sábado, 17 de agosto de 2013

Energéticos: no legislar al vapor| ...Y EPN dice... el petróleo soy yo| El petróleo y sus suicidas| Sobre Pemex

Energéticos: no legislar al vapor

Con independencia de las posibles consecuencias negativas para las finanzas públicas, la iniciativa gubernamental de reformas a los artículos 27 y 28 de la Constitución afectaría, en caso de ser aprobada por el Legislativo, un aspecto fundamental para la vida del país: la exclusividad de la nación en las áreas de producción y distribución de energía eléctrica y de prospección, explotación, transporte, refinamiento y comercialización de hidrocarburos.

Lejos de desvanecer las sospechas de que ese proyecto busca ceder a la iniciativa privada nacional y extranjera tales industrias, la propaganda oficial las ha acentuado. Resulta insostenible que por una parte la Presidencia de la República invoque a Lázaro Cárdenas como inspirador de la propuesta y apele a consignas como no a la privatización y que, por otra parte, la Secretaría de Energía admita que las modificaciones a la Carta Magna propuestas por el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto permitirían la posesión y operación de refinerías y de redes de expendios de gasolina por empresas trasnacionales. Tales contradicciones, en vez de clarificar lo que está en juego, enturbian el clima político necesario para establecer los términos en los que debe emprenderse el mejoramiento del sector energético, modernización cuya necesidad es, esa sí, factor de consenso.

Es necesario, pues, abrir un compás de espera para un debate nacional profundo, razonado y argumentado, de las modalidades para el avance del sector energético y, sobre todo, de la pertinencia o no de privatizar tramos de las industrias correspondientes. Asimismo, es claro que en ese debate debe incorporarse el perfil y el calado de los cambios en las leyes secundarias en la materia, los cuales han sido inexplicablemente omitidos en la propuesta gubernamental.

Resulta ineludible el recuerdo de lo ocurrido en 2008, cuando el gobierno calderonista presentó una iniciativa para la privatización parcial del sector energético, con la pretensión de obtener una aprobación al vapor. En ese entonces bajo la presión de movilizaciones populares, el Legislativo tuvo que emprender la realización de foros amplios y plurales que derivaron en la realización de una consulta nacional no vinculante, pero políticamente decisiva. En unos y en la otra quedó meridianamente claro que la mayor parte de la sociedad se oponía a vulnerar, mediante la alteración del marco legal, la exclusividad de la nación en el sector energético.

Desde luego, la administración peñista puede considerar que ese sentir mayoritario ha cambiado en sólo un lustro, pero el Congreso de la Unión, antes de aprobar cualquier cosa que pueda significar una regresión con respecto a la expropiación petrolera de 1938 y a las regulaciones vigentes para la industria eléctrica, tiene el deber de verificar si en el lapso referido la sociedad ha cambiado de parecer o si, por el contrario, sigue considerando intocable ese sector de la economía.

La crisis de la institucionalidad representativa en el país está a la vista y el descrédito de la clase política constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la vida republicana. En tales circunstancias, sería una grave irresponsabilidad política que el Legislativo, escudándose en la literalidad de la democracia representativa, resolviera en modalidad fast track sobre reformas presentadas por el presidente Enrique Peña Nieto y excluyera de semejante decisión al conjunto de la sociedad. Si se procede de esa forma se producirá una enésima determinación con legalidad, en estricto sentido, pero carente de legitimidad, y se ahondará la fractura, ya alarmante, entre el México formal y el México real.

Finalmente, no hay razón alguna para proceder precipitadamente en la resolución del fundamento legal para la modernización del sector energético, asunto pendiente hace décadas, y que no ha sido resuelto mediante los parches de orientación privatizadora introducidos en los sexenios precedentes, desde el de Carlos Salinas hasta el de Felipe Calderón. Debe permitirse que el país decida, en forma argumentada, razonada y consultada, si se avanza hacia una privatización sin hipocresía o si, por el contrario, se emprende una reorganización modernizadora, pero con sentido nacional y social, de las industrias petrolera y eléctrica.

...Y EPN dice... el petróleo soy yo: Claudia Sheinbaum Pardo

La propuesta de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución en materia de energía establece la posibilidad de que empresas privadas nacionales y extranjeras puedan extraer, procesar, transportar y comercializar petróleo y gas natural. Además, plantea la apertura de un mercado eléctrico para la generación y habilita la participación privada mediante contratos con la CFE, en la trasmisión y distribución de electricidad. Aun cuando los detalles de la propuesta se harán más explícitos en las leyes secundarias, la exposición de la reforma propuesta contiene ya la mayor parte de lo que el PRI visualiza como el nuevo modelo de la industria energética nacional. Para exponer sus alcances, vale la pena recordar la situación actual. Veamos el caso del petróleo y el gas natural.

En la actualidad, por mandato constitucional, la cadena productiva de los hidrocarburos (desde la extracción hasta su comercialización) le corresponde exclusivamente a Pemex. Sin embargo, desde 2004 con los llamados contratos de servicios múltiples y a partir de 2010, con los contratos integrales, Pemex ha contratado empresas privadas para la extracción de hidrocarburos, pagándoles una cantidad fija y una variable que no es más que el equivalente en efectivo de un porcentaje de la producción. Esto, como lo hemos dicho en diversos foros, significa entregar una parte de la renta petrolera a los privados y representa una violación a la Constitución y a las limitaciones a este tipo de contratos que lograron establecerse en la reforma de 2008 (prohibición explícita tanto a la asociación de Pemex con empresas privadas como el pago asociado a la producción).

Por otro lado, hasta ahora Pemex mantiene la exclusividad para importar, exportar, refinar, transportar y vender el crudo y la mayor parte de los petrolíferos (gasolina, diesel, turbosinas, principalmente, ya que la distribución y comercialización de GLP también está concesionada). En el caso del gas natural, Pemex mantiene hasta ahora la exclusividad para procesarlo y transportarlo, pero desde 1995 está privatizada su distribución y comercialización para venta directa.

Aun con todo el problema de compartición de renta que implican este tipo de contratos, es Pemex (al menos en teoría con base en su experiencia, planeación, decisión del consejo de administración, proceso de licitación, etcétera) quien decide si se contrata, a quién y bajo qué condiciones, o si es Pemex mismo quien realiza determinada actividad.

La propuesta que manda EPN al Senado presenta una situación completamente distinta. Si es aprobada la propuesta, será el Ejecutivo federal y no Pemex quien otorgue los contratos de extracción de gas y petróleo, con pago posible en especie, es decir, en petróleo o gas. Además, le da también al Ejecutivo federal la facultad para otorgar permisos de refinación, transporte y comercialización. Por si esto fuera poco, obliga a Pemex a tener contratos y permisos con el Ejecutivo Federal para llevar a cabo sus tareas. Veamos la redacción tal cual (página 12 del documento disponible en Internet) ...el Ejecutivo Federal celebrará contratos con organismos y empresas del Estado y con los sectores social y privado... (párrafo 3); ...contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en los que puedan pactarse mecanismos de pago en función de los recursos que se obtengan, mediante compensaciones en efectivo o equivalentes a un porcentaje de los mismos (párrafo 2)…. ...dar certeza a nivel Constitucional para que las actividades de la industria petrolera, tales como el procesamiento de gas natural y la refinación del petróleo, así como el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de dichos productos y sus derivados, puedan ser realizadas tanto por organismos del Estado, como por los sectores social y privado, a través de permisos que otorgue el Ejecutivo Federal (último párrafo).

Esto significa que el Ejecutivo decidirá, frente a una reserva de petróleo o de gas natural, a quién le da el contrato para explorar y explotar: si a Exxon, o a Shell, o a BP o a Slim o a Pemex. Y definirá también las condiciones de dicho contrato: si lo pagan en petróleo o en su equivalente en efectivo y qué porcentaje. Asimismo, el Ejecutivo federal decidirá si le otorga a Pemex o a cualquier otra empresa privada el permiso para refinar, transportar, distribuir e incluso comercializar las gasolinas o el diesel. Es decir, Pemex pierde la exclusividad de extraer, procesar, transportar, distribuir, comercializar y aún no sabemos, pero probablemente también la de exportar e importar hidrocarburos, y sólo podrá hacerlo si tiene un contrato o un permiso con el Ejecutivo federal. Aun cuando nombren una comisión para realizar la tarea de otorgar contratos y permisos (probablemente usen a la recién creada Comisión Nacional de Hidrocarburos), ésta dependerá directamente del Secretario de Energía y del Presidente ¡Vaya poder!

Por eso decimos que esta reforma está hecha a petición de las grandes petroleras, a quienes no les interesa ser contratadas por medio de Pemex, sino directamente por el gobierno federal para llevarse una parte de la renta, compartir el mercado de los petrolíferos con Pemex y probablemente exportar petróleo. En los hechos, aun cuando no lo nombren así, son concesiones con cara de contratos de toda la cadena de hidrocarburos que enajenan la riqueza nacional y de paso la soberanía. Por si fuera poco, la decisión de a quién, cómo y por cuánto tiempo tendrán estos contratos y permisos será decidido por su alteza serenísima. Esto recuerda al viejo estilo del autócrata Luis XIV. EPN nos dice: El petróleo soy yo. O sea, más corrupción, menos riqueza para la nación generada con recursos de la nación y pérdida de soberanía. No debemos permitirlo.

El petróleo y sus suicidas: Víctor M. Toledo

El petróleo es hoy por hoy el principal agente natural que conduce al suicidio de la especie. Si el oro negro fue la plataforma que permitió la consolidación del mundo industrial, hoy en cambio es la causa principal, junto al capitalismo, de la crisis de la civilización moderna, la que se ha convertido además en un peligro real para la supervivencia de la especie humana, de la vida y del planeta entero. El petróleo no sólo es la causa central del calentamiento global por la contaminación industrial, sino la que acciona el transporte y los modelos agroindustriales que han provocado contaminación por pesticidas, agotamiento de acuíferos, pérdida de suelos, erosión y polución genética, desaparición de abejas y otros insectos benéficos, etcétera. Por ello toda decisión sensata, de simple supervivencia, debe buscar aprovechar su altísima rentabilidad como mercancía para incentivar y garantizar la llamada transición energética, el cambio hacia energías renovables (biomasa, eólica, geotérmica, hidráulica, solar directa, etcétera).

Que estamos en el umbral de una transformación energética radical lo confirma no sólo la crisis ecológica, sino el hecho de que la era de los combustibles fósiles ha entrado a su fase final. Desde el surgimiento del primer pozo petrolero en 1859 a la fecha, la mitad de las reservas probadas de crudo del mundo ha sido consumida. El llamado pico petrolero ( oil peak) se alcanzó entre 2010 y 2012. Es decir, la civilización actual ya está utilizando la segunda mitad de las reservas petroleras, y las predicciones apuntan hacia 2050 como el final. De los 98 países con este combustible, 64 ya rebasaron ese punto. México sólo posee petróleo para diez años.

Quienes cuestionan este panorama del fin del petróleo son los optimistas tecnológicos o tecnócratas. Sin embargo, el aumento de la población humana (9 mil millones para 2050), la adopción del modelo depredador capitalista industrial en los países emergentes (China, India, Brasil, Rusia y Sudáfrica, entre otros) y la creciente gravedad de los impactos del cambio climático, ponen en duda los escenarios optimistas. Una cosa son las reservas probadas, otras las posibles y otras más las probables. Las dos últimas serán cada vez menos factibles por sus altísimos costos económicos y, sobre todo, ambientales.

Un caso emblemático es el del gas esquisto ( shale gas) cuya técnica de extracción, la fractura hidráulica, provoca enormes impactos ambientales. Esta tecnología inyecta agua, arena y productos químicos de alta toxicidad entre 2 mil y 6 mil metros de profundidad, utiliza enormes volúmenes de agua (hasta 20 mil metros cúbicos por pozo), y genera contaminación de suelos y acuíferos, además de inestabilidad sísmica y enfermedades. Ver en You Tube el premiado documental Gasland y el número de marzo de 2013 de la revista National Geographic.

La reforma energética es el nuevo intento del capitalismo corporativo, nacional e internacional por adueñarse de parte de la renta petrolera de México. Para justificarlo se ha creado la idea falsa de un Pemex ineficiente en lo tecnológico y lo administrativo, no obstante su altísima rentabilidad reconocida internacionalmente. Su objetivo es doblemente perverso: arrancar parte de la ganancia petrolera de la nación y continuar por el sendero de los combustibles fósiles a pesar de sus severos impactos sobre el equilibrio ecológico planetario y el futuro de la humanidad. Tomar la senda de más petróleo, carbón, gas y uranio, en vez de usar los yacimientos factibles y disponibles para trazar una transición suave, no dramática ni patética hacia las energías renovables. es sin duda una decisión suicida.

En el caso de México, esto es más grave porque es uno de los países con mayor riesgo ante al cambio climático. Tres fenómenos agudizados por el desequilibrio global golpearán fuerte a México: a) el incremento en el número y potencia de los huracanes; b) las recurrentes sequías que se agravarán en el centro y norte del país, y c) el incremento general de las temperaturas. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la Semarnat en su informe de julio pasado, advierte que existen mil 385 municipios en alto riesgo de desastres por su vulnerabilidad a los fenómenos del cambio climático. El mismo reporte indica que México se calienta aún más rápido: las temperaturas se incrementaron ¡al doble que en el resto del mundo!

Veamos que está sucediendo ya. La sequía de 2010-2012, considerada la peor en siete décadas, afectó mil 110 municipios de Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, Tamaulipas y San Luís Potosí, porciones de Querétaro, Aguascalientes Sinaloa y Sonora; provocó la muerte de 1.3 millones de cabezas de ganado y afectó extensas superficies de maíz, trigo, sorgo y otros forrajes. Se trata de ¡40 por ciento del territorio de México! Según un detallado estudio realizado por investigadores de la UNAM, el incremento de las temperaturas en las zonas montañosas reducirá la producción de café en un 34% hacia 2020. Reportes internacionales indican que los países que más verán afectada su producción de alimentos son India, México, Estados Unidos y Australia.

La civilización industrial está en crisis, pero no se detiene, sino que se agrava. No es la estupidez humana, sino las decisiones tomadas por seres humanos de carne y hueso: capitalistas, políticos y funcionarios. Sus comportamientos parecen moldeados por la voracidad, la soberbia, el interés individual, la competencia y una obsesión por controlarlo todo. Más que de posiciones ideológicas, políticas o éticas, o de una falta de información, se trata de comportamientos sicopatológicos, toda vez que sus decisiones conducen al suicidio colectivo. Las elites que nos parasitan son sujetos profundamente enfermos. La defensa del petróleo como motor de una política de bienestar social es obligada, además de ser emblema de la independencia nacional. Sin embargo, esta debe contextualizarse en el devenir de la especie humana y de su supervivencia. Ello significa garantizar que la renta petrolera también sirva para acelerar la transición energética.

Frente a los instintos suicidas de los poderes fácticos, de la cínica complicidad de políticos y empresarios, la mayoría sensata debe salir a resistir. Hoy, luchar por la vida y el planeta es luchar por la nación, sus recursos y su historia.

Sobre Pemex: Gustavo Gordillo/ II

Nunca como ahora se necesita decir las cosas por su nombre.

Toda lucha política comienza siendo una lucha por el control de los símbolos. Lázaro Cárdenas fue un gran presidente porque al interpretar correctamente el contexto internacional y nacional en el que se movía el país llevó a cabo una modernización económica y política que ponía en el centro a las fuerzas sociales mayoritarias. Todos los intentos posteriores de reformas modernizadoras han fracasado porque han sido excluyentes, porque han generado enormes riquezas malhabidas y como señalaba hace algunas décadas Gabriel Zaid porque han sido modernizaciones impuestas de manera pre-moderna: la razón como arbitrariedad que no escucha razones.

Vayamos al centro de la reforma energética impulsada por el gobierno del presidente Peña Nieto.

Es una reforma que propone privatizar segmentos importantes de la cadena petrolera y de la energía eléctrica. Lo propone, según lo han dicho los portavoces del gobierno –pero esto no se encuentra reflejado en la iniciativa de reformas– a través de contratos de utilidad compartida y de eliminar –con la reforma al artículo 28 constitucional– el monopolio estatal en materia energética. Deja sin embargo muchos temas por definir y entre ellos de manera sustancial cómo se repartirá la renta petrolera.

Se trata de una reforma que se sitúa no entre las propuestas del PAN y la del PRD, sino entre las exigencias de las empresas petroleras multinacionales y las potenciales exigencias de los ciudadanos expresadas en la calle.

Aun así ya es posible responder a preguntas claves.

¿Es mejor el régimen actual de Pemex?

No. Tanto por las reformas legales previas como por las prácticas económicas prevalecientes se han privatizado áreas centrales de esta empresa, pública en su nombre pero no en su sustancia. Sobre todo se abandonó la idea de convertir a la industria petrolera en el eje de un nuevo proceso de industrialización, como de manera no tan paradójica lo han estado realizando recientemente en Estados Unidos.

¿Es la renta petrolera de todos los mexicanos?

Sólo en parte, en la parte de los recursos confiscados por la Secretaría de Hacienda, que efectivamente terminan en sueldos para los empleados, infraestructura y programas sociales. Una parte sustancial se queda en las redes inmensas y omnipresentes de corrupción, en los negocios de la cúpula sindical y en los sueldos de la alta burocracia. Esa confiscación demuestra que los verdaderos dueños de Pemex son el consorcio público-privado que se reparte alegremente la renta petrolera.

¿El Estado ejerce la rectoría sobre Pemex?

No. Conforme el Estado se fue debilitando en su capacidad de dirigir los procesos económicos, políticos y sociales terminó convirtiéndose en un archipiélago de rentistas que más que conducir se volvieron usufructuarios de los recursos públicos.

Nadie puede darse por satisfecho ante el estado actual de Pemex y CFE.

Se requieren cambios de fondo. Eso implica una triple discusión: deben Pemex y CFE mantener su carácter de empresas públicas, debe la renta petrolera ser usufructuada por el conjunto de la ciudadanía y debe el Estado recuperar la rectoría económica sobre esos recursos estratégicos.

Esta discusión debería ser previa a las reformas constitucionales propuestas porque aún permitiendo la participación privada es indispensable un Estado con capacidad reguladora que no tiene actualmente. Si el modelo es Petrobras o Statoil se necesita un Pemex fortalecido y no uno tan debilitado que termine siendo devorado por la competencia oligopólica que prevalece en los mercados internacionales.

Para esto se requiere deliberación pública y consulta ciudadana. Sin las cuales podemos caer en lo que ya advertía Daniel Cossío Villegas: Hemos alimentado nuestra marcha democrática bastante más con la explosión intermitente del agravio insatisfecho que con el arrebol de la fe en una idea o una teoría.




Fuente: La Jornada| Claudia Sheinbaum Pardo| Víctor M. Toledo| Gustavo Gordillo/ II