Andrés Manuel López Obrador acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a entregar una carta en la que le solicita al ministro presidente Juan N. Silva Meza “que nos aclare si procederá o no” la consulta popular sobre la reforma energética, cuyo trámite iniciará el próximo jueves el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con el objetivo de que en las elecciones federales de julio de 2015 la ciudadanía se pronuncie si está de acuerdo o no con la privatización de la industria petrolera.
López Obrador acudió esta mañana a la sede del máximo tribunal a entregar en la oficialía de partes la misiva en la que señala que consideró pertinente, “antes de que iniciemos el procedimiento para solicitar la consulta popular con la firma de más de 2 millones de ciudadanos”, que Silva Meza se defina al respecto, porque de no hacerlo, “si llegara a fallar en contra de nuestra petición después de que hubiéramos cumplido con todos los requisitos formales para fundamentarla, agravaría usted más al pueblo de México y desacreditaría a la institución que representa”.
La Suprema Corte quedaría ante la sociedad como un organismo supeditado al Ejecutivo y omiso a sus obligaciones legales, “en tanto que usted sería visto como cómplice y encubridor de las tropelías presidenciales”.
López Obrador instó al ministro presidente a que responda “con prontitud” a su petición, al tiempo de que el movimiento que encabeza iniciará “de todas maneras” el trámite para recolectar las firmas de los ciudadanos par la celebración de una consulta sobre las reformas impuestas para privatizar el sector energético con la reciente modificación de los artículo 25, 27 y 28 de la Constitución aprobados en diciembre pasado, los cuales, subrayó, “transgredieron principios básicos y el principio de nuestra ley suprema”.
Subrayó que la modificación a esos preceptos jurídicos “de dimensión histórica” se llevó a cabo sin consultar a los ciudadanos y a partir de acuerdos contraídos entre (el presidente) Enrique Peña Nieto y representantes de empresas petroleras extranjeras, por lo cual hemos presentando ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal en su contra por traición a la patria”.
Agregó el presidente del Consejo Nacional de Morena que con la aprobación de estas reformas “se emplearon prácticas de corrupción política y procedimientos ilegales e inmorales propios de un gobierno mafioso, baste decir, subrayó, que el Poder Ejecutivo Federal tiene bajo su control a la mayoría de diputados y senadores y ejerce un dominio político absoluto sobre los Congresos.
En este contexto, dijo en entrevista que aún y cuando no confía en que los ministros de la Corte actúen con independencia y autonomía, espera que en esta ocasión sí lo hagan.
Agregó que el próximo jueves acudirá al Senado de la República para iniciar el procedimiento formal necesario para tramitar la consulta popular, y que una vez con el formato que le deben entregar en la Cámara alta, su Movimiento procederá a recabar los 2 millones de firmas que exige la ley, para que posteriormente, el Instituto Nacional Electoral valide que las firmas forman parte del listado nominal y que después sea la Suprema Corte la que califique la validez o no de la consulta popular solicitada.
Advirtió que se será muy grave que la Corte se pronunciara en contra de la consulta.
Indicó que para evitar que la Corte rechace la petición propondrá incluso que la pregunta que se haga en el marco de la elección federal de julio de 2015 sea concreta, para no ser tachada de inducida:
“¿Está usted de acuerdo o no en que se otorguen contratos y concesiones a particulares nacionales y extranjeros en materia de petróleo, refinación petrolera, energía eléctrica, petroquímica, gas, sí o no?”
Insistió en que la gente no va a avalar la entrega de los recursos naturales a particulares y que se tendrá que revertir la reforma energética.
Cuestionado respecto a la consulta popular, cuyo trámite ya inició el PRD en contra del a reforma energética, López Obrador aclaró que son procesos diferentes y que la organización que él representa tramitará la realización de la consulta popular de acuerdo a las formalidades que exige la ley para que se cumpla con el derecho que tiene la ciudadanía en pronunciarse sobre lsa reformas impuestas para privatizar al sector energético nacional.
Fuente: La Jornada| Jesús Aranda
