La privatización de la industria petrolera es inaceptable
Enrique Calderón Alzati
Como cada seis años lo han hecho los sucesivos gobiernos neoliberales que hemos padecido desde el sexenio de Miguel de la Madrid, el gobierno actual insiste en la privatización de Petróleos Mexicanos mediante mecanismos accionarios y modificaciones a la Constitución, en esta ocasión con más sagacidad política y con diferentes estrategias que las empleadas en los gobiernos anteriores que, sin lograr el objetivo, le causaron graves daños a Pemex con el afán de atraer inversiones de dudosa utilidad para nuestro país y para la empresa misma.
En este sentido, diversos especialistas y líderes políticos y de opinión, como Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel Lopez Obrador, han manifestado reiteradamente no sólo las posibles consecuencias de la enajenación, sino también las alternativas que existen para hacer de Pemex una empresa no sólo altamente rentable, sino el centro de un proyecto de desarrollo nacional en materia económica, de recursos humanos y de tecnología, en oposición a los mensajes oficiales que en esencia nos indican que los mexicanos no podemos ni somos capaces de cambiar el futuro de nuestra industria petrolera, por lo que requerimos de capitales y de tecnología provenientes del extranjero.
Sin mayores pretensiones, escribo este artículo para recordar lo que ha sido el resultado de otras privatizaciones realizadas por los gobiernos anteriores, las cuales, en su momento, nos presentaron como panaceas que mejorarían la economía de nuestro país y nos brindarían un futuro brillante, que hoy no se ve por ningún lado. Unos cuantos casos pueden ser suficientes para este fin, tomando los ejemplos de Teléfonos de México, de los bancos, de las industrias paraestatales, de los ferrocarriles y de Mexicana de Aviación.
En el caso de Telmex, se habló de la necesidad de modernizar las telecomunicaciones para ofrecer mejores servicios y modernizar el sector, con un beneficio directo para los consumidores, palpable en la reducción de sus pagos y el incremento en el número de las líneas de comunicación; los resultados en cambio han sido la conformación de un imperio financiero, la riqueza indiscutible del señor Slim y sus socios encubiertos y servicios telefónicos caros y de mala calidad. ¿Cuántas ciudades del país, supuestamente comunicadas según su publicidad, carecen hoy de cobertura? Yo vivo en Xalapa y tratar de lograr una comunicación aquí con el servicio Telcel resulta más difícil que hacerlo con los ángeles; sin embargo, los miles de usuarios de esta región nos vemos condenados a seguir pagando ante la negativa de la empresa a aceptar la rescisión de los contratos respectivos ante la ausencia del servicio. Sobre este problema dedicaré uno de mis próximos artículos.
En el caso de los bancos, lejos de impulsar el desarrollo que necesitamos y que se ofreció como resultado de su privatización, estas instituciones ahora mayoritariamente extranjeras han hecho de nuestro país un botín del cual extraen sus ganancias, como en ninguna otra parte del mundo, según ellas mismas lo afirman, propiciando no la producción, sino el consumo, haciendo cobros onerosos e injustos a sus usuarios y cargando tasas de interés propias de la usura.
De las ex industrias paraestatales poco se ha permitido saber de ellas, ¿Qué sucedió con Transportadora Marítima Mexicana, con la Fundidora de Acero de Lázaro Cárdenas o con la Minera de Cananea? ¿En qué se utilizaron los recursos de la venta de estas empresas que eran propiedad del Estado cuando Salinas era presidente?
La terrible tragedia de Pasta de Conchos, sacó a la luz pública las inhumanas condiciones y la falta total de seguridad en las que laboran los trabajadores de las empresas mineras, cuyas utilidades superan los miles de millones de pesos anuales ¿Acaso son este tipo de empresas las que el país necesita para asegurar su desarrollo? El asesinato de un hijo de Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, nos permitió enterarnos de la participación del narcotráfico en la industria minera de ese estado, dejando un claro indicio de los riesgos que existen cuando se dejan los bienes, patrimonio de la nación, en manos de empresas privadas sin las regulaciones adecuadas, o cuando habiéndolas, las autoridades se convierten en gestores y protectores de esas empresas.
El caso de los ferrocarriles, entregados por el gobierno federal a corporativos foráneos representa otro antecedente importante de las consecuencias que tienen las medidas privatizadoras. Columna vertebral del desarrollo económico mexicano durante la última parte del siglo XIX y más de medio siglo XX, los Ferrocarriles Nacionales empezaron a ser desmantelados por el gobierno a partir de 1960, para instaurar un modelo nacional de transporte, convenido con Estados Unidos, que impulsó a su industria automotriz.
La corrupción del sindicato ferrocarrilero fue un argumento clave de la estrategia gubernamental que llevó a los ferrocarriles a la privatización, como única salida posible, lo cual tuvo como resultado la desaparición del sistema de transporte de pasajeros, que en otras naciones constituye red imprescindible, mientras que el traslado de mercancías por carretera se ha convertido en un serio problema logístico para la vida de las ciudades.
El caso de la aviación es quizás el más emblemático de los riesgos inherentes a las privatizaciones de los bienes nacionales, cuando estas son permitidas por las leyes y puestas al arbitrio de funcionarios corruptos. ¿Qué pasó con Mexicana de Aviación y cuál fue su impacto en el sistema aeronáutico nacional? ¿Acaso ganó algo la sociedad mexicana con la privatización de esa empresa? ¿Cuáles son las garantías de que la entrada de capitales particulares permite y facilite el desarrollo y el crecimiento de una empresa pública? El grupo de inversionistas que se hizo de Mexicana de Aviación sólo tenía un objetivo: quedarse con el botín constituido por los equipos de vuelo y las concesiones que amparaban las rutas donde la empresa operaba, para luego enajenarlo. La quiebra de Mexicana de Aviación conformó un daño patrimonial a la nación, llevó al desempleo a miles de trabajadores y fue causante del desquiciamiento del sistema de transporte aéreo nacional, pues detonó un incremento en los costos que hoy tienen que pagar los viajeros mexicanos, a partir de esa quiebra.
Todos estos son los antecedentes para la restructuración de Petróleos Mexicanos que hoy pretende realizar el actual gobierno como resultado de la reforma energética que propone realizar y que desde luego resulta inaceptable para la gran mayoría de la sociedad.
Pemex: corrupción y opacidad compartidas
Arturo Alcalde Justiniani
Si usted pretende conocer la situación sobre el sindicato petrolero y sus relaciones con Pemex, confirmará la extrema dificultad para lograrlo, pues opera un cerco informativo altamente sofisticado difícil de romper. Nos referimos no sólo a la condición financiera del gremio, que es la parte más criticada, sino también a los convenios y acuerdos que dicho sindicato ha celebrado con la empresa y a sus nexos con el gobierno. También con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
A pesar de este blindaje informativo deliberado y compartido entre sindicato, empresa y gobierno, ha sido difícil encubrir la corrupción existente, porque ésta no tiene límites. Saltan a la vista hechos tan notorios como el yate en Cancún, el reloj de 200 mil dólares, los viajes a Las Vegas, la hija del líder en avión privado con tres mascotas cómodamente instaladas y los Ferrari, actos que son la punta del iceberg de un modelo que se reproduce en cada una de las 36 secciones sindicales, a lo largo y ancho del país. Estos hechos han sido del dominio público y no han merecido explicación alguna, simplemente porque a los líderes sindicales beneficiados les tiene sin cuidado la opinión de la sociedad, les importa eso sí, la de la empresa y del gobierno, porque ellos les aseguran impunidad.
La complicidad gubernamental no ha sido privativa del PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) cuando estuvo en el poder asumió una actitud similar; basta recordar cómo Vicente Fox, siendo presidente, dejó colgado a Francisco Barrio, entonces contralor federal, cuando éste anunció que caerían peces gordos al tener en sus manos acreditada la entrega de 500 millones de pesos del líder petrolero al candidato presidencial priísta, Francisco Labastida. Simplemente se le paró en seco, en un acto que definió la política a seguir por el gobierno foxista de plena connivencia con las prácticas corruptas que había prometido erradicar. Ahora, de nuevo en la oposición, el PAN propone suprimir los cargos que tiene el sindicato petrolero en el consejo de administración de Pemex, como si con esta medida pudiera favorecer el saneamiento al que renunció cuando tuvo posibilidad de hacerlo.
Si observamos las constantes negativas del sindicato para someterse a la ley de transparencia vigente, en relación a los múltiples recursos que recibe de la empresa, presentados de distintas maneras: subsidios, apoyos para eventos, incluso préstamos sin intereses, confirmamos que la negativa inicial a brindar la información proviene de la propia empresa petrolera que otorga los recursos y no del sindicato, aunque sea éste el que haga el trabajo sucio de enredar los procedimientos para sustraerse de una obligación elemental: informar sobre el destino de los recursos públicos entregados para un determinado fin. Por ello, con toda razón, el comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), Gerardo Laveaga, reclama como un punto central en la agenda nacional el tema de la transparencia sindical y su compañero, el comisionado Ángel Trinidad Saldívar, denuncia la resistencia del sindicato de Pemex a someterse a las reglas mínimas de transparencia. En una frase definió tal actitud: Tiro por viaje, piden amparos.
La impunidad y corrupción del sindicato serían impensables sin la abierta complicidad de la empresa, ya que el apoyo no se limita a la entrega de recursos públicos, se complementa con una serie de acuerdos tanto por la vía del contrato colectivo, como por convenios paralelos que se guardan como secretos de Estado y que históricamente han comprendido la entrega de plazas, la participación en negocios, materia exclusiva de la administración empresarial y el trato privilegiado al grupo designado por la dirigencia sindical.
Cada negociación colectiva se convierte en un misterio que se va descubriendo con los años; en la pasada revisión contractual, por ejemplo, se convino separar el tema pensionario para que éste fuese una negociación posterior al desahogo de la iniciativa de la reforma energética a través de un trato directo entre el sindicato y la Secretaría de Hacienda. En lo que se refiere al personal de confianza, sin decir agua va, simplemente se le dejó fuera de la contratación colectiva como parte de un nuevo trato laboral cuyas características no se explicitan para que no exista por ahora protesta de esos trabajadores.
Es importante aclarar los motivos por los cuales la empresa y el gobierno han apostado a compartir formas de corrupción y opacidad. Un primer motivo deviene del interés por mantener el control de los trabajadores y la subordinación del liderazgo sindical; las rebeldías, como sucedió en el caso de La Quina, se pagan caro. Un segundo motivo tiene carácter político-electoral, ya que se utilizan los recursos entregados al sindicato para el apoyo a las campañas electivas.
Una tercera razón tiene intereses de corte particular y doméstico, existen múltiples negocios en los que están involucrados funcionarios y dirigentes sindicales que requieren un silencio compartido. Cualquiera que tenga relaciones comerciales con esta empresa sabe de los arreglos que es necesario hacer para la contratación de ventas, compras o servicios en la que se debe obtener el beneplácito del líder sindical en la zona aunque nada tenga que ver con su función de representante gremial.
Recordemos los jugosos contratos con compañías extranjeras para la adquisición de barcos o venta de hidrocarburos que nunca fueron debidamente aclarados, para no hablar de la jugosa ordeña de ductos en la que muchos están involucrados.
En este entorno de opacidad y corrupción, se pretende ampliar la participación privada. Si la intención real fuera modernizar Pemex y atender sus problemas estructurales, una tarea inicial sería romper el blindaje informativo que empresa y sindicato han creado para esconder su complicidad. Asimismo, limpiar la casa acabando con este modelo de corrupción y complicidad claramente compartido.
En buena hora, según nos informa el día de ayer en este diario, en su columna Dinero, Enrique Galván Ochoa, un tribunal colegiado le ha hecho un boquete a este cerco informativo.
Fuente: La Jornada
