domingo, 4 de agosto de 2013

La derecha y el petróleo| Consulta sobre la reforma energética y fiscal| Las aporías del sector energético

La derecha y el petróleo: Arnaldo Córdova

La derecha es persistente en sus exigencias: toda la riqueza debe concentrarse en las pocas manos que la hacen producir de verdad, con eficiencia y eficacia. La riqueza, entendida como patrimonio de la sociedad, no tiene, para ella, ningún sentido. Dar la riqueza a los muchos (las mayorías sociales) es un verdadero desperdicio. Nunca la ha convencido la hipótesis central de la economía política clásica en el sentido de que cuando hay una buena distribución de la producción se ponen las bases para que se dé un aumento en la misma.

La riqueza, para ser productiva, debe estar concentrada. Por eso, para los derechistas, el que exista un aparato económico del Estado con la finalidad de apoyar los procesos productivos de la sociedad resulta ya obsoleto y, de hecho, una aberración, porque esa parte de la riqueza nacional que representa se sustrae a la eficiencia productiva de la riqueza concentrada. Nadie pone en duda que el nacionalismo es un mito y que nuestra historia está llena de mitos. Eso asusta a la derecha, que aún teme a la reacción popular. Por eso combina su objetivo central, que es la concentración de la riqueza, con una falsa adherencia al mito.

No estamos en contra de la propiedad de la Nación, claman los derechistas. No queremos privatizar el petróleo ni la electricidad, afirman. Sólo queremos que esa propiedad sea más eficiente, rematan. Lo que proponen es muy sencillo: que se les permita entrar a la casa de la Nación y a ésta ponerla a la puerta para que se hagan cargo de su funcionamiento, administración y manejo. Ya fuera de la puerta de su casa, la Nación puede jurar que sigue siendo propietaria de la misma y que goza de su usufructo, aunque se la haya echado a la calle y se la obligue, además, a aceptarlo como hecho consumado.

La iniciativa de reforma constitucional (a los artículos 25, 27 y 28) que la dirigencia del PAN y sus grupos parlamentarios presentaron a la Comisión Permanente del Congreso el pasado miércoles 31 de julio, es un ejemplo emblemático de ese modo de proceder de la derecha. Los mitos son obsoletos si es que algún significado histórico pueden tener. La expropiación petrolera es el mito por excelencia que define el nacionalismo mexicano (para afirmarlo, citan a Carlos Fuentes). Pudo haber tenido sentido en su momento, pero hoy ya no.

Se dan cuenta de que tienen que hacer las cuentas con esa tradición nacionalista. Dicen en su iniciativa: Una reforma en el sector energético mexicano conlleva la necesidad de definir correctamente cuáles son los valores, conceptos, concepciones, normas y mitos que conforman las raíces cognitivas [sic] del imaginario popular [sic]. Todo eso no se puede obviar, pero ya es hora de romper con ello: “… sin olvidar la memoria histórica que nos ha forjado como nación independiente y democrática, proponemos romper los viejos tabúes que, con el pretexto de una defensa a [sic] la soberanía mal entendida [sic], han frenado el desarrollo económico del país”.

Después, el texto de la iniciativa panista se extiende prolijamente en un recuento histórico de la industria petrolera y de los esfuerzos legislativos que la acompañaron, centrándose en el periodo que siguió a la expropiación de 1938. No aparece por ningún lado la explicación del sentido de la memoria histórica que nos ha forjado como nación independiente y democrática, según sus propias palabras; más bien, se trata de una continua tentativa de mostrar cómo todo lo que se hizo se hizo mal o, en todo caso, no tuvo los resultados positivos que se buscaban. El nacionalismo fue un total y completo fracaso histórico.

Simple y sencillamente, nun-ca funcionó. Hay una declaración casi al principio del texto que parecería aceptar que hubo algo positivo: El modelo actual llegó a su límite y se encuentra en franco agotamiento puesto que no responde a las necesidades presentes de la sociedad mexicana y es incapaz de adecuarse a los constantes cambios endógenos y exógenos que ponen en riesgo la seguridad energética, las finanzas públicas, los programas sociales y la calidad de vida de la sociedad mexicana. Pero no hay tal. Su punto de partida es que la expropiación fue un error histórico.

El problema es que los panistas no tienen el valor de decirlo con todas sus letras, por miedo evidente a ese imaginario popular del que no entienden ni nunca han entendido nada, pero al que siguen temiendo como al demonio, almas santiguadas como son. Cada reforma constitucional y legal (sobre todo a la Ley de Expropiación de 1936) que se llevó a efecto después de la expropiación de 1938 les resulta abominable, sobre todo porque es para ellos una continua violación del derecho de propiedad privada y una constante negación de lo que para ellos es sagrado, la iniciativa y la libertad de empresa.

Su propuesta esencial es echar a la Nación (así, con mayúscula, como está inscrito en la Constitución) de lo que queda de su casa en el sector energético, Pemex y CFE, dejándola como propietaria nominal y entregando todos los procesos productivos y distributivos a los privados, llamados operadores en la iniciativa. ¡Oh, por supuesto!, ni el petróleo ni los demás energéticos se entregarán a los privados. Irán, finalmente, a Pemex y a la CFE.

No se dice en qué forma, pero se entiende que después de haberlos pagado en todo su valor a los mismos privados que los exploraron, extrajeron, generaron o refinaron.

Lo que no se entiende es qué diablos harán las empresas nacionales en unas cadenas productiva y distributiva en las que no tienen ningún pito que tocar. Ya ni siquiera es posible entender su muy posible papel como simples administradoras de contratos con los operadores. Si, además, se dice que se compartirán los beneficios, entonces ya no se entiende nada. ¿Qué más harán Pemex y CFE, además de pagar los servicios de los privados?

Los panistas no se andan por las ramas: proponen modificar radicalmente el párrafo sexto del 27 constitucional como quedó después de la reforma de 1960 y que dice: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos (…) Corresponde a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica”. En su lugar, proponen la siguiente parrafada:

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos provenientes de formaciones geológicas, el Estado deberá garantizar el máximo beneficio de la renta petrolera para la Nación por conducto de operadores que realicen las actividades de exploración y producción conforme al artículo 28 de esta Constitución. Asimismo, para asegurar el uso eficiente y sustentable de los recursos energéticos, el Estado desarrollará estrategias y programas integrales de mitigación y adaptación al cambio climático.

Es probable que los panistas no hayan hecho sino adelantar lo que los priístas se proponen. Lo muestra el que los que más satisfechos se vieron con la propuesta blanquiazul fueron los propios priístas.

Consulta sobre la reforma energética y fiscal: Antonio Gershenson

El pasado 30 de julio se formó un Consejo Nacional Ciudadano para una consulta sobre las reformas petrolera y fiscal. Se formó con conocedores de estas ramas, pero también con gente experimentada en consultas y actos masivos similares. Hubo diferentes orígenes políticos –a mí me invitaron de la Alianza Cívica– y en la primera reunión rebasábamos ligeramente los 20 participantes.

La idea es culminar el 25 de agosto y el primero de septiembre, dos domingos, la mitad de los estados en cada uno. El trabajo incluye una labor previa para que los ciudadanos estén lo mejor informados posible y, por supuesto, se divulgaría la información sobre el resultado en cada caso y en total.

Se ha puesto énfasis en la imparcialidad de la preparación y de la consulta misma. Se evitó la participación de partidos en el trabajo y en las conclusiones.

En el desarrollo del trabajo, se encontraron varios aspectos interesantes. Se tomó en cuenta una encuesta llevada a cabo por el suplemento mensual científico del periódico La Jornada de Oriente (Puebla y alrededores), en una edición especial titulada Reforma Energética. Los encuestados, por mayoría más o menos moderada, rechazaron los aspectos de la posición oficial. Pero hubo un punto que sí recibió aprobación: Pemex debe invertir en refinerías, pues en las dos fechas en las que se preguntó, la respuestas fueron positivas en 92 y 95 por ciento, respectivamente.

Este ejemplo nos muestra un punto con mucho apoyo. En el estudio aquí llegamos a una aproximación un poco más amplia: por lo pronto se reanudará la construcción de refinerías por Pemex, de modo que se importen menos gasolinas y otros combustibles, y dejen de subir de precio.

Este es un ejemplo de un resultado con alto nivel de apoyo (por lo pronto en Puebla y alrededores). Se han planteado diferentes formas de aprobar o reprobar fuentes oficiales:

¿Estás de acuerdo con cambios en el artículo 27? ¿El 28? ¿Estás de acuerdo en que se siga comprando gasolina y gas? ¿Qué haríamos para dejarlas de comprar? ¿Cómo se pueden producir en Pemex?

En estos días el Consejo Nacional Ciudadano trata de definir las alternativas para presentarlas y que resulten lo más claras posibles.

También se está planteando qué participación privada puede o debe haber.

Se ha hablado también de la industria eléctrica, sobre todo a partir de la propuesta del Partido Acción Nacional. No sólo es un sí o un no, sino qué peso puede tener en la discusión, ante la evidencia de las posiciones que plantea para Pemex.

Una posible pregunta, surgida en la discusión: si ya se hizo en 2008 una serie de cambios a Pemex, ¿procede otra modificación?

En cuanto a la reforma fiscal hay versiones sobre una propuesta para cancelar la tasa cero del IVA para alimentos y medicinas. También el aumento al IVA en general. Habrá muchos en contra, pero la cuestión es ¿qué hacer en su lugar?, ¿cómo suplir el dinero que se quiere obtener? ¿Qué hacer con el impuesto sobre la renta? ¿Qué hacer con grandes empresas que prácticamente no pagan?

Hay que considerar que en los próximos días se anunciará el proyecto oficial, el cual no sabemos qué va a plantear ante problemas difíciles de eludir como la caída de la producción de gas y de petróleo en áreas con fuerte participación de trasnacionales, y cuya producción está en caída, como Burgos, Veracruz y Chicontepec.

La virtual quiebra de la Comisión Federal de Electricidad, debido que entrega todo a las trasnacionales y sus ingresos son totalmente insuficientes.

La continua caída en la producción de Cantarell, ligada a la compra de nitrógeno y a la declinación a menos de una quinta parte de la producción que había en 2004.

Debe aclarar el discurso del supuesto aumento de la producción, que choca con la realidad. Ya no digamos el proyecto de aguas profundas, que con 10 años de muchísimo gasto no ha producido nada.

En los próximos días y semanas vamos a ver qué va a opinar la gente sobre estos problemas.

Aclaración: una agencia de noticias, y tal vez alguien más, publicó que la consulta la realizará el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en todo el país, esto es falso y me consta porque he estado en todas las reuniones del Consejo Nacional Ciudadano, donde se abordó unánimemente que esto no lo haría un partido político, sino los mismos organismos que preparan la consulta.

Las aporías del sector energético: José Antonio Rojas Nieto

Permítaseme hoy retomar algunas ideas fundamentales de la Estrategia Nacional de Energía (ENE) presentada por el gobierno al Congreso y ratificada por el Senado de la República este difícil año 2013. Y es que me parece muy importante recordar algunos ejes articuladores de la ENE2013 –como se la identifica coloquialmente en el medio energético actual– para mostrar que la discusión sobre la reforma energética obligatoriamente debe tener un marco de referencia que trascienda –lo he tratado de decir en otro momentos– la visión reduccionista entre privatizar o no privatizar Pemex. Incluso CFE.

Un ejemplo claro de cómo ese reduccionismo no nos lleva a nada es el coro empresarial que asegura –lo escuchamos del mismísimo Candiani– que no debe privatizarse Pemex. ¿Pero qué más, diría yo? Nada, por lo pronto. Los empresarios no han podido decir nada. Y la propuesta de los azules presentada esta semana –incapaz de superar ese reduccionismo– no hace sino repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Sin mostrar la coherencia lógica de su iniciativa. No sólo respecto del ideario del mismísimo PAN (¡Cómo no extrañar –por cierto y salvadas las diferencias– la altura de miras de Manuel Gómez Morín, Efraín González Luna, Miguel Estrada Iturbide, Juan Landerreche, Rafael Preciado, incluso Luis Calderón, Adolfo Chriestleb, Efraín González Morfín, Carlos Castillo Peraza, entre otros), sino respecto del momento que vive el mundo en general y vive México en particular. Y es que –según asegura la ENE2013– nuestro hoy nos obliga a encauzar las fuerzas de la oferta y la demanda de energía de modo que se brinde viabilidad al crecimiento económico de México y se extienda el acceso a servicios energéticos de calidad a toda la población, a fin de que reciban los beneficios que derivan del consumo eficiente y responsable de la energía. Eficiente….Responsable… Es decir…

Entonces, ¿por qué hablar de apertura indiscriminada al capital privado en todas las fases de la industria petrolera y en la industria eléctrica, sin antes ofrecer un diagnóstico serio sobre el mayor o menor cumplimiento de esta misión de una u otra forma? ¿Por qué no evaluar la mayor o menor capacidad para cumplir los objetivos que –a decir de la misma ENE2013– deben ser, en primer lugar, brindar viabilidad al crecimiento económico de México y, en segundo, extender el acceso a servicios energéticos de calidad a toda la población, a fin de que reciban los beneficios que derivan del consumo eficiente y responsable de la energía? ¿Por qué? ¡Caramba, de nada le sirvió a Cordero su paso por la Secretaría de Energía! Sea lo que sea –lo digo en serio a sabiendas de mi persuasión profunda sobre la necesidad de empresas pública fuertes y sólidas, aunque limpias y eficiente, y mi convencimiento de los principios constitucionales del 25, 27 y 28 como están hoy –es urgente, muy urgente apostarle a la sustentabilidad, a la eficiencia y a la seguridad energéticas.

Concientes, por cierto, de lo mucho que podemos hacer. Pero también de lo poco que representamos en un mundo donde Estados Unidos, China y la India, por sólo mencionar a tres países con mayor responsabilidad en el asunto, con 44 por ciento del consumo mundial de energía primaria son responsables de la mitad de las emisiones de CO2 en el mundo de hoy. Y enfrentar con rigor las aporías que desencadenan estos tres principios normativos que orientan el ánimo de sustentar el desarrollo económico con –digámoslo en palabras gubernamentales de hoy– firme inclusión social.

Sí, hay dificultad en el paso para asegurar la disponibilidad de combustibles y electricidad, pero al menor costo y con una sólida participación de fuentes no fósiles, renovables primordialmente. Y también dificultad en el paso para certificar la mayor eficiencia y el menor costo de suministro de combustibles y electricidad, sin perder la seguridad de dicho suministro energético, ni la capacidad para respetar la naturaleza, el ambiente y mitigar al máximo los gases de efecto invernadero. Finalmente hay dificultad en el paso para impulsar las fuentes renovables de generación de electricidad también al máximo posible –incluso más– pero sin dilapidar recursos en ese esfuerzo virtuoso ni comprometer nuestra seguridad para un suministro continuo y de calidad de combustibles y electricidad.

Lamento mucho que el gobierno anterior no haya reflexionado con cuidado no sólo sobre las implicaciones de su normativa energética y ambiental, sino sobre las condiciones de posibilidad de sus mejores metas. En ristre –sí en ristre– aprobó leyes, reglamentos, estrategias, planes y programas, sin lograr un marco global coherente de todos ellos. Ni garantizar los instrumentos para su cumplimento. Menos aún el consenso social que las sustenta.

Este gobierno o cualquier otro deben reflexionar a fondo sobre estas aporías, estas dificultades, estas oposiciones en las que se encuentra el sector energético mexicano hoy. Y –como escribió Murner a principios del siglo XVI– no tirar el agua con el niño. Pemex y CFE son más que empresas, corporativas, presidencialista y vinculadas al o los partidos de Estado. Incluso para los ciegos amantes o amantes ciegos de la competencia, la existencia y el fortalecimiento de estas empresas es fundamental para evitar –diría Perogrullo– monopolios o duopolios u oligopolios como lo que acontece en telecomunicaciones. Hay mucha vida de obreros, técnicos, profesionistas y –¡qué duda cabe!– directivos que –viviendo al lado de la vergüenza de la corrupción que todos conocemos– nos enorgullecen profundamente. ¡A mí, sin duda! Con todo y todo. De veras.




Fuente: La Jornada