-La matanza de los 43 estudiantes en la prensa internacional
-Usuarios abarrotan CFE; exigen cancelación de tarjeta inteligente
-Cronología: Paso a paso del caso de los normalistas de Ayotzinapa
-Gritan “asesino” a Rafael Moreno Valle durante una gira de trabajo en Atlixco
-Liberan a siete estudiantes acusados de robo a tienda departamental
-Noemí Berumen sale libre bajo fianza
-Opositores al aeropuerto de Creel piden medidas cautelares a la CIDH
-Hallan restos humanos embolsados en el centro y sur del DF
-Mientras México se incendia el clero sólo reza: padre Solalinde
-Iguala no es el Estado mexicano, puntualizó el procurador de México
-México: padres de normalistas criticaron informe de la PGR
-Nula, actuación de fuerzas de seguridad durante ataque a normalistas
-Ayotzinapa, la tragedia más grande de México en décadas: experto
-Asamblea Interuniversitaria define nuevas acciones por caso Ayotzinapa
-Critican en redes sociales frase "ya me cansé" del procurador mexicano
-Una de las casas relacionadas con Los Abarca, no está asegurada: delegado de Iztapalapa
-Revocación "histórica", en licitación del tren México-Querétaro: testigo social
El responsable de la Fiscalía mexicana, Jesús Murillo Karam, anunció este viernes que los normalistas fueron transportados a un basurero en Cocula, Guerrero, en donde fueron ejecutados por sicarios del cartel Guerreros Unidos.
BBC (Reino Unido): "Miembros de un cartel mexicano 'admiten haber matado a los estudiantes desaparecidos'"
La cadena británica recuerda que los estudiantes estuvieron desaparecidos por seis semanas e incluyen fotografías y un listado de las fechas clave de caso.
Le Monde (Francia): "Sospechoso confesó haber matado a los 40 estudiantes desaparecidos"
El diario francés abre su página web con la noticia de los normalistas desaparecidos a finales de septiembre
CNN (EE UU): "Oficial: Los estudiantes desaparecidos fueron ejecutados, quemados y tirados "
La cadena estadounidense dedica en su edición internacional una nota con fotogalería de los rostros de los 43 estudiantes y recuerda que su desaparición ha desatado en México protestas, algunas de ellas violentas.
The Guardian (Reino Unido): "Cartel mexicano, sospechoso de matar a los 43 estudiantes, admite asesinato masivo"
El diario británico dice que la esperanza de encontrar con vida a los 43 estudiantes está cerca de extinguirse y que expone los niveles terroríficos de violencia en algunas partes de México.
Clarín (Argentina): "Los 43 estudiantes desaparecidos fueron asesinados e incinerados"
El diario argentino califica de horror lo ocurrido y destaca que especialistas de Austria intentarán identificar a los cuerpos.
O Globo (Brasil): "Trío confiesa asesinato de los estudiantes en Iguala"
El grupo mediático brasileño destaca el rechazo de los padres de los estudiantes a lo dicho por el Procurador Murillo Karam y las declaraciones de Enrique Peña Nieto.
Der Spiegel (Alemania): " Sospechosos confiesan asesinato de los estudiantes desaparecidos"
La revista alemana destaca la dificultad que representa identificar los restos humanos y recalca la vinculación entre la policía, los políticos locales y la delincuencia organizada.
La Nación (Chile): "Familias de estudiantes de México no creen que sus hijos estén muertos y piden pruebas"
El diario chileno recoge las palabras de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.
-Iguala, ¿sólo otra matanza más?
En México existe el dicho, por desgracia casi refrán, de que a los muertos de hoy los tapan los de mañana. Que no hay noticia mala que no se vaya a olvidar pronto por otra peor. Pero el caso de los 43 estudiantes ha causado una conmoción especial.
“Parece que está habiendo un cambio de tono en la percepción social de lo que significa la violencia del crimen organizado o la de este con sectores del Estado", dice Ariel Rodríguez Kuri, especialista del Colegio de México en historia contemporánea de su país. "Veremos ahora si hay un corte en la actitud general de la sociedad ante la delincuencia y esto trasciende respuestas de acto reflejo que veníamos arrastrando en los últimos años: la pasividad ante lo que sucede y el pensar que estas cosas sólo le pasan a otros”,
Carlos Illades, historiador de la Universidad Autónoma Metropolitana, afirma que este caso está teniendo un impacto particular en la sociedad, en la prensa y en las organizaciones internacionales, y que crea “severas dudas” en las instituciones por la relación entre policías y criminales. La coyuntura es empinada para el Estado mexicano. El miércoles 22 de octubre la Comisión Nacional de Derechos Humanos dictaminó que ocho militares mataron a sangre fría a 15 civiles en lo que ya se conoce como la matanza de Tlatlaya. El domingo 19 apareció en Guanajuato el cadáver de un estudiante de ingeniería que había ido a esa ciudad a ver el Festival Cervantino y que supuestamente fue detenido un día antes por policías locales sin motivo aparente.
La emergencia política, además, se amplifica por la repercusión del caso fuera de México. “Ahora lo nuevo es que el país está abierto al mundo, y cuando se trataba de presentarlo como un país moderno, Iguala viene y recuerda que hay aspectos que no han cambiado, que aquí la vida humana sigue teniendo poco valor y que quienes tienen el poder no están dispuestos a dejarse frenar por un discurso de modernidad", dice Sergio Aguayo, politólogo del Colegio de México, que, aludiendo al final de los estudiantes desaparecidos, añade: "El dictador Porfirio Díaz, que también era un modernizador, tenía un lema: “Mátalos en caliente’”.
“Es la continuidad de una antigua putrefacción”, dice el sociólogo Roger Bartra. “Una putrefacción histórica en la que el Estado tiene responsabilidad por no haber enfrentado decididamente esta siniestra herencia”. Bartra considera que los mecanismos de caudillaje y represión del régimen autoritario posterior a la Revolución de 1910, que se extendió hasta la apertura democrática del 2000, cuando el PAN sucedió en el poder al sempiterno PRI, se han perpetuado a nivel local y estatal. “Son élites de poder ligadas al PRI o a sucesores del PRI que manejan los negocios en sus regiones, monopolizan el poder y mantienen cuerpos policiales y estructuras gubernamentales corruptas para evitar un proceso de transición democrática”.
El catedrático de Historia Lorenzo Meyer, de la Universidad Nacional Autónoma de México, apunta también al problema de una transición democrática inacabada que arrastra el pecado original de la impunidad política. “La Revolución perfeccionó el autoritarismo de Porfirio Díaz al dividirlo en sexenios en los que el presidente era el único al que cabía entregar cuentas. La irresponsabilidad institucional se volvió una fórmula de la clase política. Luego vino el supuesto cambio democrático y Fox [Vicente, ganador de las elecciones del 2000] dijo que iba a meter en cintura a los peces gordos y no lo hizo. Iguala nos muestra que seguimos teniendo una clase política que, sea de izquierda o de derecha o de centro, tiene los mismos intereses y comportamientos enrarecidos, y que sus instituciones de seguridad y justicia están tan carcomidas que no existen”.
Los académicos subrayan que debe esperarse a ver la reacción final de la sociedad civil ante este caso para ver hasta dónde llega su relevancia histórica. De momento, coinciden en compararlo con el levantamiento zapatista de 1994, en cuanto a que ambos acontecimientos ponen en jaque un discurso de modernización nacional; en aquel entonces fue el de Carlos Salinas, el presidente que aceleró la liberalización del modelo económico, al que la insurgencia indígena puso ante el espejo de un país en el que todavía se luchaba por el primordial derecho a la tierra, y ahora es Enrique Peña Nieto, que ha sido capaz de implantar reformas estructurales inéditas pero se ve debilitado por el problema de las sinergias locales entre poderes públicos corruptos y poderes criminales.
Concluye Meyer: “El sociólogo alemán Max Weber estableció que la autoridad del Estado se basa en el monopolio de la violencia legítima. Parece que en México también se basa en el monopolio de la violencia ilegítima”.
Usuarios abarrotaron las oficinas de la CFE en Los Mochis para exigir la cancelación de la tarjeta inteligente, señalaron que les fue suspendido el servicio de energía eléctrica, mismo que algunos no podían pagar pues no contaban aún con la misma. Aseguran que pasaron una mala noche, espantando los mosquitos y con la pérdida de alimentos tras varias horas sin contar con energía. Desde el pasado miércoles se registraron los cortes masivos de energía. Usuarios aseguran que sin su consentimiento les fue implementado este programa, en unos casos solicitando cobros por la empresa contratada por la CFE. El vocero del Comité de Usuarios, Guillermo Padilla y el delegado de PROFECO en Sinaloa Alan Urbina, se reunieron con el superintendente de la CFE Octavio Sol, para pedir la cancelación inmediata del programa y reconexión del servicio a los usuarios inconformes. Padilla Montiel, señaló que funcionario de la Comisión vía escrita señaló que el programa es voluntario y gratuito. Fue un abuso por parte de la empresa contratada por la CFE, el que se haya suspendido de manera automatizada el servicio a cientos de usuarios, manifestó el delegado de la PROFECO en Sinaloa, Jorge Alan Urbina. Considero ilegal la imposición de la nueva forma de facturación a usuarios de la CFE.
Seis semanas después de la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, Jesús Murillo Karam señaló que tras la detención de tres personas que confesaron haber matado a más de 40 personas, la investigación continúa abierta.
A continuación una cronología de los hechos más significativos del caso:
26 de septiembre: Seis personas mueren, 25 resultan heridas y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecen en ataques a tiros de la policía de Iguala y el grupo criminal Guerreros Unidos.
28 de septiembre: La fiscalía del sureño estado de Guerrero arresta a 22 policías de Iguala por su "presunta responsabilidad" en los ataques.
30 de septiembre: El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, llama al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a demostrar que no tiene nada que ver con los hechos. El político pide licencia por 30 días y se fuga.
1 de octubre: Aguirre ofrece un millón de pesos (74.000 dólares) a quien dé información que permita hallar a los jóvenes desaparecidos, mientras la fiscalía estatal anuncia órdenes de presentación contra Abarca y el titular municipal de Seguridad, Felipe Flores, cuyo paradero se desconoce.
3 de octubre: La representación en México de la Organización de las Naciones Unidas condena "enérgicamente" los hechos de Iguala, que consideró de "extrema gravedad" y "los sucesos más terribles de los tiempos recientes".
4 de octubre: La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) asume la investigación sobre la desaparición de los jóvenes y envía "un grupo de investigadores y agentes del Ministerio Público Federal" a Guerrero para encabezar las pesquisas.
6 de octubre: El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dice estar profundamente "consternado" por los hechos de Iguala y los califica de "indignantes, dolorosos e inaceptables".
7 de octubre: El Gobierno de EU considera que la "preocupante" desaparición de los 43 estudiantes en México exige una investigación "completa y transparente" y que los responsables sean sometidos a la justicia.
17 de octubre: El Gobierno anuncia el arresto de Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, grupo criminal que es señalado como responsable de las desapariciones.
22 de octubre: La fiscalía afirma que el alcalde prófugo de Iguala y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron los autores intelectuales de la represión a los estudiantes, mientras 25 mil personas, en su mayoría vestidas de blanco, marchan por la capital mexicana para exigir que los alumnos aparezcan con vida.
23 de octubre: El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, anuncia que se separa del cargo para "favorecer a un clima político" que permita resolver la emergencia desatada por la desaparición de los estudiantes.
26 de octubre: El Congreso de Guerrero nombra a Rogelio Ortega como nuevo gobernador, quien permanecerá en el cargo hasta el 27 de octubre de 2015, en sustitución de Aguirre.
27 de octubre: Jesús Murillo Karam anuncia la detención de cuatro presuntos miembros de Guerreros Unidos que confesaron haber participado en la desaparición de los estudiantes.
29 de octubre: Peña Nieto anuncia una serie de acuerdos logrados durante una reunión con los padres de los desaparecidos, entre ellos el de fortalecer los esfuerzos de búsqueda, pero los familiares dicen que sus promesas "no son suficientes" e insisten que quieren la aparición con vida de sus jóvenes.
El papa Francisco envía "un saludo especial al pueblo mexicano que sufre la desaparición de sus estudiantes y por tantos problemas parecidos".
4 de noviembre: Abarca y su esposa son detenidos en la capital mexicana, en un operativo sin disparos de la Policía Federal.
5 de noviembre: Abarca es recluido en una prisión federal en el central Estado de México por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado, mientras que un juez federal ordena detención provisional por 40 días a su esposa.
7 de noviembre: Murillo señaló que según tres nuevos detenidos confesaron el crimen, pero aclara que la investigación sigue abierta y los jóvenes seguirán como "desaparecidos" hasta que sean identificados los restos por un laboratorio de Austria.
El presidente promete continuar los esfuerzos para "el total esclarecimiento" de los hechos y castigo a quienes participaron en estos "crímenes abominables", mientras los familiares aseguran que mientras "no haya pruebas", seguirán exigiendo la búsqueda de sus hijos "vivos".
Atlixco. Durante una pequeña gira de trabajo por el norte de esta ciudad, el gobernador Rafael Moreno Valle recibió el calificativo de “asesino” cuando una estudiante del campus de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) de este municipio alcanzó a gritarle eso mientras se manifestó con una pancarta por el tema Chalchihuapan.
Casi al final del acto protocolario, en donde los tres niveles de gobierno entregaron obras por varios millones de pesos, una joven mujer, sola y de aproximadamente 19 años, sacó de entre sus ropas una cartulina blanca que minutos antes había pasado a comprar a una papelería cercana del largo bulevar llamado Ferrocarriles. Y el fugaz mensaje, mal escrito en una palabra, era claro: “Autor intelectual del caso Chalchi… #justicia…#MorenoBala”.
Segundos antes de que el gobernador –ubicado a 400 metros de la chica– bajara del estrado para tomarse las fotos de rigor con los beneficiados del programa, salió el grito que despertó a algunos, sonrojó a otros y, sobre todo, sorprendió a la comitiva de seguridad de Moreno Valle: “Asesino”.
Tras el calificativo pasaron cerca de 10 segundos y la pancarta se mantenía en alto. No tardaron en aparecer los guaruras para intentar, en primer lugar, arrebatarle el papel a la joven, situación que finalmente no lograron. En cuestión de minutos estaba rodeada de tres tipos con “chícharos” en una oreja. Quién comenzó el diálogo fue Arturo Flores, delegado de Gobernación estatal en la región:
–¿Qué pides?, ¿cuál es tu petición? –le cuestionaron.
–¡Que hagan caso a la gente de Chalchihuapan!
–¿Quieres alguna cita?; seré el canal para lograrlo –insistió el funcionario.
Mientras, uno de los muchos encargados de la seguridad del gobernador pidió a la mujer retirarse. “Ahorita vamos a recibir sus datos y darle una audiencia”, replicó Flores Grande.
–¿Entonces quieres audiencia o solo presentar algo? –interrogó el ya nervioso delegado.
–Sí, queremos expresar todo lo que sentimos los estudiantes –respondió la universitaria, que para entonces ya había llamado la atención.
Tras intercambiar números telefónicos la mujer solicitó una entrevista la siguiente semana. Dijo llamarse Yanet García, ser de Atlixco y cursar estudios en el campus UAP de la ciudad. “Queremos que salga a dar la cara y respuestas sobre Chalchihuapan, Cholula, sobre los proyectos de muerte en la Sierra y, sobre todo, porque en su discurso habló del derecho a la salud… ¿y entonces dónde está el derecho a la vida?”.
En entrevista con este medio de comunicación platicó que caminaba rumbo a su escuela, instalada a kilómetro y medio del paraje donde se realizó el acto oficial, cuando descubrió que el de la voz era Rafael Moreno Valle. “Lo estaba escuchando como cualquier ciudadano, y comenzó a enojarme cuando dijo que todo estaba bien, que todos debemos estar contentos. Y en la realidad es todo lo contrario”. Entonces decidió salir a buscar una papelería para comprar una cartulina y manifestar su inconformidad de esa manera.
La estudiante de ciencias de la comunicación dijo que aunque no la habían amenazado por sacar de entre sus ropas la pancarta, ya tenía miedo de ir a su casa” por la cantidad de personas de seguridad que la estaban custodiando.
–Yo solo quiero llegar a mi casa tranquila… porque ya sabemos cómo es el represor –alcanzó a decir.
–Existe la garantía de que no habrá ningún tipo de represalia. Tienes el derecho a manifestarte y a ser escuchada, y lo estamos haciendo. Te garantizo que obviamente no sucederá nada indebido o ilegal, y seguro tendrás tu cita –contestó nuevamente Flores.
La mujer guardó la pancarta, comenzó a caminar rumbo a la salida y detrás de ellas se apresuraron tres hombres, de pelo corto, chaleco y audífonos, quienes siguieron sus pasos hasta donde tomó una combi rumbo al centro de Atlixco.
Con las reservas de ley, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) liberó a los siete estudiantes detenidos la tarde del pasado jueves, luego de ser detenidos por el presunto robo de una tienda departamental en la delegación Coyoacán.
Luego de permanecer varias horas en el Ministerio Público de la Coordinación Territorial de Tlalpan 2, abogados de la Liga de Abogados ‘1 de diciembre’ lograron que fueran puestos en libertad.
La tarde del jueves pasado la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) detuvo a Eloy José Palomares Santos, de 27 años de edad; César Alejandro Manzano Ortiz, de 20; Juan Pablo Hernández Morales, de 19; Iván Alberto Luna Barrera, de 19; Karla Pedroza Jasso, de 19; Kimberly Ruiz Villanueva, de 25 y Fernando Galindo, de 19 por el presunto saqueo de una tienda departamental ubicada en la colonia el Mirador, en la delegación Coyoacán.
En un comunicado, la dependencia informó hoy que los jóvenes fueron detenidos cuando trataban de subir a un camión de transporte público los productos que habían sustraído de la tienda.
Según la SSPDF era medio centenar de jóvenes el que viajaba en el autobús — marca Copesa número económico 003—que cubre la ruta Canal de Chalco-Toreo y al llegar a la tienda departamental ubicada en el número 980 de Calzada del Hueso, tras su participación en la tercera jornada de acción global por Ayotzinapa, se detuvieron y entraron al lugar.
Luego de sustraer mercancía, la mayoría abarrotes con un valor estimado en 12 mil pesos –señaló la SSPDF—empezaron a subirla al camión en el que se trasladaban; personal de seguridad llamó a la Unidad de Protección Ciudadana Coapa y al lugar llegaron varias patrullas.
Al notar la presencia de los policías, los jóvenes se dispersaron en varias direcciones pero capturaron a siete de los presuntos responsables.
La SSPDF afirmó que los elementos policiacos informaron a los jóvenes su derecho a guardar silencio, contar con un abogado y enterar a algún familiar o persona cercana sobre su aseguramiento.
Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia TLP2, en donde se determinará su situación jurídica.
Sin embargo los jóvenes fueron detenidos tras pagar una fianza cuyo monto no fue dado a conocer.
En el caso de Eloy José Palomares Santos y Karla Marisol Pedraza Jasso, ambos alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la institución infirmó que tras pagar una fianza, los dos alumnos de dicha institución fueron liberados durante las primeras horas de hoy.
Y señaló que abogados de la institución estuvieron apoyando a ambos alumnos “todo el tiempo” hasta su liberación.
La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer hoy la liberación de Noemí Berumen Rodríguez, la joven que mantenía escondidos en una de sus casas de la delegación Iztapalapa al expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa María de los Ángeles Pineda.
Durante la conferencia de prensa que ofreció el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, sobre el caso de los normalistas de Ayotzinapa, el funcionario indicó que Berumen fue detenida por el delito de encubrimiento, considerado no grave, por lo que pudo salir con fianza.
Sin embargo, refirió que aún se investiga si tiene alguna responsabilidad en el caso.
“En cuanto a la parte que le corresponde a Noemí estamos todavía en el periodo en que podemos actuar, de manera tal que si tiene alguna responsabilidad penal se le pueda aplicar. Ella se consignó y salió bajo fianza por el delito de encubrimiento”, explicó el procurador.
Noemí es amiga de Yazareth Liz, hija de José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, y fue ella quien proporcionó alojamiento y comida a la pareja en una casa ubicada en el número 50 de la calle Cedros, colonia Tenorios, delegación Iztapalapa.
Tras su detención, la familia de Noemí, dueña de una empresa de Grúas que ha dado servicio en eventos del PRD, afirmó que desconocía la protección que brindaba a los Abarca pues se mantenía alejada de la familia. Además, su hermana Gabriela Berumen, declaró que Noemí se negó a aceptar la ayuda que le ofrecieron.
El jueves pasado un juzgado federal dejó sin efecto un amparo promovido por una tercera persona a favor de Noemí contra “actos privativos de la libertad, órdenes de detención, ataques a la libertad e incomunicación” debido a que la demanda no fue ratificada.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal el Distrito Federal “resolvió dejar sin efecto el juicio de amparo 1087/2014″, porque la Noemí se negó a ratificar la demanda para obtener la protección de la justicia federal.
CHIHUAHUA, Chih.- Activistas y opositores a la construcción del aeropuerto de Creel solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la campaña de desprestigio desatada en su contra.
Se trata de los gobernadores indígenas de repechique Emilio Enríquez y Nicolás Torres Palma y las activistas de Consultoría Técnica (Contec), Alma Chacón, Diana Villalobos y María Teresa Guerrero Olivares.
La andanada de recriminación en su contra comenzó el pasado 29 de octubre, cuando Tomás Ruiz, representante de otra organización, declaró a un medio local que el amparo promovido contra la obra ha frenado la economía de varias comunidades y aseguró que la mayoría está en desacuerdo con que se encuentre detenida la construcción del aeropuerto.
A su vez, el gobierno estatal ha alertado que no sabe qué hacer con 200 millones de presupuesto federal que deben aplicar para el aeropuerto regional antes de que concluya el año.
Días después, un grupo de indígenas realizó una manifestación afuera de los juzgados federales para exigir que prosiga la construcción de la terminal aérea.
Y este viernes se publica una entrevista con Hugo Alberto Arriaga Becerra, presidente del Instituto Mexicano del Amparo A.C, quien minimizó que la comunidad indígena haya hecho uso de su derecho a la consulta previa e informada y ganado la suspensión de amparo.
Dijo que es una vergüenza que algunos grupos lucren con la figura del amparo, como el caso del aeropuerto de Creel y calificó esa acción constitucional, como una intención destructiva, aunque no detalló el contexto de las comunidades afectadas.
Asimismo, criticó que el juez octavo de Distrito, Ignacio Cuenca Zamora, entendió mal la solicitud de amparo, porque el bien superior es de la nación, de los habitantes del estado en su conjunto “y que incluso en el caso de los indígenas, son minoría, más aún estos parásitos del amparo, no dejan de sangrar cuando pueden”, destaca el medio de comunicación.
Guerrero Olivares explicó que un amparo es un derecho constitucional para todos los ciudadanos y lamentó que quieran tratar como niños o sin capacidad de pensar, a los indígenas que defienden un derecho legítimo y constitucional.
Recordó que a la comunidad de Repechique les afectaron su forma de vida diaria, contaminaron sus aguajes y taparon los caminos que utilizan para pastoreo y para trasladarse a otros lugares.
Lo más importante es que no les consultaron sobre el proyecto, indicó y no fueron escuchados por las autoridades.
Sobre Tomás Ruiz, las defensoras dijeron que él mismo debería exigir el derecho de consulta para su gente y no atacar a quienes defienden sus propios derechos.
En un lapso de seis horas, las autoridades capitalinas han encontrado en dos puntos distintos de esta capital los restos de dos individuos descuartizados.
El primer hallazgo ocurrió la mañana del pasado jueves, cuando trabajadores de limpieza encontraron un torso humano dentro de una bolsa negra de plástico negra tirada en las calles Anáhuac y Quintana Roo, colonia Roma Sur, delegación Cuauhtémoc.
El segundo hallazgo se dio esta mañana: vecinos de la delegación Tlalpan reportaron encontraron en las calles de Cerrada de Jaspe y Prolongación La Joya dos bolsas de plástico que contenían dos muslos, dos piernas y dos brazos sin manos.
Según la Procuraduría General de Justicia del DF, los restos son de un hombre con un promedio de edad de 25 a 35 años. Por este hecho, la PGJDF inició la averiguación previa FTL/TLP-3/T2/3333/14-11.
Funcionarios de la dependencia comentaron que los restos hallados en el sur de la ciudad podrían coincidir con el torso encontrado en la zona centro.
Estos dos hechos se suman a los restos encontrados el 3 de junio pasado en el pueblo de San Miguel Ajusco, delegación Tlalpan. Pobladores del lugar descubrieron los restos cerca del paraje conocido como “El Mayeguera” dentro e bolsas de plástico.
HERMOSILLO, Son.- El padre Alejandro Solalinde aseguró que mientras “México se incendia” el clero mantiene la tradición “conservadora y papista” de rezarle a Dios por lo que corresponde hacer a los hombres.
Durante el primero de dos días de trabajo en la entidad, el sacerdote y activista lamentó la respuesta de la Iglesia mexicana ante la emergencia social por las desapariciones forzadas de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las ejecuciones en Tlatlaya y los excesos del narcopoder en el estado en Michoacán.
“La Iglesia mexicana se encuentra en transición y los actuales jerarcas no fueron formados para un México emergente. Entonces qué van a hacer, reflexionar, decir que la situación está gravísima, van a rezar muchísimo y no va a pasar nada. México se incendia y van a seguirle pidiendo a Dios que haga lo que a nosotros nos corresponde”, sostuvo el religioso que coordina el albergue de migrantes “Hermanos en el Camino”.
Lo ocurrido a los jóvenes de la Normal de Ayotzinapa, indicó Solalinde, quitó el miedo a los mexicanos sobre el terror del Estado y creó un parteaguas para la actividad social en la nación.
“Evidenció la incapacidad del Estado para controlar al crimen organizado y gobernar, porque en realidad sólo administra problemas; lo bueno es que ya estamos despertando ante esta tragedia y estamos exigiendo cambios”, sentenció el sacerdote.
-México: padres de normalistas criticaron informe de la PGR
-México: padres de desaparecidos exigen pruebas irrefutables a PGR
-El Congreso debería seguir los procesos de licitación en el país.- Aristegui
