Navarrete en su primer Consejo Nacional como presidente del PRD.
Foto: Miguel Dimayuga
En una carta enviada a los legisladores el pasado lunes 10, Navarrete califica la iniciativa de la empresa de Emilio Azcárraga Jean como una “noble y justa causa”, por lo que hace un llamado a la “sensibilidad y generosidad” de los legisladores de su partido para aportar un donativo a la colecta de este año.
El documento incluye el número de cuenta de la Fundación Teletón México y pide ponerse en contacto con Adriana Rodríguez Balboa, subdirectora comercial de dicha fundación.
Según diputados del PRD, con ese “donativo voluntario” la corriente Nueva Izquierda (NI) busca “congraciarse con Televisa” ante las críticas recibidas por haber impuesto a José Luis Abarca –presuntamente responsable de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa– como candidato a la alcaldía de Iguala.
El pasado 5 de noviembre, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó al gobierno de Enrique Peña Nieto no entregar al Teletón los recursos financieros que el Estado destina a la rehabilitación de las personas con discapacidad.
De acuerdo con los especialistas, la naturaleza de las acciones de la iniciativa de Televisa refuerza el estigma sobre el sector de mexicanos con discapacidad al promover el estereotipo de que son “sujetos de caridad”.
En respuesta, el presidente de la Fundación Teletón, Fernando Landeros, descalificó al organismo internacional al argumentar que su información “se basa en reportes noticiosos” porque no solicitó información a la asociación.
Carlos Ríos Espinosa, representante mexicano del Comité de la ONU, reviró que la recomendación al Estado mexicano para que no entregue recursos financieros a una organización de carácter privado como el Teletón está sustentada por “una enorme cantidad de información que proporciona tanto el Estado parte como organizaciones de la sociedad civil”.
La Fundación Teletón, agregó, tuvo la oportunidad de responder a los cuestionamientos de Naciones Unidas para elaborar el primer informe del país en la materia, pero no participó debido a “su desconocimiento sobre los procedimientos” del órgano internacional, y no porque no se le hubiera invitado.
“El Comité no tiene facultades para solicitar información a instancias diferentes del Estado, no se trata de un tribunal ni de un órgano de adjudicación formal, sin embargo, usted bien pudo haber contestado, si hubiera hecho un seguimiento del procedimiento ante el Comité, a la lista de cuestiones que éste formuló en abril de 2014”, subrayó Ríos.
Añadió: “Las observaciones del Comité constituyen una oportunidad tanto del gobierno mexicano como de su sociedad civil para hacer una evaluación puntual de la forma en que se está implementando la Convención en el país (…) éstas deben ser materia de análisis y, en su caso, crítica. La descalificación basada en el desconocimiento, sin embargo, no es la mejor vía para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad”.
En su informe, la ONU recomendó al gobierno de México “establecer una distinción clara entre el carácter privado de las campañas Teletón y las obligaciones que el Estado debe acometer para la rehabilitación de las personas con discapacidad”.
Y añadió que el modelo “caritativo y asistencialista” promovido por esa fundación no está de acuerdo con los mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo que debe modificar sus campañas para proyectar a estas personas como sujetos plenos de derechos, subrayó.
Fuente: Proceso| La Redacción
