“Ante el ‘golpe contundente’, no claudicamos; redoblamos la resistencia”, señalan estudiantes normalistas rurales. Las agresiones contra los alumnos de Ayotzinapa, que han enlutado a estudiantes y activistas de todo el país, constituyen el embate más violento que ha recibido el movimiento estudiantil desde 1968. Pero se inscribe dentro de un acoso permanente y sistemático que ejercen los tres niveles de gobierno contra el normalismo rural. La embestida contra estas instituciones de educación superior incluye el recorte presupuestal, la falta de mantenimiento y equipo, los intentos por suspender las becas alimenticias y el sistema de internado; también, la persecución contra activistas, la criminalización de sus demandas, el secuestro, la tortura y el asesinato. “Pareciera que todo se permite con tal de desaparecer a las normales rurales; pero no lo lograrán porque somos necesarias y contamos con el respaldo de los pueblos”, señalan, en entrevista con Contralínea, integrantes de la cúpula de la semiclandestina Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México
La masacre y desaparición forzada cometidas contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, ha sido el golpe más “contundente” que ha recibido el normalismo rural desde 1968. Pero no ha sido, ni de lejos, la única agresión grave que han padecido desde entonces los integrantes de estos centros educativos. La matanza y secuestro de alumnos inermes la noche del pasado 26 de septiembre en la ciudad de Iguala es sólo el corolario de un acoso permanente y sistemático que han sufrido estas escuelas de parte de los tres niveles de gobierno, algunos sectores del empresariado mexicano y medios de comunicación durante las últimas 3 décadas.
El recuento, en voz de integrantes de los principales organismos nacionales de la “semiclandestina” Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), es abrumador. Marcos, por el Comité Central, y Carlos por el Comité de Orientación Política e Ideológica Nacional, en entrevista con Contralínea,desgranan el rosario de agravios de los últimos años. Va desde el recorte presupuestal para estas escuelas, el abandono gubernamental deliberado, los cambios a los planes de estudio, la represión académica por sus actividades políticas, el cierre violento de normales y la criminalización de sus movilizaciones, hasta la detención arbitraria y los casos de tortura, secuestro y asesinato.
Por ello, rechazan que la más reciente agresión –que hasta el momento contabiliza tres muertos, cuatro heridos y 43 víctimas de desaparición forzada– sea obra sólo de la delincuencia “que azota a todo el país”, como reza el discurso que los gobiernos federal priísta y estatal perredista buscan instalar en la opinión pública.
El ataque, con el saldo de tres estudiantes muertos –dos por heridas de bala y uno encontrado sin ojos y con el rostro desollado–, cuatro heridos –uno con muerte cerebral, uno con el rostro destrozado y que requiere de reconstrucción facial, uno con un brazo amputado y otro con amputación de tres dedos de la mano izquierda– y 43 desaparecidos por la Policía Municipal de Iguala, constituyen, a decir de los representantes de la organización estudiantil, un crimen de Estado.
“El golpe contundente es contra Ayotzinapa; pero es también contra toda la FECSM”, dice Marcos, alumno del segundo año de la academia en educación primaria en la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, ubicada en Tiripetío, Michoacán.
“El mensaje es que como normalistas rurales dejemos de luchar. Que si seguimos reivindicando una educación crítica y realizando la actividades que como FECSM realizamos, eso nos va a pasar.”
Agrega: “Y de manera más amplia, es un mensaje para quienes se oponen a las llamadas reformas estructurales, a las mineras, a los megaproyectos; el mensaje es que los activistas podemos terminar así y que, mediante el terrorismo de Estado, esos intereses terminarán imponiéndose”.
Informa que, incluso, luego del ataque contra los normalistas se registró presencia policiaca en las escuelas normales rurales General Emiliano Zapata, de Amilcingo, Morelos; Carmen Serdán, de Teteles, Puebla; y Licenciado Benito Juárez, de Panotla, Tlaxcala. En Amilcingo, inclusive, intentaron ingresar a las instalaciones; pero las estudiantes (es una escuela exclusivamente para mujeres) lo impidieron.
Antes de esta agresión a manos de policías municipales de Iguala, Guerrero, coludidos con integrantes del crimen organizado, las normales rurales ya contaban con una amplia relación de agravios.
El 7 de enero de este año dos estudiantes de Ayotzinapa murieron atropellados cuando realizaban una colecta en la carretera Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la población de Atoyac de Álvarez. El conductor no quiso detener su marcha y embistió a un grupo de estudiantes. El 12 de diciembre de 2011, durante una manifestación en Chilpancingo en la que los estudiantes pedían mantenimiento a su escuela y aumento de recursos para la educación, policías estatales dispararon sus armas y mataron a dos alumnos en el lugar… Dos heridos de bala y nueve víctimas de tortura dejó la represión de una manifestación que estudiantes deTiripetío, Michoacán, realizaban el 10 de diciembre de 2008. Intentaban llegar al centro de la capital del estado, Morelia… El 14 de septiembre de 2008 policías estatales de elite, en operativo por tierra y aire, intentaron ocupar la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río, de Tenería, Estado de México, para acabar con la movilización estudiantil. No lo lograron pero los heridos se reportaron por cientos… El 13 de junio de 2008 cinco estudiantes de la Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo, de Atequiza, Jalisco, fueron secuestrados y torturados por policías antes de presentarlos ante el Ministerio Público…
La lista de represión y acoso continúa, interminable, y pasa por los intentos de cierre y desalojo de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, Chiapas, en 2008; y el cierre violento y definitivo de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal de El Mexe, Hidalgo, en 2003.
Todas las movilizaciones de los estudiantes normalistas citadas tienen origen en el abandono o la agresión directa de los gobiernos en turno. Generalmente, los alumnos se movilizan para gestionar más recursos para su escuela, demandar que se publique la convocatoria de nuevo ingreso anual, se realice el mantenimiento a las instalaciones, se aumente el presupuesto para la alimentación de los internados…
La agresión
Carlos, alumno de la academia de segundo año de la licenciatura en educación primaria en Ayotzi –como con cariño se refiere a su escuela–, viajaba en el autobús de vanguardia la noche del 26 de septiembre. Fue de los que descendieron del camión para dialogar con la policía. Sorpresivamente y a bocajarro los policías dispararon contra los muchachos. “Por suerte no me tocó”.
Moreno, cabello lacio y abundante, ojos ligeramente rasgados, Carlos se muestra orgulloso de su origen humilde, campesino e indígena. Con voz pausada pero firme relata lo vivido la noche de la agresión. Sólo cuando se refiere a su “camarada”, compañero de academia y grado, debe hacer una pausa y tragar saliva: “elCochi no aparece”.
Habían llegado a Iguala para realizar actividades de colecta o boteo. Recaudaban fondos, como cada año, para cumplir con las labores académicas conocidas como observaciones y prácticas. “Todas las normales rurales las hacen”, acota. Las actividades son indispensables para aprobar una asignatura del plan de estudios oficial: Observancia y Práctica Docente.
Explica que todas las escuelas cuentan con un calendario que estipula las fechas del año en que los alumnos deben realizar sus observaciones y prácticas. Los alumnos, por medio de su representación estudiantil, eligen las escuelas de la entidad que visitarán –generalmente aquellas que se encuentran en las zonas con mayor pobreza– y las autoridades de la normal hacen las gestiones administrativas para que los estudiantes sean recibidos en las escuelas primarias seleccionadas.
“Los de primer año observan cómo imparte clase el maestro, qué materiales utiliza, cómo se desempeña ante el grupo. A partir del segundo año ya damos clases, aplicamos el conocimiento adquirido. Tenemos que llevar nuestros propios materiales para trabajar con los alumnos. Para todo ello, realizamos colectas y tomamos autobuses, que siempre regresamos, cada año. Por eso estábamos en Iguala.”
Ese día, los estudiantes habían tomado tres autobuses en la central camionera. Pasaban de las 19:00 horas cuando se percataron de que los perseguía una patrulla de la Policía Municipal. Creyeron que los agentes del orden se habían quedado atrás y, cuando estaban a punto de tomar la carretera con rumbo a Chilpancingo, la capital del estado, un vehículo de la policía les cerró el paso.
Fue cuando descendieron algunos normalistas del primer autobús para dialogar con los policías: “Queríamos decirles que habíamos tomado los autobuses en la central y que eran para trasladarnos a los lugares de nuestras observaciones y prácticas; y que lo hacíamos cada año. Y que la colecta era para nuestros gastos académicos y alimenticios”. No les dio tiempo. Sólo alcanzaron a decir: “Somos estudiantes de Ayotzinapa”. Entonces los policías abrieron fuego.
“Y vimos entonces que detrás de los autobuses habían otras dos patrullas con policías que también comenzaron a disparar”. Los estudiantes se apeñuscaron en los espacios entre cada autobús. “Si gritabas o alcanzaban a ver que alguien se movía, disparaban”. Para entonces ya había sido asesinado un alumno y otro más yacía, herido, en el suelo. “Creíamos que nos estaban confundiendo”.
Pero no. Ellos, los estudiantes de Ayotzinapa, eran el blanco. Por teléfono celular llamaron al palacio municipal, a la Cruz Roja, a la Policía estatal. Nadie acudió. Sólo dos ambulancias llegaron media hora después.
—¿Les tomaron la llamada en las dependencias?
—Sí. Nos decían siempre que iban en camino. La Policía estatal siempre nos contestó que ya se estaba trasladando; pero nunca llegó.
Cuando llegaron las ambulancias, los policías agresores permitieron que levantaran el cuerpo y al herido. “Ahí aprovechamos, los que estábamos abajo, para salir corriendo y dispersarnos. Pero los que estaban en los autobuses no pudieron salir y de ahí los bajaron los policías. Alcanzamos a ver cómo los bajaron encañonados, a algunos los golpeaban, los obligaron a permanecer bocabajo en la banqueta y luego los subieron en seis patrullas. Creímos que se los llevaban al Ministerio Público”.
Casi eran las 23:00 horas cuando llegó “gente solidaria”. Vecinos de Iguala, integrantes de organizaciones sociales, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG). Llamaron a reporteros para dar conferencia de prensa sobre lo sucedido.
Empezaban a informar a los medios de comunicación, cerca de las 24:00 horas, cuando al lugar llegó una camioneta con dos individuos vestidos de civil. Detrás de la camioneta, una patrulla de la policía municipal. Uno de los civiles permaneció en el vehículo y el otro descendió, avanzó y adoptó una posición de francotirador. Apenas pudieron correr. Fue la segunda ráfaga de la noche. “Ahí cae un compañero y se llevan a otro”. El cuerpo del joven aparecería el día 28 sin ojos y con el rostro desollado.
Volvieron a dispersarse. Cuando el fuego cesó, intentaron concentrarse de nuevo. “Pero ya éramos muy pocos”.
Todo ocurrió aproximadamente a 2 kilómetros de un cuartel militar, la sede del 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano.
Los militares no se enteraron de la masacre. Tampoco de que, como ahora se repite hasta el cansancio, el municipio era gobernado desde hace años por el narcotráfico.
Los del comité de lucha buscaron a sus compañeros casa por casa. Familias habían abierto las puertas de sus hogares a los estudiantes y poco a poco se fueron reuniendo. “Nos concentramos y nos fuimos a la normal”.
Al día siguiente, sábado 27, junto con padres de familia y familiares de los detenidos, los estudiantes acudieron a las oficinas del Ministerio Público en Iguala. Ahí les dijeron que la noche anterior no había habido detenidos. Fueron entonces al Ministerio Público con sede en la capital del estado, Chilpancingo. La información fue que no tenían reporte alguno de detenidos en Iguala.
“Nos duele no saber de la situación de nuestros compañeros. No sabemos cómo estén física y sicológicamente. No sabemos cómo estén de salud. Nos preocupa porque ya en otras ocasiones, que como normalistas rurales hemos sido detenidos, nos han torturado”, señala Marcos.
Semilleros
Para nadie es un secreto que los últimos gobiernos federales han pugnado por desaparecer a estas instituciones de educación superior. “Son semilleros de guerrilleros”, es el lugar común que repiten secretarios de educación federales y estatales, empresarios y hasta dirigentes magisteriales.
“Somos una piedra en el zapato”, dice Marcos. “Les estorbamos para su reforma educativa”, completa Carlos.
Y es que el modelo educativo de las normales rurales va a contracorriente de toda la política en materia de educación que se desarrolla en México, sobre todo desde la década de 1980. Ello, aunque estas instituciones de educación superior han tenido que remar contra la corriente casi desde su creación, en 1922 (primero como escuelas normales regionales y luego centrales agrícolas). Luego del impulso que recibieron durante el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río, todo ha sido para ellas adverso.
La primera condición, y la más importante, para ingresar a una normal rural es ser pobre. En el proceso de selección de aspirantes participan, además de las autoridades educativas, los estudiantes, quienes se aseguran de que cada nuevo alumno provenga de un hogar de escasos recursos. Para ello realizan a cada candidato un estudio socioeconómico y se trasladan a sus hogares para observar las condiciones en que viven. Los otros requisitos (promedio y edad) quedan a cargo de las autoridades educativas; pero cada joven que ingresa lo hace con el consentimiento de la sociedad de alumnos o comité de lucha.
La organización estudiantil vela porque no se altere, en lo posible, el modelo de educación socialista del que se siente orgullosa. Ha logrado mantener el sistema de internado con comedor y beca alimenticia de cada estudiante, la cual ahora varía de escuela a escuela, pero que ronda entre los 36 y los 55 pesos diarios. “El gobierno gasta más en el alimento para los caballos de la policía que para el de los normalistas”, acotaCarlos.
Los “cinco ejes” del normalismo rural se integran por el académico (el cumplimiento de los planes de estudio oficiales); el político (la formación política, teórica y práctica, y el desarrollo de un plan de estudios alterno de carácter socialista); el de producción (con talleres de carpintería y herrería; cultivo de milpas de maíz, avena, sorgo y huertas, y módulo de ganado bovino, caprino y lanar); el cultural (clubes de rondalla, trío, conjunto tropical, danza, banda de viento y payasística), y el deportivo (equipos de futbol, basquetbol, voleibol, atletismo y natación).
Mientras que el eje académico recae casi en su totalidad en las autoridades educativas de la escuela y del estado, el político está a cargo, al ciento por ciento, de los estudiantes organizados entorno a la FECSM. Es el espacio donde los alumnos aprenden lo que el plan de estudios oficial ha suprimido: los estudios de materialismo dialéctico y materialismo histórico.
Organizados en comités de lucha o sociedades de alumnos locales, los estudiantes organizan círculos de estudio acerca del marxismo leninismo, de historia, de luchas sociales y de biografía de personajes revolucionarios. Entre las materias de este plan de estudios alterno se encuentran: elementos de economía con orientación socialista; conocimiento de los problemas que afectan la vida del campesino mexicano y crítica de las soluciones dadas a la luz de las ideas socialistas; y orientación socialista y legislación obrera y campesina.
En los otros ejes (producción, cultural y deportivo) participan autoridades y estudiantes, aunque la mayor responsabilidad recae sobre estos últimos.
Sobre si estas escuelas son “semilleros de guerrilleros”, dicen: son semilleros de estudiantes críticos, honestos, comprometidos con el pueblo; es decir, de buenas personas.
Más de 79 años de lucha
La FECSM, que aglutina a los estudiantes de las escuelas normales rurales del país y de una escuela normal indígena (ubicada en Cherán, Michoacán), es la organización estudiantil vigente más antigua en México. Cuenta con una estructura similar al de las organizaciones obreras como las que surgieron en Cananea y Río Blanco y que fueron antecedentes de la lucha revolucionaria en México.
Cada año, la FECSM realiza un congreso ordinario. Los estudiantes buscan mantener en secreto el lugar de la reunión, el orden del día y los nombres reales de los participantes (los comités estudiantiles de cada escuela). Aseguran que esta “semiclandestinidad” les ha permitido conservar su organización y evitar en lo posible las infiltraciones en su estructura. En el congreso se renuevan los organismos fraternos (regionales) y los nacionales: el Comité Central, el Comité de Orientación Política e Ideológica Nacional y el Comité Nacional de Vigilancia.
El Comité Central cuenta con una Secretaría General, una de Organización, una de Relaciones Exteriores, una de Conflictos y una de Acción Política, además de otras instancias subordinadas y de soporte. El Comité de Orientación Política e Ideológica Nacional cuenta con carteras similares pero incorpora a los secretarios de Orientación Ideológica de los comités de lucha de todas las escuelas. Por su parte, el Comité Nacional de Vigilancia cuenta con presidente, secretario, tesorero, primer y segundo vocal. Actualmente, el Comité Central está a cargo de alumnos de Tiripetío, Michoacán. El Comité de Orientación Política e Ideológica, de Ayotzinapa, Guerrero. Y el Comité Nacional de Vigilancia, de alumnas de la Escuela Normal Rural Vanguardia, de Tamazulapan, Oaxaca.
Cada escuela está organizada internamente por una sociedad de alumnos o comité de lucha. En la estructura local participan activamente alrededor de 60 estudiantes. Los cargos más importantes son: secretario general, secretario de actas y acuerdos, secretario de organización, delegado nacional y delegado local. Cuentan, además, con 14 comités: de Orientación Política e Ideológica; de Lucha; de Raciones; de Orden y Disciplina; de Prensa y Propaganda; de Relaciones Exteriores; de Finanzas; de Difusión Cultural; de Módulos de Producción; de Higiene; de Transportes; de Centro de Cómputo; de Deportes, y de Asuntos Académicos.
La FECSM fue fundada en 1935, en pleno cardenismo y en medio del impulso a la educación socialista.
A principios de 2008, Contralínea sostuvo una entrevista con los entonces integrantes del Comité Central de la FECSM, a cargo, en aquella época, de estudiantes de la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río, de Tenería, Estado de México. Los alumnos, orgullosos de su historia, se refirieron a la iniciativa de crear la organización estudiantil de los estudiantes de Tamatán Tamaulipas en 1934. Se intentó realizar el primer congreso en Tacámbaro, Michoacán, pero el hecho no se concretó. Hasta el año siguiente se constituyó la FECSM en El Roque, Guanajuato. Estas tres escuelas fueron cerradas por el gobierno mexicano en 1968.
El entonces presidente la República Gustavo Díaz Ordaz ordenó el cierre de más de la mitad de estos centros educativos. Sólo sobrevivirían 17. Ha sido el golpe más fuerte a la FECSM: el Ejército Mexicano ocupó algunas normales, un número indeterminado aún de estudiantes desaparecieron y otros resultaron muertos. De 1968 1971, la FECSM pasó a la total clandestinidad para mantener la estructura y la organización. Hasta 1972, en Atequiza, Jalisco, regresó a la “semiclandestinidad”, como sigue trabajando hasta ahora. Desde entonces, los estudiantes se concentraron en la defensa de las 17 escuelas que prevalecieron. En 2003 perdieron El Mexe, pero recientemente lograron sumar a una más, aunque su nombre no sea “normal rural” sino “normal indígena”: Cherán, Michoacán.
Los alumnos de Ayotzinapa reconocen con orgullo que por sus aulas pasaron los guerrilleros Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos. Los de Tenería, Misael Núñez Acosta. Todos, que son herederos de los normalistas de Salaices, Chihuahua, que integraron el Grupo Popular Guerrillero, de Arturo Gámiz. Pero también han pasado estudiantes, los menos, que se han convertido al paso de los años en funcionarios estatales o incluso gobernadores. De quienes más se sienten orgullosos los normalistas entrevistados es de los egresados que se van “adonde hace falta de verdad un maestro rural”, a las comunidades apartadas, donde sigue habiendo gente que no sabe leer, pero que tampoco tiene que comer ni sabe cómo defenderse. “Ahí, entre las milpas, las montañas y los campesinos es donde resuena como en eco nuestra consigna: ¡Normales rurales de Norte a Sur: en pie de lucha!”
En Guerrero, 26 cárteles del narcotráfico
Guerrero es la entidad con mayor presencia de cárteles, células y pandillas vinculadas al narcotráfico en todo el país, revela un detallado mapa que elaboró la PGR. Son cinco grandes organizaciones criminales –Los Zetas, el Cártel del Pacífico, los Caballeros Templarios, el cártel de la Barbie y los Beltrán Leyva– que controlan a otras 21 de menor tamaño. Entre éstas se encuentra la de Guerreros Unidos, supuestamente responsable de las ejecuciones de al menos 17 estudiantes normalistas, ocurridas el pasado 26 de septiembre. Este grupo sirvió a los intereses de La Familia Michoacana, indica el mapa criminal del que Contralíneatiene copia. Además, los Caballeros Templarios se disputan el control de la entidad con el Cártel de los Beltrán Leyva, apunta un reporte de la estadunidense DEA
La reciente desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y la probable ejecución de al menos 17 de ellos han puesto de relieve la operación criminal de los Guerreros Unidos en la entidad que aún gobierna el perredista Ángel Aguirre Rivero.
El cártel, que según Iñaki Blanco Cabrera –fiscal general de Guerrero– es responsable del asesinato de 17 normalistas que previamente habían sido detenidos por la policía municipal de Iguala el 26 de septiembre pasado, es tan sólo uno de los grupos delictivos menores que asolan a la población.
Una detallada investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), de la que Contralínea tiene copia, da cuenta de que 26 de las 88 organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilegal de narcóticos que operan en México están asentadas en Guerrero. Dicha cifra ubica a la entidad como la de mayor presencia de organizaciones del narcotráfico.
Mapa: Guerrero, los 26 cárteles del narco
El reporte Células delictivas con presencia en el país revela que cinco de ellas forman parte de la lista de los ocho grandes cárteles. Se trata de los Caballeros Templarios (antes Familia Michoacana), los Beltrán Leyva, Los Zetas, el Cártel del Pacífico y el cártel de la Barbie.
Para la PGR, las otras dos organizaciones son los Arellano Félix y el Nuevo Cártel de Juárez, por lo que deja fuera de su mapeo al Cártel del Golfo, como lo documentó Contralínea en su edición 337, del 3 de junio de 2013.
Al referirse a la situación delictiva que enfrenta Guerrero, la Drug Enforcement Administration (DEA) indica que éste es disputado por los Caballeros Templarios y los Beltrán Leyva. En su “Mexican cartels. Map depicting areas of dominant influence”, la DEA señala que en la entidad también hay una presencia sólida de Los Zetas, en la región del puerto de Acapulco.
Los 21 cárteles menores, células y pandillas
Los Caballeros Templarios, los Beltrán Leyva, Los Zetas, el Cártel del Pacífico y el cártel de la Barbie tienen a su servicio a 21 grupos, células y pandillas que controlan varios negocios ilegales en la entidad: además del tráfico de narcóticos, están vinculados al secuestro, robo de vehículos, cobro de piso, extorsiones, entre otros.
En su Mexico 2014. Crime and safety report, el estadunidense Overseas Security Advisory Council refiere que los estados de México y Guerrero tuvieron las tasas más altas de homicidios en 2013, mientras que en materia de secuestros, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas y Morelos registran las tasas más altas del país.
El incremento reflejado en dichos índices ha sido producido por las violentas actividades de las 21 organizaciones criminales, entre las que se encuentra Guerreros Unidos, a la que en marzo de 2013 la PGR identificaba como aliada de La Familia Michoacana.
Actualmente, a esta organización se le ha vinculado al cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Este último, golpeado en su estructura por la detención de su líder Héctor Beltrán, alias el H o el Ingeniero, ocurrida el pasado 1 de octubre, tan sólo 6 días después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas.
Según el reporte de inteligencia de la Procuraduría General de la República, a los Guerreros Unidos también se les conoce en el mundo criminal como La Nueva Empresa y operan en otras dos entidades: Morelos y el Estado de México.
Además de esta organización, en Guerrero operan seis células escindidas de los Beltrán Leyva: Los Granados, Nuevo Cártel de la Sierra, Los Zafiros, El Tigre, Los Ardillos y Los Rojos. Este último grupo delincuencial ha sido identificado en días recientes como rival de los Guerreros Unidos.
Las otras células y pandillas que se han posicionado en el estado sureño son La Barredora y el Comando del Diablo y/o Comando Guerrero Diablo, ligadas al Cártel del Pacífico; El Indio, La Oficina, el Cártel Independiente de Acapulco, El Güero Guetamo, Los Pelones, Los Marquina, EI Yey, Santana Ríos Bahena Iguala, El Pelos, El Mudo y grupos al mando de una persona con el apellido Solano, identificados como células aliadas al cártel de la Barbie.
Los cárteles que se disputan Guerrero
La importancia de Guerrero en materia de narcotráfico es que éste es el segundo mayor productor de amapola y mariguana, refiere el International narcotics control strategy report 2014, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El primer lugar lo tiene el llamado triángulo dorado, situado en las fronteras de Sinaloa, Chihuahua y Durango.
Por ello, los cárteles de los Beltrán Leyva y Caballeros Templarios se disputan violentamente el control del territorio, como indica la DEA. Aunque en la lucha también participan las otras organizaciones.
En otras entidades, el cártel de los Caballeros Templarios tiene a su servicio la Guardia Morelense, en Morelos, y Los Troyano, en el Estado de México, mientras que del cártel de los Beltrán Leyva se han escindido 19 organizaciones en total: el Chico Malo, con presencia en Nuevo León; el H2, en Nayarit, Jalisco y Sinaloa; Los Mazatlecos, en Sinaloa, Baja California Sur y Nayarit; Los Tigres, en Sinaloa y Nayarit; el 2 Mil, en Sonora; Los Granados, en Guerrero; Los Rojos, en Guerrero y Morelos; Morelos Unidos, en Morelos; el Nuevo Cártel de la Sierra, en Guerrero; Los Pineda, en Chiapas, Nuevo León, Estado de México y Morelos; Los Zafiros, en Guerrero y Morelos; el Cártel del Pacífico Sur, en Morelos; La Oficina, en Aguascalientes y Baja California Sur; La Mano con Ojos, en el Distrito Federal y Estado de México; el Mosco, en el Distrito Federal y Oaxaca; Los Gilos, en Sonora; el Tigre, en Guerrero; Los Ardillos, en Guerrero, y Los Arturos, en Baja California.
Narco-México
Tanto las células de los Templarios como las que se escindieron de los Beltrán Leyva forman parte de los 80 cárteles, células y pandillas que surgieron en el sexenio de la “guerra contra el narcotráfico”, y se sumaron a los nueve que entonces existían.
Según el mapa de la criminalidad elaborado por la PGR, la mayoría de esos grupos narcotraficantes se localiza en el Sur-Sureste (Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo) y en el Norte y centro del país (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Estado de México y Morelos).
De estas entidades, cuatro concentran la presencia del 85 por ciento de los medianos y pequeños cárteles, células y pandillas: Guerrero, gobernado por el perredista Ángel Aguirre; Morelos, encabezado por el perredista Graco Ramírez; Baja California, que administra el panista Francisco Vega; y el Estado de México, en manos del priísta Eruviel Ávila.
En ese contexto, la violencia en Guerrero, considerado uno de los estados más peligrosos de México, no ha cesado a pesar de los niveles de militarización a los que fue sometido desde inicios del sexenio pasado.
Además de los operativos militares como el actual Guerrero Seguro, ahí se ubican de forma permanente la Novena Región Militar, la Trigésima Quinta Zona Militar; y la Octava Región Naval. Ahora, tras la agresión gubernamental en contra de los estudiantes normalistas, el gobierno federal instrumentó el Mando Único.
Pero pese a ello, la entidad sigue bajo el control de 26 de las 88 organizaciones del narcotráfico identificadas en el diagnóstico sobre la delincuencia organizada en poder del gobierno de Enrique Peña.
Éste revela que en el gobierno de Felipe Calderón, lejos de combatir la criminalidad, la “guerra” generó 80 nuevos cárteles. Como lo ha documentado Contralínea, en el sexenio pasado los narcotraficantes se consolidaron como empresas trasnacionales, y actualmente son 15 veces más rentables que el Grupo Carso, de Carlos Slim. Y sus negocios criminales involucran a más de 50 países en los cinco continentes.
Fuente: Contralínea| Zósimo Camacho| Nancy Flores
