatro de Arturo Moreno, que se llama ‘Don Quijote un grito de libertad’”, comentó.
La semana pasada, refirió, las autoridades le notificaron la fecha de la primera audiencia que se realizará el 2 próximo de septiembre, cuando Angélica cumpla ocho meses privada de su libertad.
-Otorgan amparo a Pemex en litigio contra Bardahl
El segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del tercer circuito con sede en Guadalajara, Jalisco, concedió la protección de la justicia federal a Petróleos Mexicanos (Pemex) en el litigio que mantiene con la empresa Bardahl.
“Después de ocho años de litigo, el citado tribunal colegiado resolvió por unanimidad que no existieron ni se acreditaron los perjuicios reclamados y, por ende, se deberá absolver a Pemex de llevar a cabo pago alguno”, puntualizó Pemex en un comunicado.
La sentencia, añadió, resulta de la mayor relevancia en el contexto de la reforma energética, ya que permite dotar de certeza jurídica las relaciones comerciales en el sector.
La compañía Bardahl promovió en 2007 una demanda en contra de Pemex Refinación, en la que reclamó, entre otras prestaciones, el pago de los perjuicios derivados de una práctica monopólica en el mercado de aceites y lubricantes.
-La PGJDF tomará declaración a Duarte por multihomicidio de la Narvarte
Obligado por la presión de organismos nacionales e internacionales, el gobierno del Distrito Federal decidió dar un paso que no tenía previsto al menos hasta ahora: declarar al gobernador Javier Duarte sobre los trágicos sucesos registrados el pasado 31 de julio en la colonia Narvarte de esta ciudad.
El anuncio no lo hizo el responsable de la indagatoria, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Rodolfo Ríos Garza, lo hizo nada menos que el propio jefe del Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera en conferencia de prensa imprevista.
Dicho anuncio no estaba en la agenda de actividades del funcionario capitalino. La invitación a medios llegó poco antes del mediodía de manera súbita.
Mancera informó que personal de la PGJDF, encabezado por el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Edmundo Garrido, se trasladará hasta el estado de Veracruz para tomar la declaración al mandatario estatal, quien por lo pronto, ya se lavó las manos y le echó la bolita a la Procuraduría capitalina. “Es un asunto de su competencia”, dijo en conferencia y luego en entrevista con Radio Fórmula.
Además, reveló también que en una conversación telefónica que sostuvo la mañana de este lunes con el mandatario estatal le hizo notar a este último la necesidad de cumplir con ese requisito legal que hasta la semana pasada el procurador Río Garza se había resistido a cumplir como parte de la investigación.
“Hay que ligar los procedimientos de estilo para efectos de la inmunidad del gobernador, es decir, del carácter de gobernador”, dijo.
Sin embargo, destacó que para acelerar la investigación se optó por tomar la declaración directa en vez de enviarle un cuestionario vía correo electrónico.
No obstante, esa declaración se le tomará sólo “en su calidad de testigo”, derivado de la línea de investigación de la actividad profesional del fotoperiodista de Proceso y Cuatroscuro, Rubén Espinosa, y el activismo de Nadia Vera el pasado 31 de julio de 2015. En una tarjeta informativa, la Procuraduría detalló que esa declaración se le tomará con base en el acuerdo “interprocuradurías” firmado en Acapulco, Guerrero, durante la Conferencia Nacional de Procuradores, el 23 de febrero de 2012.
Como parte coadyuvante de la investigación, la organización Artículo 19 –que se ha mantenido al tanto del caso– participará en la elaboración del cuestionario que deberá responder Javier Duarte para conocer su versión sobre las amenazas que sufrieron Espinosa Becerril y Vera Pérez.
“El cuestionario tiene que ser extenso. La coadyuvancia la tiene en este momento Artículo 19; ellos estarán aportando las preguntas pertinentes y esas preguntas estarán sumadas a todo el interrogatorio. Mañana lo que nosotros queremos es que se agoten todas estas diligencias” a través del contacto directo, dijo el jefe de Gobierno.
Mancera Espinosa realizó el anuncio después de que Duarte de Ochoa se dedicó dar diversas entrevistas en radio y televisión para deslindarse del multihomicidio y señalar al GDF como el responsable de resolver este crimen cometido en la Ciudad de México.
En la edición que circula esta semana de Proceso (2023) se publicó un reportaje que muestra las inconsistencias, omisiones y contradicciones en que ha incurrido la PGJDF en el caso del multihomicidio de la colonia Narvarte y cómo las autoridades han evadido seguir como una de las líneas de investigación la actividad periodística y de activismo de Rubén Espinosa y Nadia Vera, así como las amenazas que denunciaron en diversas entrevistas y redes sociales.
“No es oportunismo político”
Diez días después del multihomicidio, que le dio la vuelta al mundo al conocerse que entre las víctimas se encontraban el colaborador de Proceso y Cuartoscuro, y la joven activista del Movimiento #YoSoy132, Mancera promulgó la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del DF.
En el acto oficial en la sede del Consejo para prevenir y Eliminar la Discriminación en México (Copred), negó que la promulgación sea “oportunismo político” por el caso de la colonia Narvarte.
Y argumentó: “es una respuesta urgente a la necesidad de asumir corresponsabilidades para dar garantía a quienes ejercen el periodismo en la Ciudad de México, mismo que pueden realizarlo con plenitud, seguridad, libertad de expresión, y en un el ejercicio pleno de sus derechos”.
Dicha Ley fue aprobada en la ALDF el pasado 8 de julio. El 3 de agosto –tres días después del multihomicidio de la Narvarte–, Apro preguntó al mandatario la razón por la que no se había publicado en la Gaceta Oficial del DF, a lo que contestó que “estaba en refrendos”.
Este lunes, ante la presencia del director de la organización Artículo 19 para México y Centroamérica, Darío Ramírez –quien le demandó una investigación completa sobre el caso de la colonia Narvarte –Mancera omitió mencionar el asesinato de Rubén Espinosa y de Nadia Vera, pero reiteró que el Ministerio Público agotará todas las líneas de investigación “para que este hecho no quede impune”.
Con invitados especiales de medios de comunicación como El Universal, Televisa y Proyecto 40, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, Edgar Elías, e integrantes de su gabinete y la Asamblea Legislativa del DF, Mancera pidió guardar un minuto de silencio por los periodistas asesinados en el ejercicio de su labor y pidió a la banda de guerra de la Secretaría de Seguridad Pública del DF entonar el “toque de silencio”.
Aún con ese protocolo, dicha Ley está incompleta pues falta la elaboración de su Reglamento que, según Mancera, “se hará en breve”. También falta la creación de mecanismos para proteger el trabajo de los periodistas durante las marchas que haya en la ciudad.
Por lo pronto, dijo que el GDF destinará 10 millones de pesos para la creación y funcionamiento del Mecanismo para ofrecer garantías a comunicadores y activistas en riesgo que desde ya, lo soliciten.
Protesta comunidad colombiana
La comunidad colombiana residente en México también se hizo escuchar. En un segundo comunicado, acuso a las autoridades capitalinas de criminalizar a su compatriota Mile Virginia Martín, una de las cinco víctimas de la colonia Narvarte.
“Estamos preocupados porque además de tratarse de una connacional, ha recibido un trato discriminatorio”, subrayó.
Dirigido a los medios de comunicación y a la opinión pública, la comunidad colombiana demandó que se preserve el debido proceso y dejen de sustentarse prejuicios sobre nacionalidad, sexo u oficios de las víctimas masacradas.
Aseguran que frente al vacío y el ocultamiento de información clara y verídica en torno al caso, han circulado un sinnúmero de versiones periodísticas y por parte de las autoridades mexicanas, algunas de ellas tendenciosas, irresponsables, que atentan contra la dignidad y la honra de la connacional asesinada en circunstancias dolorosas y crueles.
