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-Cancela Peña licitación de tren México-Querétaro; revés a salinistas y Vázquez Raña
-Marchan en Toluca contra excesivos cobros de luz y agua potable
Toluca, Méx.- Cientos de vecinos de municipios mexiquenses y delegaciones del Distrito Federal recorrieron las principales avenidas de Toluca para protestar por los excesivos cobros de energía eléctrica, así como el alto costo del agua potable que siendo un recurso natural es mejor aprovechado por empresas que se benefician de su comercialización.
Señalaron que los recibos de energía eléctrica, a pesar de ser consumo doméstico, llegan hasta más de un millón de pesos y denunciaron presiones de la Comisión Federal de Electricidad para firmar convenios de pago por el total facturado a cambio de restituirles el servicio, pero nunca para ajustar el precio al consumo real.
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-Condena Anaya asesinato de dirigente del PAN en Jalisco
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-El SAT detalla Sorteo del Buen Fin 2014
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó que todas las personas que paguen sus compras con tarjeta de crédito o débito, del 14 al 17 de noviembre, tienen la oportunidad de ganar hasta 10,000 pesos con el Sorteo el Buen Fin 2014.
En un comunicado, detalló que participan todas las compras superiores a 250 pesos hechas por personas físicas en establecimientos formales, y que sean liquidadas mediante una tarjeta de crédito o débito emitida en México.
A partir del 27 de noviembre del 2014 y hasta el día del sorteo, se podrán verificar los números de aprobación o autorización de las operaciones de compra, a través del sitio electrónico Sorteo el Buen Fin, del Portal del SAT.
Los ganadores, detalló, recibirán como premio el importe correspondiente a la operación de su compra con un límite de 10,000 pesos.
Este año se duplica el monto a sortear de 250 a 500 millones de pesos, se estima que se beneficiarán 150,000 personas.
El sorteo se realizará el 2 de diciembre y los resultados se podrán consultar a partir del 5 de diciembre en el portal del SAT y en diarios de circulación nacional.
La selección de las compras ganadoras se realizará en forma aleatoria y sólo se premiará una operación de compra por cada tarjeta participante, precisó.
Los premios serán entregados por el gobierno de la República a través de las instituciones bancarias participantes, mediante depósito en la cuenta del comprador, dentro de los 20 días hábiles a partir de la celebración del sorteo y a más tardar el 24 de diciembre.
Para mayor información de los establecimientos y tarjetas participantes, así como de la mecánica del sorteo, se puede consultar el portal del SAT o comunicarse al teléfono (01 800) 987-69621, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
El Sorteo el Buen Fin es una alianza entre el sector privado y el gobierno de la República para fortalecer la actividad económica y que las familias mexicanas tengan acceso a mayores descuentos en los precios de bienes y servicios, beneficiando directamente a la economía familiar.
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-La frase 'México tiene hambre y sed de justicia' sigue vigente: Hijo de Colosio
El país siempre tendrá hambre y sed de justicia mientras que no se le dé de comer, afirmó Luis Donaldo Colosio Riojas después de ofrecer una conferencia sobre Arbitraje comercial dentro del Simposium de Derecho qur realiza el campus Saltillo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
A más de dos décadas que su padre pronunciara la frase de que México tiene hambre y sed de justicia, Colosio Riojas sostuvo que la frase estará vigente mientras que no se alimente a los mexicanos.
Cuestionado sobre lo ocurrido en Guerrero, la falta de oportunidades para los jóvenes, Colosio Riojas afirmó que son hechos que no debieron ocurrir porque la imagen del país al exterior se ha dañado, pero lo que más debe preocupar es que son situaciones que se desarrollaron desde hace mucho tiempo.
Dijo que la población requiere de mayor solidaridad y compañerismo para recuperar el tejido social tan lastimado.
Reconoció que la incertidumbre económica en el país provoca la falta de oportunidades para los jóvenes y para toda la población económicamente activa, debido al estancamiento y crisis de liquidez financiera.
Sostuvo que las expectativas es que se mejore la situación económica y con ello se esperaría que hubiera más apoyos para los proyectos de los jóvenes.
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Oaxaca, México; 06 de noviembre, 2014.—La noche de este jueves, estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) se retiraron sangre y la utilizaron para condenar el caso Ayotzinapa, consistente en la desaparición de 43 normalistas.
La manifestación de condena se realizó frente al Templo de Santo Domingo, en el Centro Histórico de esta Ciudad Capital.
Allí, tras retirarse sangre, los estudiantes escribieron en una manta “Porque el color de la Sangre jamás se olvida #43 con vida”. Esto, a fin de que las autoridades apliquen justicia a los autores materiales e intelectuales de la desaparición de los normalistas.
Cabe mencionar, que entre los desaparecidos se encuentra un estudiante oaxaqueño, oriundo de Tlacolula, municipio de los Valles Centrales.
Esta noche la Presidencia de la República anunció la cancelación de la licitación para la construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro, que ganó la empresa China Railway Construction Limited.
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que se repondrá el procedimiento para dar más tiempo a la presentación de nuevas propuestas, así como para garantizar claridad y transparencia en la adjudicación.
En entrevista con Joaquín López Dóriga, el titular de la SCT reveló que el presidente Enrique Peña Nieto “cree que este proyecto tan importante para México no sea cuestionado y tenga claridad absoluta. Por eso esperamos en la nueva licitación, que saldrá en unos días o semanas más, haya más participación de los fabricantes de trenes”.
El proyecto, que involucra recursos por 50 mil 820 millones de pesos, apenas se había asignado el lunes 3 a un consorcio de empresas chinas y las mexicanas GIA+A, de Hipólito Gerard, cuñado del expresidente Carlos Salinas; Constructora Teya, de Juan Armando Hinojosa, empresario consentido del peñismo, y Prodemex, de Olegario Vázquez Raña.
Previo a ello, La SCT había negado que la licitación ahora revocada hubiese estado dirigida para favorecer a las empresas ligadas a Peña Nieto y a Salinas de Gortari.
“No hay un sólo constructor de puertos o de trenes que sea mi amigo y no sé de ninguno que haya hecho un acto de influencia para estar participando en esto. No puedo decir nada más porque lo desconozco”, puntualizó el titular de esa dependencia, Gerardo Ruiz Esparza.
En declaraciones a Radio Fórmula, el funcionario sostuvo que la obra sería realizada por un consorcio de empresas encabezada por China Railway Construction, la cual contará, detalló, con la participación de Constructora y Edificadora GIA+A (GIA), propiedad de Gerard Rivero, cuñado de Salinas de Gortari; CSR Corporation Limited; Constructora Teya; GHP Infraestructura Mexicana, y Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex). Estas últimas fueron las consentidas de Peña Nieto durante su paso por el gobierno mexiquense.
Según Ruiz Esparza, la empresa china –único consorcio que presentó oferta luego de que 16 empresas se “disculparon” de no participar en el concurso– fue la que eligió trabajar con dos empresas francesas y dos mexicanas, y el gobierno nada tuvo que ver en esa decisión.
“Fue el consorcio chino, simple y sencillamente conocían y habían trabajado con ellos, tuvieron las bases para tomar la decisión; ignoro plenamente la razón para elegir estas u otras más. Son ellos quienes pueden responder una pregunta de esa naturaleza”.
Incluso acotaría:
“Siempre hay una injerencia en mayor o menor grado porque quienes están al frente de esas empresas es gente que ha trabajado desde hace muchos años y está normalmente cerca del gobierno. Siempre hay una gente conocida (…) Puedo empezar a mencionar nombres y todos los que mencione simple y sencillamente serán personas conocidas a los que se les puede asignar una relativa amistad con alguien”.
De acuerdo con el secretario de Comunicaciones y Transportes, el proyecto incluiría a una empresa española de clase mundial para apoyar en las auditorias y quien estará supervisando los pasos a seguir durante el proyecto. “Tratamos de darle a la sociedad confianza (pero) siempre va a haber este tipo de comentarios con quien sea”, admitió.
Empresas como la española CAF, encargada de la construcción de líneas de Metro a nivel internacional, así como otras de la misma jerarquía como la japonesa Mitsubishi, la canadiense Bombardier, la francesa Alstom, la alemana Siemens o las mexicanas ICA y Carso, esta última propiedad de Carlos Slim, enviaron cartas a la SCT para argumentar que fue “insuficiente” el tiempo otorgado para elaborar sus propuestas.
La SCT les respondió que el plazo que se dio (60 días naturales) fue tres veces más grande que el establecido por la ley, que es de 20 días.
El pasado lunes, la dependencia dio por ganadores para la construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro al único consorcio que presentó oferta.
Incluso, durante la ceremonia de fallo, Ruiz Esparza dijo que en esa licitación, ahora desechada, se cumplió estrictamente con la normatividad y legislación vigente.
El funcionario afirmó que en la SCT se ha ejercido el presupuesto “con prontitud y responsabilidad”, y destacó que a nivel mundial generalmente “son pocos” los participantes en licitaciones de trenes, y puso como ejemplo que para la subasta del tren México-Toluca se recibieron sólo tres.
Además, justificó en ese momento, se contrataría con una firma internacional para que audite de forma permanente el desarrollo de la obra y el uso de los recursos.
Por su parte, el director general de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, Pablo Suárez Coello, argumentó que de las 16 empresas que se disculparon de participar en la licitación, sólo tres eran fabricantes de material rodante, y aseguró que hubo información suficiente sobre el proyecto y también tiempo, además de que se celebraron reuniones con todas las empresas que lo solicitaron en repetidas ocasiones.
La constructora Teya, una de las compañías mexicanas que integra el consorcio que se perfilaba para construir el tren de alta velocidad México-Querétaro, forma parte del grupo empresarial que rentó aeronaves para la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012.
Constructora Teya es una de las filiales de Grupo Higa, perteneciente al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, quien también es propietario de Eolo Plus, la compañía que rentó helicópteros y aviones al PRI para la campaña presidencial de Peña Nieto.
Por la renta de las aeronaves a Eolo Plus, el PRI nacional pagó 26 millones de pesos, de acuerdo con documentos entregados vía transparencia por el extinto Instituto Federal de Electoral (IFE) a Noticias MVS.
El 1 de diciembre de 2012, horas después de que rindió protesta ante el Congreso, Peña Nieto presentó en Palacio Nacional 13 grandes proyectos a los que llamó “decisiones presidenciales”.
La novena de ellas fue impulsar cinco planes para regresar los trenes de pasajeros a la infraestructura nacional, entre los que incluyó al tren rápido México-Querétaro: “En México volveremos a tener trenes de pasajeros para conectar nuestras ciudades (…) He ordenado al secretario de Comunicaciones y Transportes arrancar en 2013 la construcción del tren México-Querétaro”.
Constructora Teya tiene una larga historia con el gobierno del Estado de México, cuando Peña Nieto fue gobernador de la entidad. En 2009 ganó un contrato por más de 7 mil 38 millones de pesos para edificar, operar y dar mantenimiento al Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango.
Esta obra fue contratada bajo el esquema de “Proyecto de prestación de servicios”, que se acabará de pagar hasta 2027.
Pero hubo más contratos del Estado de México a favor de Constructora Teya. Por ejemplo, la Junta de Caminos de la entidad le encargó la construcción de obras viales en el bulevard Aeropuerto, en la ciudad de Toluca, por la que se pagaron 575 millones de pesos.
A Teya también le fue encargada la rehabilitación de la carretera a Chalma por casi 127 millones de pesos, entre otras obras.
Otras filiales de Grupo Higa, como Mezcla Asfáltica de Alta Calidad y Concretos y Obra Civil del Pacífico, también ganaron diversos contratos con la administración de Peña Nieto en el Estado de México.
Prodemex es el brazo constructor de Olegario Vázquez Raña, también dueño de Grupo Empresarial Ángeles, que controla los hoteles Camino Real, los hospitales Ángeles, el Grupo Imagen Multimedia, así como el periódico Excélsior, el canal de televisión Cadena Tres y Grupo Financiero Multiva.
Su hijo Olegario Vázquez Aldir tiene los derechos de Los Gallos Blancos, equipo de futbol que pertenecía a Amado Yáñez, a quien se le sigue una investigación por presunto fraude de su empresa Oceanografía a Banamex.
Hipólito Gerard Rivero es el director de la compañía GIA+A, que tiene su sede en la Ciudad de México. Se fundó en julio de 1996 como Grupo Ingeniería Arquitectura y Asociados. Al principio se dedicaba a la construcción de casas-habitación, pero ha ampliado sus negocios a la infraestructura, la construcción pesada y la arquitectura, entre otras actividades, de acuerdo con su página de Internet.
En 1997 hizo una alianza con Harza Engineering, una empresa de ingeniería con sede en Chicago. En 2002, Harza se fusionó con Montgomery Watson, por lo que GIA se convirtió en socio de esta última.
Entre las obras que han realizado destacan: el primer centro comercial “El Dorado” en San Luis Potosí; el edificio corporativo Torre Blanca, de Santa Fe, y el diseño del complejo Chrysler-Mitsubishi-Mercedes Benz.
Algunos de sus clientes más importantes han sido Movistar, General Motors, FedEx, Apple, Dell, Volkswagen, Sony, Price Shoes, FAMSA, Microsoft, P&G, L’Oreal, Volvo y Airbus, entre otros.
La compañía ya ha sido contratada otras veces por la SCT para la construcción de carreteras y otras obras.
Señalaron que los recibos de energía eléctrica, a pesar de ser consumo doméstico, llegan hasta más de un millón de pesos y denunciaron presiones de la Comisión Federal de Electricidad para firmar convenios de pago por el total facturado a cambio de restituirles el servicio, pero nunca para ajustar el precio al consumo real.
-Tipifican diputados robo de gasolinas como delito grave
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de reformas a diversas disposiciones para tipificar como delito grave el robo de hidrocarburos y castigarlo hasta con 11 años de prisión, además de multas equivalentes a 13 mil días de salario mínimo.
Avalado con 366 votos a favor, 17 en contra y tres abstenciones, el dictamen de la Comisión de Justicia establece que la posesión, resguardo, almacenamiento, transporte, ocultamiento, enajenación, suministro o distribución ilícita de petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados serán sancionados como actos de la delincuencia organizada, en caso de que participen tres o más personas.
De acuerdo con la Secretaría de Energía el robo a los oleoductos y gasoductos de Pemex representa una pérdida anual cercana a los 15 mil millones de pesos y mientras Pemex detectó y clausuró 710 tomas clandestinas en 2010, para 2011 se incrementaron a mil 419; para 2012, a mil 744, y para 2013, a 3 mil 046.
El proyecto prevé una serie de modificaciones y adiciones al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley Federal de Extinción de Dominio y a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
La Cámara de Diputados tunará la minuta correspondiente al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
Los ejecución extrajudicial de presuntos delincuentes por parte de miembros del Ejército en Tlatlaya, Estado de México, y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y la muerte de otras seis personas en Iguala, Guerrero, pusieron el nombre del presidente Enrique Peña Nieto y de su gobierno “por los suelos” en el ámbito internacional, aseguró José Miguel Vivanco, directivo de Human Righst Watch (HRW).
De visita en México para documentar los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, Vivanco criticó al gobierno peñista por anteponer los temas económicos antes que abordar la “crítica situación de derechos humanos que arrastra México” desde el sexenio de Felipe Calderón, con la guerra contra el narcotráfico.
En conferencia de prensa, el representante de HRW consideró como una ironía que, en los esfuerzos del ejecutivo federal por mostrar al mundo “un México que es ficticio”, se alejó de temas de derechos humanos y de seguridad, considerándolos “tóxicos” para su imagen internacional.
“Hoy día lo que ha salido a la luz es el otro México, el de los abusos, el de los sectores más vulnerables, de la desesperación de los padres, campesinos que con gran ilusión lograron que sus hijos estudiaran y aspiraran a un mejor futuro y que se ven involucrados en esta pesadilla. Es un caso que indigna a cualquier persona decente en México y a nivel internacional y por eso esas marchas en México y todo el mundo”, apuntó Vivanco al referirse al caso de los normalistas de Ayotzinapa.
José Miguel Vivanco cuestionó la “improvisación permanente” con que el gobierno de Peña Nieto ha respondido a la crisis desatada por los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, centrando el actuar del gobierno federal dependiendo del impacto nacional o internacional en su imagen.
Sólo así se explica, dijo, que cuatro días después de los hechos de Ayotzinapa, el presidente Peña Nieto haya salido a declarar “mal” que la resolución del caso era competencia del gobierno de Guerrero, “como si se tratara de Guatemala”; y en el de Tlatlaya, que la Procuraduría General de la República (PGR) haya iniciado investigaciones por “la presión internacional” tras la publicación del testimonio de una sobreviviente de la masacre en la revista Esquire y el portal del semanario Proceso.
Duro contra el gobierno peñanietista, el director de HRW para América, sostuvo que en México lo que prevalece es “un Estado de Derecho de papel”, en el que “la regla es la impunidad” y en el que se invoca al respeto a la soberanía de los estados “para justificar la tardanza, la pasividad y la negligencia de las autoridades federales”.
El representante internacional aclaró que una prueba más de que para Peña Nieto el tema de las desapariciones es “tóxico” a su imagen, es que en la iniciativa de egresos del gobierno federal se redujeron 60% los fondos destinados para la Unidad de Búsqueda Especializada de Personas Desaparecidas, que depende de la PGR.
En el caso de Tlatlaya, el defensor resaltó que no se habla de sanciones para quienes mantuvieron durante tres meses la versión oficial de que los 22 fallecidos cayeron en un enfrentamiento con el Ejército y no que se trataba de una ejecución extrajudicial.
Al apuntar que sólo se juzga a tres soldados de tropa como responsables de ocho muertes, no de 12 o probablemente 15, como mencionó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Recomendación 51/2014, Vivanco puso en duda que “un teniente (acusado de encubrimiento) haya engañado a México, a la Sedena, al gobernador del Estado de México (Eruviel Ávila) y al procurador de ese estado”.
También criticó que no haya sanciones para los funcionarios del gobierno mexiquense que torturaron a las sobrevivientes de la masacre, como lo documentó la CNDH en su recomendación.
Sobre los acontecimientos de Iguala, del 26 y 27 de septiembre pasados, Vivanco puso de manifiesto su indignación por la gravedad del caso, “sólo comparable” con la matanza de Tlatelolco en 1968, bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.
En cuanto a las investigaciones para la localización de los 43 normalistas, el defensor señaló que no corresponden al “slogan que el gobierno de Peña Nieto nos ha repetido, de que su prioridad central en materia de derechos humanos y en materia de desapariciones es buscar y encontrar con vida a las personas desaparecidas, como si eso fuera la política pública del gobierno”.
A propósito de la detención del alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, el representante de HRW aseguró que fue tardía, pues desde mayo de 2013 había acusaciones que lo involucraban con el asesinato del dirigente de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona.
Vivanco evitó pronunciarse por el trabajo de identificación de restos de la PGR y dejó en manos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que avale o repruebe los procedimientos y el resultado final.
El directivo de HRW informó que durante la semana de visita en México, él y su equipo se reunieron con el procurador Jesús Murillo Karam, con los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Lía Limón y Juan Manuel Gómez Robledo. Y agregó que se vio frustrada la intención de entrevistarse con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Asimismo, apuntó, HRW documentó los casos con organizaciones civiles, padres de familia de los jóvenes desaparecidos, con estudiantes sobrevivientes del ataque en Iguala, así como con embajadores de la Unión Europea y de Estados Unidos, Anthony Wayne, y la representación de la ONU en México.
Para tratar el caso Tlatlaya, Vivanco y sus colegas se reunieron con la testigo entrevistada por la revista Esquire, para quien HRW solicitó medidas de protección al gobierno federal y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Guadalajara. El presidente con licencia del comité directivo del PAN en Jilotitlán de los Dolores, Abel Licea Ortega, fue asesinado hoy en el centro del municipio Ciudad Guzmán.
Alrededor de las 17:30 horas, el panista viajaba en una Jeep azul cuando un grupo de sujetos armados en una camioneta se emparejaron al vehículo y le dispararon. En el incidente murió Abel Licea y una persona resultó herida.
La agresión se registró en los cruces de Colón y López Cotilla, en la zona centro del municipio de Ciudad Guzmán.
Según el reporte de las autoridades municipales, los agresores, que tripulaban una camioneta, se emparejo y disparó a la Jeep en que viajaba Licea Ortega.
Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al herido al puesto de socorro y, momentos después, fue enviado al hospital regional de Ciudad Guzmán, donde el estado de salud fue reportado como grave.
Por su parte las autoridades tuvieron pocos datos de los agresores, ya que escaparon a bordo de la camioneta por la avenida Colón y se perdieron entre las calles aledañas.
Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses localizaron varios casquillos percutidos de armas de grueso calibre, y el cadáver del panista, que fue localizado en el asiento del copiloto.
Abel Licea Ortega, que contendió por la presidencia municipal de Jilotlan de los Dolores por el partido del PAN en 2006, pidió licencia como presidente del comité directivo del PAN para volver a contender por la presidencia del municipio en la próxima contienda electoral.
El presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya, condenó el asesinato de Abel Licea Ortega, presidente con licencia del comité panista en Jilotitlán de los Dolores, en Ciudad Guzmán, Jalisco.
"Condenamos enérgicamente el asesinato de Abel Licea Ortega. A su familia le expresamos toda nuestra solidaridad y a las autoridades, les exigimos que esclarezcan, a la brevedad, este crimen y castiguen a los responsables", dijo Anaya en un comunicado.
Pidió que en el caso del asesinato de Abele Licea no haya impunidad, pues "exigimos conocer la verdad."
Dijo que en México hay niveles alarmantes de violencia y la descomposición institucional, por lo que pidió que se "dimensione la magnitud de la inconformidad social" que se expresa en manifestaciones como "la que se registró ayer en el centro" del Distrito Federal.
Sin embargo, Anaya condenó "cualquier tipo de expresión violenta", a pesar de las frustración que causa que "aún no hay resultados concretos" sobre la desaparición de 43 normalistas".
Juchitan, Oax. Elementos de la policía federal decomisaron este jueves las instalaciones de la radio comunitaria “Órbita digital” en esta ciudad, y la tarde del miércoles las de “Radio Bola Lari” y “Estéreo Ranchu Gubiña”, en el municipio de Unión Hidalgo.
Según testigos presenciales, al momento del decomiso los oficiales se llevaron el transmisor, computadoras, micrófonos, consolas de audio; los oficiales afirmaron que daban cumplimiento a una orden federal.
Los representantes de las radios comunitarias en el Istmo de Tehuantepec repudiaron este hecho, tras señalar que el gobierno federal pretende a callar las voces de los pueblos indígenas en esta región oaxaqueña.
Los representantes de los municipios de Juchitán, Ixtepec, Unión Hidalgo y otros más precisaron que la recién aprobada ley de telecomunicaciones exilia a las radios comunitarias y con ello se trunca la libertad de expresión de los pueblos originarios de México.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó que todas las personas que paguen sus compras con tarjeta de crédito o débito, del 14 al 17 de noviembre, tienen la oportunidad de ganar hasta 10,000 pesos con el Sorteo el Buen Fin 2014.
En un comunicado, detalló que participan todas las compras superiores a 250 pesos hechas por personas físicas en establecimientos formales, y que sean liquidadas mediante una tarjeta de crédito o débito emitida en México.
A partir del 27 de noviembre del 2014 y hasta el día del sorteo, se podrán verificar los números de aprobación o autorización de las operaciones de compra, a través del sitio electrónico Sorteo el Buen Fin, del Portal del SAT.
Los ganadores, detalló, recibirán como premio el importe correspondiente a la operación de su compra con un límite de 10,000 pesos.
Este año se duplica el monto a sortear de 250 a 500 millones de pesos, se estima que se beneficiarán 150,000 personas.
El sorteo se realizará el 2 de diciembre y los resultados se podrán consultar a partir del 5 de diciembre en el portal del SAT y en diarios de circulación nacional.
La selección de las compras ganadoras se realizará en forma aleatoria y sólo se premiará una operación de compra por cada tarjeta participante, precisó.
Los premios serán entregados por el gobierno de la República a través de las instituciones bancarias participantes, mediante depósito en la cuenta del comprador, dentro de los 20 días hábiles a partir de la celebración del sorteo y a más tardar el 24 de diciembre.
Para mayor información de los establecimientos y tarjetas participantes, así como de la mecánica del sorteo, se puede consultar el portal del SAT o comunicarse al teléfono (01 800) 987-69621, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
El Sorteo el Buen Fin es una alianza entre el sector privado y el gobierno de la República para fortalecer la actividad económica y que las familias mexicanas tengan acceso a mayores descuentos en los precios de bienes y servicios, beneficiando directamente a la economía familiar.
-Exigen protección para testigo de crímenes de exalcalde de Iguala
La Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC) exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto protección efectiva para Nicolás Mendoza Villa, testigo del asesinato del luchador social guerrerense Arturo Hernández Cardona, que señaló a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, como autor intelectual y material del crimen.
Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva de la RSDCIAC, aclaró en rueda de prensa que detrás del confinamiento de Abarca Velázquez en el penal de máxima seguridad del Altiplano están los asesinatos de Hernández Cardona, ocurrido el 31 de mayo 2013, y el del exsíndico del mismo municipio, el perredista Justino Carvajal Salgado, sobrino del exsenador Félix Salgado Macedonio, perpetrado el 9 de marzo del año pasado.
La defensora explicó que el martes 4, luego de conocerse la captura de Abarca y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, integrantes de la RSDCIAC acudieron a la PGR para conocer los avances del caso de Hernández Cardona, el cual fue atraído por la dependencia federal en julio de este año.
“En la PGR nos dijeron que la detención de Abarca era en cumplimiento de una orden de aprehensión librada en septiembre pasado, por el homicidio de Arturo Hernández, caso al que se acumuló el asesinato de Justino Carvajal”, apuntó López Paulino.
Después de resaltar que el caso fue consignado en el primer juzgado de distrito con sede en Matamoros, Tamaulipas, en la averiguación PGR/SEIDO/UELDMS/439/2014, Erika Zamora Pardo, integrante de la organización, aclaró que en esa indagatoria se encuentran los señalamientos de Nicolás Mendoza, sobreviviente de los hechos violentos en que fueron asesinados Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera Román.
En la indagatoria, destacó, se encuentran declaraciones de otros dos testigos, Héctor Arroyo y Efraín Amates, así como la denuncia por amenazas que formuló Hernández Cardona el 29 de mayo de 1013 contra Abarca, su esposa y el entonces secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, querella que no pudo ratificar el dirigente de la Unidad Popular (UP) porque un día después fue detenido por policías municipales.
Los tres involucrados en la querella también lo están en el caso del homicidio de seis personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre pasado.
Yosadahra Vega Andrade, del departamento jurídico de la Red Solidaria, se inconformó por la tipificación realizada por la PGR para encarcelar a Abarca en el caso de Hernández Cardona, toda vez que el hecho fue calificado como secuestro agravado.
“El riesgo de que sea liberado por ese caso es alto, debido a que no se cumple el delito de secuestro, pues no hubo petición de recompensa a la familia, y se le considera agravado porque fue asesinado por sus captores”.
La defensora pidió a la PGR que se reclasifiquen los delitos para que se incluyan desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
Sofía Mendoza Martínez, viuda de Hernández Cardona, exigió al gobierno federal protección para Mendoza Villa, pues desde junio del año pasado ha vivido a salto de mata por el hostigamiento y persecución que ha sufrido.
“En ocho ocasiones se han metido a su casa y andan preguntando por él y donde se mueve”, acusó.
Mendoza Martínez, también regidora del municipio de Iguala, lamentó que hasta ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no haya solicitado al Estado mexicano medidas cautelares para el testigo y su familia, así como para todos los familiares de los masacrados, a pesar de que desde junio de 2013 la RSDCIAC y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitaron esas acciones.
Luego de exigir al gobierno federal resultados de la investigación, Mendoza Martínez solicitó se “desenmarañen las ligas de complicidad de Abarca, que facilitaron que durante más de un mes estuviera oculto, porque sabemos que las redes de complicidad no quedan nada más en Abarca y Ángeles, todavía falta Felipe Flores y muy seguramente personas de mayor poder que permitieron que ocurrieran los crímenes de mayo de 2013 y ahora el de los estudiantes de Ayotzinapa”.
López Paulino retomó la demanda para que la CIDH otorgue las medidas cautelares y anunció que si el caso no avanza en ese órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), será enviado a la Corte Penal Internacional (CPI).
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, no escucha.
Por la mañana, desde las nueve horas, el Banco de México difundió, como cada principio de mes, los resultados de la “Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado” correspondiente a octubre.
En ella se revela un notable pesimismo de los analistas: La economía crecerá menos, la inflación será más alta, el dólar será más caro, más alta la inflación y la tasa de desempleo… En un año en que la economía ya sufre los estragos de la inseguridad pública y ésta es el principal freno al crecimiento económico.
Poco más tarde, Videgaray habló de un país con una economía en fase de aceleración. De indicadores que muestran “la fortaleza” de la economía nacional.
Bajan expectativas de crecimiento
Según la encuesta de octubre, el consenso de los 34 grupos de análisis macroeconómicos consultados por el Banco de México, nacionales y extranjeros, bajó sus pronósticos de crecimiento económico para este y el próximo año.
Para 2014, disminuyeron sus previsiones de crecimiento del PIB 2.47% en septiembre, a 2.30% en la encuesta de octubre. Y de 3.83% a 3.72% en 2015.
Hace casi un año, en la encuesta de diciembre de 2013, los especialistas calculaban que la economía mexicana iba a crecer en este año 3.41%. Y desde ese mes, el seguimiento puntual que hacen al desempeño de la economía, no les dio más que para ir bajando los pronósticos, mes a mes, hasta llegar al 2.30% de la encuesta de octubre.
Una diferencia brutal de 1.11 puntos porcentuales menos de crecimiento económico. O de otra forma: El crecimiento que calculan en la encuesta de octubre para 2014 es inferior en 33% al que calcularon en diciembre pasado.
Los analistas también consideraron que la inflación será mayor a la que pronosticaron en septiembre: De 3.97% a 4.02% en 2014 y de 3.47% a 3.51% en 2015.
Igual con el tipo de cambio al cierre del año: El dólar estará más caro de lo que creían en la encuesta del mes pasado. Ahora consideran que será de 13.33 pesos por dólar, cuando en septiembre calculaban que sería de 13.08 pesos en este año. Y para el cierre del próximo lo revisaron de 12.94 a 13.17 pesos por dólar.
En el tema de empleos formales, los analistas subieron su estimación a 617 mil empleos, desde los 592 mil de la encuesta de septiembre, para todo el 2014. Y de 663 mil a 691 mil para 2015.
Sin embargo, no son igual de optimistas en relación a la tasa nacional de desempleo. La subieron para este año, de 4.58% de la Población Económicamente Activa (PEA) a 4.6% en 2014 y de 4.32% a 4.38% de la PEA para 2015.
Esos datos son para el cierre del año. Pero en el promedio del año, creen que el desempleo será de 4.86%, arriba del 4.79% de la PEA que estimaron en septiembre.
Inseguridad, la debilidad
Apartado particularmente importante de la encuesta es cuando el Banco de México pregunta a los especialistas cuáles creen que son los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico del país.
Por décimo mes consecutivo, pero con el porcentaje más alto, de 26% de las respuestas, los problemas de inseguridad pública se colocaron en el primer lugar, seguidos de la “debilidad del mercado interno” con 16% y “la política fiscal que se está instrumentando” con 13% de las opiniones.
En relación a la percepción del entorno económico, cuando a los analistas les preguntaron si creen que el clima de los negocios mejorará en el próximo año, 71% de las respuestas fue afirmativa, pero muy por debajo del 92% de las respuestas de la encuesta de septiembre.
En este último mes, a la pregunta de “¿Actualmente la economía está mejor que hace un año?”, 81% de las respuestas fue que sí. Pero en la encuesta de octubre, bajó a 61%.
Igual cuando les inquieren sobre si la coyuntura actual es buen momento para realizar inversiones. En septiembre, el 64% fue que sí, pero en octubre cayó a 53% el porcentaje respuestas positivas.
La otra historia
Todas estas cifras fueron difundidas a las 9 de la mañana por el Banco de México. Dos horas después, en la Reunión Anual de Industriales organizada por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, contó otra historia.
La economía, dijo, está en un terreno de “crecimiento acelerado”.
Y destacó algunos datos que escogió para sugerir que la economía va viento en popa:
En el periodo enero-septiembre las exportaciones no petroleras crecieron un 6.6% anual y sólo en septiembre lo hicieron en 11.6%. La inversión fija bruta creció 3.1% en julio. La construcción creció 4.5%.
Y respecto al gasto público, apuntó que en los primeros nueve meses del año creció un 8.5%. A su interior, la inversión física creció en 20.6% anual, mientras que el gasto burocrático disminuyó 1.8% respecto del mismo periodo de 2013.
En materia de empleo, Videgaray festejó que en los últimos 12 meses se crearon 671 mil puestos de trabajo formales, que es un crecimiento de 4.2% anual, muy superior al crecimiento de la economía.
Por supuesto que nada dijo respecto de que el empleo formal es de unos 17 millones de puestos –los asegurados en el IMSS–, cuando el total de la población ocupada ronda los 50 millones.
Es decir, en el sector formal sólo trabaja un tercio del total de personas que tienen un empleo.
Lo dicho, el secretario de Hacienda no escucha.
El país siempre tendrá hambre y sed de justicia mientras que no se le dé de comer, afirmó Luis Donaldo Colosio Riojas después de ofrecer una conferencia sobre Arbitraje comercial dentro del Simposium de Derecho qur realiza el campus Saltillo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
A más de dos décadas que su padre pronunciara la frase de que México tiene hambre y sed de justicia, Colosio Riojas sostuvo que la frase estará vigente mientras que no se alimente a los mexicanos.
Cuestionado sobre lo ocurrido en Guerrero, la falta de oportunidades para los jóvenes, Colosio Riojas afirmó que son hechos que no debieron ocurrir porque la imagen del país al exterior se ha dañado, pero lo que más debe preocupar es que son situaciones que se desarrollaron desde hace mucho tiempo.
Dijo que la población requiere de mayor solidaridad y compañerismo para recuperar el tejido social tan lastimado.
Reconoció que la incertidumbre económica en el país provoca la falta de oportunidades para los jóvenes y para toda la población económicamente activa, debido al estancamiento y crisis de liquidez financiera.
Sostuvo que las expectativas es que se mejore la situación económica y con ello se esperaría que hubiera más apoyos para los proyectos de los jóvenes.
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) equiparó la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, con la masacre de Tlatelolco en 1968.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW, señaló que el gobierno mexicano fue omiso y reaccionó tarde y mal ante la crisis, pues debió haber interrumpido el secuestro de los normalistas desde las primeras horas.
En el marco de su visita a México, durante la cual buscará reunirse con el gobierno federal para conocer los avances de los casos Tlataya y Ayotzinapa, el activista lamentó que ambos casos sienten un antecedente trágico, como no se conocía desde hacía décadas en la historia de América Latina.
Lamentó que México repita su historia, pues, aseguró, hechos como los de Iguala sólo pueden equipararse con la masacre de la Plaza de las Tres Culturas.
“Nosotros no conocemos una situación similar salvo si nos remontamos a Tlatelolco, en México, a fines de los 60 y al gobierno de (Gustavo) Díaz Ordaz. En esas épocas se producían este tipo de eventos. Masivas desapariciones de personas donde nadie rendía cuentas. En este caso se produce en el siglo XXI, porque felizmente en América Latina están superadas este tipo de prácticas. Lamentamos un hecho de esta magnitud, de esta gravedad, a la vista de todos los mexicanos, la comunidad internacional y los medios”, dijo en conferencia de prensa.
En el secuestro de los normalistas y el asesinato de otras seis personas a manos de la policía municipal y el Ejército no hay nivel de gobierno que esté libre de culpa, señaló el activista durante su encuentro con los medios, pues dejaron pasar las primeras horas después del secuestro, vitales para dar con el paradero de los desaparecidos.
También acusó de omisión, pues aseguró que el gobierno de Guerrero sabía lo que estaba pasando en el momento en que el secuestro ocurría y no hizo nada para evitarlo, mientras que el gobierno mexicano desperdició las primeras horas que pudieron haber permitido encontrar a los muchachos. Además, señaló que la Procuraduría General de la República atrajo el caso hasta el 4 de octubre y el presidente Enrique Peña Nieto se pronunció sobre el tema hasta el 6 de octubre.
No hay excusa, demandó, para no haber actuado, pues señaló que aún si las autoridades locales no hubiesen informado a las federales de lo que ocurrió, los medios de comunicación nacionales e internacionales dieron cuenta del hecho desde el día siguiente.
“El presidente Peña Nieto reaccionó tarde y mal porque (la primera vez que se pronunció) sostiene que el problema es de Iguala, como si esto fuera Guatemala. Esto es México y él como Presidente tiene la obligación, desde las primeras horas de ocurridos los hechos, de disponer de todos los medios y recursos con los que cuenta el Estado para lograr interrumpir la consumación de una desaparición de esta magnitud”.
“No hemos conocido un caso de la magnitud, gravedad y escala del caso Iguala en los últimos años y décadas en México”, dijo.
Aseguró que los casos de Iguala y Tlataya sólo pueden explicarse por el sistema de impunidad que consiste en que cuando agentes del Estado cometen atrocidades, “esos hechos no son objeto de investigaciones rigurosas, imparciales, donde se castiga no sólo a los autores materiales, sino a los que han dado las órdenes. La regla en México es la impunidad”.
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