Bajo la Lupa
México, sin industria privada petrolera; inversiones son de empresas foráneas: The Economist: Alfredo Jalife-Rahme
The Financial Times (12/8/13) manifestó que, en el caso mexicano, obtener un pedazo de la tajada del pastel petrolero constituía un gran paso y que la tan soñada privatización total, mediante la bursatilización de los operadores anglosajones en sus fabulosos bloques seleccionados en las aguas profundas del Golfo de México, debía realizarse paso a paso.
El Grupo Pearson/Penguin Random House sabe en forma omnisciente que, reformados los artículos constitucionales 27 y 28, lo que sigue es pan comido: las conducentes leyes secundarias les otorgarán las concesiones y la bursatilización anheladas. No hay que comer ansias: pronto sus deseos serán cumplidos cabalmente pese al gigantesco repudio ciudadano que no se traga los engaños publicitarios.
The Wall Street Journal considera que la verdadera oposición a las propuestas podría venir de las calles (¡supersic!), a lo que se suma The New York Times, que aduce que un lleno en las calles (¡supersic!) de la capital podría dificultar el respaldo de los líderes políticos al plan.
Dos días antes The Economist publicó un artículo fatalista sobre la tarea imposible de reparar Pemex.
Aduce que, aun con los cambios constitucionales, el gobierno se detendrá muy lejos de privatizar Pemex, por estar envuelto en un mito de soberanía nacional. Pues tan mítico como la obsoleta y decadente monarquía británica.
¿La revista de los banqueros Rothschild, controladores de la petrolera depredadora BP, desean la demolición de Pemex para repartirse mejor su sepelio?
Sentencia que México no tiene un significativo sector privado (¡supersic!) de industria petrolera, por lo que la mayor parte de las inversiones tendrían que proceder de las firmas foráneas (sic), y para los nacionalistas esto sería difícil de digerir.
El verdadero mito lo constituye la participación de las empresas privadas mexicanas que carecen tanto de dinero suficiente como de tecnología, si hacemos caso a su mediocre innovación, de acuerdo a listados mundiales, en que México brilla por su orfandad, a diferencia de Brasil (Afp, 14/8/13).
The Economist cita a Bernardo Minkow, anterior consultor de McKinsey, quien alega que Pemex es tan complejo y tan pobremente administrado que sería muy difícil, si no imposible, reparar (sic). ¿Los británicos desean aniquilar a Pemex para que no quede huella histórica de su pasado?
A juicio de The Economist –que soslaya tramposamente la decapitación financierista de Pemex por la Secretaría de Hacienda, que aplica casi 70 por ciento de carga fiscal para paralizarla–, su primer problema es estructural, ya que nunca ha sido tratado como una empresa creadora de ganancias, cuando cada barril de petróleo con un costo menor a 7 dólares lo vende en 100 dólares, pero ha perdido 29 mil millones de dólares en los recientes cinco años.
Otro burdo engaño de la revista británica que soslaya que Pemex ha tenido 552 mil 7 millones de dólares de ingresos en el mismo lapso (en 2008, 119 mil 235 millones; en 2009, 80 mil 722 millones; en 2010, 101 mil 506 millones; en 2011, 125 mil 344 millones, y en 2012, 125 mil 200 millones). ¿Se puede comparar los más de 550 mil millones de dólares de ingresos con su pérdida artificial de 5.3 por ciento? Resalta el defecto estructural abultado malignamente por The Economist.
Su diagnóstico es peor porque atribuye los defectos a su negocio de refinación, donde pierde una fortuna (sic), y a su división petroquímica, que también es deficitaria, pese a las grandes ganancias de la producción de petróleo y gas. Oculta que desde hace mucho la petroquímica ha sido encubiertamente privatizada, sin mejores resultados.
Condona que el gobierno succiona el flujo de efectivo de Pemex (sin decir el monto) para compensar la falta de ingresos vía impuestos que recauda en el resto de la economía.
¿Por qué los gobiernos neoliberales no cobran impuestos a los peces gordos empresariales?
Se recuerda que tanto Roberto Hernández Ramírez, magno accionista de Televisa, quien evitó pagar 2 mil 500 millones de dólares en la venta ilegal de Banamex a Citigroup, así como Valentín Díaz Morodo, firmante conspicuo del reporte WWC/ITAM/Imco (ver Bajo la Lupa, 17/7/13), quien esquivó vía bolsa también pagar 7 mil 500 millones de dólares de impuestos.
Más aún: un anterior procurador fiscal me señaló que el SAT deja de recaudar más de 50 mil millones de dólares al año. Todo esto lo oculta The Economist, a quien se le hace más sencillo endosar todos los defectos del fallido modelo neoliberal exclusivamente a Pemex, que subvenciona con 40 por ciento el presupuesto gubernamental.
Arguye que debido al drenaje perpetuo (¡supersic!) al flujo de caja de Pemex, su deuda se ha disparado a 60 mil millones de dólares y el agujero de su reserva de pensiones constituye la enormidad de 100 mil millones de dólares. Esta aparatosa contabilidad no es tampoco tan dramática como la esboza la revista –que oculta cuantitativamente los magnos ingresos para dejarlos en la etérea zona cualitativa–, ya que habría que ver cuáles son los plazos escalonados de pago de la deuda, cuando tampoco todos los trabajadores se jubilan el mismo año.
Su última trampa exageradamente chapucera es una gráfica de Cidac –extraña entelequia cordobista-zedillista consagrada a firmar la entrega de Pemex en cualquier documento de Estados Unidos desde hace 15 años– que compara en forma absurda los barriles de petróleo producido por empleado de siete empresas petroleras, en donde viene en primer lugar la noruega Statoil –seguida por la Ecopetrol, ExxonMobil, BP, Shell y Petrobras– y coloca en un despectivo último lugar a Pemex que, con 151 mil empleados, se encuentra muy lejos de sus contrapartes foráneas.
A Cidac se le olvido factorizar el salario de los trabajadores, ya que no es lo mismo tener el triple de empleados en México, con un salario de miseria, frente a los sueldos de alcurnia en coronas noruegas de Statoil.
Sea lo que fuere, el maldito Pemex, con todo y sus defectos incurables, es más eficiente en términos de ingresos, reservas y producción, ya no se diga en la medición contable EBITDA, que Statoil (lugar 39 del listado mundial de Fortune/CNN con ingresos de 124 mil 400 millones de dólares).
Pero todo eso no importa: lo que se trata es de demoler a Pemex, para que no quede huella histórica de su pasado exitoso. ¿La banca británica busca la muerte prematura de Pemex para florecer sobre su cadáver?
A la mitad del foro
Prometeo y el petróleo: León García Soler
La incuria, la corrupción, la infinita soberbia tecnocrática y la ambición sin límites de poder encadenaron a Pemex en la roca de Prometeo. Durante largas décadas, los técnicos petroleros mexicanos guardaron bajo siete llaves los datos sólidos sobre las reservas posibles y probadas: para no alentar los impulsos imperiales y preservar la riqueza nacional para las generaciones futuras, decían. A estas alturas no hay quien pueda condenar o justificar la cautela de hombres como el ingeniero Antonio Dovalí.
Con José López Portillo se abrirían los fundos marítimos de Campeche y Tabasco. Jorge Díaz Serrano desató la fiebre de oro negro. Desde el Olimpo, López Portillo llamaría a los mexicanos a prepararnos para administrar la riqueza. El 3 de junio de 1979 el incendio del Ixtoc provocaría el mayor derrame no intencional de petróleo de la historia, y en mayo de 1981 la obsesión por un crecimiento del PIB de 7 por ciento anual, la vanidad en jaque y la inconcebible convicción de que el precio del crudo seguiría al alza, los llevó a contraer 26 mil millones de dólares en deuda de corto plazo y a las tasas más altas de la historia. Al desastre. A 30 años de crisis recurrentes, que los de la torre de marfil del Banco de México atribuirían a efectos externos, culpas de una globalidad a la que no podíamos ser ajenos.
Pero sí víctimas propiciatorias ante el altar del capitalismo como religión, de las finanzas y el dogma de la austeridad fiscal a costa de los que menos tienen, y como escudo protector del uno por ciento en cuyas manos se concentra la riqueza interna y la de esa globalidad que nos contagiaba los catarritos, según el doctor Carstens. Después de desplomarse la economía, en diciembre de 1994, reinició su volátil alza el precio del crudo. Llegó a subir de 7 dólares a más de cien dólares. Y las aguas someras del Golfo nos permitían que cada barril extraído en México nos costara entre 5 y 7 dólares. Miles de millones pasaron al gasto corriente del gobierno del inconcebible Vicente Fox. Pemex siguió atado a su roca. Ya Adrián Lajous había reducido a nada la exploración. No quedó una sola empresa mexicana en esa tarea. Pero se consolidaron Halliburton y Schlumberger en toda la industria.
Capital privado y contratistas nacionales y extranjeros en obras de servicio, sospechosamente parecidas a los contratos de riesgo, vetados en el tránsito de mandatos de Adolfo el viejo y Adolfo el joven, definitivamente ilegales al llegar Jesús Reyes Heroles a la dirección de Pemex. Designado por Gustavo Díaz Ordaz, para pasmo de los maniqueos. Privatizar Pemex se convirtió en monomanía; fue lema antiestatista y democratizador de la derecha que llegaría al poder por mandato del voto, y en lugar de cumplir con la norma constitucional se dedicó a desmantelar el poder constituido y las instituciones creadas a partir de 1914, cimiento del Estado mexicano moderno bajo la conducción de Obregón y Calles. Restaurado su vigor social por Lázaro Cárdenas.
Llegó la hora de liberar al Prometeo de los veneros del petróleo. Es impostergable la reforma energética. Es imposible que sea resultado de la voluntad unánime del sistema plural de partidos. Pero sería imperdonable no debatir en el Congreso las propuestas diversas, acordar lo esencial y encontrar el modo de conciliar resabios ideológicos que, infortunadamente, obedecen a simulaciones más que a convicciones ideológicas. Sin aceptar el pedestre argumento de la muerte de las ideologías. El largo prólogo condujo a Lázaro Cárdenas, el estadista que al amparo y en defensa de la ley expropió los bienes de las empresas extranjeras y nacionalizó la industria petrolera. Enrique Peña Nieto expresó su voluntad política de reformar sin privatizar Pemex. Ya no digamos el absurdo de vender Pemex. Y en los diálogos del Pacto por México pareció hallar bases firmes para llevarla a cabo sin fracturar a las fuerzas políticas, sin añadir un combate en nombre de la soberanía a la sangrienta batalla contra el caos anarquizante.
Sus colaboradores hicieron la tarea. Luis Videgaray, secretario de Hacienda con experiencia legislativa, se dedicó a hablar bien del camello que querían vender. Ante los convocados a invertir, con seguridad jurídica y extenso campo de acción. En Argentina, en 2012, anticipaba la asociación de Pemex con empresas de capital nacional y extranjero. Ante todo, la reforma hacendaria que liberara de las cadenas a Pemex y le permitiera invertir; destinar sus utilidades a la capacidad de crecer al ritmo del cambio geopolítico y tecnológico que impone la revolución en las telecomunicaciones, en la era del conocimiento. Pero la clave estaba en que las palabras quieran decir lo que ellos digan que quieren decir: un contrato no es una concesión, y uno de utilidades compartidas no es un contrato de riesgo. Humpty Dumpty...
Haber hecho política, abrirse el debate formal, la conciliación de opuestos, particularmente con el PRD, cuestionado desde la izquierda nómada de Morena por haber pactado con el demonio, hizo que en efecto fuera posible una reforma energética concertada, fincada en los límites de las diferencias y la cercanía impuesta por la realidad de la crisis global, el amago de nuevas fuentes de energía, la reducción de la demanda en Estados Unidos. Los primeros brotes de alarma por la venta de Pemex produjeron reacciones cismáticas en la izquierda. Jesús Zambrano se aferró a la negativa de reformas constitucionales. La voz sensata, coherente y firme de Cuauhtémoc Cárdenas dio opción auténtica al acuerdo de la reforma.
Pero los vendedores del camello oyeron las voces de expertos en mercadotecnia, en el diseño de una etiqueta que mezcle la realidad de hace siete décadas con el producto que ofrece.Palabra por palabra, citaron al general Lázaro Cárdenas: en 1940 decretó que la industria requería del concurso y participación de contratistas, empresas y capital privado. Y el hijo del Tata respondió con inusitada dureza: Resulta falaz y ofensiva la utilización que el gobierno está haciendo de la figura de Lázaro Cárdenas para justificar e impulsar ante el pueblo de México su antipatriótica y entreguista propuesta de reforma energética. Dura filípica. Mañana lunes presenta su iniciativa de reforma el PRD; en el Monumento de la Revolución, ante la tumba de Lázaro Cárdenas, su hijo será el único orador.
La suma de los votos del PAN a los del PRI y el Verde daría la mayoría calificada. Pero la reforma energética resultaría engendro, involuntaria fusión de una iniciativa pragmática, modernizadora, con la del PAN que reclama el retorno al siglo XIX. Después de este lunes, Andrés Manuel López Obrador tendría que bajar del púlpito y sumarse a lo propuesto. Y si Enrique Peña Nieto reafirma la voluntad de hacer política, es factible sumar a los suyos los votos de la izquierda: La propuesta de reforma del 27 podría resultar irrelevante si no estuviera acompañada de la propuesta para reformar el artículo 28 de la Constitución. De aprobarse este artículo 28, el Estado perdería la exclusividad en el manejo de las áreas estratégicas de la industria petrolera..., dice Cuauhtémoc Cárdenas.
¡Estatismo!, gritan las clases altas. Sin el Estado, decía Hobbes, el hombre volvería a la bestialidad y la barbarie. Y ya arde el llano. Acordar una reforma energética viable sería un paso firme en favor del crecimiento económico, creación de empleos, una política social de Estado, liberadora de la marginación y de la economía informal.
Por el espíritu de Cárdenas hablará Peña Nieto: Arnaldo Córdova
Cárdenas era un estadista y, como tal, tenía y sostuvo toda su vida una opinión reservada sobre los empresarios privados. Durante su gobierno tuvo continuos enfrentamientos con ellos y le mostraron los peores lados de su idiosincrasia: falta de convicciones sobre la función social de sus empresas, falta de compromiso con los más altos intereses de la nación y de su pueblo, el egoísmo de sus fines en sus actividades, su ausencia de interés en la solución de los problemas de las masas y, sobre todo, su voracidad insaciable, que ponía en permanente riesgo el bienestar de todos.
De sus convicciones nacionalistas nadie se ha atrevido a dudar hasta hoy. Pero ahora resulta que, con su iniciativa de reforma energética, Peña Nieto pretende convertirlo en adalid de la causa de los privados en el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, en particular, energéticos. El presidente priísta se funda para ello en la Ley Reglamentaria del 27 constitucional de noviembre de 1940, que permitía, en su artículo 7, la celebración de contratos con los particulares para llevar a cabo por cuenta del gobierno federal trabajos de exploración y explotación del petróleo.
La iniciativa peñista, con toda la desvergüenza del mundo, afirma basarse en las ideas fundamentales de las reformas del presidente Cárdenas consecuentes con la expropiación petrolera de 1938 y, también, que retoma los fundamentos cardenistas y dará al país un mayor impulso para aprovechar sus recursos energéticos. La reforma, hay que decirlo de entrada, se reduce a redefinir lo que siempre ha sido un quebradero de cabeza para los privatizadores: los contratos con los privados y que ahora se les llama de utilidad compartida. En qué consistirán y qué alcance tendrán, no nos lo dice y ni siquiera se menciona en el texto propuesto para los artículos 27 y 28 de la Constitución.
En la exposición de motivos se exalta la eliminación de la prohibición de los contratos en el párrafo sexto del citado artículo 27 y se afirma que generará un marco constitucional idóneo para que, conforme más convenga a los intereses de la nación, el Estado pueda aprovechar las aportaciones de terceros para complementar a sus organismos, como lo es Petróleos Mexicanos, a través de contratos eficientes que alineen los incentivos de los contratistas con los del Estado, en las actividades inherentes a la explotación y extracción de dichos recursos, tal y como lo marcaban el espíritu y letra de las reformas realizadas por el presidente Lázaro Cárdenas.
Para Peña Nieto y quienes le hicieron la iniciativa, Cárdenas es un verdadero apóstol de la privatización, que brama por la participación de los empresarios en la explotación de nuestros recursos naturales. Sólo que Cárdenas no creía en la eficacia de los privados. Pensaba, ni duda cabe y eso nunca se ha ocultado, que haría falta que la empresa nacional recibiera el concurso de los particulares, porque tenían dinero y el dinero siempre es escaso. Pero ni por asomo pensaba que toda clase de privados pudiesen con la tarea.
Fue por eso que, en el artículo 9 de la citada Ley Reglamentaria del 27, se estableció: Los contratos de que hablan los artículos anteriores, sólo podrán celebrarse con nacionales o con sociedades constituidas íntegramente por mexicanos. No podrán concertarse en ningún caso con sociedades anónimas que emitan acciones al portador. Peña Nieto y sus contlapaches se han cansado de aclarar que quieren a todos los particulares, nacionales y extranjeros y que no les asusta que las grandes transnacionales participen en el negocio de los energéticos. Lázaro Cárdenas volvería a morirse si reviviera por un instante.
Pueden revisarse los documentos constitucionales y legales sobre la materia y podrá constatarse que los contratos a los que se hace referencia hasta antes de los cincuenta son simplemente contratos civiles por obra o servicio determinados. Nunca, hasta que llegó Miguel Alemán, se pensó en contratos que encerraran una cesión o un compartir el producto o la renta de los energéticos. La reforma de 1960 al párrafo sexto del 27 se refiere, justamente, a ese tipo de contratos que enmascaran verdaderas formas de concesión de los recursos. Los contratos que propone Peña Nieto no están definidos en ninguna parte de su iniciativa. No sabremos, por tanto, en qué consisten hasta que se emita la ley reglamentaria.
En el texto de reforma del multicitado 27 se elimina el enunciado de que tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de los minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado. Sólo se dejan los minerales radioactivos, con lo que se abre la puerta para que en la ley secundaria, incluso, se pueda establecer que también se otorgarán concesiones en materia de hidrocarburos. Los priístas dicen que eso no está en sus planes. En todo caso la posibilidad queda abierta.
En lo tocante a la electricidad, se reforma el 27 para permitir a los privados producir y vender energía eléctrica, la cual podrán trasladar a la red distribuidora del Estado mediante contratos de la misma especie. Eso sí, el sistema eléctrico nacional quedará en manos del Estado. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) pasará, en la lógica que plantea la reforma, a ser un ente cada vez menos productor para convertirse en un contratista con los privados. Una ligera modificación al artículo 28 constitucional consiste en eliminar la definición de los sectores estratégicos para permitir que, como ejemplo señero, la petroquímica básica pase a ser campo de competencia con los privados.
La tirada, como puede verse, es convertir los contratos de utilidad compartida, que siguen siendo un misterio, en la palanca que permita, en los hechos, entregar nuestros recursos energéticos a los privados, hacerles auténticas concesiones de los mismos y convertir Pemex y la CFE en simples administradores de contratos. Nada más lejos de los ideales del presidente Lázaro Cárdenas. Él, en efecto, quería que los particulares pusieran su dinero en la explotación y distribución de los hidrocarburos, pero veía como una soberana idiotez entregárselos sin más y, menos aún, si eran extranjeros.
La reforma propuesta por Peña Nieto es miserable en extremo, tanto por sus muy limitados objetivos, tal y como están expresados, como por su argumentación jurídico-constitucional. En realidad, no es más que una pequeña trama de nimiedades que descarga en la futura ley reglamentaria las verdaderas sorpresas. Tal vez su esperanza haya sido que las diferentes fuerzas políticas y sociales interesadas en el tema no ofrezcan mayores resistencias y la verdadera batalla, más fácil de darse porque se librará tan sólo en el ámbito legislativo, venga precisamente cuando se emita la ley secundaria.
Es obvio que sólo la movilización social podrá parar la conjura. Las diferentes fuerzas políticas están demasiado domesticadas y comprometidas con la oligarquía gobernante como para que pudieran constituirse en un valladar a los intentos reaccionarios y desnacionalizadores.
El misterio del petróleo: Néstor de Buen
Confieso que no acabo de entender el problema del petróleo que, por lo visto, será discutido en estos días en el Congreso de la Unión, con base en un proyecto presidencial.
Aparentemente, se trata de permitir que empresas privadas –nacionales o extranjeras– puedan intervenir en la industria petrolera, supongo que con la capacidad de explorar, explotar y vender el producto, quedarse con el valor de la venta, y pienso que con la obligación consecuente de pagar al Estado una parte del valor del producto que, de acuerdo con el artículo 27 constitucional, es del dominio directo de la nación.
Habrá que leer los términos del proyecto de reforma constitucional para determinar si es o no contradictorio con lo establecido en la Constitución a partir de la expropiación petrolera que en su momento promovió el presidente Lázaro Cárdenas, con el pago de indemnizaciones a las diversas compañías que llevaban a cabo la tarea.
Me temo que se trata, simple y sencillamente, de autorizar que sociedades particulares, nacionales o extranjeras, lleven a cabo esas tareas que hasta ahora, en forma exclusiva, ha realizado Pemex.
Me pregunto, con curiosidad malsana, cuáles serán los procedimientos para determinar el volumen de la extracción y el valor de la venta, y si se establecerá algún mecanismo de control para que no haya engaños costosos y, en ese caso, cuales serán las medidas que podrán tomarse para exigir el exacto cumplimiento de las obligaciones asumidas por esas sociedades y, en su caso, ante qué organismo nacional o internacional.
En todo caso parece evidente que Pemex tendrá que crear un equipo de inspectores con claras facultades para si es preciso, ordenar la suspensión de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones que asuman los nuevos explotadores.
Es evidente que habrá que revisar el vigente contrato colectivo de trabajo para determinar si el nuevo sistema invade, como supongo, alguna facultad atribuida al sindicato, por ejemplo, en relación con la cláusula de exclusión que necesariamente se verá comprometida con la aparición de nuevos empresarios que ciertamente se verán en la necesidad de firmar los contratos colectivos que les impongan los sindicatos representativos de los trabajadores que contraten.
Es obvio que esta nueva situación afectará a las relaciones laborales establecidas antes con respecto a cada zona de trabajo actualmente vigente a cargo de Pemex, salvo que se pretenda que no ceda ningún campo de trabajo, lo que me parece difícil que pueda ocurrir.
Aquí se ponen de manifiesto diversos problemas que, me temo, no serán tan fáciles de resolver con el riesgo de que las nuevas empresas, seguramente las más importantes en el mundo internacional, presionen de todas las maneras posibles, con el apoyo de sus países de origen pudiendo generar, sin duda, conflictos internacionales.
Lo bueno de esto es que he vuelto a leer el artículo 27 constitucional que, se me había olvidado, es enormemente largo.
He sentido un poco la impresión de que estamos cancelando una parte importantísima de nuestra historia, que ha sido motivo de orgullo desde 1938, en el famoso 18 de marzo que dio fecha a la expropiación.
¿Qué hará el actual sindicato petrolero? Porque de lo que no cabe duda alguna es que tendrá que modificar su estructura de sindicato de empresa para convertirse en sindicato de industria, con todas las consecuencias que ello puede suponer.
Y si, como lo supongo, el Estado ha planeado ya su estrategia o se la han exigido los próximos concesionarios, el asunto se va a poner divertido.
¿Otra vez?: Antonio Gershenson
Los grandes de Pemex dicen que en su petróleo crudo van a aumentar la producción, de 2.5 millones de barriles diarios a 3 millones en 2018, y a 3.5 millones en 2025.
Qué fácil es decirlo. Lo dijeron una y otra vez funcionarios y políticos que gobernaron Pemex. Un dineral por Burgos, entregado a siete empresas extranjeras, que iban a aumentar la producción. Y resulta que su producción bajó, como vimos la semana pasada, pues en cinco años ya sólo generaba 83 por ciento de la anterior.
También mencionamos a Chicontepec y a Veracruz con su desplome.
Los funcionarios hacen una previsión de 2.5 a 3.5 millones de barriles de crudo, de 2013 a 2025. Son ocho años en la que aumentará 40 por ciento. La reducción, a partir del pasado inmediato de 10 años, es de 3 mil 383 barriles diarios, al actual de 2 mil 500, bajando a unas tres cuartas partes.
La fantasía del aumento de 40 por ciento cae ante la realidad de lo que ya vimos. Al fin, el bla bla bla es más barato.
Las grandes empresas extranjeras también ya mostraron su ineficiencia en Chicontepec, y ya lo vimos. Pueden decir y jurar que vamos a aumentar la producción en 40 por ciento en ocho años. Pero ya vimos sus piernas rotas. La producción, en lo que va de este año, ya bajó 68 por ciento. Su capacidad de crudo es de 25 barriles diarios. En otros lados, sin necesidad de trasnacionales, es de hasta miles de barriles diarios. Recordemos ejemplos de pozos iniciales directamente de Pemex, como Kinbe-1, con 5 mil 600 barriles diarios, y Pareto con 4 mil, ambos con 43 grados API, o sea crudo súper ligero. Con esta misma calidad (43 grados API) comenzó Tsimin, con 7 mil 400 barriles diarios. En ridículo quedan las trasnacionales de Chicontepec, con un promedio de 25 barriles diarios. Y esa gloria nos ofrece el nuevo gobierno con empresas privadas y en especial trasnacionales.
Y ya vimos que estas perforaciones de Pemex son mucho más baratas que el presupuesto de Chicontepec. De modo que el discurso oficial se cae.
El discurso oficial también habla de cambios a los artículos 27 y 28. En el primer caso, tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos.
Si logran sus propósitos, quisieran regresar a tiempos de Porfirio Díaz. Hablan de Cárdenas, pero entonces había 10 veces más civilización, que ahora con ellos.
El artículo 28 dice que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: (...) el petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.
Se crean monopolios con las grandes empresas privadas, pero las de esta lista no lo son. ¿Cómo no van a querer cambiar esto los que llegaron al poder por las grandes empresas?
Otro aspecto mencionado por funcionarios es la posesión y operación de refinerías por empresas privadas. Ya el PRI, en 2008, se opuso junto a la izquierda, y entonces sólo el PAN se aferró a esto, y perdió. Ahora el PRI se va otra vez al pasado, a un lado del PAN.
No olvidemos que las refinerías en manos de Pemex han tenido el mayor apoyo popular. Pero hay otro elemento: la lentitud de la derecha en general pero en especial en relación con la construcción de refinerías. La refinería acordada se resolvió a fines de 2008 y más de cuatro años después no han hecho nada. Se habla de un tramo de barda, y ya. Ni siquiera se sabe cuándo se vuelve a empezar. En lo que queda de este año, ni pensar.
Ya con toda la lentitud de la derecha, ese discurso de que va a aumentar muchísimo la producción de lo que hablan al principio es simplemente discurso. A ver cómo le hacen para que la caída que hemos tenido se haga más lenta. La entrega a empresas extranjeras ya la hicieron en los gobiernos pasados de derecha, y se vio el azotón.
Reforma energética: la primera
José Antonio Rojas Nieto
El sector energía del mundo se encuentra en un punto de inflexión. De nuevo –y a caso como expresión de la pauperización relativa de recursos naturales– los energéticos son objeto de severas disputas. La mayoría de ellas orientadas a garantizar para los grandes consumidores del mundo el control de recursos naturales que permita cumplir cuatro exigencias de hoy: 1) seguridad energética; 2) eficiencia y competitividad económica; 3) sustentabilidad ambiental; 4) rentas económicas. En este marco –tomémoslo en cuenta– se propone la reforma energética gubernamental. Hoy es urgente garantizar el suministro de combustibles y electricidad, ya que sin éstos no habría ni desarrollo ni bienestar. Y disponer de ellos en precios y calidades que garanticen mayor competitividad. Que permitan un consumo sin pauperización ni deterioro seculares de los recursos naturales. Y con permanente abatimiento de emisiones de gases de efecto invernadero e ingreso a una perspectiva de mitigación irreversible.
Finalmente –sin duda y cuando eso es posible, en México lo es– garantizarse la maximización de las rentas económicas que la explotación de los recursos naturales hace posible. Estos cuatro aspectos fundamentales deberían estar presentes en la reforma energética que propone el gobierno actual. Desde el diagnóstico mismo. Que debiera centrarse –parece sugerirlo el secretario de Hacienda– en el manejo de las finanzas públicas. Al menos de 1978 a la fecha, en que las aportaciones petroleras han sido no sólo fundamentales, sino inhibitorias de cualquier reforma fiscal de fondo. Una vez más señalo que para el periodo 1978-2012 los excedentes petroleros aportados por Pemex al fisco suman cerca de 950 mil millones de dólares del año 2012. El 63 por ciento fue recogido en dos sexenios por los gobiernos del PAN. Y el 37 por ciento restante en cuatro sexenios por gobiernos del PRI. Este asunto merecería –no se presenta en la exposición de motivos– un buen diagnóstico por parte del gobierno actual. Así, ni en la presentación que hace el Presidente de la República en su oficio al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, ni en las modificaciones que propone al 27 y al 28 constitucionales se hace. Lo iremos viendo con detalle. Pero mucho menos se hace en la millonaria campaña publicitaria en la que –en el mejor de los casos– sólo se dicen verdades a medias, cuando no puramente mentiras.
Un diagnóstico de lo que ha pasado –al menos los últimos 10 años, por no decir los últimos 35 años de vida petrolera –hubiera sido esencial para quienes hablan– de veras que lo hacen– de transparencia. Incluido el volumen de petróleo exportado. Y su racionalidad. Con una expectativa clarificadora, si se me permite llamarla así, observé y escuché durante casi una hora la entrevista en Televisa al secretario de Hacienda quien, sin duda y por lo que ahí dijo, es el coordinador del equipo que preparó la iniciativa gubernamental de reforma energética. Les aseguro que su diagnóstico es erróneo. En el mejor de los casos incompleto. No sólo en petróleo, sino también en electricidad.
Si pueden, no es desperdicio –de veras que no lo es– obsérvenlo y escúchenlo. No puede estar acertado un diagnóstico incompleto de las finanzas públicas, cuya situación está –a su decir– atrás de ésta y otras iniciativas. ¡Por qué no mencionar, al menos, que desde hace muchos pero muchos años la tasa fiscal no supera el 10 u 11 por ciento del PIB! ¡Menos aún diagnosticar con transparencia esta situación! Eso lo lleva a asegurar que no hay más alternativa para explotar los recursos de hidrocarburos que requiere México, que asociándose con el capital privado. Y volver a producir –señala– más de 3 millones de barriles al día. Supongo que para no cortar exportaciones de crudo. Ni el endeudamiento de Pemex ni la liberación de parte de los recursos fiscales que entrega al fisco son solución. La gran crisis de los años 80 que canceló el desarrollo de México –indica– se originó porque el país se endeudó (deuda a corto plazo o a largo plazo pareciera no entrar en el diagnóstico, por cierto) para explorar y explotar el petróleo. Y el precio se cayó. Sí es cierto lo que dice el secretario. El precio del petróleo es volátil. Pero un mundo que –al menos todavía– no se mueve si no se consumen cerca de 100 millones de barriles al día, no puede soportar una volatilidad ilimitada.
Y la liberación de parte de los recursos fiscales que entrega Pemex al fisco tampoco es alternativa porque eso obligaría –asegura– a recortar el gasto en salud, dejar de pagar pensiones, sueldos de policías, sueldo de militares. El diagnóstico debe ser afinado. Mucho. Muchísimo. Como deben ser afinado –sin duda– los discursos de los beneficios esperados. Decir, por ejemplo, que un beneficio tangible será la disminución del precio de la electricidad exige un poco más de reflexión. No porque no pueda llegar a ser. Sino porque tiene pasos previos irrenunciables. Uno es el caso de los usuarios que ya reciben subsidio. Otro el de los que no lo recibe. Además, señalar como colmo que en México la electricidad es mucho más cara que en Estados Unidos a pesar de que hay subsidio, también exige una explicación más fina. Al menos de la estructura de generación. Y del volumen de emisiones asociadas. Pues aunque es absolutamente cierto –como aseguró el secretario de Hacienda– que hoy en día una tercera parte de la electricidad es producida por privados a pesar de que la Constitución dice que no(sic), no es cierto que la electricidad sea más barata para las grandes empresas por comprárselas a esos generadores privados y no adquirirla de la empresa pública.
A su decir, la electricidad barata debe ser para todos no sólo para las grandes empresas. El debate empieza. Y es buen momento para afinar diagnósticos. Por eso hay que darle la razón cuando señala que no puede ser aprobada fast track. Requiere reflexión. Y amplia aceptación. Por eso, precisamente por eso, deberemos concentrarnos no sólo en diagnósticos y propuestas. E incluir balances de experiencias internacionales. Por un lado, por ejemplo, del tipo de contratos que hay en la industria petrolera. Y, por el otro, del tipo de organización de la industria eléctrica en la que experiencias de mercado como la de Gran Bretaña viven en estos momentos una severa y aguda revisión. Ya lo veremos. Sin duda.
Fuente: La Jornada | León García Soler| Arnaldo Córdova| Néstor de Buen| Antonio Gershenson| José Antonio Rojas Nieto
