Aun cuando el planteamiento teórico de la privatización energética se ha apoyado en una lectura optimista de la capacidad del peñismo para sacarlo adelante (viabilidad aritmética de aprobación en las cámaras, control de los partidos opositores mediante el Pacto por México y apatía ciudadana y debilidad de la oposición callejera), las primeras horas posteriores a la develación oficial de la trama reformista están exhibiendo debilidades e impericia que podrían generar más turbulencias al interior del poder federal que la misma inconformidad activa de cierta franja social.
El primer dato significativo proviene de algunos de los presuntos beneficiados, a quienes no dieron satisfacción, cumplidos los términos de la apuesta de Los Pinos. El tamaño del negocio hace que de cualquier manera los inversionistas estén dispuestos a aprovechar las ofertas, pero ya se han escuchado expresiones de desencanto de parte de tiburones empresariales que esperaban una rendición sin refrendos del gobierno mexicano y no el planteamiento de un muy priísta control discrecional, con su carga de permanente manejo corrupto por debajo del agua, lo cual se desprende del hecho de que no se propone el establecimiento de concesiones, sino de permisos, y no se habla de producción, sino solamente de utilidades compartidas.
Las variantes asumidas por Peña Nieto han recibido críticas de esos segmentos empresariales trasnacionales y del partido que impulsa una privatización más abierta y definitiva, el de Acción Nacional. A ello puede añadirse el creciente enojo en la Casa Blanca, y sus oficinas relacionadas con la seguridad nacional, por la liberación de Rafael Caro Quintero, en un escenario de reinstalación de ánimos vengativos de Estados Unidos por el asesinato de un agente infiltrado, Enrique Camarena, y la fundada suposición de que, contra lo que supuestamente se desearía en Washington, en la administración peñista se están tejiendo acuerdos de complicidad con ciertos grupos de la delincuencia organizada. Por lo pronto, Estados Unidos ya ha pedido la detención del sinaloense, evadido legalmente, y se ha abierto el camino de una eventual extradición.
El manejo de la propaganda también ha resultado errático. Podría decirse que, con una extraordinaria rapidez, el equipo de Los Pinos ha permitido que se asiente un escepticismo ciudadano, extendido a causa de las lecturas a la inversa que los mexicanos se han acostumbrado a hacer frente a lo que los gobernantes les dicen. Entre otros factores, a la pretensión oficial le han hecho daño: la irrespetuosa desproporción de utilizar la figura del ex presidente Lázaro Cárdenas para justificar lo que ahora se propone; la falta de autoridad técnica y moral de algunos de los voceros utilizados machaconamente para promover las reformas; la increíble dimensión del paraíso prometido a cambio de la aprobación de la reforma, y especialmente la delatora imprecisión en cuanto a fechas y términos para que se materialice dicho edén de rebajas en tarifas y empleos al por mayor.
También se han ido acumulando agravios en las fuerzas armadas, cuyo papel sería central en el mantenimiento de una paz forzosa, en ca-so de que una poco probable rebelión cívica se desatara a causa de la cesión de las ganancias petroleras a consorcios foráneos. Felipe Calderón expuso y desgastó al Ejército en tareas de combate a la delincuencia organizada, pero Enrique Peña Nieto, aparte de trazar líneas poco claras de rediseño de los entendimientos oficiales con losgrupos del narcotráfico y cri-minalidades conexas, ha im-puesto a los cuerpos de verde olivo una política de tolerancia extrema frente a explosiones populares de ira (genuina o inducida) que han desembocado en escenas, años atrás, absolutamente impensables, con tropa y oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional enfrentados por civiles, hostigados e incluso retenidos (por usar el término eufemístico que se niega a usar la palabra adecuada: secuestrados), sin que ese personal legítimamente armado tuviese instrucción (afortunadamente) de actuar con energía, conforme a las circunstancias.
La profunda irritación de las cúpulas castrenses ante suce-sos como el de El Pericón, en Guerrero, pareció haber tenido desahogo ayer en el munici-pio michoacano de Aquila, con la detención de decenas de miembros de la policía comu-nitaria. La advertencia hechaen días pasados por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que no se permitirían más desa-catos, tomó tierra en el Michoacán del desgobierno generalizado, pero con mensaje a Guerrero y otros lugares donde los problemas políticos y sociales han encontrado, hasta ahora, un retraimiento de las fuerzas represivas en aras de que no haya hechos sangrientos que contaminen las delicadas negociaciones políticas que tienen como meta indiscutida la aprobación del negocio energético. El golpe seco en Aquila tuvo inmediata reacción, igualmente retadora, que coloca al gobierno peñista en una disyuntiva grave, pues a la hora de cerrar esta columna se mencionaba que decenas de militares habían sido retenidos en busca de canjearlos por los comunitarios previamente encarcelados.
La acumulación de errores y problemas en la cúpula del poder mexicano ha creado, como se apuntó en el primer párrafo de esta columna, turbulencias diversas que, sin embargo, parecieran estar destinadas a procesarse justamente en esos ámbitos de privilegio y no con un sentido popular. Todo indica que en términos numéricos la aprobación del rediseño energético está garantizada con la concurrencia de legisladores del PAN, el PRI y sus aliados. Y que, a pesar de sus insuficiencias tramposas respecto a los intereses de los grandes grupos empresariales locales y extranjeros, estos aprovecharán la oportunidad tal como se las ofrece Los Pinos. Falta ver el impacto y la trascendencia que podría alcanzar el movimiento de protesta programado para el próximo 8 de septiembre.
Y, mientras el oráculo Emilio Gamboa dice desde el Senado que la reforma energética saldrá muy rápido, ¡hasta mañana!
Fuente: La Jornada| Julio Hernández López
